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© REUTERS / Sergio Moraes. Varios jóvenes hacen malabares con pelotas de tenis tras el anuncio de medidas por el brote del coronavirus, Río de Janeiro, Brasil, 18 de marzo de 2020.

Coronavirus

En plena crisis mundial del coronavirus COVID-19, el objetivo prioritario es controlar la pandemia para garantizar la salud pública y proteger a la población más vulnerable. El respeto a los derechos humanos debe situarse en el centro de todas las medidas adoptadas y de las que puedan tomarse en el futuro. Es, por tanto, esencial en todas las etapas de la crisis, desde la prevención hasta el tratamiento.

Cuarentenas y restricciones de viaje 

En el caso del COVID-19, las medidas para controlar su propagación han incluido prohibiciones y restricciones de viaje –incluso con cierre de fronteras– y cuarentenas de grado variable, desde el aislamiento preventivo de personas con la infección o con síntomas sospechosos hasta el confinamiento de localidades enteras. Ambas opciones pueden afectar al derecho a la libertad de circulación, y por eso el derecho internacional de los derechos humanos solo las permite bajo ciertas condiciones: deben responder a una necesidad pública o social apremiante y tener una finalidad legítima como la protección de la salud pública. La duración debe ser limitada y revisarse periódicamente. También debe ser la menos restrictiva de las alternativas posibles, y no puede ser discriminatoria. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) condiciona las posibles restricciones de la libertad de circulación a que existan justificaciones específicas previstas por la ley, en este caso para proteger la salud pública. En las cuarentenas, además, las normas internacionales de derechos humanos exigen que se respeten y protejan los derechos de las personas sometidas a ellas y que sean satisfechas sus necesidades básicas, como cobijo, alimentos, agua y saneamiento adecuados. 

Información y transparencia

La transparencia es clave para afrontar una crisis como la del COVID-19. Todas las personas y comunidades afectadas tienen derecho a información clara, accesible y fiable sobre cualquier amenaza a la salud pública, sus posibles consecuencias y las medidas tomadas para disminuir los riesgos. 

En situaciones de crisis, la confianza de la población es esencial, y para construirla las autoridades del Estado deben contactar desde el principio con las comunidades afectadas y con las autoridades locales, ofrecerles toda la información disponible en cada momento y facilitar su participación en la toma de decisiones.

El gobierno chino ha realizado esfuerzos para ocultar la información sobre el coronavirus y los peligros que este representaba para la salud pública. A finales de diciembre de 2019, los médicos de Wuhan compartieron con colegas sus temores sobre pacientes con síntomas parecidos al brote del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) que comenzó en el sur de China en 2002. Las autoridades locales los silenciaron de inmediato y los castigaron por “difundir rumores”.

Atención sanitaria

Simultáneamente al esfuerzo preventivo, es fundamental garantizar a todas las personas –y sobre todo a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad– el acceso al diagnóstico y tratamiento del COVID-19, y a cualquier vacuna o cura que pueda desarrollarse en el futuro. Todo ello debe ser asequible sin discriminación alguna para la población. 

La atención debe cubrir tanto la salud física como la mental, en este caso por las posibles consecuencias psicológicas de la pandemia y sus medidas de contención, que han favorecido cuadros de ansiedad o depresión. Una atención integral de las personas afectadas exige que los Estados les garanticen apoyo psicosocial.

Colectivos vulnerables

Aunque cualquier persona puede enfermar de COVID-19, el riesgo y gravedad es mayor en personas mayores y en aquellas con dolencias médicas previas como asma, diabetes o patologías cardiovasculares; tanto más cuando coinciden ambas circunstancias.

Pero la lista de grupos vulnerables es más amplia, y otros colectivos tienen dificultades adicionales para acceder a la prevención y los tratamientos: gente que vive en la pobreza, personas sin hogar, migrantes en situación administrativa irregular, gente en situación laboral precaria, personas con discapacidad, gente sin acceso adecuado a agua y saneamiento, personas privadas de libertad… Sea por estrecheces económicas, por discriminación o por su entorno de marginación y exclusión social, pueden tener mayores dificultades en el acceso a derechos durante la crisis y acceso a atención médica y medidas preventivas. 

Las autoridades deben ser conscientes de ese impacto particular, prestar especial atención a todos esos grupos vulnerables y situar sus necesidades en un lugar preferente de los planes y estrategias de salud pública para garantizarles los mismos servicios que al resto de la población.

Estigma y discriminación

Un problema paralelo que dificulta la lucha eficaz contra el COVID-19 es el estigma y la discriminación, que en varios países –incluida España– se reflejó en la fase inicial de la pandemia en algunas agresiones verbales e incluso físicas contra personas de rasgos orientales. Las comunidades asiáticas en todo el mundo respondieron y el hashtag de Twitter #NoSoyUnVirus se convirtió en tendencia en países como España, Francia, Canada o Italia.

Los principios de igualdad y no discriminación son básicos en el derecho internacional de los derechos humanos, y los Estados deben garantizar que el estado de salud real o aparente de una persona no sea obstáculo para hacer efectivo el derecho a la salud. Además, como ha advertido la OMS, el estigma acaba teniendo efectos perjudiciales para la salud pública, ya que las personas que lo sufren suelen ocultar su enfermedad para esquivar la discriminación y tardan más en adoptar conductas saludables y en buscar atención médica.

Enfoque de género

Todas las personas deben recibir atención sanitaria y cuidados sin discriminación. Y esta obligación de los Estados exige, además, poner el foco en las mujeres y las niñas, que suelen recibir impactos desproporcionados en las emergencias de salud pública y necesitan protección especial por esa y otras razones. Por una parte, las mujeres son las grandes protagonistas de los cuidados a menores, mayores y personas dependientes tanto en el ámbito familiar como en los sectores informal, social y de salud, lo que multiplica su riesgo de exposición a enfermedades. Por otro lado, la desigualdad de género las discrimina a la hora de solicitar servicios y tomar decisiones en materia de salud.

Cualquier respuesta a crisis como la del coronavirus debe contemplar, pues, un análisis de género para garantizar los derechos de mujeres y niñas –y también de las personas que no se ajustan a las convenciones de género– y asegurarles el apoyo adecuado. En este contexto, situaciones especiales como la de las víctimas de violencia machista requieren una atención preferente de las autoridades, tanto para garantizarles los servicios de atención como para asegurar su protección en un momento particularmente vulnerable como el confinamiento.

Seguridad Social y derechos laborales

Medidas como las prohibiciones de viaje o las cuarentenas pueden afectar negativamente al derecho al trabajo y a los derechos laborales. El impacto es aún mayor y desproporcionado para importantes colectivos con trabajos precarios: personas con bajos ingresos, migrantes irregulares, gente empleada en el sector informal, personas que trabajan en la llamada ‘economía bajo demanda’ de las plataformas de transporte urbano y reparto de comida a domicilio…Quienes trabajan en esos sectores no suelen recibir –si las reciben-- prestaciones adecuadas de seguridad social. Y eso, en situaciones de emergencia como la del COVID-19, aumenta su desprotección, porque en caso de enfermedad, cuarentena o necesidad de cuidar a menores por el cierre de colegios, se quedan sin salario ni coberturas básicas como la baja por enfermedad o los permisos para el cuidado de hijos, hijas o familiares dependientes.

Desde una perspectiva de derechos humanos, los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social y sus prestaciones a toda la ciudadanía. Máxime cuando las personas con trabajos precarios suelen tener más dificultades para acceder a pruebas y tratamiento cuando caen enfermas. En el contexto de la pandemia, esa protección favorece el cumplimiento generalizado de las medidas de salud pública, ya que, por ejemplo, respetar la cuarentena no conllevaría consecuencias laborales adversas.

Trabajadoras y trabajadores de la salud

Si hay un colectivo que ha merecido el máximo reconocimiento social en esta crisis sanitaria es el de las trabajadoras y trabajadores de la salud, que desde la primera línea de defensa contra la epidemia han asumido riesgos personales –centenares de infecciones–, profesionales –exceso de horas de trabajo, cansancio, angustia– e incluso para sus propias familias.  Por eso es imprescindible que se les garantice el equipo de protección adecuado, así como información, capacitación y apoyo psicológico para facilitar su decisiva labor. 

Estas garantías deben extenderse a otros colectivos claves en la lucha contra el COVID-19 y con mayor exposición al coronavirus, como el personal de prisiones, las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado encargados de aplicar y hacer cumplir las medidas de salud pública, y otros colectivos profesionales del sector público y privado que trabajan en diversos ámbitos –infraestructuras, telecomunicaciones, farmacias, mercados y comercios de alimentación, lavanderías– para asegurar servicios básicos a la ciudadanía. 

Cooperación internacional a largo plazo

En crisis sanitarias globales como la del coronavirus, la efectividad plena de los derechos humanos pasa por la cooperación internacional y la solidaridad de los Estados con mayor capacidad económica y técnica para ayudar con la máxima urgencia a los países con menos recursos. La cooperación será tanto más eficaz cuanto mayor y más transparente sea el intercambio de información entre países y con las organizaciones internacionales sobre el grado de propagación y consecuencias del COVID-19 en cada país y sobre las opciones preventivas y de tratamiento. También es fundamental garantizar una respuesta mundial coordinada.

Además, la solidaridad internacional deberá mantenerse a largo plazo para poder superar los problemas de fondo evidenciados por la pandemia, como las dificultades estructurales en los sistemas sanitario y de seguridad social, los efectos desproporcionados sobre colectivos vulnerables o la debilidad de la economía que lastra el desarrollo.

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