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Comercio de armas en España

España se ha situado en el último quinquenio como séptimo país exportador mundial de armas, con una cuota del 3% global y una cifra anual que desde 2016 supera los 4.000 millones de euros (en 2008 no llegaba a 1.000 millones).

El comercio de armas solo se justifica en la legislación internacional si los gobiernos lo regulan para garantizar la protección de la población.

Pese a los importantes avances para controlar ese negocio, como la Ley de Comercio de Armas española de 2007 y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) aprobado por las Naciones Unidas en 2013, su telón de fondo sigue siendo la escasa transparencia, cuando no la corrupción en la industria armamentista, lo que favorece el tráfico ilegal de armas.

Aunque solo es una pequeña parte del gasto en defensa (1,6 billones de euros en 2018, el 2,1% del producto interior bruto global y 211 euros por persona), el comercio de armas es uno de los negocios más lucrativos del mundo, y cada año mueve más de 85.000 millones de euros. El Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) sitúa a España como séptimo país exportador en 2014-2018 tras Estados Unidos (36% del total), Rusia (20%), Francia, Alemania, China y Reino Unido.

Armas pequeñas y ligeras

Más incluso que las armas convencionales pesadas (carros de combate y vehículos blindados, aviones de combate y helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y artillería de gran calibre), el gran motivo de preocupación son las armas pequeñas y ligeras (APL, que incluyen revólveres, pistolas, fusiles, ametralladoras o granadas) que, por su bajo coste y facilidad de uso, transporte y ocultación aparecen en mortíferos escenarios de guerras, actividades terroristas, delincuencia organizada y luchas entre bandas.

El arsenal global de APL, muy difícil de estimar por su amplia disponibilidad, oscila entre 600 y 875 millones de unidades, una por cada 10 habitantes y el 75% en manos de civiles. Cada año se fabrican ocho millones más, así como 16.000 millones de unidades de munición, con la que se podría matar dos veces a la población mundial.

Lo más grave es que ese arsenal se emplea para cometer el 60% de las violaciones de derechos humanos y deja tras sí un reguero de sangre, sufrimiento y pobreza (la violencia con armas de fuego causa más de medio millón de muertes anuales, el 75% en escenarios no bélicos) que lastra el desarrollo de las comunidades afectadas.

Exportaciones de armas españoles en 2017

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Tratado sobre el Comercio de Armas

El Tratado sobre el Comercio de Armas llegó en 2013 como la gran esperanza para salvar miles de vidas y regular esa industria rodeada de secreto y acechada por la corrupción, que, según estimaciones de Transparencia Internacional, supone casi el 40% de la corrupción en el comercio mundial cuando su valor no llega al 1% global.

La presión de Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales desde la coalición Control Arms resultó decisiva para que la Asamblea General de la ONU diera pasos hasta la aprobación del TCA el 2 de abril de 2013 (154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones). Junto a otros 63 países, España lo suscribió en cuanto se abrió el proceso de firma el 3 de junio, y lo ratificó al año siguiente. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 tras conseguir tres meses antes las 50 ratificaciones imprescindibles. En diciembre de 2018, Mozambique elevó a 100 esta lista, que incluye a cinco de los diez primeros exportadores de armas (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), pero no a los que la encabezan: Estados Unidos, Rusia y China; estos dos últimos ni siquiera figuran entre los 131 firmantes.

La llamada “Regla de Oro” del TCA se resume en pocas palabras: “No autorizar armas para cometer atrocidades”. Un principio vinculante de derecho internacional que prohíbe transferir armas convencionales si hay riesgo fundado de que se utilicen para cometer o facilitar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.

Ley de Comercio de Armas española

En el caso español, Amnistía también estuvo en primera fila de la lucha por un mayor control y transparencia del comercio de armas, ya a mediados de los 90 –junto a Greenpeace, Médicos Sin Fronteras y Oxfam Intermón– con la campaña “Hay Secretos que Matan”, y después –en alianza con FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón– con la campaña “Armas Bajo Control”. Y la presión tuvo éxito: en diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas, que contempla la denegación de autorizaciones de exportación “cuando existan indicios racionales" de que las armas puedan emplearse "en acciones que perturben la paz", para "exacerbar tensiones o conflictos latentes", "con fines de represión interna" o "en situaciones de violación de derechos humanos".

Para la coalición Armas Bajo Control, la aplicación de la norma deja bastante que desear en transparencia, control parlamentario previo a la autorización de exportaciones sensibles y seguimiento del uso final de las armas exportadas para garantizar que no se utilizan contra la población civil. En esa línea, AI exige que cese la venta de armas españolas a Arabia Saudí e Israel, ante el serio riesgo de que no respeten la “Regla de Oro” del TCA y se usen para cometer atrocidades en Yemen o la Palestina ocupada. Amnistía también se ha mostrado muy preocupada ante la venta de determinadas armas a países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Kenia y Turquía, así como ante la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú.

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