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Andorra

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Una defensora de los derechos humanos que había expresado motivos de preocupación sobre los derechos de las mujeres, incluido el acceso al aborto, fue juzgada por difamación. Continuaba en vigor la prohibición total del aborto.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de defensa de los derechos de las mujeres Associació Stop Violències, fue juzgada en diciembre por un “delito contra el prestigio de las instituciones”. La fiscalía había presentado cargos contra la activista en 2020 a raíz de la intervención de ésta ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la que denunciaba los efectos nocivos de la prohibición total del aborto en Andorra. En julio, la fiscalía pidió que el tribunal le impusiera el pago de una multa de 6.000 euros, además de 6.000 euros adicionales en concepto de indemnización por daños y perjuicios al gobierno andorrano, y 6 meses de inhabilitación para ejercer un cargo público.

El informe anual del secretario general de la ONU, publicado en octubre, incluía a Andorra en una lista de 40 países del mundo en los que se tomaban represalias contra particulares y organizaciones por cooperar con la ONU.

Derechos sexuales y reproductivos

Continuaba en vigor la prohibición total del aborto. Quienes necesitaban un aborto y disponían de los medios para ello tenían que viajar a otros países para recibir asistencia médica esencial, lo que vulneraba sus derechos y les causaba sufrimiento adicional.

En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió a las autoridades que despenalizaran el aborto y garantizaran el acceso de las adolescentes a un aborto sin riesgos y a servicios de atención posterior al aborto en Andorra.

Libertad de expresión

En contravención del derecho internacional de los derechos humanos, seguía en vigor la legislación sobre difamación que penalizaba la crítica legítima a las autoridades.

Discriminación

Continuaba en vigor la legislación que prohibía la ostentación de símbolos religiosos en instituciones educativas, que discriminaba especialmente a las mujeres y niñas musulmanas que deseaban llevar hiyab.