Países Bajos

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Se presentó un proyecto de legislación que tipificaba como delito el hecho de no tener permiso de residencia válido. La protección frente el uso de modelos de riesgo discriminatorios en el sistema de prestaciones sociales seguía siendo insuficiente. La libertad de expresión corría peligro debido a un proyecto de ley que penalizaba el “enaltecimiento del terrorismo”. Se dieron a conocer planes para penalizar la violencia psicológica en situaciones de malos tratos en el ámbito familiar.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En julio, el Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, San Martín y Bonaire, San Eustaquio y Saba —tribunal al servicio de los países y municipios del Caribe neerlandés— declaró ilegal la práctica de detener automáticamente a personas refugiadas por el único motivo de su entrada irregular en el país.

En marzo se adoptaron dos nuevas políticas en Curazao encaminadas a mejorar los derechos de las personas refugiadas y migrantes que, entre otras cosas, permitían que las personas indocumentadas solicitaran un permiso de residencia por motivos humanitarios y económicos. Los efectos prácticos de estas mejoras seguían sin estar claros al final del año.

El proyecto de ley sobre Medidas de Asilo de Emergencia, aprobado por la Cámara de Representantes neerlandesa en julio, estaba concebido para limitar el número de solicitantes de asilo en el país. Restringía la reagrupación familiar para ciertos grupos de personas refugiadas y negaba la residencia permanente a las personas refugiadas después de cinco años. En diciembre se modificó para criminalizar a quienes carecieran de permiso de residencia válido. Al concluir el año no había sido aprobado por el Senado.¹

Discriminación

En agosto, en una sentencia provisional, un tribunal resolvió que el sistema empleado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para conceder visados de corta estancia debía someterse a una evaluación de impacto en materia de derechos humanos, y aludió a los motivos de preocupación expresados por Amnistía Internacional sobre la aplicación automatizada de perfiles raciales por el algoritmo del sistema. La protección frente al uso de tales modelos en la detección de fraudes en las prestaciones de la seguridad social, en la actuación policial y en asuntos de migración seguía siendo insuficiente.

Libertad de expresión

En junio, el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso una legislación que penalizaba el “enaltecimiento del terrorismo”. Con arreglo a este proyecto de ley, las consignas, las declaraciones o el uso de símbolos “asociados a un grupo terrorista” serían punibles con hasta tres años de prisión, con independencia del contexto. Se expresó el temor de que esta ley pudiera penalizar discursos admisibles.

En julio, el Ministerio de Justicia y Seguridad presentó un proyecto de ley para controlar las plataformas digitales públicas que permitía a la policía el tratamiento de datos personales, incluida información sobre manifestantes pacíficos.

Libertad de reunión pacífica

El Parlamento aprobó varias mociones en favor de limitar el derecho de protesta que incluían restricciones cerca de fechas conmemorativas, la recuperación de los costes resultantes de la desobediencia civil, sanciones por el bloqueo de infraestructuras y la ampliación de las medidas de vigilancia. El gobierno encargó someter estas mociones y otras propuestas afines a revisiones independientes que concluyeron que no hacía falta o no sería efectiva legislación adicional.

En abril, el gobierno reconoció que había violado el derecho de protesta de activistas de Rebelión contra la Extinción al prohibirles manifestarse en zonas concretas y les ofreció una indemnización.

En julio, el Consejo de Estado determinó que, durante una manifestación en 2020, se había aplicado ilegalmente la medida de “reubicación administrativa” para dispersar a manifestantes del citado grupo que, tras hacer caso omiso de la orden de marcharse, habían sido trasladadas en autobús a otro lugar.

Violencia sexual y de género

En julio, la Secretaría de Estado de Protección Jurídica reveló que estaba previsto tipificar la violencia psicológica como delito diferenciado en el contexto de la violencia de género en el ámbito familiar.

Derecho a un medioambiente saludable

Países Bajos mantuvo sus objetivos generales sobre el clima. No obstante, según el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático, la implementación era problemática y las políticas climáticas se habían estancado.

Rendición de cuentas de las empresas

El diario The Guardian reveló pruebas de que el ejército israelí había usado centros de datos de Microsoft en Países Bajos para vigilar y llevar a cabo ataques militares contra personas palestinas. En septiembre de 2025, tras una investigación, Microsoft anunció la cancelación del acceso de la Unidad 8200 israelí a determinados servicios de almacenamiento en la nube y de inteligencia artificial de Azure. Sin embargo, al concluir el año no estaba claro si Microsoft había investigado y cancelado todos los contratos y el suministro de productos a entidades israelíes por su implicación en posibles violaciones de los derechos de la población palestina.²