Manifiesto

La Atención Primaria es el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud y como tal merece protección. Sus profesionales son la cara y recursos más cercanos a las personas y cubren el 70% de las necesidades de salud de la población a lo largo de nuestra vida. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los Estados que destinen a la Atención Primaria el 25% de su inversión en sanidad.

La situación de debilidad con la que el Sistema Nacional de Salud ha afrontado la pandemia tiene su origen en una década perdida en términos de falta de financiación adecuada. Si bien entre 2009 y 2018 España incrementó su riqueza (el producto interior bruto) en un 8,6%, el gasto sanitario público de las CC. AA. se redujo un 11,2% teniendo en cuenta la inflación. La Atención Primaria, de nuevo, fue el nivel asistencial que más sufrió la falta de financiación, con un 13,1% menos de financiación. Estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con mayores necesidades de salud, las personas con enfermedades crónicas, personas mayores, y personas con enfermedades de salud mental, y dentro de ellas las mujeres.

Estos dos últimos años, ante la crisis sanitaria que ha sometido al sistema público de salud a un estrés y una presión asistencial sin precedentes, las autoridades sanitarias centrales y autonómicas no han dejado de subrayar en sus discursos la importancia de la Atención Primaria y la necesidad de reforzarla. A nivel internacional, la OMS y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, como a nivel estatal el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han recomendado aumentar su financiación para hacer frente a la crisis sanitaria.

A pesar de las recomendaciones y promesas, la realidad es muy diferente: ninguna Comunidad Autónoma alcanza el 25% de inversión sanitaria para la Atención Primaria y la mayoría de los presupuestos 2022 de las Comunidades Autónomas no ha supuesto un punto de inflexión claro en su apuesta por fortalecer este nivel asistencial.

Es hora de transformar las palabras en hechos y revertir años de recortes e infrafinanciación en la Atención Primaria. Las autoridades sanitarias centrales y autonómicas tienen obligaciones en materia de derechos humanos y deben cumplir con su obligación de hacer efectivo el derecho a la salud de manera progresiva dedicando más recursos.

Por el derecho a la salud de todas las personas, pacientes y profesionales, exigimos una financiación adecuada del Sistema Nacional de Salud y un refuerzo de la Atención Primaria con el 25% de la inversión sanitaria total.

A corto plazo:

• Las CC. AA. deben incrementar la inversión sanitaria, en el ámbito de la Atención Primaria, más allá de lo presupuestado inicialmente para este año y por encima del gasto sanitario realizado en 2021 con la finalidad de reforzar las plantillas de la Atención Primaria e incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales en los centros de Atención Primaria.

• El Ministerio de Sanidad debe recomendar el incremento de la inversión en Atención Primaria a las Comunidades Autónomas e informar públicamente sobre el estado de trabajo del grupo de expertos creado para definir la evaluación de la gestión de la pandemia y esta evaluación debe concluirse en 2022.

A medio/largo plazo:

• Las CC. AA. deben duplicar la inversión destinada a la Atención Primaria durante los próximos años para recuperar el peso perdido en este nivel asistencial. Esta inversión sostenida debe lograr que las demandas de atención no urgentes en Atención Primaria se atiendan en menos de 48 horas, tal y como fija el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria y que el nivel de temporalidad del personal sanitario se reduzca al 8% con el fin de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.