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Reino Unido 2019

La legislación antiterrorista siguió restringiendo derechos. Continuó sin hacerse una rendición completa de cuentas por las denuncias de tortura formuladas contra los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas de Reino Unido. Irlanda del Norte avanzó de manera notable en relación con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Novedades jurídicas, constitucionales o institucionales

El segundo borrador de la declaración política sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido, publicado en octubre de 2019, incluía garantías menos sólidas que la primera versión en lo referente a la adhesión del país al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno confirmó que, en el caso de que se llevaran a cabo operaciones militares de importancia en el futuro, suspendería la aplicación del Convenio si lo consideraba adecuado.

El gobierno escocés fortaleció su compromiso de integrar en su legislación la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y prometió presentar leyes para incorporar los tratados de la ONU.

Seguridad y medidas antiterroristas

En virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y Seguridad de Fronteras de 2019, se crearon nuevos delitos que suscitaban honda preocupación en materia de derechos humanos. Entre ellos figuraban la entrada o permanencia en “zonas designadas” del extranjero, la expresión de opiniones o creencias a favor de organizaciones proscritas sin tener en cuenta si con ello se animaba a otras personas a apoyarlas, la publicación de imágenes de objetos o prendas de ropa que pudieran ser indicativas de la pertenencia o apoyo a una organización proscrita, y la mera visualización de material “relacionado con el terrorismo” en Internet. Además, en su anexo 3, la ley establecía una nueva facultad de seguridad de fronteras, que permitía practicar detenciones y registros sin sospecha y basándose sólo en el impreciso concepto de “actividad hostil”.

Se encargó el examen, establecido por la ley, del programa conocido como Prevent. Sin embargo, varias ONG cuestionaron la imparcialidad de la persona elegida para llevarlo a cabo así como el alcance y el planteamiento del propio examen. Finalmente se apartó a esa persona.

El gobierno retiró la ciudadanía británica a personas que habían viajado a Siria e Irak y que estaban vinculadas presuntamente al grupo armado autodenominado Estado Islámico, entre ellas, al menos una mujer que se había trasladado de Reino Unido a Siria cuando era niña.

Pena de muerte

En enero, el Tribunal Superior desestimó un recurso contra la decisión del Ministro del Interior de acceder sin garantías contra la pena de muerte a una solicitud de asistencia judicial recíproca formulada por Estados Unidos para facilitar la transferencia de pruebas sobre el caso de El Sheikh. El fallo supuso una contravención de la arraigada política de pedir garantías para descartar la posibilidad de la pena de muerte.

Impunidad

Reino Unido no emprendió ninguna investigación basada en los derechos humanos ni aplicó ninguna otra medida de rendición de cuentas en relación con los presuntos abusos cometidos en Irak por las fuerzas armadas británicas entre 2003 y 2009. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional continuó con el examen preliminar de estas denuncias de crímenes de guerra. En julio, el Ministerio de Defensa sometió a consulta la propuesta de salvaguardar al personal de las fuerzas armadas de acciones judiciales por presuntos delitos cometidos en el desempeño de su deber fuera de Reino Unido si ya habían transcurrido más de 10 años de los hechos, así como la propuesta de limitar la discrecionalidad de los tribunales para ampliar el plazo de presentación de demandas de indemnización por lesiones o muertes ocurridas fuera de Reino Unido durante acontecimientos históricos.

Tortura y otros malos tratos

En junio, el Comité de la ONU contra la Tortura criticó el constante incumplimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno de Reino Unido en virtud de la Convención.

Contradiciendo abiertamente anteriores promesas, el gobierno anunció en julio que no iba a establecer la comisión, dirigida por un juez independiente, que se había anunciado mucho tiempo antes para investigar las denuncias de complicidad en torturas y otros malos tratos infligidos a personas bajo custodia de otros países durante operaciones antiterroristas llevadas a cabo fuera de Reino Unido desde 2001.

El examen de los “Principios Consolidados” revisados, que regulaban la cuestión de la tortura, los malos tratos y la detención en general, no trajo consigo las considerables mejoras políticas que esperaban las ONG. Al contrario, los rebautizados y reformulados “Principios” siguieron concediendo discrecionalidad ministerial para autorizar actividades en las que existía peligro real de tortura. Gracias a una solicitud realizada al amparo de la Ley sobre Libertad de Información por otro asunto, se destapó una política secreta del Ministerio de Defensa que autorizaba a compartir información de inteligencia, pese a la existencia de un “peligro grave” de tortura, “si los ministros acuerdan que los beneficios potenciales justifican asumir el riesgo y las consecuencias legales que se pudieran tener”.

En septiembre, el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte desestimó el recurso presentado por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte contra una sentencia que invalidaba su decisión de cerrar la investigación por torturas del caso de los “Encapuchados”, relativo a 14 hombres que habían sufrido abusos bajo custodia del ejército británico y la Real Policía del Ulster en 1971. En noviembre rechazó además la solicitud de admisión a trámite del recurso del Servicio de Policía contra este fallo ante el Tribunal Supremo de Reino Unido. No obstante, el Servicio de Policía seguía teniendo derecho a recurrir directamente ante el Tribunal Supremo.

Irlanda del Norte: asuntos relativos al legado histórico

El gobierno liberó fondos para facilitar más de 90 investigaciones del pesquisidor relacionadas con el conflicto que seguían pendientes, aunque aún no se había aplicado el Acuerdo de Stormont House de 2014 y había más de un millar de homicidios cometidos durante los decenios de conflicto en espera de nuevos procesos de investigación.

En febrero, el Tribunal Supremo de Reino Unido concluyó que la investigación oficial sobre el homicidio del abogado de Belfast Patrick Finucane, perpetrado en 1989, no había sido efectiva ni había cumplido las normas de derechos humanos. En septiembre, la familia de Finucane comunicó que continuaría solicitando una investigación pública independiente.

En noviembre se aprobó legislación para ofrecer reparaciones a los miles de niños y niñas que habían sufrido abusos en internados de Irlanda del Norte entre 1922 y 1995.

Derechos sexuales y reproductivos

El 3 de octubre, Sarah Ewart y Amnistía Internacional ganaron un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Belfast que declaró la ley del aborto de Irlanda del Norte incompatible con las obligaciones contraídas por Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ese mismo mes entró en vigor una legislación que despenalizaba el aborto en Irlanda del Norte y se retiraron todos los procesos penales pendientes. Estaba previsto que el reglamento de aplicación, que haría posible el acceso al aborto incluso en los supuestos de peligro para la salud de la madre, anomalías graves o mortales del feto y embarazo por violencia de género, estuviera listo al final de marzo de 2020. Entre tanto, el gobierno sufragaría los gastos de desplazamiento y atención médica a las mujeres de Irlanda del Norte que viajaran a Inglaterra.

Discriminación

En abril entró en vigor un programa oficial de indemnización para las personas afectadas por el llamado “escándalo Windrush”. Sin embargo, el gobierno no había reconocido aún la envergadura real de la injusticia ni había abordado el racismo subyacente a las leyes y políticas que habían propiciado ese escándalo. En muchos casos, se había tratado a personas que llevaban en Reino Unido desde antes de 1973 y a sus familiares como si no tuvieran permiso para estar en el país ni para volver a él, pese a tener derecho de permanencia indefinida, puesto que habían entrado en el país como ciudadanos y ciudadanas británicos.

En octubre entró en vigor una nueva legislación que legalizaría en Irlanda del Norte el matrimonio civil entre personas del mismo sexo a partir de enero de 2020. El gobierno no había respondido aún a una consulta sobre la propuesta de reforma de la Ley de Identidad de Género en Inglaterra y Gales, que había concluido en octubre de 2018.

Derechos de las mujeres

En sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Reino Unido, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer resaltó la falta de uniformidad territorial en la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer debido a la descentralización de la administración. El proceso de examen periódico puso en evidencia el impacto desproporcionado de las políticas de austeridad sobre las mujeres, en particular las pertenecientes a minorías étnicas y las mujeres con discapacidad.

En julio de 2019 se presentó ante el Parlamento un proyecto de Ley sobre Violencia de Género en el Ámbito Familiar que, pese a las recomendaciones de los comités parlamentarios competentes, no contenía disposiciones para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres migrantes.

Las organizaciones de derechos de las mujeres y la prensa pusieron de manifiesto la crisis de justicia que sufrían las víctimas de violación en Inglaterra y Gales. Las cifras de la Fiscalía General de la Corona mostraban un marcado descenso de los procesamientos frente al aumento de las denuncias. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la práctica policial de pedir a las víctimas de violencia sexual que entregaran sus teléfonos móviles, lo que parecía indicar que tenían que permitir el acceso ilimitado a sus datos si querían que las investigaciones avanzaran, incluso en los casos en que el perpetrador fuera un desconocido o en que los abusos fueran reiterados. Esta práctica estaba siendo investigada por la Oficina del Comisionado de Información.

Derecho a la vida

En octubre se publicó el primer informe de la investigación pública sobre el incendio de la torre Grenfell de Londres, ocurrido en junio de 2017. En él se daba respuesta a algunas incógnitas sobre la causa inmediata del incendio, en el que murieron 72 personas y decenas resultaron heridas, y sobre las acciones llevadas a cabo mientras permaneció activo. Estaba previsto que en la investigación se examinaran todavía las decisiones tomadas con respecto al edificio y el contexto general en el que se tomaron, así como la ayuda que las autoridades habían prestado a la comunidad tras el incendio. El siniestro había suscitado dudas sobre el cumplimento por parte de las autoridades y de los actores privados de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, como proteger el derecho a la vida y garantizar un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una vivienda adecuada.

Derechos económicos, sociales y culturales

En su informe sobre Reino Unido, publicado en mayo, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos criticó con dureza las políticas de austeridad del país y denunció que habían sumido en la pobreza a unos 14 millones de personas y afectado a casi uno de cada dos niños o niñas.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Seguía habiendo mucha incertidumbre con respecto a las políticas y prácticas de inmigración tras el Brexit.

Las restricciones de Reino Unido a la reagrupación familiar siguieron impidiendo reunirse a numerosas familias de personas refugiadas. Las normas aplicadas no permitían a las personas refugiadas adultas la reagrupación con sus hijos e hijas de más de 18 años, y Reino Unido era uno de los pocos países europeos en los que los niños y niñas refugiados no acompañados no tenían derecho ni siquiera a la reagrupación con sus familiares más cercanos.

Aumentó la preocupación por lo que ocurriría tras el Brexit con las disposiciones que permitían trasladar a niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo a Reino Unido desde Estados miembros de la Unión Europea, incluso en el caso de los niños y niñas con familia en el país. Entretanto, en 2019 creció el número de personas que trataron de llegar por mar a Reino Unido, y se tuvo constancia de que al menos dos se habían ahogado en el intento. En noviembre, 39 personas de Vietnam fueron halladas muertas dentro de un camión frigorífico en un polígono industrial de Essex. La reacción del gobierno fue pedir más esfuerzos para la lucha contra los traficantes de seres humanos y contra otros delincuentes, pero siguió sin atender las advertencias sobre la falta de canales seguros y legales de migración, y sobre la forma en que las políticas, prácticas y discursos sobre la inmigración empujaban a muchas personas a emprender viajes peligrosos.

Rendición de cuentas de las empresas

En junio, el Tribunal Superior declaró inadecuada, por falta de competencias para citar a testigos, la investigación del Defensor del Pueblo para Asuntos Penitenciarios y Libertad Condicional sobre los graves malos tratos y abusos infligidos a personas recluidas en el centro de expulsión de inmigrantes de Brook House por agentes de la empresa privada de seguridad G4S. En la sentencia se afirmaba que, si no se ampliaba el mandato de la comisión de investigación para incluir tales competencias, el gobierno de Reino Unido incumpliría el deber de investigar contraído en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes). La ministra del Interior anunció en noviembre que la investigación pasaría a ser de carácter oficial.

Comercio de armas

En el marco de una revisión judicial solicitada por la Campaña contra el Comercio de Armas, a la que se sumaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Rights Watch Reino Unido, el Tribunal de Apelación resolvió que la decisión del gobierno de Reino Unido de continuar autorizando la exportación de material militar a Arabia Saudí era ilegal. A principios de 2020, el Tribunal Supremo debía celebrará una vista judicial sobre el caso, en la que esas tres organizaciones habían solicitado intervenir.

Libertad de reunión

En febrero, los activistas contra las deportaciones conocidos como “los 15 de Stansted” fueron declarados culpables en aplicación de la Ley de Seguridad Marítima y de la Aviación de 1990, que era legislación antiterrorista, y fueron condenados a penas no privativas de libertad por haberse encadenado alrededor de un vuelo de expulsión de inmigrantes en el aeropuerto de Stansted. En agosto, el Tribunal de Apelación admitió a trámite su recurso contra la sentencia. Sin embargo, seguía preocupando el empleo de la legislación antiterrorista para perseguir judicialmente a activistas que participaban en acciones directas no violentas.

En octubre, la Policía Metropolitana emitió una orden, al amparo del apartado 14 de la Ley de Orden Público, por la que prohibía en Londres todas las protestas del movimiento Extinction Rebellion. En noviembre, el Tribunal Superior declaró ilegal la prohibición.

Libertad de expresión

Julian Assange fue detenido en abril de 2019 en el edificio de la embajada de Ecuador, tras haberle retirado el gobierno ecuatoriano la nacionalidad. Fue condenado a 50 semanas de prisión por haber violado las condiciones de su libertad bajo fianza. Estados Unidos solicitó su extradición por 17 cargos formulados en virtud de la Ley de Espionaje y uno presentado en aplicación de la Ley de Fraudes y Abusos Informáticos. En Estados Unidos, Assange correría peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Los cargos estaban relacionados con la divulgación de documentos desvelados y con sus actividades de publicación con Wikipedia. Al concluir el año, el procedimiento de extradición seguía pendiente.

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