Libertad de expresión en España

1. Los artículos 36.6 (resistencia, desobediencia y negativa a identificarse), 37.1 (manifestaciones espontáneas), 37.4 (faltas de respeto) y 36.23 (uso de imágenes de las fuerzas de seguridad) han impactado decisivamente sobre el derecho a la protesta pacífica, debilitándolo de forma extrema. Desde 2015, las autoridades han propuesto 250.300 sancionessobre estos mismos artículos, las cuales suponen el 78% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de ellos se modifica en la actual propuesta.
    
2. No se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones. La rendición de cuentas por actuaciones policiales es básica para garantizar los derechos de las personas.
    
3. El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional. De esta forma se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.
    
4. No hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas, por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo.
    
5. No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que lasmujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata se vean obligadas a ejercer en lugares aislados, estando expuestas a mayores peligros de abuso.
    
6. Aunque se indica que se deben “utilizar siempre los medios menos lesivos”, no hay una prohibición expresa al uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. También debería suspenderse el uso de los proyectiles de foam para evaluar y valorar si puedes ser usados conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
    
7. Se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de “alteración del orden público”.

En el caso de que no se avance en las negociaciones y en la tramitación parlamentaria para transformar sustancialmente el proyecto de ley en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar.

Para más información, Amnistía Internacional presentó en noviembre de 2022 el informe: Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España. En él se recogen los obstáculos que el derecho a la protesta pacífica enfrenta en España, tras siete años de restricciones indebidas. Más información también aquí.

Pablo Hásel y Valtonyc, los raperos condenados

Pese a que el número de procesamientos y condenas ha descendido en los últimos años, en febrero de 2021 el rapero Pablo Hásel entró en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El músico también fue condenado por injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento de Hásel por sus expresiones artísticas es injusto y lanzó una campaña para exigir, una vez más, una reforma del Código Penal que elimine los artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión. El artista C.Tangana participó en la campaña con un vídeo en el que animaba a la gente a actuar para cambiar la ley, para que, dicho con sus propias palabras: "los artistas podamos expresarnos sin miedo a ir a la cárcel".

El rapero Valtonyc también fue condenado en el año 2017 por delitos de "enaltecimiento del terrorismo", "amenazas no condicionales" y "calumnias e insultos graves a la Corona". Una condena que Amnistía Internacional cree que constituye una restricción ilícita de su derecho a la libertad de expresión. Valtonyc no se presentó para su ingreso en prisión sino que huyó a Bélgica.

En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional de Bélgica estableció que la ley belga que tipifica como delito las injurias al rey no cumple los estándares internacionales de derechos humanos. Valtonyc se encuentra a la espera de la decisión final por parte de las autoridades belgas respecto de la petición de extradición formulada por España después de que diversas instancias judiciales, en 2018 y en diciembre de 2021, rechazaran dar luz verde a su entrega.

El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos también debe desaparecer del Código Penal. La protección de conceptos abstractos o creencias religiosas no es un motivo permisible para restringir la libertad de expresión. 

¿Qué pedimos desde Amnistía Internacional para defender la libertad de expresión en España?

• Revisar la legislación reguladora del derecho de reunión y de protección de la seguridad ciudadana, eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en la libertad de reunión, expresión e información. 
   
• Incorporar mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias.
   
• Derogar el artículo 578 del Código Penal y garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España.
   
• Garantizar que no se detiene, investiga, procesa ni encarcela a ninguna persona en aplicación del artículo 578, así como retirar los cargos formulados en aplicación de dicho artículo contra cualquiera que solo haya ejercido su libertad de expresión.
   
• Defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre.
   
• Derogar del Código Penal los delitos de injurias a la corona y las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos.