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Bélgica

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

La población migrante en situación irregular carecía de acceso adecuado a vivienda, educación y servicios de salud. Continuaron las denuncias sobre el uso de perfiles raciales por la policía. Persistían las condiciones inhumanas de reclusión. La policía usó fuerza excesiva para disolver manifestaciones pacíficas. Bélgica aprobó un plan de acción para combatir la violencia basada en el género. La región de Valonia siguió autorizando transferencias de armas a las partes en el conflicto de Yemen. Un tribunal de Bruselas resolvió que las autoridades no habían tomado medidas para combatir el cambio climático.

Información general

En julio, el Proyecto Pegasus —iniciativa internacional de periodismo de investigación— reveló que varios ciudadanos y ciudadanas y figuras políticas importantes del país habían sufrido ataques del programa espía Pegasus de NSO Group. Entre las víctimas de este espionaje también estaban Peter Verlinden, periodista conocido por su trabajo sobre derechos humanos en Ruanda, y su esposa.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En enero, el ministro federal de Justicia aceptó extraditar a un hombre a Ingusetia (Federación Rusa) a pesar del gran peligro de sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos que corría allí. Al final del año, la decisión sobre su extradición seguía pendiente ante un tribunal.1

Desde finales de mayo hasta el 21 de julio, más de 400 migrantes irregulares llevaron a cabo una huelga de hambre para reclamar mejor trato y la regularización de su situación. El 15 de julio, los relatores especiales de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y sobre los derechos humanos de los migrantes concluyeron que las 150.000 personas migrantes irregulares que, según cálculos, había en Bélgica estaban expuestas a sufrir abusos y discriminación en su trabajo en el sector informal, así como en el acceso a vivienda, asistencia médica, educación y justicia. Tras las visitas de los relatores especiales, el gobierno propuso evaluar la situación personal de quienes estaban en huelga de hambre para determinar si tenían derecho a un permiso de residencia. En noviembre, cinco de las personas que se habían declarado en huelga de hambre presentaron una denuncia contra el Estado belga por no cumplir los compromisos contraídos con ellas.

En los primeros siete meses del año, seis personas de nacionalidad afgana fueron objeto de devolución a su país a pesar de que allí persistían la inseguridad generalizada y altos niveles de pobreza. Tras la toma del poder por los talibanes no hubo más devoluciones a Afganistán.

Desde mediados de octubre hasta finales de diciembre, cada día decenas de solicitantes de asilo carecían de acceso a alojamiento debido a que su número excedía la capacidad de acogida de las autoridades.

Discriminación

Minorías raciales, étnicas y religiosas

Grupos de la sociedad civil continuaron recibiendo denuncias sobre el uso de perfiles raciales por la policía. En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a las autoridades a prohibir el uso de perfiles raciales, introducir el uso de formularios de identificación y mejorar la recopilación de datos desglosados. Ese mismo mes, el gobierno rechazó la recomendación de prohibir expresamente el uso de perfiles raciales formulada en el Examen Periódico Universal de la ONU.

Personas mayores

En septiembre, las conclusiones de una encuesta encargada por Amnistía Internacional señalaban que el 27% de la población de habla francesa de más de 55 años era víctima de abusos y que 7 de cada 10 sufrían prejuicios basados en su edad.

En octubre, el Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades (UNIA) confirmó que las personas de edad avanzada que residían en centros para mayores estaban más expuestas a sufrir abusos contra sus derechos humanos durante la pandemia.

Condiciones de reclusión inhumanas

Continuó el hacinamiento en prisiones en estado ruinoso donde las personas privadas de libertad carecían de acceso suficiente a servicios básicos como asistencia médica e instalaciones higiénicas. En mayo, Bélgica rechazó la recomendación del Examen Periódico Universal de garantizar que la población penitenciaria no superara la capacidad de las cárceles.

Uso excesivo de la fuerza

En enero, la policía usó fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a unas 100 personas que se manifestaban pacíficamente contra la violencia e impunidad de la policía. La policía detuvo a 245 personas, entre las que había múltiples transeúntes que no estaban participando en la protesta. Algunas, menores de edad entre ellas, dijeron haber sufrido malos tratos bajo custodia. Al concluir el año seguía abierta una investigación sobre las denuncias de malos tratos policiales.

En julio, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación respecto a los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes y personas detenidas, entre otras.

Violencia por motivos de género

Según una encuesta a gran escala realizada en junio por la Universidad de Gante, dos tercios de la población habían experimentado violencia sexual en algún momento de su vida: el 81% de las mujeres de entre 16 y 69 años dijeron haber sufrido esta clase de violencia. A finales de noviembre se aprobó un plan de acción nacional contra la violencia basada en el género.

Transferencias irresponsables de armas

La región de Valonia continuó autorizando transferencias de armas a miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen pese al riesgo considerable de que esas armas sirvieran para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos o facilitar su comisión.

Actuación deficiente contra el cambio climático

En junio, el Juzgado de Primera Instancia de Bruselas resolvió que las autoridades, tanto federales como estatales, no habían adoptado políticas adecuadas para hacer frente a la emergencia climática y, por tanto, habían violado el derecho a la vida y a la vida privada de las personas demandantes.

  1. Belgium: Submission to the UN Committee against Torture 71st Session, 12-30 July 2021 (Índice: EUR 14/4290/2021), 15 de junio

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Jefe del Estado: Felipe
Jefe del gobierno: Alexander De Croo

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