1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Reino Unido

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 suscitó inquietud en relación con los derechos humanos, incluidos los relacionados con la salud, las políticas de inmigración, la violencia de género en el ámbito familiar y la vivienda. Se documentaron casos de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes. Irlanda del Norte realizó avances en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo y aborto, pero seguía sin materializarse la plena rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Se reanudó la concesión de licencias de exportación de material militar a Arabia Saudí. Se presentaron proyectos de ley contra el terrorismo y sobre las operaciones militares en el extranjero que ponían en peligro derechos humanos. Los procedimientos de extradición contra Julian Assange amenazaban el derecho a la libertad de expresión.

Información general

El 31 de enero, Reino Unido salió de la Unión Europea e inició un periodo de transición de 11 meses.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Parlamento otorgó poderes excepcionales de gran alcance al gobierno de Reino Unido y a las administraciones descentralizadas durante un periodo de hasta dos años, sujetos a renovación parlamentaria cada seis meses. Las medidas de confinamiento aplicadas para reducir la propagación del virus restringieron severamente la libertad de circulación, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la privacidad y a la vida familiar.

Al menos 74.570 personas murieron en Reino Unido a consecuencia de la COVID-19 en 2020. El impacto económico de la pandemia causó penalidades generalizadas, en particular para las personas con una situación laboral precaria y para las sujetas a controles de inmigración.

En mayo y junio, las protestas del movimiento Black Lives Matter llamaron la atención sobre el racismo y la discriminación sistémicos que sufrían las personas negras.

Derecho a la salud

Los índices de mortalidad por COVID-19 de Reino Unido fueron uno de los más elevados de Europa. El personal sanitario y otros trabajadores esenciales denunciaron escasez de equipos de protección individual para reducir el riesgo de contraer la COVID-19. Hasta el 25 de mayo se registraron 540 muertes de profesionales sanitarios y de servicios sociales relacionadas con esta enfermedad.1 Las autoridades vulneraron el derecho a la salud y el derecho a la vida de las personas mayores que vivían en residencias por causas como no proporcionar equipos de protección individual adecuados ni hacer pruebas diagnósticas periódicas, trasladar de hospitales a residencias de la tercera edad a pacientes infectados o posiblemente infectados y suspender los procedimientos periódicos de supervisión.2

En junio, una investigación oficial concluyó que la COVID-19 estaba afectando de manera desproporcionada a las personas negras y asiáticas. En particular, entre el personal sanitario fallecido por causas relacionadas con la COVID-19, la proporción de personas negras y asiáticas era significativamente más elevada.

El gobierno hizo oídos sordos a la petición de más de 70 organizaciones de que iniciara inmediatamente una investigación pública independiente sobre su gestión de la pandemia de COVID-19, alegando que lo haría más adelante, pero sin especificar cuándo.

Discriminación

En marzo se publicó el resultado de un examen del llamado “escándalo Windrush”. Reveló graves deficiencias en el trato dispensado por el gobierno a la generación Windrush, es decir, las personas del Caribe y de otros países de la Commonwealth asentadas en Reino Unido con ciudadanía británica antes de 1973 a quienes, junto con algunos de sus descendientes, se trató posteriormente como si no tuvieran permiso para residir en el país. Aunque el gobierno prometió seguir las recomendaciones de amplio alcance formuladas en el examen, los cambios propuestos no abordaban las causas subyacentes del escándalo, como el racismo arraigado en las leyes y políticas de inmigración y reconocimiento de la nacionalidad.

Seguía suscitando preocupación la discriminación en el ejercicio de las facultades policiales. Los datos sobre sanciones impuestas por incumplir las medidas de confinamiento por la COVID-19 revelaron que se había multado desproporcionadamente a personas negras y asiáticas. En mayo, durante el primer confinamiento de ámbito nacional, la policía paró y registró en Londres a un número sin precedentes de personas: 43.644, de las que 10.000 eran jóvenes negros. La desproporción entre razas, desfavorable en particular para las personas negras, continuaba siendo una característica notable de la actuación policial incluso en aspectos como el uso de la fuerza y de armas Taser. Según cifras policiales publicadas en 2020, en 2018 y 2019, las personas negras habían tenido hasta ocho veces más probabilidades que las blancas de que se utilizaran armas Taser contra ellas. Este problema quedó patente en casos de gran repercusión en los que se emplearon armas Taser contra personas negras en Londres y Manchester, incluido uno en el que había un niño presente.

Libertad de reunión

En junio, la policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter en Londres, que incluyó la contención de personas en un espacio reducido (“encapsulamiento”) y el uso de caballos para dispersar a la multitud. Amparándose en las atribuciones de aplicación de la ley que se le habían conferido con motivo de la COVID-19 y que entraron en vigor la víspera de las protestas de Black Lives Matter, la policía emitió aproximadamente 70 sanciones por infracción de las restricciones asociadas a la pandemia contra personas que participaron pacíficamente en las protestas de Belfast y Derry-Londonderry e inició investigaciones penales contra los organizadores. En diciembre, la Junta de Asuntos Policiales de Irlanda del Norte determinó que la actuación policial en las protestas había sido “potencialmente ilegítima”, mientras que el Defensor del Pueblo para Asuntos Policiales en Irlanda del Norte concluyó que había sido “injusta” y “discriminatoria”.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno no modificó de manera adecuada las políticas y prácticas de inmigración para proteger la salud pública. Se siguió recluyendo a personas en centros de detención de inmigrantes a fin de expulsarlas de Reino Unido pese al mayor riesgo de infección que comportaba la reclusión y a las dificultades para llevar a cabo las expulsiones. Se exigía que las solicitudes de asilo se efectuaran en persona.

Las exclusiones o restricciones legales que sufrían las personas sujetas a controles de inmigración para acceder a empleo, prestaciones sociales, vivienda y atención a la salud socavaban su capacidad de protegerse del virus y mantener un nivel de vida adecuado. El gobierno hizo oídos sordos a las peticiones generalizadas de suspender durante la pandemia la política de limitación del acceso a ayudas públicas que afectaba a muchas personas migrantes.

El Parlamento aprobó en noviembre una nueva ley de inmigración que otorgaba facultades legislativas excepcionalmente amplias al ministro del Interior y ponía fin al derecho de libre circulación que establecía la legislación europea. Las políticas y prácticas del gobierno siguieron impidiendo a niños y niñas con derecho a la nacionalidad británica que ésta se les reconociera oficialmente. En particular, se vieron afectados por ello los hijos e hijas de ciudadanos de la Unión Europea debido a la pérdida del derecho de libre circulación en Reino Unido.

Derecho a la vivienda

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno adoptó algunas medidas para proteger el derecho a la vivienda, aunque únicamente a corto plazo. Suspendió los procesos judiciales de desalojo en Inglaterra y Gales del 27 de marzo al 20 de septiembre y aumentó temporalmente el periodo mínimo de preaviso de desalojo para la mayoría de los arrendatarios.

Según cifras oficiales, hasta septiembre se dio apoyo para alojamiento a 29.000 personas que dormían al raso y otras personas vulnerables durante la pandemia. Las instituciones benéficas para personas sin hogar informaron de un brusco aumento de las solicitudes de sus servicios desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En febrero se celebraron en Irlanda del Norte las primeras bodas entre personas del mismo sexo tras el éxito en 2019 de una larga campaña en favor del matrimonio igualitario. A partir de septiembre se permitió su celebración por el rito religioso y a partir de diciembre se autorizó la conversión de las uniones civiles existentes.

En un contexto de aumento de los discursos transfóbicos y alarmismo en los medios de comunicación, las propuestas de reforma de la desfasada ley de identidad de género de Inglaterra y Gales formuladas por el gobierno no cumplían las normas de derechos humanos. En marzo finalizó en Escocia la segunda consulta sobre la reforma de la ley de identidad de género.

Derechos de las mujeres

Durante la pandemia de COVID-19 hubo un incremento de las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar. El gobierno no disponía de un plan totalmente coordinado para abordar el riesgo previsible de violencia de género en el ámbito familiar durante la pandemia y no proporcionó financiación de emergencia suficiente y oportuna para los servicios básicos. De los fondos adicionales, no se destinó nada a servicios especializados en la atención de mujeres de minorías étnicas a pesar del incremento de las derivaciones a ellos. Las mujeres migrantes cuya situación migratoria las excluía de la mayoría de las prestaciones públicas afrontaban dificultades añadidas a la hora de obtener apoyo frente a la violencia de género en el ámbito familiar.

El proyecto de ley sobre violencia de género en el ámbito familiar carecía de disposiciones para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres migrantes y no cumplía con la intención declarada del gobierno de armonizar la legislación nacional con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que Reino Unido seguía sin ratificar.

Como consecuencia de la criminalización del trabajo sexual y la negación de derechos laborales, las trabajadoras sexuales se vieron especialmente afectadas por la pandemia de COVID-19 y las medidas relacionadas con ella. El gobierno mantuvo un periodo de cinco semanas de espera para el pago de las prestaciones sociales pese a haber reconocido que éste era un factor que llevaba a algunas mujeres a recurrir al trabajo sexual.

Derechos sexuales y reproductivos

Tras la despenalización del aborto en 2019, las normas para regular la prestación de servicios de aborto en Irlanda del Norte entraron en vigor el 31 de marzo.

El gobierno permitió durante la pandemia de COVID-19 tomar en casa las dos píldoras abortivas en todas las regiones de Reino Unido salvo Irlanda del Norte, donde en abril comenzó la prestación temporal de un servicio de aborto farmacológico temprano que permitía tomar la primera píldora en instalaciones de atención de la salud y de servicios sociales, y la segunda en casa.

Aunque en Irlanda del Norte los servicios de aborto eran legales y se prestaban en distinto grado, al terminar el año las autoridades todavía no habían establecido formalmente unos servicios que contaran con recursos suficientes y fueran sostenibles y plenamente accesibles para todas las personas que los necesitaran.

Irlanda del Norte: asuntos relativos al legado histórico

En marzo, el gobierno presentó unas propuestas para abordar el legado histórico en Irlanda del Norte que no eran compatibles con las normas de derechos humanos y se alejaban de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Stormont House de 2014 y de las posteriores declaraciones y acuerdos oficiales. Las propuestas limitaban los enjuiciamientos de los presuntos responsables penales de crímenes de derecho internacional y violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en los decenios que duró el conflicto.

El gobierno se negó a abrir una investigación pública sobre el asesinato de Patrick Finucane, abogado de Belfast muerto en 1989, a pesar de un fallo de 2019 del Tribunal Supremo según el cual no se había investigado su muerte de manera efectiva y conforme a las normas de derechos humanos.

Transferencias irresponsables de armas

En julio, Reino Unido reanudó la concesión de licencias de exportación de material militar a Arabia Saudí, que había suspendido en cumplimiento de una sentencia judicial de junio de 2019 (véase el apartado sobre Yemen).

En respuesta al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes del movimiento estadounidense Black Lives Matter, algunos miembros del Parlamento y varias organizaciones, incluida Amnistía Internacional, pidieron a Reino Unido que suspendiera la exportación de material para el control de multitudes, como gas lacrimógeno y balas de goma, a organismos de Estados Unidos encargados de hacer cumplir la ley. En septiembre, el gobierno manifestó que había evaluado de nuevo la concesión de licencias de exportación de este tipo de material a Estados Unidos a la luz de esos acontecimientos y había determinado que no había “un riesgo claro” de uso indebido.

Extralimitaciones del Estado

Un proyecto de ley antiterrorista y de imposición de penas proponía una profunda revisión del régimen de condena por delitos de terrorismo que incluía la eliminación de algunas salvaguardias fundamentales sobre el uso de las ya preocupantes medidas de control administrativo conocidas como Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo. Entre los cambios propuestos figuraba rebajar las normas que regulaban la carga de la prueba para la imposición de una medida de investigación y prevención del terrorismo.

Impunidad

En marzo, el gobierno propuso una nueva ley que restringiría gravemente los procesamientos por delitos cometidos por soldados británicos en el extranjero, entre ellos la tortura y otros malos tratos, así como otros crímenes de derecho internacional. La propuesta legislativa crearía una “presunción contra el enjuiciamiento” una vez transcurridos cinco años.

Libertad de expresión

Las vistas judiciales sobre la solicitud de extradición de Julian Assange a Estados Unidos comenzaron en febrero y se reanudaron en septiembre. Assange permanecía detenido en la prisión de Belmarsh y se enfrentaba a un enjuiciamiento en Estados Unidos por la publicación de documentos a los que había tenido acceso en el marco de su trabajo en Wikileaks. Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos que retirara los cargos e instó a Reino Unido a que detuviera su extradición porque correría un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

  1. Expuesto, acallado y atacado: Deficiencias en la protección del personal sanitario y que realiza labores esenciales durante la pandemia de COVID-19 (POL 40/2572/2020)
  2. UK: As if expendable: The UK Government’s failure to protect older people in care homes during the Covid-19 pandemic (EUR 45/3152/2020)

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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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