Cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. 650 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos sobre las que trabaja Amnistía Internacional se cometen con armas.
En los últimos 10 años, el volumen medio anual del comercio mundial de armas convencionales, incluido el material de defensa, equipos para las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y armas de caza y tiro deportivo, se evalúa en alrededor de 100.000 millones de dólares.
El 70% de las ventas de armas está en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entre los 10 principales fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia.
Como resultado de una larga campaña de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, en 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas votó masivamente a favor de la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
España fue de los primeros Estados en firmar el Tratado el 3 de junio de 2013 y lo ratificó en 2014. El Tratado, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, establece como norma vinculante de derecho internacional el principio de “no autorizar armas para cometer atrocidades”.
La “Regla de Oro” del TCA prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.
Esta Regla obliga también a los Estados a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, entre otras cuestiones. Los Estados deben denegar las autorizaciones si hay un riesgo “preponderante” de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños y niñas.
La entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas el 24 de diciembre de 2014 marcó un avance histórico para los derechos humanos, tras más de dos decenios de campaña de Amnistía Internacional y otras organizaciones. Por primera vez, un tratado recoge las implicaciones que tienen las transferencias de venta de armas para los derechos humanos.
Ver vídeoBreve historia del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas
1,76 B
El gasto mundial anual estimado en defensa es de 1,76 billones de dólares.
15.000 M
15.000 millones de balas se producen cada año en el mundo.
60%
Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por AI comportaron el uso de armas pequeñas y ligeras.
© 2014 Pacific Press
El objetivo del comercio de armas
El fin primordial de este comercio debe ser la protección de la población y son los gobiernos los únicos responsables de garantizarla y de regular el comercio de armas, concediendo o denegando licencias. Solo los Estados pueden imponer suspensiones o embargos de armas, así como prohibir el desarrollo, la producción y el uso de ciertos tipos de armamento.
Sin embargo, no toda la actividad comercial está bien documentada globalmente, ni los envíos de armamento totalmente controlados desde su inicio hasta su destino final. Tampoco se tiene siempre en cuenta de manera exhaustiva el riesgo de que el material vendido pueda ser utilizado para actos donde se vulneren los derechos humanos o el derecho humanitario internacional.
Por cada persona que muere en un conflicto armado, hay muchas más que resultan heridas, sufren tortura, abusos o desaparición forzada, o son tomadas como rehenes o privadas de algún modo de sus derechos humanos por medio de un arma.
© REUTERS/Esam Omram Al-Fetori
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