La noción tradicional y más extendida de tortura se ha centrado en el dolor y sufrimiento infligidos a una persona, normalmente un hombre, bajo custodia del Estado. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura de forma mucho más amplia:

“ (...) se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (…) ”

Existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 156 los países que han firmado la Convencióncontra la Tortura de Naciones Unidas pero la prohibición va aún más allá y es vinculante incluso para los Estados que no se han unido a los tratados de derechos humanos pertinentes. Ningún Estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso, ni bajo justificación alguna.

Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional. Asimismo, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Durante los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha informado sobre actos de tortura en 141 países.

La tortura es cruel e inhumana, está prohibida por el derecho internacional y no puede, nunca jamás, justificarse.

La tortura: un crimen sin castigo

La tortura suele tener lugar en las sombras. De hecho, muchos gobiernos dedican más esfuerzo a negar o encubrir las torturas que a investigar exhaustivamente las denuncias. 

A menudo, los torturadores actúan sin miedo a ser detenidos, perseguidos o castigados. Eso se debe a varios motivos, entre ellos:

• la falta de voluntad política, especialmente cuando el propio gobierno es quien está detrás de las torturas; 
• la confianza en que no habrá investigaciones eficaces, independientes e imparciales.

La impunidad da como resultado que la práctica de la tortura se perpetúe y las personas que la  sufren quedan desamparadas.

Los gobiernos de muchas partes del mundo rara vez investigan, enjuician y castigan la tortura como un delito grave en virtud del derecho penal. Cuando se inician investigaciones, estas a menudo se estancan a causa de la inacción, la ineficacia o la complicidad del órgano investigador. Es muy infrecuente que los torturadores rindan cuentas. No solo eso sino que a veces incluso se persigue a quienes se atreven a denunciar haber sido torturados.

Sin embargo, los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas frente a la tortura, garantizar que las víctimas obtienen justicia y que los torturadores responden por sus crímenes.

Existe un cuadro persistente de tortura a personas que se encuentran bajo custodia policial antes de ser acusadas o en detención previa al juicio. La tortura puede comenzar en el momento mismo de la detención, por lo que deben establecerse salvaguardias desde el principio. No obstante, se ha recibido información sobre torturas en todas las etapas en que las personas tienen algún contacto con la policía o los servicios de seguridad: desde la puesta bajo custodia hasta el final del periodo de detención o prisión. La detención en régimen de incomunicación facilita la tortura y constituye trato cruel, inhumano o degradante , e incluso tortura.

La desaparición forzada incrementa el riesgo de tortura, y es en sí misma una forma de tortura para la persona desaparecida y para su familia. Al igual que la tortura, la desaparación forzada está terminantemente prohibida por el derecho internacional. Persisten los informes sobre personas que permanecen recluidas en lugares no identificados o centros de detención secreta. Todos los casos de detención secreta constituyen desaparición forzada.

En muchos países, la tortura a menudo se utiliza no solo para infligir dolor a una víctima específica, sino también para aterrorizar a otras personas –presuntos delincuentes, disidentes políticos o presuntos enemigos– y disuadirlas de que emprendan acciones que el gobierno considera que amenazan a sus intereses.

La tortura es a menudo un atajo abusivo para extraer "confesiones": la víctima, casi siempre o muy a menudo, firma lo que le pongan delante con tal de que acabe la tortura. Si a esto se le añade la cooperación de los tribunales que miran hacia otro lado, permite a la policía obtener condenas de manera rápida y sencilla, aunque los delincuentes reales puedan seguir libres en las calles. También puede tratarse de una práctica habitual de la policía para humillar y extorsionar dinero a las víctimas.

Los Estados utilizan penas crueles y degradantes contra las mujeres para restringir brutalmente sus derechos. 

La tortura bajo custodia suele llevarse a cabo a escondidas, ya sea en dependencias policiales, en salas de interrogatorio o en prisión.

Por eso, una de las mejores formas de prevenirla y evitar que los torturadores queden impunes es hacerla visible. Para ello, es preciso asegurar que:

• Las personas detenidas tienen acceso a representación legal desde el primer momento.
• Los abogados están presentes durante los interrogatorios.
• Hay médicos disponibles para examinar a las personas detenidas.
• Las personas detenidas pueden ponerse en contacto con sus familias.
• Las confesiones obtenidas mediante tortura no pueden nunca utilizarse como prueba.
• Toda persona implicada en actos de tortura comparece ante la justicia.