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Libertad de expresión en España

© Andres Kudacki
© Andres Kudacki

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía española y los planes para reforzar una legislación represiva son una clara señal de la determinación del Gobierno español de sofocar las protestas pacíficas. El informe de Amnistía Internacional, titulado España: el derecho a protestar, amenazado pone de manifiesto los abusos de la policía contra los manifestantes, la falta de rendición de cuentas por esos abusos y la determinación de las autoridades españolas de reforzar una legislación represiva.

Desde que la crisis económica y financiera golpeó a España, la pérdida de puestos de trabajo, las medidas de austeridad y lo que se percibe como una falta de transparencia en la toma de decisiones han llevado a miles de personas a salir a la calle a expresar su protesta. En 2012 hubo casi 15.000 manifestaciones en toda España: unas 40 por día. En 2013 hubo 4.500 solamente en Madrid: un incremento de un millar respecto al año anterior. Como el propio gobierno ha reconocido, sólo hubo actos violentos en menos del uno por ciento de las protestas.

El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica está en riesgo en España. Si a ti también te preocupa, únete a Amnistía Internacional. Con tu apoyo, seguiremos presionando al gobierno para que reforme las leyes que limitan este derecho y para

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Uso excesivo de la fuerza y detenciones

Aunque la policía en ocasiones tiene que hacer uso de la fuerza para mantener el orden público y la seguridad e impedir que se cometan delitos, sus agentes deben cumplir la obligación, contraída por el Estado en virtud del derecho internacional, de garantizar la libertad de reunión. Sin embargo, en España la policía ha hecho uso de fuerza excesiva impunemente. Amnistía Internacional ha documentado ese uso de fuerza excesiva, que incluye la utilización de porras y proyectiles de goma. También ha habido personas que han sido sometidas a malos tratos tras ser detenidas y puestas bajo custodia policial. Varias personas detenidas en la comisaría de policía de Moratalaz, en Madrid, han descrito el trato violento y humillante que sufrieron. Unos agentes las obligaron a permanecer de pie, de cara a una pared, durante horas. También periodistas y fotógrafos que cubrían manifestaciones han denunciado haber sido víctimas de violencia policial. La policía les ha dañado las cámaras y el equipo para impedirles documentar dicha violencia.

El derecho a protestar: el caso de Jorge Aranda

Concentración en el Hospital de Móstoles (Madrid) ante la visita del Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. La policía puso una denuncia falsa contra Jorge Aranda, y la jueza archivó el caso por quedar probado que la policía mintió. En otras dos ocasiones, Jorge ha recibido sanciones administrativas por participar en distintas concentraciones. La primera se archivó porque pudo demostrar que no estaba allí, la segunda está recurrida.
En la imagen de fondo, Jorge Aranda en un momento de la rueda de prensa celebrada en la sede de Amnistía Internacional para presentar el informe "España: el derecho a protestar, amenazado". © AI

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Restricción de las protestas y de la libertad de expresión y reunión pacífica

Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal

El Congreso de los Diputados, con la mayoría absoluta del gobierno del PP, aprobó a finales de marzo de 2015 la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que restringen el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. Estas reformas introducen, entre otras, nuevas medidas antiterroristas y legalizan la devolución en caliente e ilegal de migrantes y refugiados desde Ceuta y Melilla a Marruecos.

Los nuevos delitos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana restringen indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión, criminalizan algunas formas legítimas de protesta e incrementan las penas para otras. Las nuevas disposiciones contienen limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las "reuniones espontáneas" en determinados lugares y multas a las personas que las organicen.

Se le otorga a la policía amplios poderes de decisión, sin salvaguardias de procedimiento, para multar a las personas que les muestren "falta de respeto". También se restringe la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundas las imágenes. En los últimos años, las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.

Las autoridades gubernamentales, no los tribunales, impondrán multas por numerosos delitos de orden público, lo que pondrá en riesgo las garantías procesales.

Determinados delitos se redefinen como "agravados" cuando, entre otras cosas, tengan lugar en el contexto de las manifestaciones o reuniones de gran tamaño. La definición de "obstrucción" es tan ambigua que puede incluir actos de resistencia pasiva y puede equipararlos a actos violentos.

La aga definición de los delitos nuevos o enmendados significa que pueden aplicarse a conductas que están protegidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la nueva legislación infringe el requisito de certidumbre jurídica, es decir, el requisito según el cual las leyes deben estar formuladas con precisión suficiente.


Leyes antiterroristas

El nuevo Código Penal abarca una diversidad de delitos que define como "terrorismo" mediante una redacción imprecisa y unas categorías de delitos excesivamente amplias como "resistencia" a las autoridades públicas. Se prohíben los viajes –o los planes de viajar– fuera de España cuando exista la sospecha de que esos viajes tienen como finalidad colaborar con grupos integristas o recibir adiestramiento con ellos. El intercambio de información, especialmente con servicios de seguridad extranjeros, hace que exista la posibilidad de que puedan compartir y utilizar información obtenida mediante tortura. Se prohíben por ley declaraciones en redes sociales que puedan ser percibidas como una incitación a que otras personas cometan ataques violentos, incluso sin que esa declaración pueda relacionarse con un acto violento.

Estas restricciones amenazan el derecho a la libertad de expresión y asociación, a la presunción de inocencia, a la libertad de circulación, a la privacidad, y a salir y regresar a tu propio país.

Manifestación de fotoperiodistas frente a una comisaría de policía en Madrid para protestar contra la detención del también fotoperiodista Eduardo León. Eduardo fue detenido mientras fotografiaba la redada de la policía contra inmigrantes en un par
Manifestación de fotoperiodistas frente a una comisaría de policía en Madrid para protestar contra la detención del también fotoperiodista Eduardo León. Eduardo fue detenido mientras fotografiaba la redada de la policía contra inmigrantes en un parque de Madrid. © AP Photo/Víctor R. Caivano
Activista de Amnistía Internacional participando en un acto de la organización contra la Ley de Seguridad Ciudadana y a favor de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Activista de Amnistía Internacional participa en un acto de la organización contra la Ley de Seguridad Ciudadana y a favor de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. © AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

Las autoridades españolas, especialmente el gobierno y el Parlamento, deben revisar la legislación, las políticas y las prácticas relativas a las reuniones públicas y las manifestaciones, con el fin de garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos.

Las autoridades también deben dejar de utilizar la legislación penal y administrativa para disuadir a la gente de participar en manifestaciones como medio de expresar sus opiniones, y no intentar acallar por otros medios las críticas contra las autoridades.

Respecto a esta legislación, las autoridades deben reformar la actualmente vigente para incluir expresamente la exención del requisito de notificación previa en el caso de las manifestaciones espontáneas, así como retirar o modificar las reformas legislativas que aumentarían el ámbito de utilización de la legislación penal y administrativa para restringir y sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

© Emilio Morenatti

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