Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
Andorra mantenía la prohibición total del aborto. Una defensora de los derechos humanos que había expuesto motivos de preocupación sobre los derechos de las mujeres, incluido el acceso al aborto, estaba en espera de juicio acusada de difamación. Se aprobó legislación que discriminaba a las mujeres y las niñas que decidían llevar velo en la escuela.
Continuaba en vigor la prohibición total del aborto. Como consecuencia, las personas con necesidad de recurrir a él se veían obligadas a viajar a otros países para obtener la asistencia médica que necesitaban, lo que les generaba un estrés añadido y reforzaba el estigma en torno al aborto.
En octubre, una jueza dictó auto de procesamiento contra Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización Stop Violències, por “delitos contra el prestigio de las instituciones” que podían conllevar una multa de hasta 30.000 euros. La fiscalía había presentado cargos contra ella en 2020 a raíz de una denuncia del gobierno andorrano tras su intervención ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y unas declaraciones a la prensa relativas al derecho al aborto y en favor de la mejora de los derechos de las mujeres. En junio de 2021, la fiscalía había retirado dos de los cargos, pero se mantenía uno punible con una multa. Su juicio aún estaba pendiente al concluir 2022.
En febrero, un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó a las autoridades andorranas a garantizar el derecho a la libertad de expresión de todas las personas que se pronunciaran sobre los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto.
En abril, el Parlamento aprobó legislación que prohibía la ostentación de símbolos religiosos en instituciones educativas. La legislación impedía a las mujeres y las niñas que decidían llevar velo ejercer sus derechos a la no discriminación, a la igualdad, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de expresión, a la autonomía corporal y al acceso a la vida pública.
En contravención del derecho internacional de los derechos humanos, seguía en vigor legislación sobre difamación que penalizaba la crítica legítima a las autoridades.
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