
Una mujer sostiene un cartel durante una protesta contra la brutalidad policial, 8 de junio de 2020. © REUTERS / Lawrence Bryant
Una mujer sostiene un cartel durante una protesta contra la brutalidad policial, 8 de junio de 2020. © REUTERS / Lawrence Bryant
En incontables casos más, la policía recurre a la fuerza con demasiada rapidez para controlar protestas o manifestaciones. A lo largo de 2019 y en 2020, la policía de Hong Kong ha usado armas como el gas lacrimógeno y las balas de goma de forma reiterada e ilegítima contra manifestantes.
Con demasiada frecuencia no se lleva ante la justicia a los agentes que han matado o herido a personas al hacer uso ilegítimo de la fuerza.
Por eso es tan importante que conozcas tus derechos, y que sepas lo que la policía está autorizada a hacer y lo que no.
Tenemos que lograr que la policía deje de usar la fuerza incumpliendo la ley, y que quienes matan de forma ilícita rindan cuentas de sus actos; basta de excusas.
El término “brutalidad policial” se usa en ocasiones para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de agente de represión de disturbios en manifestaciones.
El uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede, en el peor de los casos, tener como consecuencia la privación del derecho a la vida. Cuando el uso policial de la fuerza es innecesario o excesivo, puede además constituir tortura u otros malos tratos.
Además, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede violar los derechos a no sufrir discriminación, a la libertad y la seguridad, y a la igualdad de protección ante la ley.
Hay estrictas leyes y normas internacionales que regulan cómo y cuando puede la policía recurrir a la fuerza, y en particular a los medios letales.
Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son el instrumento internacional clave sobre el uso de la fuerza por la policía.
Lo más importante que hay que recordar es que las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida.
Según el derecho internacional, los agentes de policía nunca deben usar los medios letales excepto como último recurso, es decir, cuando sea estrictamente necesario para protegerse o proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o lesiones graves, y sólo si las demás opciones para reducir el peligro son insuficientes.
Muchos homicidios que hemos visto cometer a la policía en todo el mundo claramente no cumplen estos criterios.
En Estados Unidos, George Floyd, Michael Brown, Breonna Taylor, Eric Garner y tantas otras personas negras que han muerto a manos de la policía iban desarmadas.
Durante las protestas de Irán en noviembre de 2019, la policía disparó y mató a cientos de manifestantes que no representaban ningún peligro, entre ellos al menos 23 menores.
Y, en Filipinas, testigos han contado que vieron a la policía disparar contra personas pobres que eran sospechosas de consumir o vender drogas cuando estaban en el suelo pidiendo clemencia.
“Lo más importante que hay que recordar es que las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida.”Amnistía Internacional
Todos los gobiernos tienen la obligación de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en su legislación nacional, pero muchos no lo han hecho adecuadamente.
Por ejemplo, la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de México no limita el uso de los medios letales a situaciones en que sea estrictamente necesario para proteger la vida de otras personas ni exige que los agentes utilicen la fuerza mínima necesaria para resolver una situación.
En Estados Unidos, nueve estados no tienen legislación de ninguna clase sobre el uso de medios letales por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
A menudo, los países cierran las puertas de la justicia en el ámbito nacional y las víctimas dependen de tribunales internacionales para obtener verdad, justicia y reparación.
En 2011, Amnistía planteó sus motivos de preocupación sobre la ausencia de rendición de cuentas en Francia por las muertes bajo custodia de Ali Ziri, Mohammed Boukrourou, Lamine Dieng, Abou Bakari Tandia y Abdelhakim Ajimi, todos hombres pertenecientes a minorías étnicas. Tras una ardua lucha para obtener justicia en Francia, tres de estos casos fueron remitidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, hasta la fecha, ha resuelto que la policía francesa violó el derecho a la vida de Ali Ziri y que el trato que infligió a Mohammed Boukrourou constituía trato inhumano y degradante.
En los países con altos índices de homicidios a manos de la policía suele darse una combinación de factores, como legislación inadecuada, discriminación racial o de otra índole, inseguridad o conflicto, e impunidad arraigada.
Los gobiernos que pisotean sistemáticamente otros derechos humanos, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, suelen autorizar respuestas de mano dura por la policía ante protestas y manifestaciones. Lo hemos visto recientemente en Irán, Irak, Sudán, Hong Kong y Nicaragua.
La impunidad por los homicidios policiales tiene como consecuencia un mortífero círculo vicioso de violencia. En Brasil, por ejemplo, es habitual que los agentes maten a personas que no representan una amenaza —sobre todo hombres negros jóvenes— con la tranquilidad de saber que estos homicidios rara vez se investigan o procesan.
“Los gobiernos que pisotean sistemáticamente otros derechos humanos, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, suelen autorizar respuestas de mano dura por la policía ante protestas y manifestaciones”
Amnistía Internacional
Es difícil tener datos fiables sobre homicidios cometidos por la policía, ya que muchos gobiernos no recopilan ni publican esa información. Según el Estudio sobre Armas Pequeñas, de 2007 a 2012 se calcula que murieron 19.000 personas a manos de la policía en “intervenciones legítimas” (enfrentamientos con la policía).
Los datos disponibles se refieren en su mayoría a países o periodos específicos y suelen basarse en cálculos de ONG o grupos de derechos humanos. He aquí algunos ejemplos:
El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente toda forma de discriminación. Ninguna persona debe ser tratada de manera diferente por las fuerzas del orden debido a su raza, género, orientación sexual o identidad de género, religión o creencia, opinión política o de otra índole, origen étnico, nacional o social, discapacidad u otra condición. Todas las personas tienen derecho a un trato igualitario ante la ley.
En Reino Unido, Amnistía Internacional ha documentado cómo la base de datos Gangs Matrix, usada por la Policía Metropolitana de Londres y marcada por prejuicios racistas, criminaliza y estigmatiza a los hombres negros jóvenes. Se ha clasificado a muchas personas como presuntos miembros de bandas por razones tan superficiales como la música que escuchan o los vídeos que ven en Internet.
Cuando una persona aparece en la base de datos Gangs Matrix, es sometida a operaciones de parada y registro por la policía, y el estigma de ser relacionada con una “banda” puede complicarle el acceso a empleo, vivienda o educación.
En 2018, la Oficina del Comisario de Información concluyó que la base de datos Gangs Matrix potencialmente infringía la legislación sobre protección de datos y no distinguía entre víctimas de delitos y delincuentes, y se han introducido algunas reformas limitadas.
El 25 de mayo de 2020, un hombre negro de 46 años llamado George Floyd murió en Mineápolis después de que un agente de policía estuviera casi nueve minutos presionándole el cuello con la rodilla.
La muerte de George Floyd se produjo tras una sucesión de actos de violencia racista contra personas negras que ilustra los escandalosos niveles de violencia y discriminación en el país. La policía de Estados Unidos comete violaciones de derechos humanos con una frecuencia terrible, en particular contra minorías raciales y étnicas, y especialmente contra personas negras.
Quienes participan en las protestas reclaman una reforma fundamental del sistema de justicia estadounidense para poner fin a la mortífera violencia policial que se ceba con la población de color, especialmente las comunidades negras, en todo el país.
Personas LGBTI en todo el mundo sufren hostigamiento y abusos sistemáticos a manos de la policía.
En 2017, por ejemplo, las autoridades de la república rusa de Chechenia desataron una ola de ataques contra las personas sospechosas de ser gays o lesbianas. En Chechenia se secuestró y torturó a decenas de gays. Muchos fueron asesinados en centros secretos de detención.
En la República Dominicana, las personas que ejercen trabajo sexual, sobre todo si son mujeres trans, están expuestas a sufrir abusos atroces a manos de la policía, como violaciones, palizas y humillación.
Organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo la reforma de la policía en Estados Unidos. Estas medidas fundamentales podrían aumentar la seguridad de toda la población:
Nadie está por encima de la ley, especialmente quienes tienen la obligación de defenderla y respetarla. Todos los casos de uso policial de medios letales deben someterse a una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y transparente y, si hay indicios de que fue un homicidio ilegítimo, el agente presuntamente responsable debe ser procesado.
Pero Amnistía ha documentado cómo los agentes de policía que matan o hieren ilícitamente a menudo quedan impunes. Hay múltiples razones para que esto suceda. En algunos casos, las fuerzas policiales y de seguridad presionan y amenazan a jueces, testigos o supervivientes para que se retiren los cargos. En otros se promulgan leyes que garantizan inmunidad a la policía o ponen trabas a la acción de la justicia, incluso si los agentes han actuado ilegalmente (por ejemplo en Brasil).
En Filipinas, el presidente Duterte ordenó a las fuerzas policiales que mataran a toda persona sospechosa de vinculación al narcotráfico cuando tomó posesión del cargo en junio de 2016, y se comprometió a proteger del procesamiento a las fuerzas de seguridad. Cuando un presidente sanciona el asesinato y promete impunidad, la rendición de cuentas es prácticamente imposible.
Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, incluso a través de la protesta.
Existen directrices internacionales sobre la conducta policial durante una protesta:
“Nunca deben utilizarse armas de fuego para dispersar una multitud.”Amnistía Internacional
Todo país tiene sus leyes nacionales y no existe una fórmula universal que las haga más justas y seguras. Las detalladas directrices de Amnistía Internacional sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecen claramente cómo la policía y otras fuerzas de seguridad de todo el mundo pueden mejorar sus leyes, políticas y prácticas.
Algunas recomendaciones clave son: