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Libertad de expresión en España

© Reuters/ Sergio Pérez

Libertad de expresión

La libertad de expresión cubre las libertades de opinión, de información y de prensa. Es fundamental para poder ejercer otros derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática. Su condición de base de la democracia obliga, según el derecho internacional, a que cualquier posible limitación sea mínima, proporcionada y justificada.

En España, la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015, cuando el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como 'Ley Mordaza') y la reforma del Código Penal, que entraron en vigor el 1 de julio de ese año.

Ley Mordaza

La Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración y está plagada de imprecisiones legales que favorecen la discrecionalidad policial, provoca autocensura informativa y desmovilización ciudadana.

Amnistía Internacional lo documentó en su informe "España: activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira", que recogía testimonios sobre identificaciones masivas de manifestantes y sobre acusaciones policiales a periodistas que solo querían hacer su trabajo. Para Amnistía Internacional la Ley Mordaza no respeta los estándares internacionales de derechos humanos y daña las libertades de expresión, información, reunión pacífica y asociación.

En este análisis, la organización concluye que esta ley se está utilizando contra el activismo social y, específicamente, contra activistas que defienden el derecho a la vivienda, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. Además, las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que recoge la LOSC están impidiendo el ejercicio del derecho a la información.

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Arbitrariedad policial sin rendición de cuentas

Más de 25.000 sanciones entre 2016 y 2017 correspondieron a “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”, con sanciones de hasta 30.000 euros. Algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información.

Por otra parte, entre 2016 y 2017 se impusieron más de 40.000 sanciones por “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”.

Más allá de lo que pueda ser entendido como “una falta de respeto o consideración”, lo cierto es que este precepto otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración. Solo en 2016, las faltas de respeto a la autoridad han permitido establecer sanciones con un importe que supera los 3 millones de euros.

Según datos del ministerio del Interior entre el 1 de julio de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017 podrían haberse impuesto alrededor de 73.187 sanciones en aplicación de estos artículos, lo que supone una media de 80 sanciones diarias.

A la organización también le preocupan otros artículos de la LOSC por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos. Por ejemplo el artículo que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad, habiéndose impuesto 85 sanciones en aplicación de este artículo en el periodo que va desde la entrada en vigor de la LOSC hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Una ley para desmovilizar a la ciudadanía

Muchas personas han transmitido a Amnistía Internacional que actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos. La LOSC ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado. “Las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de poder ser multados” comenta Sara López, de LegalSol.

Código penal

Personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. Desde 2015, los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de su aplicación han aumentado drásticamente; de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas.

Amnistía Internacional lo subrayó en 2018 con su informe "Tuitea... si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España", en el que denuncia la "imprecisa redacción" de ese tipo de delitos y reivindica el papel crucial del arte y la música para cuestionar el statu quo e inspirar el pensamiento crítico en cualquier debate democrático informado. En ese marco, el derecho a la libertad de expresión puede incluir expresiones que ofendan, escandalicen o molesten.

La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.

Tras los atentados terroristas de París de enero de 2015, el gobierno español introdujo unas enmiendas al Código Penal que ampliaban el ámbito de aplicación del artículo 578 para penalizar el “enaltecimiento” del terrorismo mediante la difusión pública de “mensajes o consignas”, convirtiendo en factor agravante la comisión de este delito a través de Internet y aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión.

Desde entonces, las autoridades vienen utilizando el artículo 578 para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país. Este es un aspecto especialmente preocupante de las restricciones de la libertad de expresión en aplicación de esta ley.

Amnitía Internacional considera que en los casos recogidos en su informe, desde el reportero Boro LH y la estudiante Cassandra Vera, finalmente absuelta por el Supremo, hasta el cantante César Strawberry, pasando por los raperos Valtonyc, Pablo Hásel y el grupo La Insurgencia, no había, según el derecho internacional, incitación a cometer un delito de terrorismo o apología del odio que constituyera incitación.

Al usar de este modo el artículo 578, las autoridades han indicado a toda la sociedad que no se van a tolerar ciertas formas de discrepancia, así como el cuestionamiento y las perspectivas alternativas.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

- Revisar la legislación reguladora del derecho de reunión y de protección de la seguridad ciudadana, eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en la libertad de reunión, expresión e información.

- Incorporar mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias.

- Reformar la LOSC para regular con precisión “los rechazos” en la frontera de Ceuta y Melilla, que deberán llevarse a cabo con las debidas salvaguardias para evitar las expulsiones sumarias de España a Marruecos, y detener la práctica de expulsar sumariamente a Marruecos a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

- Derogar el artículo 578 del Código Penal y garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España.

- Garantizar que no se detiene, investiga, procesa ni encarcela a ninguna persona en aplicación del artículo 578, así como retirar los cargos formulados en aplicación de dicho artículo contra cualquiera que solo haya ejercido su libertad de expresión.

- Defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre.
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