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© AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

Oriente Medio y Norte de África

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2019.

Las protestas multitudinarias sacudieron Oriente Medio y el Norte de África en 2019, especialmente Argelia, Irán, Irak, Líbano y los Territorios Palestinos Ocupados. Para intentar sofocarlas, las autoridades emplearon fuerza excesiva —sobre todo medios terriblemente letales, que causaron cientos de muertes, en Irán e Irak—, y practicaron detenciones arbitrarias. Los gobiernos de toda la región restringieron gravemente la libertad de expresión y las actividades de la sociedad civil, y algunos de ellos reprimieron particularmente a quienes criticaban a las autoridades en las redes sociales. Se tomaron medidas contra cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Había patrones generalizados de violaciones de derechos humanos —incluidos tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas— cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto del sistema de justicia penal, sobre todo en Egipto, Irán, Libia, Arabia Saudí y Siria. En general, las fuerzas de seguridad gozaban de impunidad. La iniciativa más importante para arrojar luz sobre los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad y pedir reparación —aunque más por abusos cometidos en el pasado que por los que se cometían en ese momento— fue sin duda la Comisión de la Verdad y la Dignidad en Túnez, que concluyó su labor en 2019 y formuló recomendaciones que eran relevantes para los gobiernos de toda la región.

Los actores de los conflictos armados en la región cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, y en algunos casos restringieron el acceso de la ayuda humanitaria, lo que afectó a la atención médica y otros servicios básicos. Otras potencias militares fomentaron las violaciones de derechos humanos mediante la transferencia ilícita de armas y el apoyo militar directo a las partes beligerantes. En el contexto de impunidad generalizada, los avances hacia una investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados fueron una noticia positiva. Líbano y Jordania seguían albergando a más de 3 millones de personas refugiadas sirias, pero bloquearon la entrada de nuevas llegadas, y en el caso de Líbano se expulsó a miles de personas que habían entrado “ilegalmente”. Las ofensivas militares y otros combates provocaron el desplazamiento interno de cientos de miles de personas en Libia, Siria y Yemen.

En varios países, especialmente en el Golfo, se anunciaron reformas dirigidas a mejorar la protección de la población trabajadora migrante, pero ésta siguió sufriendo explotación y abusos. Como en los dos años anteriores, en 2019 hubo novedades legislativas e institucionales positivas en materia de derechos de las mujeres y violencia contra las mujeres, pero la dura represión ejercida contra quienes defendían estos derechos en países como Irán y Arabia Saudí arrojaban una larga sombra sobre ellas. En toda la región, las autoridades reprimieron duramente los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, detuvieron a decenas de personas por su orientación sexual o identidad de género reales o aparentes y sometieron a algunos hombres a exámenes anales forzados.

Protestas

En 2019, las protestas multitudinarias sacudieron Oriente Medio y el Norte de África, así como muchos otros lugares del mundo. Las de Argelia, Irak y Líbano, al igual que sus equivalentes de Sudán, confluyeron en prolongadas oleadas de contestación que ponían en tela de juicio la totalidad del sistema político en demanda de una reforma institucional profunda; las de Irán lo habrían podido seguir el mismo camino de no haber sido reprimidas con tanta violencia. La capacidad de quienes participaban en esas protestas mayoritariamente pacificas para mantener el impulso durante semanas y meses fue impactante en un contexto en que se daba en gran medida por sentado que la represión y la violencia armada que siguieron a los levantamientos de la región un decenio antes —en Irán, en 2010, y en Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia, Arabia Saudí y Siria, en 2010-2011— habían disuadido a la población de tomar la calle de manera multitudinaria a fin de exigir sus derechos y combatir la injusticia.

Aunque más reducidas, estallaron también protestas en otras partes de la región, entre ellas Egipto, donde supusieron un insólito desafío al presidente del país; la Franja de Gaza, contra las autoridades de facto de Hamás; y Jordania, Marruecos y Sáhara Occidental, Omán y Túnez. En estas protestas y en las oleadas más grandes de manifestaciones que tuvieron lugar en Argelia, Irán, Irak y Líbano, muchas de las personas participantes en ellas exigían el fin de la corrupción, así como mejores condiciones laborales y de vida y un mayor respeto de los derechos socioeconómicos. Algunas pedían la igualdad de género y el fin de la violencia por motivos de género; en Argelia, por ejemplo, los grupos de derechos de las mujeres pedían la derogación del discriminatorio Código de Familia. Otras hacían campaña por cuestiones medioambientales.

El impacto de los 52 años de ocupación israelí de los territorios palestinos y de los 12 años de bloqueo aéreo, terrestre y marítimo ilegal de la Franja de Gaza, que constituía un castigo colectivo, continuó siendo el eje central de las manifestaciones del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Tanto la ocupación como el bloqueo tuvieron graves consecuencias en la libertad de circulación y en los servicios de salud, especialmente en Gaza, y dieron lugar a la demolición de cientos de viviendas en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y al consiguiente desplazamiento de cientos de palestinos y palestinas. La situación se exacerbó con la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania y con el anuncio del gobierno estadounidense de que —en contravención del derecho internacional— ya no los consideraba ilegales.

Las autoridades emplearon diversas tácticas para reprimir las protestas. Amnistía Internacional registró denuncias creíbles según las cuales las fuerzas de seguridad hicieron uso innecesario o excesivo de la fuerza —como utilización de balas de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua y agentes armados con porras— contra personas que se manifestaban de manera pacífica en 10 países en 2019. En Irán e Irak, las fuerzas de seguridad hicieron amplio uso de munición real contra quienes participaban en las protestas, por lo que murieron cientos de personas —más de 800, según las últimas cifras de Amnistía Internacional— y miles más resultaron heridas. Siguiendo un largo patrón de actuación, el ejército y las fuerzas de seguridad de Israel mataron a decenas de personas durante manifestaciones palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania.

En toda la región, y particularmente en Argelia, Egipto, Irán e Irak, las fuerzas de seguridad detuvieron de manera arbitraria a miles de manifestantes, a quienes en muchos casos mantuvieron bajo custodia y acusaron de delitos relacionados con la seguridad. Los gobiernos también trataron de bloquear las redes de comunicación. En Irán, las autoridades implementaron un cierre casi total de Internet durante las protestas de noviembre, en un intento de impedir que la población compartiera imágenes y vídeos que mostraran los medios letales utilizados por las fuerzas de seguridad. En Egipto, las autoridades bloquearon las aplicaciones de mensajería en Internet para impedir nuevas protestas.

Libertad de expresión

En todo Oriente Medio y el Norte de África, las autoridades restringieron gravemente la libertad de expresión. Según cifras de Amnistía Internacional correspondientes a 2019 y que en absoluto son exhaustivas, se detuvo a presos y presas de conciencia en 12 países de la región y se practicaron 136 detenciones únicamente por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión en Internet. Algunos gobiernos reprimieron especialmente a quienes criticaban a las autoridades o cuestionaban la política del Estado en las redes sociales. En Argelia, Bahréin, Egipto, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos y el Sáhara Occidental, Arabia Saudí y Túnez, se detuvo, interrogó y procesó a periodistas, personas que gestionaban blogs y activistas que habían publicado en las redes sociales comentarios o vídeos considerados críticos con el jefe del Estado u otras autoridades. En muchos casos se mantuvo a estas personas recluidas, y en algunos se las declaró culpables y condenó a prisión.

Los gobiernos sometían a los defensores y defensoras de los derechos humanos a diversas formas de ataque. Amnistía Internacional registró la detención de 367 defensores y defensoras de los derechos humanos y el procesamiento de 118 en 2019; era probable que la cifra real fuera considerablemente mayor. Sólo en Irán se sometió a detención arbitraria al menos a 240 defensores y defensoras de los derechos humanos. Al terminar el año, en Arabia Saudí, prácticamente todos los defensores y defensoras de los derechos humanos se hallaban detenidos sin cargos, estaban siendo juzgados o cumplían penas de prisión. En Egipto aumentaron cada vez más las detenciones y la tortura u otros malos tratos de defensores y defensoras de los derechos humanos tras las protestas del 20 de septiembre. Las autoridades israelíes emplearon una variedad de medidas —entre ellas redadas, campañas de incitación, restricciones de la libertad de circulación y hostigamiento judicial— contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la persistente ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y el territorio sirio de los Altos del Golán.

En 2019 salieron a la luz nuevas pruebas de la sofisticación de los ataques digitales dirigidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, incluida la región de Oriente Medio y el Norte de África. Amnistía Internacional determinó, por ejemplo, que desde 2017 se había utilizado contra dos defensores marroquíes de los derechos humanos una tecnología de vigilancia desarrollada por la empresa israelí NSO Group. Previamente, la organización había documentado el uso de software malicioso del mismo origen contra activistas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como contra una personas que era miembro del personal de Amnistía Internacional. La producción de esta tecnología, y su adquisición y uso por clientes que eran gobiernos  se justificaba alegando que servía para combatir la delincuencia y el terrorismo; pero el perfil de las personas contra quienes se utilizaba desmentía dicha explicación. Amnistía Internacional apoyó acciones judiciales que tenían por objeto llevar ante los tribunales al Ministerio de Defensa de Israel y exigirle que retirara la licencia de exportación a NSO Group. Facebook y WhatsApp presentaron una demanda contra esta empresa ante un tribunal federal en Estados Unidos; alegaban que, trabajando en nombre de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y otros países, NSO había atacado 1.400 dispositivos privados, entre cuyos usuarios figuraban periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes por motivos políticos de diversos países, incluidos Bahréin y Emiratos Árabes.

También continuaron cometiéndose de manera generalizada ataques selectivos de phishing contra defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidas personas que habían adoptado medidas de seguridad adicionales en sus cuentas de Internet, como utilizar gestores de correo electrónico más seguros o activar la autenticación de doble factor. Los atacantes creaban sitios web que imitaban la indicación de inicio de sesión de un servicio en Internet con objeto de llevar a la víctima a visitar una página maliciosa e introducir su nombre de usuario y contraseña, transmitiéndoles de ese modo esta información.

Por otro lado, una investigación de Reuters puso al descubierto la implicación de Emiratos Árabes Unidos en una iniciativa en la presuntamente se había servido de operativos de inteligencia de Estados Unidos para mantener bajo vigilancia a activistas de derechos humanos y otras personas en todo el mundo sin supervisión judicial.

Las autoridades también recurrieron a la censura de Internet. En Egipto, añadieron los sitios web de las cadenas BBC y Alhurra a una lista de 513 ya bloqueados. Las autoridades palestinas de Cisjordania bloquearon el acceso a 59 sitios web por motivos de seguridad; todos tenían contenido crítico con ellas. En Irán, Facebook, Telegram, Twitter y YouTube continuaron bloqueados.

Sistemas de justicia penal

Había patrones generalizados de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto del sistema de justicia penal. En 2019, en la región de Oriente Medio y el Norte de África hubo denuncias creíbles de tortura y otros malos tratos bajo custodia del Estado —en particular durante la fase de interrogatorio y a menudo para obtener “confesiones” — en 18 países. En Egipto e Irán, entre otros países, las autoridades penitenciarias empleaban también la reclusión en régimen de aislamiento o la negación de atención médica para castigar a personas encarceladas por razones políticas; dichas prácticas vulneraban la prohibición de la tortura y otros malos tratos. En al menos siete países se produjeron muertes bajo custodia del Estado, causadas, según denuncias creíbles, por  tortura u otros malos tratos.

Hubo denuncias fidedignas de desapariciones forzadas cometidas por el Estado en al menos ocho países. En Egipto, cientos de disidentes fueron objeto de desaparición forzada durante periodos de hasta 183 días. En Irán, algunas de las personas detenidas tras las protestas de noviembre fueron sometidas a desaparición forzada. En Yemen,  las fuerzas huzíes sometieron a desaparición forzada a varias decenas de personas detenidas arbitrariamente por sus críticas u oposición. En Siria continuaban desaparecidas decenas de miles de personas, y las fuerzas de seguridad mantenían recluidas sin juicio, a menudo en condiciones que constituían desaparición forzada, a miles más detenidas en años anteriores.

En algunos países, entre ellos Egipto, Irán, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Arabia Saudí y Siria, se hacía amplio uso de tribunales de excepción —militares, revolucionarios o de seguridad—, en los que se vulneraban de manera flagrante las normas sobre juicios justos. Los juicios ante tribunales ordinarios podían resultar igualmente problemáticos. En toda la región, los tribunales dictaban sentencias condenatorias basándose en pruebas obtenidas mediante tortura. En algunos países, especialmente en Egipto, Irán, Irak y Arabia Saudí, se imponía y aplicaba la pena de muerte en dichos juicios.

Algunas de las violaciones más graves de derechos humanos se llevaron a cabo en el contexto de operaciones que las autoridades calificaban de campañas antiterroristas o medidas de seguridad. En algunos países, el gobierno tenía razones legítimas para adoptar medidas con que proteger a la población civil contra los abusos de grupos armados. En Irak, el grupo armado autodenominado Estado Islámico continuó atacando a civiles con asesinatos y atentados con explosivos. En Egipto, grupos armados activos en el Sinaí efectuaron ataques esporádicos que mataron o hirieron a personas, aunque la cifra fue menor que en años anteriores. No obstante, las medidas adoptadas contra presuntos miembros de dichos grupos constituían a menudo violaciones graves de los derechos humanos, y además las autoridades utilizaban el pretexto de la seguridad para llevar a cabo ataques apenas velados contra la sociedad civil (como se ha señalado supra).

En general, las fuerzas de seguridad gozaban de amplia impunidad. La iniciativa más importante para arrojar luz sobre los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad —si bien sobre los cometidos en el pasado más que sobre los que seguían cometiéndose— fue sin duda la Comisión de la Verdad y la Dignidad  de Túnez, que concluyó su labor en 2019. Al terminar su mandato, la Comisión había remitido 173 casos a salas penales especializadas tras recibir más de 62.000 denuncias de víctimas. Durante el año comenzaron ante dichas salas al menos 78 juicios que incluían casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Conflicto armado

Los conflictos armados continuaron afectando a la vida de la población civil en Irak, Libia, Siria y Yemen, donde los niveles variables de violencia reflejaban los cambios de alianzas sobre el terreno y los intereses de las potencias militares extranjeras. En Gaza y en el sur de Israel, se recrudecieron los estallidos esporádicos de hostilidades armadas entre las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos.

Los múltiples actores beligerantes cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Algunos llevaron a cabo ataques directos contra población e infraestructura civiles. En su campaña militar sobre zonas del noroeste de Siria controladas por el grupo armado Hayat Tahrir al Sham, las fuerzas del gobierno sirio atacaron viviendas civiles, panaderías, centros médicos y operaciones de socorro, y mataron e hirieron a cientos de civiles, incluido personal médico y de socorro. En Yemen, las fuerzas huzíes, que controlaban amplias zonas del país, lanzaron ataques contra infraestructura civil, incluidos aeropuertos, de Arabia Saudí, causando víctimas civiles, y reivindicaron ataques efectuados contra plantas procesadoras de petróleo en el este del país.

Casi todos los actores llevaron a cabo ataques indiscriminados que mataron e hirieron a civiles, por medio de incursiones aéreas, si disponían de fuerza aérea, y de bombardeos de zonas residenciales con artillería, morteros y cohetes. En Siria, durante la ofensiva militar lanzada en octubre en el noreste del país contra una alianza liderada por kurdos y en la que murieron decenas de civiles, entre dichos actores figuraba Turquía, así como grupos armados sirios aliados con ella, además de las fuerzas del gobierno sirio. En Libia, muchas de las casi 300 víctimas mortales civiles causadas por el conflicto armado en 2019 murieron en ataques indiscriminados, efectuados con armas explosivas poco precisas en zonas urbanas densamente pobladas. Muchas de ellas perdieron la vida durante combates librados en Trípoli y sus alrededores entre el Gobierno de Acuerdo Nacional —apoyado por la ONU— y el Ejército Nacional Libio, que en abril lanzó una ofensiva para tomar el control de la capital y sus alrededores. En Yemen, tanto las fuerzas huzíes como sus oponentes realizaron ataques de artillería contra barrios residenciales, y los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos mataron e hirieron a cientos de civiles.

Una táctica empleada por algunos actores fue la restricción del acceso de la ayuda humanitaria, lo que socavaba los derechos económicos y sociales de la población civil en las zonas afectadas. Según la ONU, en Siria las fuerzas gubernamentales no aprobaron cerca de la mitad de sus peticiones de llevar a cabo misiones humanitarias de supervisión, evaluación y acompañamiento de las entregas de ayuda humanitaria. En otros lugares, los propios combates agravaron las necesidades humanitarias. En Libia, las batallas libradas en Trípoli y sus alrededores interrumpieron el acceso a atención médica, electricidad y otros servicios básicos. En Yemen, el conflicto continuó teniendo un impacto desproporcionado sobre las personas con discapacidad.

Potencias militares de dentro y fuera de la región desempeñaron un papel pernicioso, al fomentar las violaciones de derechos humanos por medio de transferencias ilegales de armas y apoyo militar directo a las partes beligerantes y negarse a investigar la implicación de sus propias fuerzas armadas en las violaciones del derecho internacional. En Libia, las facciones rivales dependían cada vez más del apoyo militar extranjero para cambiar el equilibrio de poder. Turquía, su principal apoyo, proporcionó al Gobierno de Acuerdo Nacional, vehículos de combate blindados y drones armados, y Emiratos Árabes Unidos, principal apoyo del Ejército Nacional Libio, entregó a esté drones de fabricación china y los manejó por él; todo ello vulneraba de manera flagrante un embargo total de armas impuesto por la ONU desde 2011.

En Siria, Rusia mantuvo su apoyo directo a campañas militares de las fuerzas gubernamentales que violaban el derecho internacional, y Turquía respaldó a grupos armados que cometían secuestros y ejecuciones sumarias. En Siria e Irak, Irán dio apoyo militar a fuerzas gubernamentales y milicias responsables de graves violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados en la coalición continuaron eludiendo su responsabilidad de investigar cientos de muertes de civiles ocurridas durante las campañas de bombardeos que habían lanzado para derrotar al Estado Islámico.

Hubo escasa rendición de cuentas por crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidos durante las hostilidades armadas o a consecuencia de ellas. El anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional de que en un examen preliminar sobre Palestina se había determinado que se habían cometido crímenes de guerra en los Territorios Palestinos Ocupados y debía iniciarse una investigación una vez confirmada la competencia territorial de la Corte supuso un avance histórico, que ofrecía una oportunidad crucial para romper el ciclo de impunidad.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Líbano, Jordania y Turquía continuaron albergando a la mayoría de los cinco millones de personas refugiadas de Siria que habían huido del país desde el inicio de la crisis en 2011, lo que ilustraba el fracaso de la comunidad internacional a la hora de asumir el reparto de responsabilidades. Líbano, Jordania y Turquía bloquearon la entrada de más personas refugiadas. En estos países, las terribles condiciones humanitarias —exacerbadas por la escasez de ayuda humanitaria, la imposibilidad de la población refugiada de encontrar trabajo y los obstáculos administrativos y económicos para obtener o renovar permisos de residencia— obligaron a decenas de miles de personas refugiadas a regresar a Siria. Líbano deportó a miles de personas refugiadas a Siria tras anunciar en abril que expulsaría a las que entraran “ilegalmente”, lo que vulneraba su obligación de respetar el principio de no devolución (non refoulement).

La situación de decenas de miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en Libia continuó siendo desoladora, ya que estaban expuestas a sufrir detención arbitraria y secuestro a manos de las milicias y eran a menudo víctimas de trata de seres humanos y abusos cometidos por grupos delictivos. Las personas detenidas soportaban condiciones inhumanas de reclusión, incluidos hacinamiento y escasez de alimentos, agua y tratamiento médico.

Durante el año hubo nuevas oleadas de desplazamiento. En Siria, las ofensivas militares lanzadas en el noroeste y el noreste del país desplazaron a más de medio millón de habitantes, lo que aumentó la cifra total de personas internamente desplazadas a 6,6 millones. En Yemen, los renovados combates librados entre las fuerzas huzíes y sus oponentes en la gobernación meridional de Dhale provocaron el desplazamiento de miles de personas, lo que contribuyó a que se superara la cifra de más 3,5 millones. En Irak permanecían desplazadas internamente a consecuencia del conflicto armado contra el Estado Islámico más de 1,5 millones de personas, la mayoría en campos de acogida y asentamientos informales a los que habían llegado tras sufrir desplazamientos secundarios. En Libia, los combates de Trípoli y sus alrededores desplazaron a más de 140.000 personas.

Los gobiernos de la región deben detener las devoluciones directas y tácitas de personas refugiadas y solicitantes de asilo a Siria y otros países, y los Estados occidentales y de otras regiones deben acceder a un reparto de responsabilidades mucho mayor, incluso mediante el reasentamiento.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

Se anunciaron reformas para mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes en varios países, en particular en el Golfo, donde constituían un porcentaje muy elevado de la mano de obra. Qatar prometió abolir el sistema de kafala (patrocinio), que vinculaba a las personas migrantes empleadas en el sector doméstico con quienes las contrataban, y adoptó medidas para eliminar los obstáculos a los que se enfrentaban los trabajadores y trabajadoras migrantes a la hora de buscar justicia por abusos, así como para luchar contra los abusos sistémicos durante su contratación. Jordania también anunció que iba a revisar su sistema de kafala. Emiratos Árabes Unidos retiró el criterio de la indicación del puesto de trabajo para el patrocinio, lo que permitía a un mayor número de residentes patrocinar a familiares para que vivieran en el país.

Con todo, la población trabajadora migrante de Bahréin, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos continuó sufriendo explotación y abusos debido a los sistemas de kafala existentes. En general, las personas empleadas en el sector doméstico seguían totalmente excluidas de los mecanismos de protección previstos en la legislación laboral.

Mujeres y niñas

Como en los dos años anteriores, en 2019 hubo algunos avances legislativos  e institucionales en materia de derechos de las mujeres y violencia contra las mujeres. Dichos cambios, aunque limitados en relación con los que se necesitaban, se debieron en gran medida a los esfuerzos del movimiento en favor de los derechos de las mujeres activo en la región. No obstante, los logros se vieron socavados por la dura represión ejercida contra quienes defendían los derechos de las mujeres en algunos países, en particular Irán y Arabia Saudí; la deficiente implementación de reformas previas; la discriminación generalizada de las mujeres en la ley y en la práctica, sobre todo en lo relativo al matrimonio y el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos e hijas, y la falta de medidas adecuadas contra la violencia sexual y de género.

Arabia Saudí acometió grandes reformas largamente demoradas del discriminatorio sistema de tutela masculina, suavizando graves restricciones de la libertad de circulación de las mujeres, pero éstas seguían necesitando el permiso de un tutor varón para casarse. Paradójicamente, cinco defensoras de los derechos humanos de las mujeres pasaron todo el año detenidas, en parte por pedir estas mismas reformas. Irán promulgó una nueva ley que permitía a las mujeres iraníes casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus descendientes a condición de que éstos pasaran un control de seguridad.

Sin embargo, en contradicción con este pequeño avance, las autoridades intensificaron la represión de las defensoras de los derechos de las mujeres que hacían campaña contra la discriminatoria legislación sobre el uso obligatorio del velo y la prohibición de entrada de mujeres en los estadios de fútbol.

Una nota positiva fue que Jordania y Túnez continuaron aplicando las medidas adoptadas en 2018 para mejorar la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia; al hacerlo, se puso de manifiesto la magnitud del desafío que ello representaba. Las autoridades tunecinas, que habían establecido un mecanismo de denuncia en 2018, recibieron decenas de miles de denuncias de mujeres que habían sufrido violencia de género en el ámbito familiar. En la vecina Libia, las autoridades no querían o no podían abordar la violencia por motivos de género a manos de las milicias y los grupos armados.

Un albergue para mujeres en peligro de ser asesinadas por familiares, establecido en Jordania en 2018, protegió a decenas de ellas durante el año. Los homicidios por motivos de “honor” se cobraron la vida de más de 20 mujeres y niñas palestinas en las vecinas Cisjordania y Franja de Gaza. Por su parte, Omán impulsó la tipificación de la mutilación genital femenina como delito.

Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En toda la región, las autoridades reprimieron duramente los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas por su orientación sexual o identidad de género reales o presuntas. En Túnez, la policía detuvo al menos a 78 hombres en aplicación de una disposición del Código Penal que penalizaba la “sodomía”, según una ONG local; al menos 70 fueron declarados culpables y condenados hasta a un año de prisión. En Kuwait, la policía detuvo a siete personas trans y las remitió a investigación. Un total de ocho personas LGBTI fueron detenidas arbitrariamente o maltratadas por las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, según una ONG local.

En algunos países, las autoridades sometieron a varios hombres a exámenes anales forzados para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales; en Egipto y Túnez se registraron decenas de estos casos. Dichos exámenes vulneraban la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

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