© REUTERSThaier Al-Sudani .jpg
El comercio de armas solo se justifica en la legislación internacional si los gobiernos lo regulan para garantizar la protección de la población.
España se ha situado en el último quinquenio como séptimo país exportador mundial de armas. En 2020 alcanzaba una cuota del 3,2% global equivalente a 3.600 millones de €, ligeramente inferior a la media anual de 4.000 millones del último lustro (en 2008 no llegaba a 1.000 millones).
Pese a los importantes avances para controlar este negocio, como la Ley de Comercio de Armas española de 2007 y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) aprobado por las Naciones Unidas en 2014, su telón de fondo sigue siendo la escasa transparencia, cuando no la corrupción en la industria armamentista, lo que favorece el tráfico ilegal de armas.
Aunque solo es una pequeña parte del gasto militar mundial en defensa (casi 2 billones de euros en 2020, el 2% del producto interior bruto global), el comercio de armas es uno de los negocios más lucrativos del mundo. En 2017 su valor fue de al menos 95.000 millones de euros. El Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) sitúa a España como séptimo país exportador en 2016-2020 tras Estados Unidos (37% del total), Rusia (20%), Francia, Alemania, China y Reino Unido.
Más incluso que las armas convencionales pesadas (carros de combate y vehículos blindados, aviones de combate y helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y artillería de gran calibre), el gran motivo de preocupación son las armas pequeñas y ligeras (APAL, que incluyen revólveres, pistolas, fusiles, ametralladoras o granadas) que, por su bajo coste y facilidad de uso, transporte y ocultación aparecen en mortíferos escenarios de guerras, actividades terroristas, delincuencia organizada y luchas entre bandas.
El arsenal global de APAL, muy difícil de estimar por su amplia disponibilidad, oscila entre 600 y 875 millones de unidades, una por cada 10 habitantes y el 75% en manos de civiles. Cada año se fabrican ocho millones más, así como 16.000 millones de unidades de munición, con la que se podría matar dos veces a la población mundial.
Lo más grave es, según una investigación de Amnistía Internacional, que esas armas son las más utilizadas para cometer la mayoría de las violaciones graves de derechos humanosy deja tras sí un reguero de sangre, sufrimiento y pobreza (la violencia con armas de fuego causa más de medio millón de muertes anuales, el 75% en escenarios no bélicos) que lastra el desarrollo de las comunidades afectadas.
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) se hizo realidad en 2013 como la gran esperanza para salvar miles de vidas y regular esa industria rodeada de secreto.
La presión de Amnistía Internacional resultó decisiva para que la Asamblea General de la ONU diera pasos hasta la aprobación del TCA el 2 de abril de 2013 (154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones). Junto a otros 63 países, España lo suscribió en cuanto se abrió el proceso de firma el 3 de junio de ese año, y lo ratificó al año siguiente. El Tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 tras conseguir tres meses antes las 50 ratificaciones necesarias. A finales de 2021, la lista de Estados Parte ascendía a 110, incluidos seis de los diez primeros exportadores de armas (Alemania, China, España, Francia, Italia y Reino Unido), pero no a los que la encabezan: Estados Unidos, que lo firmó en 2013 durante la presidencia de Obama y en 2019 con Trump comunicó su intención de no convertirse en Estado Parte, aunque el actual presidente Biden se comprometió a impulsar su ratificación, y Rusia que ni siquiera figura entre los firmantes.
La llamada “Regla de Oro” del TCA se resume en pocas palabras: “No autorizar armas para cometer atrocidades”. Se trata de un principio vinculante de derecho internacional que prohíbe transferir armas convencionales si el Estado que las va a autorizar "tiene conocimiento" de que se podrían utilizar para cometer o facilitar genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para las transferencias no prohibidas, el TCA exige una evaluación del riesgo de que las exportaciones de armas contribuyan o menoscaben la paz y la seguridad y puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Además, permite adoptar medidas de mitigación para eliminar o suprimir el riesgo “preponderante” de uso contrario al derecho internacional, en cuyo caso el Estado exportador no autorizará la exportación.
“La llamada “Regla de Oro” del Tratado sobre el Comercio de Armas se resume en pocas palabras: 'No autorizar armas para cometer atrocidades'.”
En el caso español, Amnistía también estuvo en primera fila de la lucha por un mayor control y transparencia del comercio de armas, ya a mediados de los 90 –junto a Greenpeace, Médicos Sin Fronteras y Oxfam Intermón– con la campaña “Hay Secretos que Matan”, y después –en alianza con FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón– con la campaña “Armas Bajo Control”.
La presión tuvo éxito. En diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas, que prevé la denegación o revocación de autorizaciones de exportación “cuando existan indicios racionales" de que las armas puedan emplearse "en acciones que perturben la paz", para "exacerbar tensiones o conflictos latentes", "con fines de represión interna" o "en situaciones de violación de derechos humanos".
La aplicación de la norma deja que desear en transparencia y evaluación del riesgo de las operaciones y aún no existe un control parlamentario previo a la autorización de exportaciones sensibles.
En abril de 2020 hubo un importante avance en el seguimiento del uso final de las armas exportadas con la adopción del Real Decreto 494/2020 que modifica el Reglamento de la Ley 53/2007 sobre comercio de armas. Este Decreto supuso la adopción de un Protocolo de Verificación y un nuevo Certificado de Último Destino.
Se trata de un primer paso que respondía a una de las demandas de Amnistía Internacional desde hace más de una década de mayor control de las armas exportadas, aunque se centra en medidas para evitar el desvío y no incluye medidas para garantizar que las armas no se utilicen contra la población civil. Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones detalladas para su mejora y hará seguimiento de su aplicación.
En junio de 2021, Amnistía InternacionaI pidió la suspensión de la transferencia de armas españolas a Arabia Saudí, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel y Turquía, ante el riesgo sustancial de que no respeten la “Regla de Oro” del Tratado sobre el Comercio de Armas y se usen para cometer atrocidades en, entre otros escenarios, Yemen, Libia o los Territorios Palestinos Ocupados. La organización también se ha mostrado muy preocupada ante la venta de material antidisturbios a países cómo Argelia, Perú, Francia, Togo y Túnez.
Un informe presentado en mayo de 2022 por Amnistía Internacional, Centre Delàs de Estudios para la Paz y Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) puso de manifiesto el papel clave de la empresa española Airbus y del Gobierno español en la fabricación, exportación y el mantenimiento del avión de combate Eurofighter Typhoon utilizado para llevar a cabo los ataques aéreos de la Coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen desde marzo de 2015, incluidos presuntos crímenes de guerra.
El informe también denuncia la responsabilidad de Airbus en la fabricación del avión cisterna de reabastecimiento aéreo A330 Multi Role Tanker Transport, que ha sido utilizado tanto por los EAU como por Arabia Saudí contra Yemen.
Pedimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la concesión de las licencias de exportación de armas en los presuntos crímenes de guerra en Yemen.
