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Kazajistán

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

El derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión continuó seriamente limitado. Las personas que tenían una actitud crítica respecto a las autoridades hacían frente a procesamientos de motivación política. Seguía estando muy extendida la práctica de la tortura y otros malos tratos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían hostigamiento y procesamientos civiles por difamación. Se sometía a estigmatización y abusos a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Las personas con discapacidad se veían privadas de sus derechos. El deterioro de la situación económica a causa de la pandemia provocó una reducción del acceso a la educación y un aumento del trabajo infantil.

Información general

Los enfrentamientos que tuvieron lugar el 10 de febrero entre la población de etnia kazaja y la de etnia dungana (grupo étnico musulmán de origen chino) se saldaron con cientos de personas heridas y diez muertas. Tras los primeros casos confirmados de COVID-19, se declaró el estado de excepción del 16 de marzo al 11 de mayo. Hasta el 29 de octubre se confirmaron oficialmente 2.219 muertes por COVID-19. Sin embargo, las estadísticas oficiales sobre exceso de mortalidad indicaban un número considerablemente mayor de muertes. El Banco Mundial informó en una estimación de mediados de año que, debido a la pandemia, 800.000 personas más vivían en la pobreza.

En septiembre, Kazajistán firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a abolir la pena de muerte.

Libertad de reunión

Se impusieron detenciones administrativas y multas a manifestantes pacíficos. En mayo, el presidente firmó una nueva Ley de Reuniones Públicas que no se ajustaba a las normas internacionales. La celebración de reuniones públicas sólo se permitía en lugares designados y, en la práctica, requería el permiso de las autoridades. Dicha ley discriminaba abiertamente a los no ciudadanos, las personas con discapacidad mental o “psicosocial” y las organizaciones no inscritas en el registro.

El 6 de junio se dispersó una manifestación pacífica en la ciudad de Almaty, alegando que la zona debía ser desinfectada. Cientos de personas fueron detenidas durante un breve periodo. La defensora de los derechos humanos Asya Tulesova recriminó a los agentes de policía que estuvieran deteniendo a manifestantes pacíficos y arrojó al suelo el gorro de un agente. Estuvo tres meses en prisión preventiva en espera de juicio a pesar de los riesgos de contraer la COVID-19 y, el 12 de agosto, fue condenada a 18 meses de “limitación de libertad” (pena no privativa de libertad, similar a la libertad condicional) y al pago de una multa por agredir e insultar a un agente de policía.

Libertad de expresión

En junio, el presidente firmó una ley que despenalizaba la difamación. Sin embargo, las personas que tenían una actitud crítica respecto al gobierno hacían frente a procesamientos y penas severas mientras las autoridades aprovechaban las medidas del estado de emergencia contempladas en el artículo 274 del Código Penal (“difusión, a sabiendas, de información falsa”) para reprimir la disidencia. Desde enero hasta agosto se iniciaron 81 causas en aplicación del artículo 274, y cinco de ellas llegaron a los tribunales.

El 22 de junio, Alnur Ilyashev fue declarado culpable en virtud de dicho artículo por realizar tres publicaciones en las redes sociales criticando la corrupción y la respuesta del gobierno a la COVID-19. Fue condenado a tres años de limitación de libertad y se le prohibió el “activismo político y social voluntario” por un periodo de cinco años.1

Presos y presas de conciencia

Maks Bokayev continuó cumpliendo una pena de cinco años de cárcel pese al deterioro de su estado de salud. Había sido declarado culpable por su implicación en la organización de manifestaciones pacíficas y sus publicaciones en las redes sociales, también en aplicación del artículo 174 del Código Penal (“incitación a la discordia social, nacional, entre clanes, razas o religiones”).

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en las instituciones penitenciarias. Salvo contadas excepciones, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones imparciales, independientes y efectivas.

El 6 de octubre, un agente del Comité de Seguridad Nacional fue condenado a cinco años y medio de prisión por violación y tortura. Viktoriya Berdkhodzhaeva, mujer transgénero que cumplía una pena de prisión en una colonia penitenciaria para mujeres, denunció haber sido violada por un funcionario en julio de 2019. Previamente había denunciado haber sufrido acoso sexual por parte del personal masculino y actitudes discriminatorias de otras reclusas desde su llegada a la colonia en 2017.

El 17 de octubre, Azamat Orazaly fue detenido como sospechoso de robar ganado y murió ese mismo día bajo custodia policial en el pueblo de Makanchi, en la región de Kazajistán Oriental. Tres agentes de policía fueron detenidos como sospechosos de tortura. La causa seguía abierta al terminar el año.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían hostigamiento y procesamientos. Elena Semionova, de Pavlodar, en Kazajistán Septentrional, fue objeto de ocho causas civiles por difamación al haber sido denunciada por funcionarios de prisiones de seis cárceles por su labor de sacar a la luz presuntos casos de tortura. El 3 de junio, un tribunal resolvió que Elena Semionova había difamado al personal de la Prisión 161/2 y le ordenó que se retractara públicamente de sus afirmaciones. El 3 de julio, Elena perdió una causa por difamación contra el director de la Prisión 164/4 en el pueblo de Zarechny, en la región de Almatinsky, por denunciar la paliza sufrida por un preso a manos de guardias penitenciarios el 10 de abril. Pese a la existencia de informes médicos que documentaban las lesiones del preso, el tribunal falló que la información de Elena Semionova no era cierta y que dañaba la reputación del director de la prisión. Dos causas fueron retiradas por los demandantes y cuatro proseguían al concluir el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La activista LGBTI Nurbibi Nurkadilova publicó en mayo una declaración de la Unión Europea y de varias embajadas extranjeras en Kazajistán que conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Dicha publicación provocó comentarios homófobos y tránsfobos, incluidos los del conocido luchador de artes marciales mixtas Kuat Khamitov. Después de que Nurbibi Nurkadilova le replicara y revelara que ella era una mujer transgénero, Kuat Khamitov animó a la gente a agredir a las personas LGBTI. Las autoridades no adoptaron ninguna medida.

Derechos de la infancia

El cierre de la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán a causa de la pandemia provocó escasez de mano de obra. En octubre, Radio Azattyk denunció que había menores de edad trabajando en los campos de algodón de la región de Turquestán, en el sur de Kazajistán. Algunos no llegaban a los 16 años, la edad legal para realizar trabajo liviano. El Banco Mundial pronosticó a mitad de año que la cifra de estudiantes de secundaria en Kazajistán que no llegaban al alfabetismo funcional iba a aumentar por los cierres de escuelas a causa de la pandemia y por el acceso insuficiente a educación a distancia.

Derechos de las personas con discapacidad

Los tribunales continuaron privando de capacidad jurídica y, por lo tanto, de sus derechos fundamentales, a las personas con discapacidad mental. Ante la ausencia de sistemas de revisión, seguía siendo muy inusual que estas personas recuperaran sus derechos. En enero, un tribunal de Almaty restauró la capacidad jurídica de Vadim Nesterov. A Vadim se le había diagnosticado “retraso” y se le había privado de capacidad jurídica al cumplir los 18 años cuando vivía bajo cuidado institucional.

Los niveles de institucionalización continuaban siendo altos. En abril, cuatro menores de edad que vivían en un centro asistencial para niños con discapacidad en Ayagoz, Kazajistán Oriental, murieron por dolencias médicas mientras la mayoría del personal estaba de permiso no retribuido en el contexto de las medidas de cuarentena. Una investigación concluyó que el centro no había proporcionado atención médica adecuada, y se adoptaron medidas disciplinarias contra algunos miembros del personal implicado.

El 22 de octubre, el presidente Tokayev anunció que, para 2022, Kazajistán ratificaría el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que permitiría a la población presentar denuncias en virtud del tratado.

  1. Kazakhstan: Political activist sentenced to “restricted freedom” for criticizing government’s COVID-19 response (noticia, 22 de junio)

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República de Kazajistán
Jefe del Estado: Kassym-Jomart Tokayev
Jefe del gobierno: Askar Mamin

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