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Bélgica

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Se mejoró el Código Penal al introducir un enfoque de las violaciones y otros actos de violencia sexual basado en el consentimiento. Se dejó en la indigencia a solicitantes de asilo y se negó protección internacional a personas afganas que la habían solicitado. Una empresa armamentística propiedad del Estado continuó realizando transferencias irresponsables de armas. Un tratado bilateral con Irán suscitaba preocupación en relación con la impunidad. Se documentó discriminación estructural contra personas extranjeras y minorías raciales y étnicas. Las condiciones de reclusión eran inhumanas y se ordenó al Estado reparar sus violaciones del principio de no devolución.

Violencia sexual y de género

En junio, entraron en vigor nuevas disposiciones penales sobre la violación y otros actos de violencia sexual centradas en el concepto de consentimiento. La legislación también despenalizaba el trabajo sexual.

Se abrieron 2 nuevos centros de atención para sobrevivientes de violencia sexual, lo que elevaba la cifra total de instalaciones operativas a 7, y había previstos al menos otros 3.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se continuó dejando sin hogar y en la indigencia a decenas de solicitantes de asilo al negarles el acceso a alojamiento a causa de la insuficiente capacidad de los albergues.

En marzo, el comisario general para los Refugiados y los Apátridas reanudó la práctica de negar protección internacional a las personas afganas solicitantes de asilo alegando que ya no había “un peligro real de ser víctima de violencia ciega” en Afganistán y que no había motivos humanitarios que justificaran la protección subsidiaria. En octubre, el comisario informó de que sólo el 52,2% de las personas solicitantes de asilo afganas recibían protección internacional.

A pesar del riesgo de devolución (refoulement), malos tratos constitutivos de tortura bajo custodia y homicidio ilegítimo, las personas refugiadas afganas que se hallaban en Irán afrontaban obstáculos administrativos poco razonables para acceder a protección en Bélgica. Varios meses después de que algunas personas refugiadas que trataban de viajar a Bélgica presentaran sus solicitudes para obtener un visado humanitario, las autoridades belgas anunciaron que sólo las tendrían en cuenta si se volvían a presentar en Pakistán.

Transferencias irresponsables de armas

En diciembre, Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil iniciaron un litigio contra FN Herstal, empresa fabricante de armas propiedad de la región de Valonia, para impugnar la continua venta de armas a Estados que probablemente las empleaban para cometer violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.1

Impunidad

En julio, Bélgica ratificó un tratado con Irán que permitía el traslado de ciudadanos condenados. Grupos internacionales e iraníes de la sociedad civil pidieron a Bélgica que se asegurara de que el tratado no consolidaba la impunidad y de que garantizaba la rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos y los actos ilegales cometidos por las autoridades iraníes fuera de su territorio.2 En diciembre, el Tribunal Constitucional de Bélgica suspendió parcialmente la aplicación del tratado y quedó previsto que se pronunciaría sobre su anulación a principios de 2023.

Discriminación

Unos estudios del Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades (Unia) publicados en marzo y junio concluyeron que había una discriminación estructural contra las personas de ascendencia africana en materia de vivienda y una discriminación estructural y directa persistente contra las personas extranjeras en el mercado laboral.

En marzo, la ONG Liga de Derechos Humanos denunció que las personas extranjeras o con doble nacionalidad tenían más probabilidades que las de nacionalidad belga de sufrir actos de violencia durante el arresto, bajo custodia policial o como testigos.

Condiciones de reclusión inhumanas

Continuó el hacinamiento en prisiones en estado ruinoso donde las personas privadas de libertad carecían de acceso suficiente a servicios esenciales, como asistencia médica e instalaciones sanitarias.

En junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa expresó “profunda preocupación” por el hacinamiento estructural y el empeoramiento de la situación en las prisiones belgas, e instó a las autoridades a adoptar soluciones urgentes para mejorar las condiciones de reclusión.

Tortura y otros malos tratos

En septiembre, el Tribunal de Apelación de Bruselas ordenó al gobierno que pagara una indemnización de 100.000 euros a Nizar Trabelsi y solicitara su traslado de nuevo a Bélgica desde Estados Unidos, donde sus condiciones de reclusión vulneraban la prohibición total de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Nizar Trabelsi había sido extraditado a Estados Unidos, en contravención del principio de no devolución y de las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras cumplir una condena de 10 años en una prisión belga por cargos relacionados con el terrorismo.

  1. Bélgique: Commerce des armes wallonnes. Une nouvelle action en justice visera la FN Herstal, 21 de junio (sólo en francés)
  2. Belgium must ensure new treaty with Iran does not entrench impunity, 5 de julio
Reino de Bélgica
Jefe del Estado: Felipe
Jefe del gobierno: Alexander De Croo