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Países Bajos

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Continuó suscitando preocupación la detención de migrantes en condiciones propias del encarcelamiento. El ministro de Justicia y Seguridad anunció la introducción de cambios en la legislación sobre la violación para ponerla más en consonancia con las normas de derechos humanos. La aplicación de criterios raciales por la policía continuó siendo motivo de preocupación. Se empleaban métodos policiales predictivos que utilizaban inteligencia artificial sin salvaguardias frente a la vigilancia masiva y la discriminación.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Seguía preocupando la aplicación en los centros de detención de migrantes de medidas punitivas como el aislamiento, cuyo uso había aumentado más del doble en los últimos años.

En junio se modificó un proyecto de ley sobre detención de migrantes a fin de otorgar a los directores de los centros de detención facultades para responder a los disturbios imponiendo un confinamiento y encerrando a todas las personas detenidas en sus celdas durante periodos de hasta cuatro semanas, de manera comparable a la reclusión en régimen de aislamiento.

Seguía habiendo solicitantes de asilo en peligro de deportación porque no se tenían en cuenta en la tramitación de las solicitudes los documentos que no se podían verificar. En diciembre de 2019, el Tribunal de Distrito de La Haya había solicitado un dictamen preliminar para resolver esta situación, pero al concluir el año no se había adoptado una decisión.

Violencia contra mujeres y niñas

En mayo, el ministro de Justicia y Seguridad publicó un borrador de anteproyecto de Ley de Delitos Sexuales que no proponía ninguna modificación de la definición jurídica de la violación, y mantenía como elementos centrales la “coerción forzosa” y la “violencia”. Introducía un delito menos grave de “actos sexuales contra la voluntad de una persona”, que comportaba la mitad de la pena vigente para el delito de violación.

La definición de la violación propuesta no se ajustaba al derecho internacional de los derechos humanos y no ofrecía protección suficiente a las víctimas de violencia sexual. A raíz de las críticas de organizaciones de la sociedad civil, de supervivientes y del Parlamento, el ministro anunció en noviembre que iba a modificar la propuesta para que todas las formas de relación sexual no voluntaria se definieran como violación.

Durante la aplicación de las medias de confinamiento por la COVID-19 en marzo y abril, una línea de ayuda telefónica especializada informó de un aumento del número de personas que llamaban para pedir ayuda por violencia sexual.

Uso excesivo de la fuerza

Durante el año, el ministro de Justicia y Seguridad promovió la aprobación del uso policial de armas de electrochoque con el propósito de dotar de armas Taser X2 a alrededor de 17.000 agentes de patrulla. En contra de lo dispuesto en las normas internacionales, las armas de electrochoque podrían emplearse contra personas que no supusieran una amenaza inminente para la vida ni un riesgo de lesión grave.

Discriminación

Pese a las manifestaciones multitudinarias celebradas en mayo y junio en reacción al movimiento Black Lives Matter, no se adoptaron medidas para luchar contra la discriminación. En 2014, las autoridades habían reconocido el uso de criterios raciales en labores de cumplimiento de la ley e introducido medidas como la adopción de normas profesionales, módulos de capacitación y aplicaciones informáticas para ayudar a los agentes de policía a ejercer sus facultades de parada y registro de una manera justa y efectiva. No obstante, las evaluaciones realizadas mostraron que su implementación seguía siendo desigual.

Vigilancia masiva

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley empleaban cada vez con mayor frecuencia perfiles de riesgo algorítmicos. La policía de la ciudad de Roermond estaba llevando a cabo un experimento de actuación policial predictiva diseñado para detectar y prevenir presuntos robos cometidos por personas de Europa del Este. En septiembre, una investigación reveló que el proyecto vulneraba el derecho a no sufrir discriminación, a la privacidad y a la protección de datos.1

  1. Netherlands: We sense trouble: Automated discrimination and mass surveillance in predictive policing in the Netherlands (EUR 35/2971/2020)

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