© Reuters/ Sergio Pérez
La libertad de expresión es un derecho fundamental que cubre las libertades de opinión, de información y de prensa. Es fundamental para poder ejercer otros derechos humanos y para participar activamente en una sociedad libre y democrática. Según el derecho internacional, cualquier limitación a la misma tiene que ser mínima, proporcionada y justificada.
La libertad de expresión en España ha sufrido un grave retroceso desde 2015, año en el que el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como 'Ley Mordaza') y la reforma del Código Penal, las cuales entraron en vigor el 1 de julio de ese año. Estas leyes fueron aprobadas pese a las advertencias formuladas por expertos de las Naciones Unidas que denunciaron cómo algunos de los preceptos contenidos en ambas normas podían suponer una restricción desproporcionada a los derechos de libertad de reunión, expresión e información.
La Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración, contemplando infracciones definidas de forma excesivamente vaga y amplia que favorecen la discrecionalidad policial. Todo esto se ha traducido en un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión, reunión e información.
Dentro de muy poco se va a reformar la Ley Mordaza, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta corre un grave riesgo de continuar amordazada. El acuerdo de gobierno alcanzado en noviembre de 2021 para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no contempla la reforma ni la eliminación de los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un simple maquillaje a la Ley Mordaza.
En el caso de que no se avance en las negociaciones y en la tramitación parlamentaria para transformar sustancialmente el proyecto de ley en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar.
Para más información, Amnistía Internacional presentó en noviembre de 2022 el informe: Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España. En él se recogen los obstáculos que el derecho a la protesta pacífica enfrenta en España, tras siete años de restricciones indebidas. Más información también aquí.
Personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas y condenadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que castiga el "enaltecimiento del terrorismo" y la "humillación de las víctimas de los delitos terroristas". Desde 2015, los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de su aplicación aumentaron drásticamente: de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente entre 2016 y 2017 fueron declaradas culpables casi 70 personas.
Amnistía Internacional lo subrayó en 2018 en su informe "Tuitea... si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España". En él denunció la "imprecisa redacción" de este tipo de delitos yreivindicó el papel crucial del arte y la música para cuestionar el status quo e inspirar el pensamiento crítico en cualquier debate democrático informado. En ese marco, el derecho a la libertad de expresión puede incluir expresiones que ofendan, escandalizan o molestan.
La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, tuvo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.
“Dentro de poco se va a reformar la Ley Mordaza, pero la protesta todavía corre un grave riesgo de continuar amordazada"
Pese a que el número de procesamientos y condenas ha descendido en los últimos años, en febrero de 2021 el rapero Pablo Hásel entró en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El músico también fue condenado por injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento de Hásel por sus expresiones artísticas es injusto y lanzó una campaña para exigir, una vez más, una reforma del Código Penal que elimine los artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión. El artista C.Tangana participó en la campaña con un vídeo en el que animaba a la gente a actuar para cambiar la ley, para que, dicho con sus propias palabras: "los artistas podamos expresarnos sin miedo a ir a la cárcel".
El rapero Valtonyc también fue condenado en el año 2017 por delitos de "enaltecimiento del terrorismo", "amenazas no condicionales" y "calumnias e insultos graves a la Corona". Una condena que Amnistía Internacional cree que constituye una restricción ilícita de su derecho a la libertad de expresión. Valtonyc no se presentó para su ingreso en prisión sino que huyó a Bélgica.
En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional de Bélgica estableció que la ley belga que tipifica como delito las injurias al rey no cumple los estándares internacionales de derechos humanos. Valtonyc se encuentra a la espera de la decisión final por parte de las autoridades belgas respecto de la petición de extradición formulada por España después de que diversas instancias judiciales, en 2018 y en diciembre de 2021, rechazaran dar luz verde a su entrega.
El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos también debe desaparecer del Código Penal. La protección de conceptos abstractos o creencias religiosas no es un motivo permisible para restringir la libertad de expresión.
“La organización ha recogido más de 150.000 firmas en su centro de activismo on line para pedir la modificación de la Ley Mordaza. ¡Firma!”