Urgente: Stop a la detención y venta de personas refugiadas y migrantes en Libia
La tortura suele tener lugar en las sombras. De hecho, muchos gobiernos dedican más esfuerzo a negar o encubrir las torturas que a investigar exhaustivamente las denuncias.
A menudo, los torturadores actúan sin miedo a ser detenidos, perseguidos o castigados. Eso se debe a varios motivos, entre ellos:
- la falta de voluntad política, especialmente cuando el propio gobierno es quien está detrás de las torturas;
- la confianza en que no habrá investigaciones eficaces, independientes e imparciales.
La impunidad da como resultado que la práctica de la tortura se perpetúe y las personas que la sufren quedan desamparadas.
Los gobiernos de muchas partes del mundo rara vez investigan, enjuician y castigan la tortura como un delito grave en virtud del derecho penal. Cuando se inician investigaciones, estas a menudo se estancan a causa de la inacción, la ineficacia o la complicidad del órgano investigador. Es muy infrecuente que los torturadores rindan cuentas. No solo eso sino que a veces incluso se persigue a quienes se atreven a denunciar haber sido torturados.
Sin embargo, los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas frente a la tortura, garantizar que las víctimas obtienen justicia y que los torturadores responden por sus crímenes.
