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Comercio de armas en España

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Cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. Las armas están fuera de control: 640 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. Las armas ligeras contribuyen de forma significativa a la pobreza y al sufrimiento y desarrollan un papel clave en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se infligen más heridas, muertos, desplazamientos, violaciones, raptos y torturas con armas ligeras que con cualquier otro tipo de armas.

En 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas votó masivamente a favor de poner en marcha un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que fue aprobado prácticamente por unanimidad el 2 de junio de 2013. España firmó el tratado entre los 65 primeros países, concretamente el 3 de junio de 2013, y lo ratificó en 2014. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.

En España, tras más de 10 años de campaña por un mayor control y transparencia del comercio español de armas, en diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas, un avance para poner fin al coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. Amnistía Internacional, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón trabajan en alianza para denunciar el riesgo de que exportaciones de armas españolas puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y además, nos encargamos de dar seguimiento al desarrollo de la ley y a su aplicación para que suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia.

Apuntes clave

  • España ha apostado por una política de internacionalización y apoyo a la exportación de armas situándose, entre 2013 y 2017, en el séptimo puesto del ranking mundial de exportadores de armas, con una cuota aproximada del 3% sobre el volumen global. Por contra, no ha reforzado los controles de las exportaciones de armas ni aumentado la transparencia y tampoco ha mejorado la evaluación de riesgo de las exportaciones ni incrementado los recursos destinados a estas cuestiones. Sin embargo, gracias a la presión de AI y de otras ONG, el Gobierno español trabaja en la elaboración de un mecanismo de verificación de las exportaciones de armas y en la mejora de los certificados de uso final, un documento que acompaña las exportaciones, que previsiblemente se empezarán a aplicar en 2019.

  • El Ministerio de Comercio, Turismo e Industria elabora dos informes al año sobre las exportaciones españolas de armamento y comparece anualmente ante la Comisión de Defensa del  Congreso de los Diputados.

  • En enero de 2018 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la ley española sobre comercio de armas, tras años de trabajo de Amnistía Internacional y otras ONG. Es hora de evaluar su aplicación, para lo que hemos hecho un decálogo de recomendaciones detalladas al Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria. Las medidas propuestas se centran en la mejora de la transparencia, el control parlamentario y el control de las exportaciones de armas.

  • La coalición “Armas Bajo Control”, formada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón analiza los informes del Gobierno y elabora recomendaciones para el Gobierno y el Congreso de los Diputados.

  • Los informes de la coalición “Armas Bajo Control” se centran en identificar operaciones que puedan ser preocupantes basándose en la relación entre el material exportado y/o autorizado y el riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, la  “Regla de Oro” del Tratado sobre el Comercio de Armas.

  • La normativa de la Unión Europea establece que cada Estado Miembro evaluará una por una las solicitudes de exportación de armas de conformidad con ocho criterios que definen las normas que rigen el control de las exportaciones de armas. Por su parte, la Ley española sobre comercio de armas de 2007, establece que las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…) ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.

  • En 2015, Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón propusieron una modificación de la Constitución española que, entre otras medidas, dé rango constitucional a la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas.  

Exportaciones de armas españoles en 2017

Lee nuestro informe

En nuestro último informe sobre las exportaciones de armas españolas en 2017:

* Denunciamos el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2017;

* Exigimos el cese de la venta de armas españolas a Arabia Saudí e Israel debidoal riesgo sustancial de que se usen para cometer o facilitar atrocidades;

* Identificamos exportaciones de armas muy preocupantes a otros 17 países y otras 6 operaciones  sobre las que se necesita más información, basándonos en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional. Entre las operaciones muy preocupantes figuran la venta de determinadas armas a, entre otros países, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, EEUU, Filipinas, Kenia y Turquía, así como la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú.

* Reclamamos al Gobierno que adopte dos medidas urgentes:

i) la creación de un mecanismo de consulta parlamentaria en los casos sensibles de exportación de armas antes de la aprobación de las autorizaciones, similar al que ya existe en Suecia, Noruega, Países Bajos y EE.UU., y

ii) la adopción de un Protocolo de Seguimiento y Control del Uso de las armas exportadas y un nuevo Certificado de Uso Final que incluya garantías legalmente vinculantes de que las armas no se emplearán contra la población civil.

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