En 2011, la gente tomó las calles en todo el mundo árabe, presionando a sus dirigentes para que pusieran fin a decenios de opresión. Fue lo que se conoce como "Primavera Árabe".
En Oriente Medio y el Norte de África hubo un estallido sin precedentes de protestas populares y exigencias de reformas. Comenzó en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria.
Fueron derrocados líderes autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo, como Hosni Mubarak en Egipto y Zin el Abidín Ben Alí en Túnez.
Mucha gente albergaba la esperanza de que esa “Primavera Árabe” instauraría nuevos gobiernos que traerían reformas políticas y justicia social. Pero la realidad es que hay más guerra y violencia, y que se reprime a quienes se atreven a alzar su voz por una sociedad más justa y abierta.
“Siria
Hussein Ghrer, activista de derechos humanos, Siria
En un determinado momento, decidimos dejar de estar callados y comenzó nuestra revolución.”
Cinco años después, los derechos humanos continúan siendo atacados en toda la región. Cientos de miles de personas, muchas de ellas niñas y niños, han muerto en los conflictos armados que continúan asolando Siria, Libia y Yemen. El conflicto sirio ha generado la mayor crisis de refugiados del siglo XXI.
“En Bahréin la mayoría de los y las activistas de derechos humanos y dirigentes políticos están entre rejas.”Nabeel Rajab, defensor de los derechos humanos, Bahréin
En Siria, Egipto, Bahréin y otros países, los gobiernos están atacando la libertad de expresión encerrando a activistas de derechos humanos y a personas críticas y de la oposición política, a menudo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Además, pocas personas han comparecido ante la justicia por la violencia, los asesinatos y las torturas que tuvieron lugar durante y después de las protestas de 2011.
Juntos, debemos presionar a los países para que dejen de atacar a la población civil en los conflictos armados. También deben dejar de encerrar a personas únicamente por criticar al gobierno, y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad.
Cuando el 14 de febrero de 2011 estallaron manifestaciones multitudinarias para exigir reformas, las fuerzas de seguridad bahreiníes respondieron con violencia. Desde entonces, la situación política se ha ido polarizando cada vez más, y quienes se han atrevido a pronunciarse sobre la trágica situación de los derechos humanos en el país han sido castigados.
“Los agentes de seguridad se comportan como si prácticamente no temieran ser obligados en algún momento a rendir cuentas.”Amnistía Internacional
Tras las protestas, el rey estableció la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, presidida por expertos internacionales independientes, para investigar los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Se comprometió públicamente a aplicar sus recomendaciones, que incluían la necesidad de procesar a los responsables de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Cinco años después, la población bahreiní sigue esperando justicia por los abusos actuales y los cometidos en el pasado. Los agentes de seguridad se comportan como si prácticamente no temieran ser obligados en algún momento a rendir cuentas.
Las autoridades bahreiníes han continuado reprimiendo la disidencia, y actúan cada vez más contra personas que recurren a los medios sociales para criticar al gobierno. Se reacciona ante los manifestantes disparando gas lacrimógeno y perdigones, y también deteniendo y encarcelando a algunos, casi siempre tras un juicio injusto. Personas en espera de ser juzgadas han sufrido tortura. Y se encarcela a dirigentes políticos de la oposición que normalmente pertenecen a la población mayoritaria chií.
“Cinco años después, la población bahreiní sigue esperando justicia por los abusos actuales y los cometidos en el pasado.”Amnistía Internacional
Siete datos clave
1. Al estallar la “Revolución del 25 de Enero” en 2011, las fuerzas de seguridad de Egipto, incluida la policía antidisturbios, francotiradores de la policía y agentes de seguridad del Estado vestidos de civil, así como “matones” al servicio de quienes apoyaban al gobernante Hosni Mubarak, respondieron con violencia. Al menos 840 manifestantes perdieron la vida de manera violenta y más de 6.000 resultaron heridos en 18 días.
2. En julio de 2013, el ejército respaldó el derrocamiento del presidente electo de Egipto, Mohamed Morsi, justo un año después de que tomara posesión del cargo. El ejército lanzó una brutal campaña de represión contra los detractores, que incluían a los simpatizantes de Morsi y a la Hermandad Musulmana, un grupo social y político que ganó las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2011 y 2012. La represión ha continuado durante el gobierno del general Abdel Fatah al Sisi, que fue elegido presidente en mayo de 2014.
3. Según el gobierno, las protestas del 14 de agosto de 2013 en la plaza de Rabaa al Adawiya y en todo Egipto se saldaron con alrededor de 1.000 muertos. Muchas personas consideran que la cifra de víctimas mortales fue mucho más elevada. Las autoridades siguen sin hacer lo necesario para investigar la muerte de cientos de personas a manos de las fuerzas de seguridad desde 2013.
4. Decenas de miles de simpatizantes de Morsi, miembros de la Hermandad Musulmana y otros detractores del gobierno han sido encerrados, muchos de ellos en condiciones duras y de hacinamiento. Cientos de personas, incluido el ex presidente Morsi, han sido condenadas a muerte, o enfrentan largas penas de prisión impuestas en juicios profundamente injustos.
5. Las autoridades siguen reprimiendo la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Detienen y encarcelan a periodistas y a quienes se muestran críticos en Internet, y hostigan a grupos de derechos humanos.
6. Se han promulgado nuevas leyes represivas, entre ellas una que en la práctica prohíbe las protestas. También hay una nueva ley antiterrorista que confiere al presidente poderes similares a los del estado de excepción y le permite “adoptar las medidas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad”, así como la capacidad de imponer cuantiosas multas a periodistas cuya información sobre el “terrorismo” difiera de las declaraciones oficiales.
7. La violencia se ha extendido por el país. En octubre de 2015, más de 200 personas perdieron la vida de manera violenta tras la explosión de un avión comercial ruso cuando sobrevolaba el Sinaí; muchas personas afirmaron que fue derribado por una bomba. El fiscal general de Egipto en El Cairo y varios jueces en el norte del Sinaí también perdieron la vida en ataques reivindicados por grupos armados, lo que representa una amenaza a la independencia del poder judicial.
Hace cinco años, un levantamiento inicialmente pacífico en Libia se transformó rápidamente en un conflicto armado con intervención militar occidental y, finalmente, terminó con la muerte violenta del coronel Muamar al Gadafi en octubre de 2011. Posteriormente, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de impedir que los combatientes de las recién formadas milicias anti-Gadafi cometan graves crímenes, por los que no han comparecido ante la justicia. El país continúa profundamente dividido y desde mayo de 2014 está sumido en un nuevo conflicto armado.
A continuación se detallan siete maneras en que se están atacando los derechos humanos en todo el país:
1. Todas las partes han cometido crímenes de guerra y abusos graves contra los derechos humanos, tales como ataques directos e indiscriminados contra la población civil y sus bienes.
2. Los grupos armados están fuera de control. El denominado Estado Islámico tomó algunas áreas donde ha llevado cabo asesinatos en forma de ejecuciones públicas, en ocasiones dejando los cadáveres de las víctimas expuestos ante el público.
3. Las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a graves abusos. Muchas de ellas son torturadas, explotadas y sometidas a abusos sexuales a lo largo de las rutas de tráfico de entrada y salida de Libia. Asimismo, miles de personas han intentado salir de Libia y cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa en embarcaciones no aptas para navegar.
4. La población civil sufre las peores consecuencias del conflicto y la violencia en el país. Casi 2,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, como agua potable, saneamiento y alimentación.
5. La libertad de expresión está siendo atacada. Periodistas, activistas de derechos humanos y personal de ONG han sido amenazados, secuestrados y asesinados por varios grupos armados. Las emisoras de televisión han sido objeto de actos vandálicos, incendios y ataques con granadas propulsadas por cohetes.
6. Los derechos de las mujeres están en retroceso. Las mujeres activistas están sufriendo intimidación y amenazas.
7. El sistema judicial apenas funciona. Los tribunales de algunas ciudades permanecen cerrados debido a que la situación es muy peligrosa, y jueces y abogados han sido objeto de ataques y secuestros. Miles de personas consideradas leales a Gadafi llevan años detenidas sin cargos ni juicio.
“La libertad de expresión está siendo atacada. Periodistas, activistas de derechos humanos y personal de ONG han sido amenazados, secuestrados y asesinados por varios grupos armados.”Amnistía Internacional
Hace cinco años, el gobierno de Bachar al Asad reprimió brutalmente las protestas multitudinarias que comenzaron el 15 de marzo de 2011. La violenta respuesta desencadenó el conflicto armado más grave de la región.
Ocho datos clave
1. Más de 250.000 personas han perdido la vida de manera violenta, según la ONU. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son práctica generalizada.
2. Desde entonces, más de 11 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, incluidos alrededor de siete millones de personas dentro de Siria y más de cuatro millones que actualmente se refugian en el extranjero, la mayoría en Turquía, Líbano y Jordania. Decenas de miles de personas refugiadas sirias también han huido a Europa, a menudo arriesgando sus vidas en el proceso.
3. Las fuerzas gubernamentales han bombardeado reiteradamente zonas civiles empleando armas de efectos indiscriminados, como bombas de barril. También han bombardeado hospitales, han dirigido sus ataques contra profesionales de la salud y han sometido áreas controladas por la oposición a largos asedios, privando a la población de alimentos, medicinas y otros artículos básicos. Según Physicians for Human Rights, 112 centros médicos fueron atacados sólo en 2015, la mayoría por las fuerzas gubernamentales.
4. Según la Red Siria de Derechos Humanos, alrededor de 65.000 personas han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad del gobierno y se hallan actualmente en paradero desconocido en una red de centros de detención no oficiales. Otras han sido encarceladas por ayudar a personas que se han visto obligadas a huir de sus casas debido a los combates o por expresar sus opinión sobre la situación en Siria. Profesionales del derecho, la medicina y el periodismo han sido encarcelados simplemente por hacer su trabajo.
5. Los servicios de inteligencia y otras fuerzas gubernamentales continúan empleando la tortura a una escala masiva. Miles de personas han muerto bajo custodia desde 2011 debido a la tortura y otros factores, como la falta de alimentos y de acceso a atención médica.
6. El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha bombardeado zonas civiles y matado a numerosos civiles y presos. El grupo ha secuestrado, torturado y ejecutado a periodistas, activistas pacíficos y otras personas consideradas opositoras. El Estado Islámico también asedia áreas civiles, lo que conlleva que la gente tiene dificultades para conseguir alimentos, suministros médicos y otros artículos básicos.
7. Otros grupos armados, incluido Yabhat al Nusra, también han atacado zonas civiles, han secuestrado a personas que consideraban opositoras y han matado a personas cautivas.
8. Los ataques aéreos rusos en apoyo al gobierno de al Asad han matado a cientos de civiles y han impactado en centros médicos.
Mirando a Túnez: aspectos positivos...
Desde el levantamiento de 2011, conocido como “Revolución de los Jazmines”, en general se ha considerado a Túnez como el único caso de éxito de las protestas de la “Primavera Árabe”, y el país ha tomado una serie de medidas importantes para apoyar los derechos humanos.
La ciudadanía tunecina ha adoptado una nueva Constitución que protege muchos derechos humanos importantes, como la libertad de expresión y de reunión, y prohíbe la tortura. También ha elegido un nuevo Parlamento y un nuevo presidente. Han florecido las organizaciones de activistas y las ONG.
Algunos ex altos cargos han sido juzgados y encarcelados por su papel en la violenta respuesta a las protestas. Asimismo, se ha establecido una comisión de “la verdad y la dignidad” para abordar los crímenes cometidos en el régimen anterior.
“Fuimos testigos de algunos meses de euforia revolucionaria... Pero no duró mucho.”Lina Ben Mhenni, bloguera
...y aspectos negativos
A pesar de algunos modestos avances, la situación sigue siendo delicada. Cientos de personas fueron arrestadas tras los atentados mortales reivindicados por el grupo armado autodenominado Estado Islámico. Muchos temían que las autoridades estuvieran abusando de las medidas de emergencia.
En julio de 2015, el gobierno aprobó una draconiana ley antiterrorista que permite detener a personas sin cargos y sin acceso a asistencia letrada ni al exterior durante 15 días, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir torturas.
Es más, apenas se ha hecho nada para reformar las fuerzas de seguridad, que siguen torturando y haciendo uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones. Muy pocos han rendido cuentas por sus acciones.
La libertad de expresión también está amenazada. Las autoridades han procesado a personas críticas, especialmente a aquellas que inciden en las fuerzas de seguridad. Los activistas de derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas reciben cada vez más críticas por expresar su opinión.
En todo el país, el optimismo inicial de la “Revolución de los Jazmines” se está desvaneciendo deprisa. Túnez no debe emplear la lucha contra el terrorismo como excusa para atacar derechos humanos básicos.
En enero de 2011 estallaron protestas multitudinarias cuando el presidente Alí Abdulá Salé intentó modificar la Constitución para permanecer en el poder de manera vitalicia. Siguieron meses de agitación política durante los cuales las fuerzas gubernamentales mataron a cientos de manifestantes.
En un acto celebrado el 18 de marzo de 2011 en Saná, que se conocería como "Viernes de la Dignidad", unas 50 personas murieron y cientos más resultaron heridas cuando hombres armados, entre ellos francotiradores situados en las azoteas de los edificios circundantes, dispararon contra los manifestantes pacíficos.
El presidente Salé se vio obligado a dimitir en febrero de 2012, iniciándose a partir de ese momento un proceso de transición con esperanzas de reformas sustanciales. Sin embargo, el proceso se torció en septiembre de 2014, cuando los huzíes, grupo armado cuyos miembros profesan el islam chií zaidí, entraron en Saná con la ayuda de fuerzas leales a Salé.
Al final, el presidente Abd Rabu Mansur Hadi y su gobierno se vieron obligados a dimitir a comienzos de 2015. Posteriormente, en marzo de 2015, una coalición militar compuesta por al menos diez Estados árabes y dirigida por Arabia Saudí inició ataques aéreos contra los huzíes, envió tropas terrestres e impuso un bloqueo aéreo y marítimo.
Las fuerzas contrarias a los huzíes han cometido crímenes de guerra y otros graves abusos. La coalición dirigida por Arabia Saudí ha llevado a cabo ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados, ha atacado a la población civil y ha matado a más de 2.000 personas. El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha atacado mezquitas chiíes, matando a civiles.
Las fuerzas huzis también han cometido crímenes de guerra y graves abusos contra los derechos humanos, como bombardeos indiscriminados de zonas civiles, ataques a hospitales y trabajadores médicos y uso de fuerza letal contra manifestantes. Además, han secuestrado y torturado a personas que se oponían a ellos.
