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derechos humanos en todo el mundo

© Reuters/ Sergio Pérez

Libertad de expresión en España

Libertad de expresión

La libertad de expresión cubre las libertades de opinión, de información y de prensa. Es fundamental para poder ejercer otros derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática. Su condición de base de la democracia obliga, según el derecho internacional, a que cualquier posible limitación sea mínima, proporcionada y justificada.

En España, la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015, cuando el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como 'Ley Mordaza') y la reforma del Código Penal, que entraron en vigor el 1 de julio de ese año.

Ley Mordaza

La Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración y está plagada de imprecisiones legales que favorecen la discrecionalidad policial, provoca autocensura informativa y desmovilización ciudadana.

Amnistía Internacional denunció la arbitrariedad policial durante el Estado de Alarma confirma la necesidad de reformar la Ley Mordaza publicando el informe “Violaciones de derechos humanos durante el Estado de Alarma” donde documentó 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos durante el Estado de Alarma en cinco diferentes situaciones: Personas en situación de pobreza, arbitrariedad policial, obstaculización del trabajo periodístico, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía con tintes racistas y registros de domicilios sin orden judicial.

La organización también documentó en su informe "España: activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira", testimonios sobre identificaciones masivas de manifestantes y sobre acusaciones policiales a periodistas que solo querían hacer su trabajo. Para Amnistía Internacional la Ley Mordaza no respeta los estándares internacionales de derechos humanos y daña las libertades de expresión, información, reunión pacífica y asociación.

En este análisis, la organización concluye que esta ley se está utilizando contra el activismo social y, específicamente, contra activistas que defienden el derecho a la vivienda, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. Además, las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que recoge la LOSC están impidiendo el ejercicio del derecho a la información.

Varios manifestantes usan máscaras que dicen "No hables, ley mordaza" durante una protesta contra la nueva ley del gobierno español, conocida como "Ley Mordaza", en Madrid el 14 de febrero de 2015. © Reuters/Sergio Pérez
Protesta contra la nueva ley de seguridad del gobierno español celebrada en el centro de Madrid, el 30 de junio de 2015.
Protesta contra la nueva ley de seguridad del gobierno español celebrada en el centro de Madrid, el 30 de junio de 2015. © REUTERS/Sergio Pérez

La organización ha recogido más de 150.000 firmas en su centro de activismo on line para pedir la modificación de la Ley Mordaza. ¡Firma!

Arbitrariedad policial sin rendición de cuentas

La aplicación de la LOSC durante el primer estado de alarma evidenció aún más la necesidad de reformar esta ley. Solo desde el 14 de marzo hasta el 23 de mayo, el Gobierno reconoció que se habían impuesto 1.044.717 denuncias, en su mayoría en aplicación del art. 36.6 y sin haberse observado adecuadamente los principios de necesidad y proporcionalidad. A mediados de noviembre se habrían iniciado cerca de 200.000 expedientes sancionadores respecto a las multas impuestas durante ese periodo, decenas de multas habrían sido revisadas judicialmente y al menos 20 anuladas.

En estos casi seis años, la Ley Mordaza se ha utilizado reiteradamente contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sido objeto de numerosas sanciones lo que ha acabado por desmovilizar a buena parte de ellas. La Ley Mordaza también se ha aplicado contra periodistas con actuaciones policiales que han obstaculizado su labor cuando querían documentar abusos policiales.

El 70% de las sanciones impuestas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, durante el periodo 2013-2018, único del que se tienen datos oficiales, se refiere a dos artículos. El primero, 36.6, refleja la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, con sanciones de hasta 30.000 euros y se ha empleado en el contexto de manifestaciones pacíficas, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información. Por otra parte, también se ha aplicado de forma reiterada el artículo 37.4, que refleja sanciones por faltas de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otorga una gran discrecionalidad a los agentes del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración.

A la organización también le preocupan otros artículos de la LOSC por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos. Por ejemplo el artículo que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ha documentado cómo las fuerzas de seguridad, a través de esta sanción o de la amenaza de aplicarla, han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información por lo que considera que este artículo (36.23) debe ser eliminado.

Asimismo preocupa el artículo relativo a los registros corporales (art. 20). El TC establece cómo y de qué manera tienen que actuar las fuerzas de seguridad para que este artículo sea constitucional, a quienes les sigue otorgando un amplio poder para decidir cómo aplicarlo, y deja en completa indefensión a quien sea objeto de abuso o actuación arbitraria. Amnistía Internacional considera que este artículo debe ser modificado para garantizar que los registros corporales queden reservados para delitos de entidad, y delimitar con mayor claridad los supuestos en los que deban llevarse a cabo.

Los manifestantes sostienen un cartel que dice "mordaza" durante una protesta contra la nueva Ley Mordaza, Barcelona el 20 de diciembre de 2014
Los manifestantes sostienen un cartel que dice "mordaza" durante una protesta contra la nueva Ley Mordaza, Barcelona el 20 de diciembre de 2014. © Reuters/Gustau Nacarino
Una mujer con una máscara se encuentra frente a la policía antidisturbios que acordona la zona durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Barcelona, el sábado 20 de diciembre de 2014.
Una mujer con una máscara se encuentra frente a la policía antidisturbios que acordona la zona durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Barcelona, el sábado 20 de diciembre de 2014. © AP Photo/Emilio Morenatti

Una ley para desmovilizar a la ciudadanía

Muchas personas han transmitido a Amnistía Internacional que actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos. La LOSC ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado. “Las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de poder ser multados” comenta Sara López, de LegalSol.

Código penal

Personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. Desde 2015, los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de su aplicación han aumentado drásticamente; de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas.

Amnistía Internacional lo subrayó en 2018 con su informe "Tuitea... si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España", en el que denuncia la "imprecisa redacción" de ese tipo de delitos y reivindica el papel crucial del arte y la música para cuestionar el statu quo e inspirar el pensamiento crítico en cualquier debate democrático informado. En ese marco, el derecho a la libertad de expresión puede incluir expresiones que ofendan, escandalicen o molesten.

La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.

En febrero de 2020 Pablo Hasél entró en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El músico también fue condenado por injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado. Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es injusto y ha lanzado una nueva campaña para exigir, una vez más, la reforma del Código Penal, puesto que considera que algunos de sus artículos vulneran el derecho a la libertad de expresión. El artista C. Tangana ha participado en la campaña, con un vídeo en el que anima a la gente a actuar para cambiar la ley, para que "los artistas podamos expresarnos sin miedo a ir a la cárcel".

Tras los atentados terroristas de París de enero de 2015, el gobierno español introdujo unas enmiendas al Código Penal que ampliaban el ámbito de aplicación del artículo 578 para penalizar el “enaltecimiento” del terrorismo mediante la difusión pública de “mensajes o consignas”, convirtiendo en factor agravante la comisión de este delito a través de Internet y aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión.

Las autoridades vienen utilizando el artículo 578 para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país. Este es un aspecto especialmente preocupante de las restricciones de la libertad de expresión en aplicación de esta ley.

Amnistía Internacional considera que en los casos recogidos en su informe, desde el reportero Boro LH y la estudiante Cassandra Vera, finalmente absuelta por el Supremo, hasta el cantante César Strawberry, pasando por los raperos Valtonyc, Pablo Hásel y el grupo La Insurgencia, no había, según el derecho internacional, incitación a cometer un delito de terrorismo o apología del odio que constituyera incitación.

Al usar de este modo el artículo 578, las autoridades han indicado a toda la sociedad que no se van a tolerar ciertas formas de discrepancia, así como el cuestionamiento y las perspectivas alternativas.

Un policía se comunica con un manifestante   durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid.
Un policía se comunica con un manifestante durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid. © AP Photo/Andres Kudacki

España es un ejemplo de una inquietante tendencia en la que Estados de toda Europa limitan la libertad de expresión, so pretexto de la seguridad nacional, y arrebatan derechos, so capa de defenderlos

Eda Seyhan, responsable de campañas sobre política antiterrorista de AI

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