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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

© AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

Oriente Medio y Norte de África

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2020.

En toda la región, los gobiernos respondieron a la pandemia de COVID-19 con la declaración de estados de excepción o la promulgación de leyes que imponían restricciones excesivas a la libertad de expresión. Se enjuició a personas por sus críticas legítimas a la dura respuesta de sus gobiernos a la pandemia. El personal sanitario protestó por la falta de seguridad en el trabajo como consecuencia de no contar con medidas como equipos de protección adecuados y acceso a pruebas diagnósticas, pero se expuso a sufrir detenciones y enjuiciamientos por expresar su preocupación por las condiciones de trabajo y la salud pública. Las respuestas de los gobiernos a la pandemia —incluida la distribución de vacunas— fueron discriminatorias.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de la región continuaron con su labor a pesar del elevado riesgo de ser sometidos a prisión, enjuiciamiento, prohibición de viajar y otras represalias. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de medios letales o menos letales con impunidad, causando la muerte o heridas a cientos de personas. Debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que soportaban, las personas presas estaban especialmente expuestas a contraer la COVID-19 en la región, y su vulnerabilidad se veía exacerbada por la falta de atención sanitaria adecuada y la práctica de tortura y otros malos tratos en las prisiones.

Las partes en los conflictos armados cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. En medio de la pandemia, las autoridades limitaron la ayuda humanitaria, lo que empeoró la precariedad de unos sistemas de salud ya agotados. Otras potencias militares propiciaron violaciones del derecho internacional mediante transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo a los combatientes. Los países pequeños seguían acogiendo a más de tres millones de personas refugiadas de Siria, muchas de las cuales se vieron obligadas a volver a su país debido a diversos factores. Las ofensivas militares y otras hostilidades, así como el estado de inseguridad de varios países, desplazaron a centenares de miles de personas de sus hogares.

A medida que los efectos económicos de la pandemia agravaban la situación, la población trabajadora sufrió despidos sumarios o reducciones salariales en toda la región. Lo trabajadores y trabajadoras migrantes eran especialmente vulnerables, pues, en muchos países, el sistema de kafala (patrocinio) vinculaba su residencia al empleo. La violencia de género en el ámbito familiar aumentó, especialmente durante los periodos de confinamiento de ámbito nacional, y continuaron cometiéndose con impunidad homicidios en nombre del “honor”.

Las autoridades reprimieron con dureza los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, a quienes detenían por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas y, en el caso de algunos hombres, sometían a exámenes anales forzados.

Derecho a la salud

El personal sanitario de Túnez y Marruecos organizó protestas por la falta de medidas de seguridad adecuadas, como equipos de protección individual suficientes, acceso a pruebas diagnósticas y calificación de la COVID-19 como enfermedad profesional. En Egipto e Irán, sufrió detenciones, amenazas, intimidación y otras represalias por expresar su preocupación o criticar la respuesta de las autoridades. Las autoridades egipcias detuvieron al menos a nueve profesionales sanitarios por denunciar problemas de seguridad o criticar la gestión gubernamental de la pandemia y los mantuvieron recluidos para su investigación por cargos de “terrorismo” y “difusión de noticias falsas”.

El gobierno sirio no proporcionó al personal sanitario equipos de protección adecuados ni acceso a pruebas diagnósticas. En diciembre, el Ministerio de Sanidad de Israel distribuyó vacunas contra la COVID-19 exclusivamente a ciudadanos y ciudadanas israelíes y residentes en Israel, incluida la población palestina del territorio, anexionado ilegalmente, de Jerusalén Oriental. Discriminó así a los casi cinco millones de palestinos y palestinas que vivían bajo la ocupación militar israelí en Cisjordania y Gaza, en contra de la obligación de Israel, como potencia ocupante, de garantizar medidas preventivas para combatir la propagación de epidemias. En el sur de Libia, las comunidades tubu y tuareg tuvieron dificultades para acceder a atención sanitaria adecuada, porque el acceso a los principales hospitales estaba en manos de grupos armados rivales y, en algunos casos, porque sus miembros no tenían documentos de identidad.

Las autoridades deben garantizar que facilitan atención sanitaria, incluidas vacunas preventivas, sin discriminación; que el personal sanitario está adecuadamente protegido, y que todas las restricciones de derechos impuestas para combatir la pandemia son necesarias y proporcionadas.

Libertad de expresión

En toda la región, los gobiernos utilizaron la crisis sanitaria de la COVID-19 para justificar una restricción aún mayor de la libertad de expresión, negando así a la población el derecho a la información sobre el virus o a debatir la respuesta oficial a él. Las autoridades de Argelia, Jordania y Marruecos se acogieron a estados de excepción para dictar decretos o leyes que criminalizaban la expresión legítima de opiniones sobre la pandemia y cuya rápida implementación les permitió entablar acciones penales por “difusión de noticias falsas” u “obstrucción” de decisiones del gobierno. En Arabia Saudí, Bahréin, Irán y Omán, las autoridades judiciales asignaron recursos especiales al inicio de enjuiciamientos por difusión de “rumores” sobre la pandemia que perturbaran a la opinión pública. Las autoridades de Egipto e Irán detuvieron u hostigaron por otros medios a periodistas y usuarios y usuarias de las redes sociales por cuestionar la versión oficial sobre la COVID-19. En Jordania y Túnez se recurrió a breves detenciones o a investigaciones penales para sofocar las críticas al gobierno o las autoridades locales por su gestión de la crisis.

En toda la región, las autoridades emplearon disposiciones excesivamente generales y subjetivas del Código Penal que tipificaban como delito el “insulto” para silenciar las críticas que recibían en Internet, lo que se tradujo en duras penas de prisión, como la de siete años impuesta al escritor Abdullah al Maliki en Arabia Saudí. En Egipto y Libia se enjuició y encarceló a periodistas por su trabajo, y en Irán se ejecutó, además, a uno. Las autoridades libanesas investigaron a decenas de periodistas o activistas que habían participado en el movimiento de protesta de octubre de 2019. En Túnez, nueve personas usuarias de redes sociales fueron objeto de investigación penal y, en algunos casos, sometidas a breves periodos de detención por criticar en Facebook a las autoridades locales o a la policía.

Los gobiernos de la región continuaron censurando Internet: las autoridades egipcias y palestinas impidieron el acceso a sitios web, y las iraníes bloquearon canales de redes sociales. Los gobiernos invirtieron en costosos equipos de vigilancia digital, como los producidos por la empresa israelí de software espía NSO Group, y los utilizaron contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron que las autoridades marroquíes habían utilizado el infame software Pegasus de NSO Group contra el profesor universitario y defensor de los derechos humanos Maati Monjib y el periodista independiente Omar Radi, a quienes detuvieron y enjuiciaron por cargos falsos. En julio, un tribunal de Tel Aviv rechazó una demanda presentada por Amnistía Internacional y otras entidades para solicitar que el Ministerio de Defensa israelí revocase la licencia de exportación de productos de seguridad de NSO Group.

Los gobiernos deben poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia, cerrar todas las investigaciones o procedimientos judiciales relativos a la expresión pacífica de opiniones dentro o fuera de Internet y dejar de bloquear sitios web sin el debido proceso. Como prioridad, las autoridades deben derogar las disposiciones de carácter subjetivo que criminalizan el “insulto” y despenalizar la difamación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y libertad de asociación

Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron pagando un alto precio por su valentía. Las autoridades trataron de silenciarlos y castigarlos por su labor valiéndose de diversas tácticas. En Israel, utilizaron asaltos, hostigamiento judicial y prohibiciones de viajar contra quienes criticaban la ocupación militar, como el empleado de Amnistía Internacional Laith Abu Zeyad, cuya prohibición de viajar confirmó el Tribunal de Distrito de Jerusalén en noviembre. En Irán, cerraron ilegalmente negocios o congelaron activos de defensores y defensoras de los derechos humanos y tomaron represalias contra sus hijos e hijas, sus padres y madres u otros familiares. En Egipto, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres miembros del personal de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales y, en un gesto poco habitual, los pusieron en libertad semanas después, tras una campaña global. Al mismo tiempo, las autoridades judiciales añadieron arbitrariamente a la “lista de terroristas” al menos a cinco defensores de los derechos humanos por un periodo de cinco años. Prácticamente todos los defensores y defensoras saudíes de derechos humanos estaban exiliados o en prisión. En diciembre, un tribunal condenó a la defensora de los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul a cinco años y ocho meses de prisión.

Las autoridades argelinas aprobaron legislación que restringía aún más la libertad de asociación con la introducción de una pena de 14 años de prisión por recibir financiación del extranjero para menoscabar “los intereses fundamentales de Argelia”. Las autoridades marroquíes detuvieron a Maati Monjib en diciembre y lo sometieron a investigación por cargos relacionados con la recepción de fondos del extranjero.

En junio, Nabeel Rajab, director del ilegalizado Centro de Derechos Humanos de Bahréin, salió en libertad condicional tras haber cumplido una condena de cuatro años de prisión por un tuit en el que criticaba el historial del gobierno en materia de derechos humanos.

Los Estados deben reconocer su obligación de respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos, velando por que quienes los defienden puedan trabajar sin sufrir detención arbitraria y enjuiciamiento, amenazas, ataques ni hostigamiento. Las autoridades deben respetar el derecho a la libertad de asociación y eliminar las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones de la sociedad civil.

Protestas y uso ilegítimo de la fuerza

En los primeros meses del año, los movimientos de protesta de Argelia, Irak y Líbano siguieron organizando manifestaciones, hasta que la propagación de la COVID-19 obligó a suspenderlas. Quienes participaron pacíficamente en ellas se enfrentaron a detención, palizas y, en ocasiones, enjuiciamiento. En Irak, las fuerzas de seguridad federales detuvieron a miles de manifestantes en los primeros meses del año. En mayo, las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán utilizaron la COVID-19 como justificación para dispersar a manifestantes en la ciudad de Dohuk y presentar formalmente cargos en su contra por “uso indebido de dispositivos electrónicos” en la organización de una protesta.

En toda la región, las fuerzas de seguridad hicieron uso de la fuerza para dispersar protestas, incluso utilizando armas menos letales. La fuerza empleada fue con frecuencia ilegítima por ser innecesaria o excesiva, y se dio a las armas un uso para el que no estaban concebidas. En Irak, las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y granadas de gas lacrimógeno de uso militar, matando a decenas de manifestantes en Bagdad, Basora, Kerbala, Diyala, Nayaf y Nasiriya. En Líbano, las fuerzas de seguridad dispararon perdigones de goma con intención de causar daño e hirieron a centenares de manifestantes en enero y febrero. En Túnez, la policía usó fuerza innecesaria y excesiva al dispersar una protesta pacífica en la gobernación meridional de Tataouine con el lanzamiento temerario de gas lacrimógeno en zonas residenciales densamente pobladas, donde algunos botes cayeron dentro de viviendas y cerca de un hospital. En Irán, las fuerzas de seguridad dispararon perdigones puntiagudos, balas de goma y gas lacrimógeno, y golpearon y detuvieron a decenas de personas que se manifestaban pacíficamente.

A medida que aumentaban las dificultades económicas, en varios países se celebraron durante el año protestas esporádicas contra el deterioro de las condiciones de vida. En el este y el oeste de Libia hubo inusuales protestas contra la corrupción y la falta de rendición de cuentas de las milicias y los grupos armados, que respondieron secuestrando a manifestantes y usando munición real, lo que causó la muerte de al menos un hombre. En la ciudad de Suleimaniya, en el norte de Irak, las autoridades kurdas respondieron a las protestas contra el impago de salarios y la corrupción con munición real, lo que causó decenas de muertes. En Egipto, las escasas protestas convocadas se saldaron con la detención de cientos de manifestantes y simples transeúntes, que quedaron recluidos para su investigación por cargos de “terrorismo” y relacionados con las protestas.

Las autoridades deben garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetan las normas internacionales sobre el uso de armas de fuego y medios menos letales y someterlos a investigación si hacen uso ilegítimo de la fuerza a fin de que rindan cuentas. Los Estados deben respetar siempre el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Condiciones de reclusión y tortura

En varios países, las personas presas corrían especial riesgo de contraer la COVID-19 debido a condiciones de hacinamiento, insalubridad y mala ventilación que constituían tortura y otros tratos crueles e inhumanos. La masificación era habitual, debido a prácticas de detención arbitraria como la reclusión prolongada en espera de juicio sin posibilidad de apelación efectiva, en el caso de Egipto, por ejemplo, o la detención administrativa, en el de Israel y Palestina. En Marruecos, las autoridades provocaron un aumento de la población reclusa al encarcelar a personas exclusivamente por infringir las medidas relacionadas con la pandemia.

Se prohibieron las visitas a las prisiones durante los confinamientos de ámbito nacional y a veces incluso después de ellos, como ocurrió en Bahréin y Egipto, por ejemplo. No se proporcionaron a las personas presas medios alternativos para comunicarse con sus familias.

En Egipto, las autoridades penitenciarias no se ocuparon de distribuir suficientes productos de desinfección, hacer pruebas diagnósticas y adoptar medidas de aislamiento, y castigaban a los reclusos y reclusas que denunciaban la falta de seguridad. En Irán, donde las propias autoridades penitenciarias reconocieron la falta de recursos para hacer frente a la pandemia, las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas y motines que estallaron en las prisiones para exigir mejor protección contra la COVID-19 haciendo uso de fuerza ilegítima, como disparar munición real, perdigones y gas lacrimógeno, que causaron muertes en algunos casos. La atención sanitaria en las cárceles era a menudo inadecuada y, en Arabia Saudí, Egipto e Irán, a veces se les negaba deliberadamente, como medida punitiva, a quienes tenían antecedentes políticos. En Egipto, al menos 35 reclusos murieron en prisión o poco después de ser excarcelados, por complicaciones médicas y, en algunos casos, por habérseles negado atención sanitaria adecuada.

Continuaban practicándose tortura u otros malos tratos bajo custodia estatal en al menos 18 países, sobre todo durante la fase de interrogatorio y con miras a obtener “confesiones”. En toda la región, los tribunales impusieron condenas basándose en pruebas obtenidas mediante tortura. En Bahréin, Egipto, Irán y Marruecos, las autoridades penitenciarias usaron la reclusión prolongada e indefinida en régimen de aislamiento, constitutiva en sí misma de tortura en muchos casos, para castigar a presos y presas por sus ideas políticas o por expresar sus opiniones, o para obtener “confesiones”.

Las autoridades deben dar prioridad a la atención médica y a la reducción de la masificación en las prisiones. Para impedir la propagación de la COVID-19, deben poner en libertad a todas las personas recluidas arbitrariamente o sin necesidad, como las sometidas a detención previa a juicio. Las autoridades judiciales deben investigar la tortura y otros malos tratos en los centros de detención, así como los malos tratos punitivos en las prisiones, incluido el uso de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, y poner fin al uso en las actuaciones judiciales de las declaraciones obtenidas mediante tortura.

Impunidad y acceso a la justicia

En toda la región, las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos, especialmente de uso ilegítimo de medios letales o menos letales y de tortura, gozaron de impunidad. En junio, las autoridades iraníes revelaron por primera vez cifras oficiales sobre las personas muertas durante las protestas de noviembre de 2019, pero siguieron ocultando el número real y elogiaron públicamente a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia por su papel en la represión. En Irak, el nuevo primer ministro incumplió su promesa de investigar el homicidio de cientos de manifestantes y de indemnizar a sus familias. En Líbano, las autoridades judiciales no investigaron más de 40 denuncias de tortura ni el uso ilegítimo de armas menos letales que habían causado heridas a cientos de manifestantes entre 2019 y 2020. En Egipto, los fiscales se abstuvieron por lo general de investigar de forma efectiva las denuncias de tortura y de desaparición forzada, con la rara excepción de las muertes bajo custodia ocurridas en casos no políticos, como el de Islam al Australy, propietario de un comercio que murió en septiembre, dos días después de ser detenido.

Hubo algunos avances internacionales en materia de rendición de cuentas, que comportaba a menudo una larga lucha. En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión de investigación sobre los abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes en el conflicto de Libia desde 2016. En diciembre, seis expertos y una experta en derechos humanos de la ONU escribieron al gobierno iraní advirtiendo de que las violaciones de derechos que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de que, si persistían, pedirían una investigación internacional.

Diez años después de su revolución, continuaba en Túnez el proceso de justicia transicional: el gobierno publicó finalmente el informe de conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Dignidad y creó un fondo para reparaciones. Siguieron celebrándose decenas de juicios ante tribunales penales especializados, pero los sindicatos policiales y de las fuerzas de seguridad continuaron boicoteando el proceso, mientras que los agentes acusados se negaban a responder a las citaciones judiciales.

En países como Arabia Saudí, Egipto, Irán, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), Libia y Siria, se recurrió ampliamente a órganos judiciales de excepción, como tribunales militares, revolucionarios y de seguridad, que violaban de manera flagrante las normas sobre juicios justos. Los juicios ante tribunales penales ordinarios eran a menudo igualmente problemáticos, y continuaron celebrándose juicios masivos. En algunos países, especialmente en Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán, se impusieron y se ejecutaron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos.

Israel siguió cometiendo con impunidad violaciones sistemáticas de derechos humanos, algunas de las cuales constituían crímenes de derecho internacional, contra la población palestina. Una sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional continuaba estudiando la cuestión de su jurisdicción en los TPO, cuyo resultado podría permitir que la Fiscalía de la Corte abriera una investigación sobre crímenes de derecho internacional.

Israel siguió sometiendo a discriminación institucionalizada a la población palestina que vivía bajo su dominio en Israel y los TPO, y desplazó al menos a 996 palestinos y palestinas en Israel y la Cisjordania ocupada mediante demoliciones de viviendas.

Las autoridades judiciales nacionales deben exigir cuentas a los miembros de los servicios de seguridad por sus abusos, garantizar la supervisión judicial del poder ejecutivo y cumplir las normas sobre el debido proceso sin recurrir a la pena de muerte.

Violaciones del derecho internacional en conflictos armados

En Irak, Libia, Siria y Yemen, la vida de la población civil siguió estando afectada por años de conflictos armados, en los que las partes estatales y no estatales en ellos ejercían distinto grado de violencia en función de los cambios de alianzas en el terreno y los intereses de potencias militares externas. Las múltiples partes en los conflictos cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Algunas realizaron ataques directos contra civiles o infraestructuras de carácter civil. En Libia, los grupos armados y las milicias continuaron atacando instalaciones médicas y secuestrando a personal sanitario. El Hospital General Al Jadra de Trípoli, la capital, designado por el Ministerio de Salud para tratar a pacientes de COVID-19, fue bombardeado en abril y mayo. Las fuerzas gubernamentales sirias y rusas realizaron ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, como hospitales y escuelas, mediante el bombardeo aéreo de ciudades de las gobernaciones de Idlib, Hama y Alepo.

Casi todas las fuerzas participantes en los combates de la región mataron e hirieron a civiles en ataques indiscriminados efectuados en forma de bombardeos aéreos y de artillería, morteros y cohetes contra zonas residenciales. Continuó la transferencia de armas que se utilizaban para cometer crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional. Emiratos Árabes Unidos (EAU) siguió desviando ilícitamente armas y equipos militares a milicias en Yemen. En Libia, países como EAU, Rusia y Turquía siguieron suministrando a sus aliados armas y equipos militares —incluidas minas terrestres antipersonal, pese a estar prohibidas—, en violación del embargo de armas de la ONU. Turquía y EAU intervinieron directamente en las hostilidades con ataques aéreos que mataron a civiles y a personas que no participaban directamente en ellas. En Siria, Rusia mantuvo su apoyo directo a campañas militares de las fuerzas gubernamentales que violaban el derecho internacional, mientras que Turquía respaldó a grupos armados que llevaron a cabo secuestros y ejecuciones sumarias.

Algunos actores siguieron restringiendo el acceso humanitario como táctica, lo que exacerbó las penurias socioeconómicas y menoscabó en particular el acceso de la población civil afectada a la atención sanitaria durante la pandemia. En Yemen, todas las partes en el conflicto restringieron arbitrariamente la asistencia humanitaria, lo que empeoró aún más la situación de un sistema de salud ya agotado, en el que sólo funcionaban el 50% de los hospitales y demás centros médicos. El gobierno sirio continuó dificultando el acceso a las agencias de ayuda humanitaria de la ONU y a las ONG internacionales con oficinas en Damasco, por lo que el mecanismo autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para el envío transfronterizo de ayuda desde Turquía continuó siendo el único salvavidas para algunas comunidades, aunque el número de puntos de entrada se redujo de cuatro a dos.

En Gaza y el sur de Israel hubo estallidos esporádicos de hostilidades armadas entre Israel y los grupos armados palestinos. Israel mantuvo su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza.

Las partes en conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario. En concreto, deben poner fin a los ataques directos contra civiles o infraestructuras de carácter civil y a los ataques indiscriminados, y abstenerse de usar en zonas civiles armas explosivas con efecto en una amplia superficie. Las potencias militares deben cesar las transferencias de armas cuando exista un riesgo significativo de que éstas vayan a ser utilizadas de maneras que violen el derecho internacional, como ocurre en los conflictos en curso en la región.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes e internamente desplazadas

Las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas residentes en campos de acogida, que corrían ya especial riesgo debido al hacinamiento, se vieron muy afectadas por las restricciones a la circulación impuestas para prevenir la propagación de la COVID-19, que limitaron su acceso al empleo fuera de los campos y la capacidad del personal de las organizaciones humanitarias para entregar la ayuda.

La ola de ataques contra civiles e infraestructuras de carácter civil llevados a cabo en el noroeste de Siria hicieron aumentar en casi un millón de personas la población de los campos de desplazamiento próximos a la frontera con Turquía, que ya estaban superpoblados. En Irak, las autoridades clausuraron al menos 10 campos de acogida, sometiendo a decenas de miles de personas internamente desplazadas a desplazamiento secundario y, en el caso de las que parecían tener vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico, dejándolas expuestas a sufrir detención arbitraria y desaparición forzada.

Jordania, Líbano y Turquía seguían albergando a la mayoría de los cinco millones de personas refugiadas que habían huido de Siria desde que comenzó la crisis en 2011, lo que ilustraba el fracaso de la comunidad internacional a la hora de compartir la responsabilidad. En Jordania, la población refugiada siria fue una de las más afectadas por el confinamiento declarado en todo el país, ya que se dedicaba en gran medida a realizar trabajos informales, sin contrato por escrito, seguridad social, seguro médico ni permiso de trabajo válido.

En Libia, el sufrimiento de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes se vio agravado por el impacto económico de la COVID-19, los cierres de fronteras y las restricciones a la circulación. Agentes estatales y no estatales las sometían a detención arbitraria indefinida, secuestro, homicidio ilegítimo, tortura y otros malos tratos, violación y otros actos de violencia sexual, y trabajo forzoso. Miles de ellas fueron objeto de desaparición forzada tras ser desembarcadas por la Guardia Costera libia, respaldada por la Unión Europea, y al menos 6.000 fueron expulsadas del este de Libia sin el debido proceso.

Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo a personas migrantes indocumentadas, a menudo sin fundamento legal para ello. Las autoridades de Argelia negaban a las personas migrantes detenidas el acceso a un recurso legal, a veces durante meses, y expulsaron a más 17.000. En Túnez, un grupo de 22 migrantes ganó una demanda judicial contra su detención en el Centro de Ouardia y, tras acatar el Ministerio del Interior la sentencia, fueron quedando en libertad gradualmente.

Los gobiernos deben dejar de utilizar la devolución (refoulement) tácita y directa de personas refugiadas y solicitantes de asilo a Siria y otros países, y los Estados occidentales, entre otros, deben asumir una proporción mucho mayor de la responsabilidad, incluso mediante el reasentamiento.

Derechos laborales

El impacto económico de la pandemia causó pérdidas generalizadas de empleo en toda la región. En Egipto, decenas de miles de personas empleadas en el sector privado fueron despedidas u obligadas a aceptar una reducción salarial, a trabajar sin equipo de protección o a tomarse un permiso no retribuido indefinido. Se detuvo a menudo a sindicalistas y a trabajadores y trabajadoras sólo por ejercer su derecho a la huelga. En Jordania, la decisión del gobierno de congelar los salarios en el sector público hasta el final de 2020 debido a la COVID-19 exacerbó un prolongado conflicto entre el gobierno y el sindicato de docentes y provocó nuevas protestas en agosto. La policía asaltó 13 sedes sindicales y detuvo a decenas de miembros del sindicato y de su junta directiva, y un tribunal ordenó que fuera disuelto.

La pandemia agravó la ya vulnerable situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes, cuyo empleo se regía por el sistema de kafala en Arabia Saudí, Bahréin, EAU, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. Insuficientemente protegidos de los abusos de las entidades empleadoras y las agencias, sufrieron despidos arbitrarios e impago de salarios, y corrían también especial riesgo de contraer la COVID-19 debido a las condiciones de insalubridad y hacinamiento que soportaban en campos de acogida o refugios. Rara vez tenían acceso a un empleo alternativo o a protección social, pues la ayuda de emergencia que se prestaba en especie y en efectivo estaba limitada a la ciudadanía, como ocurría, por ejemplo, en Jordania, donde sólo tenían derecho a recibirla los trabajadores y trabajadoras jordanos contratados por días. Miles de migrantes que perdieron su empleo perdieron también su condición de residentes, por lo que corrían riesgo de detención y deportación. En muchos casos, no pudieron marcharse del país cuando quisieron hacerlo debido a las restricciones de viaje impuestas por la COVID-19. Algunos gobiernos, como los de Arabia Saudí y Kuwait, ampliaron el permiso de residencia o anunciaron amnistías para quienes no lo tuvieran, permitiéndoles salir del país sin pagar una multa si no tenían deudas ni actuaciones judiciales pendientes.

Se anunciaron reformas en varios países para mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes, sobre todo en el Golfo, donde constituían una alta proporción de la fuerza de trabajo. En Omán y Qatar, las autoridades introdujeron cambios legislativos para permitir que cambiaran de empleo sin permiso de su entidad empleadora. En Kuwait, las autoridades llevaron a los tribunales al menos tres casos de empleadas domésticas sometidas a malos tratos físicos por las personas para las que trabajaban, así como casos de tráfico de seres humanos y de operadores ilegales de visados.

Los gobiernos deben garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que protegen el derecho a la huelga, hacen extensivas las garantías de la legislación laboral a la población trabajadora migrante, incluida la del sector doméstico, y abolen el sistema de kafala.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Organizaciones de derechos de las mujeres, líneas de ayuda telefónica o refugios para sobrevivientes de violencia informaron de un aumento de las llamadas de auxilio debido a la violencia de género en el ámbito familiar y de las solicitudes de alojamiento de emergencia durante los periodos de confinamiento de ámbito nacional en países como Argelia, Irak, Jordania, Marruecos y Túnez. Continuaron cometiéndose homicidios en nombre del “honor” en Irak, Jordania, Kuwait y Palestina, sin que las autoridades tomaran medidas para enjuiciar a los perpetradores. En Libia, agentes estatales y no estatales sometieron a mujeres y niñas a abusos basados en el género, intimidación en Internet, secuestro y asesinato, como en el caso de la abogada Hanan al Barassi en Bengasi. En Irán, la policía de la “moral” aplicó las discriminatorias leyes sobre el uso obligatorio del velo sometiendo a las mujeres y las niñas a hostigamiento y ataques violentos a diario.

Las mujeres seguían sufriendo una discriminación arraigada en la ley en lo relativo al matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas, la herencia y, en Arabia Saudí e Irán, el empleo y los cargos políticos. La suspensión de las actuaciones judiciales durante los confinamientos tuvo un efecto negativo en el acceso de las mujeres a un recurso, como ocurrió en los enjuiciamientos por violencia contra las mujeres en Marruecos.

En Egipto, una campaña online de jóvenes feministas provocó la detención de varios hombres acusados de violación y el inicio de un juicio, pero las autoridades también detuvieron a sobrevivientes y testigos que habían declarado en estos casos. También en Egipto, al menos nueve influencers de las redes sociales fueron juzgadas por cargos de “violación de principios familiares” por sus vídeos en TikTok.

Un avance positivo fue la aprobación por el Parlamento kuwaití de un proyecto de ley que penalizaba la violencia de género en el ámbito familiar y ofrecía más protección a las víctimas, así como servicios jurídicos y médicos.

Además de abordar la arraigada discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, las autoridades deben condenar públicamente todas las formas de violencia contra las mujeres. Deben también dar prioridad a la adopción de políticas que garanticen que las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia disponen de un recurso efectivo y que los perpetradores rinden cuentas de sus actos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En toda la región, las personas LGBTI sufrían acoso, detención y enjuiciamiento debido a su orientación sexual o identidad de género reales o percibidas. En el caso de los hombres gays, en algunos países se practicaban exámenes anales forzados, práctica que constituye tortura, para recabar pruebas de conducta homosexual. Los tribunales penales seguían tratando las relaciones homosexuales consentidas como delito y con frecuencia condenaban por ello a hombres y, a veces, a mujeres, en virtud de disposiciones específicas o sobre la moral pública. La policía argelina detuvo a 44 personas por una fiesta que fue calificada de “boda homosexual”, y un tribunal condenó posteriormente a tres años de prisión a los anfitriones y a un año a todas las personas invitadas por “incitar a la homosexualidad” y por “perversión”. Los tribunales de Túnez condenaron al menos a 15 hombres y una mujer en aplicación del artículo 230 del Código Penal, que tipificaba como delito la “sodomía”. En Libia, las fuerzas Rada siguieron deteniendo a hombres por su presunta orientación sexual o identidad de género, y los sometieron a tortura y otros malos tratos.

Los gobiernos deben poner en libertad a todas las personas detenidas por su orientación sexual real o supuesta y retirar todos los cargos contra las que estén siendo enjuiciadas. Las autoridades legislativas deben derogar las disposiciones que penalizan las relaciones homosexuales consentidas, suprimir los exámenes anales y promulgar leyes que prohíban la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.

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