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Comercio de armas

Sudán del Sur. © Andrea Campeanu/Reuters/Corbis
Sudán del Sur. © Andrea Campeanu/Reuters/Corbis

El comercio de armas es un negocio lucrativo en auge, a veces opaco, donde concurren intereses estratégicos, políticos, industriales y socio-laborales, además de los meramente estratégicos o defensivos. Globalmente es el comercio más lucrativo, seguido por el tráfico de drogas y la prostitución.

El volumen medio anual del comercio de armas, en los últimos 10 años, se evalúa en 100.000 millones de dólares, incluyendo el llamado material de defensa, equipos para las fuerzas de orden y algunas de las armas deportivas.

La mayor parte de ese comercio (70%) procede de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entre los 10 primeros fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia.

Aunque la mayor parte de las transacciones comerciales armamentísticas las llevan a cabo entidades comerciales, la responsabilidad principal de este comercio reside en los gobiernos que se escudan en el derecho a la propia defensa para comprar o vender armas.

España ha multiplicado por 10 en la última década el volumen de exportaciones de armas.

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

La entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas el 24 de diciembre de 2014 marcó un avance histórico para los derechos humanos, tras más de dos decenios de campaña de Amnistía Internacional y otras organizaciones. Por primera vez, un tratado recoge las implicaciones que tienen las transferencias de venta de armas para los derechos humanos.

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El objetivo del comercio de armas

El fin primordial de este comercio debe ser la protección de la población y son los gobiernos los únicos responsables de garantizarla y de regular el comercio de armas, concediendo o denegando licencias. Solo los Estados pueden imponer suspensiones o embargos de armas, así como prohibir el desarrollo, la producción y el uso de ciertos tipos de armamento.

Sin embargo, no toda la actividad comercial está bien documentada globalmente, ni los envíos de armamento totalmente controlados desde su inicio hasta su destino final. Tampoco se tiene siempre en cuenta de manera exhaustiva el riesgo de que el material vendido pueda ser utilizado para actos donde se vulneren los derechos humanos o el derecho humanitario internacional.

Por cada persona que muere en un conflicto armado, hay muchas más que resultan heridas, sufren tortura, abusos o desaparición forzada, o son tomadas como rehenes o privadas de algún modo de sus derechos humanos por medio de un arma.

Una mujer palestina reacciona en la morgue del hospital donde están los cadáveres de varios miembros de la familia al-Najjar. © Said Khatib/AFP Getty Images

Datos y cifras

1,63 B

El gasto mundial anual estimado en defensa es de 1,63 billones de dólares.

12.000 M

12.000 millones de balas se producen cada año en el mundo.

60%

Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por AI comportaron el uso de armas pequeñas y ligeras.

DATOS QUE MATAN

– La violencia armada se cobra cada año la vida de unas 508.000 personas, la mayoría en contextos que no son de conflicto armado.

– 1.500 muertes al día por acciones violentas cometidas con armas pequeñas y ligeras.

– 43 millones de personas desplazadas.

– En 17 países, los menores soldados son utilizados por fuerzas armadas y otros grupos violentos.

– El comercio anual autorizado de armas pequeñas y armas ligeras supera los 8.500 millones de dólares estadounidenses. Más de 1.000 empresas de casi 100 países fabrican armas pequeñas y armas ligeras.

– Se calcula que hay 875 millones de armas pequeñas y armas ligeras en circulación en todo el mundo.

– Las armas permiten la represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

– El gasto militar global total ha aumentado de 1,14 billones de dólares estadounidenses en 2001 a 1,711 billones en 2014, un incremento del 50 por ciento.

© 2014 Pacific Press

El 24 de diciembre de 2014 se convirtió en derecho internacional el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA).

El TCA implica que todos los Estados que lo han firmado deben respetar normas estrictas sobre la transferencia de armas, lo cual contribuirá a reducir el flujo de armas que alimenta sangrientos conflictos, atrocidades y represión estatal en todo el mundo.

Las normas del TCA son simples: si un Estado cree que las armas que se van a vender se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, debe detener su transferencia.

Breve historia del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas

  • A principios de los 90, Amnistía Internacional y otras ONG iniciaron la campaña a favor del TCA.

  • En 2003 arranca la campaña Armas Bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional.

  • En 2006 se aprueba la Resolución ONU 61/89 que acuerda comenzar los trabajos.

  • El 24 diciembre de 2012 se aprueba en la Asamblea General ONU una resolución por 132 votos a favor, 0 en contra y 18 abstenciones para celebrar una conferencia en marzo que apruebe el TCA.

  • El 2 de abril de 2013, un total de 154 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el Tratado sobre el Comercio de Armas.

  • Al menos 50 Estados debían ratificarlo, incorporándolo a su legislación nacional para que fuera posible su entrada en vigor tres meses después. Se logró el 25 de septiembre de 2014, en un tiempo récord para un tratado de la ONU.

  • El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.

  • El trabajo no termina aquí, el TCA ofrece las normas básicas para el comercio internacional de armas. Ahora debemos garantizar que se aplican de manera estricta y que son adoptadas por todos los Estados.
Imagen de un niño soldado con su fusil en las manos en Yemen. En 17 países del mundo los niños y niñas soldados son utilizados por fuerzas armadas y otros grupos violentos. © AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

Que los gobiernos verdaderamente decididos a poner fin a los abusos:
– Ratifiquen el TCA.
– Creen o modifiquen las leyes nacionales para permitir la incorporación o la mejora de las normas del TCA.
– Apliquen esas leyes de manera efectiva.

© REUTERS/Esam Omram Al-Fetori

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