Sí, cumplimos 40 años en España y estamos construyendo el Planeta J. Somos un movimiento global de gente corriente que se toma la injusticia como algo personal. Más de 7,8 millones de personas en los cinco continentes, entre socios, socias, activistas y simpatizantes.
En España, más de 84.000 socios y socias financian nuestra labor y nos permiten investigar y actuar en defensa de los derechos humanos. ¡Con total independencia, sin subvenciones de Gobiernos ni partidos políticos! Además, contamos con más de 2.400 activistas y más de medio millón de personas que colaboran asiduamente en nuestras campañas.
“Hasta que no haya sido puesto en libertad el último preso de conciencia, hasta que no haya sido cerrada la última cámara de tortura, hasta que no se haya hecho realidad para las personas del mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no habremos hecho nuestro trabajo.”
Confederación Española de Policía (2012), a raíz de un informe sobre abusos de las fuerzas del orden en manifestaciones.
Somos una organización de activistas. Sólo en 2017 hemos organizado cientos de actos de calle en más de 220 localidades de nuestra geografía.
Desde 2002 hemos lanzado cerca de 600 ciberacciones a través de nuestra web en España sobre casos de violaciones de derechos humanos en nuestro país, y en otros muchos. Desde el año 2010 han recogido más de 14 millones de firmas. Sólo en 2017, cerca del 50% obtuvieron algún resultado positivo.
En los últimos 10 años nuestra Red de Acciones Urgentes, con 65.000 miembros, ha emitido 5.000 acciones sobre presos y presas de conciencia, casos de tortura, detenciones arbitrarias, ataques a la libertad de expresión... En el 20% de los casos mejoró la situación de las víctimas.
Sólo en España hemos publicado en los últimos 20 años más de 130 informes y otros documentos de investigación sobre la violencia de género, la libertad de expresión, la exclusión sanitaria, la tortura y malos tratos, el comercio de armas, los desalojos, la situación de las personas refugiadas, la política exterior del Gobierno, etc.
Desde 1998, más de 66 defensores y defensoras de derechos humanos y sus familias, en su mayoría procedentes de América Latina, han sido rescatadas de una muerte segura por nuestro Programa de Protección Temporal de Defensores de Derechos Humanos.>
Luis V. Moro, Delegado del Gobierno en Ceuta (2002) ante nuestros informes sobre devoluciones desde Ceuta y Melilla de menores a Marruecos.
Amnistía Internacional España inauguró en 2002 una nueva forma de activismo: las ciberacciones. Gracias a Internet, miles de personas podían sumarse a una causa desde cualquier lugar, firmando en nuestra web. El objetivo era enviar miles firmas a sus destinatarios, normalmente autoridades, ante un caso de violación de derechos humanos hasta lograr que la presión funcionara.
La primera ciberacción intentó evitar que la mujer nigeriana Safiya Hussaini muriera lapidada tras ser condenada por adulterio. ¡A las tres semanas de haber abierto la ciberacción recogimos más de 600.000 firmas!
Nuestro sitio web se colapsaba por la cantidad de personas que intentaban acceder a la vez. Unos días antes de la fecha de la ejecución, depositamos en la embajada de Nigeria las centenares de miles de firmas. ¡¡Y se logró, la sentencia fue anulada!!
Por desgracia, al día siguiente llegó otra noticia similar también desde Nigeria. Amina Lawal también había sido condenada a morir lapidada por adulterio. Y comenzó de nuevo la batalla: en un año recogimos 10 millones de firmas, la ciberacción más apoyada en España hasta hoy. Y la gran victoria: ¡Amina Lawal también evitó la lapidación!
Desde 2002 hemos lanzado cerca de 600 ciberacciones en España. Y solo en 2017 cerca del 50% de las ciberacciones obtuvieron algún resultado positivo.>
El Planeta J está más cerca de lo que parece, por mucho que se empeñen aquellos que quieren extender el odio y el miedo. En España los avances en derechos humanos en los últimos cuarenta años han sido notables, pero quedan retos por delante. Estos son los más importantes:
Al igual que el resto de los países europeos, España debe asumir su compromiso de acoger a las personas que necesitan protección internacional. España se comprometió a acoger a 17.337, algo que está cumpliendo con exasperante lentitud. Hasta el momento sólo ha llegado un 15,7%.
España debe poner fin a las expulsiones sumarias y colectivas, consideradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciadas por AI desde hace más de 20 años.
El sistema de acogida en España es discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz y puede llevar a las personas a corto y medio plazo a la indigencia.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 es un paso adelante para frenar una lacra que ha acabado con la vida de 800 mujeres y 40 menores desde 2004. Pero muchas de las 212 medidas sobre sensibilización y prevención que recoge el Pacto de Estado ya figuraban en la Ley Integral de 2004 y hasta el momento no se han implementado.
Es necesario eliminar las barreras que impiden el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual; que se evite la revictimización de las mujeres no recurriendo a estereotipos de género en el proceso judicial; y que se les proporcionen servicios de atención sanitaria, psicológica y asistencia jurídica.
La crisis económica y las medidas de austeridad derivadas han supuesto violaciones de derechos humanos en el ámbito de la vivienda y la salud, entre otros. Es necesario reformar el Artículo 53 de la Constitución para blindar estos derechos.
Desde la crisis, el Gobierno no ha adoptado medidas para proteger más a las personas y garantizar el derecho a la vivienda. Entre 2013 y 2017, se han producido 297.828 desalojos. Al tiempo, el presupuesto público para acceder a la vivienda en 2017 se redujo en un 70,4%o con respecto al de 2009.
Por otro lado, medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo la calidad del Sistema Nacional de Salud y el acceso a la salud, en especial de personas con escasos recursos económicos que sufren enfermedades crónicas o requieren un tratamiento, o para personas migrantes en situación administrativa irregular.
Después de seis años del cese de la actividad armada de ETA, las distintas fuerzas políticas y autoridades deben abordar una agenda común de derechos humanos en el País Vasco. Las víctimas de ETA, de los GAL y otros grupos armados, así como las víctimas de la violencia del Estado en el contexto de la lucha antiterrorista deben estar en el centro del diálogo. Desde 1960 más de 6.000 personas han sido víctimas de actos terroristas en España. Además, hasta la fecha no se han investigado adecuadamente las denuncias de tortura, razón por la cual España ha sido condenada hasta en diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el Gobierno central ha obstaculizado las iniciativas autonómicas que pretenden garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Por otro lado, AI lleva más de una década exigiendo verdad, justicia y reparación para los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la justicia española, la mayoría desapariciones forzadas. PeroEspaña obstaculiza cualquier intento de llevar ante la justicia a los responsables.
La Ley Mordaza o la reforma del Código Penal, que criminaliza conductas muy vagas como “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas”, están poniendo en riesgo derechos como la libertad de expresión, de reunión o de información.
La Ley Mordaza se está usando contra periodistas y activistas sociales, en especial contra quienes defienden el derecho a la vivienda. También contra quienes usan las redes sociales, artistas musicales e incluso titiriteros. Tan sólo en 2016 se han impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información. El resultado es un profundo efecto paralizante sobre la ciudadanía, que teme expresar opiniones alternativas o hacer chistes controvertidos.
Entre 2001 y 2016, España multiplicó por 14 sus exportaciones de armas. Sin embargo, los mecanismos de control y la transparencia no aumentaron significativamente, con el consiguiente riesgo de que armas “Marca España” se utilicen para cometer crímenes de derecho internacional. Es el caso de las ventas a la coalición internacional que opera en Yemen desde 2015, y que encabeza Arabia Saudí. Dicha coalición ha cometido decenas de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario en ese país. Es necesario lograr avances en materia de control y transparencia, y garantizar que el Gobierno respeta la “Regla de Oro” del Tratado sobre el Comercio de Armas: no autorizar ventas de armas con las que poder cometer atrocidades.
En los próximos tres años, España formará parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Gobierno ha anunciado que tendrá un papel activo en la defensa del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, la lucha contra la pena de muerte, la igualdad de género o la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.
Esta participación, por coherencia, debe servir para mejorar los derechos humanos en España, empezando por aplicar las recomendaciones que diferentes organismos internacionales han hecho a nuestro país en los últimos años.>
José Barrionuevo, ministro del Interior, responde en 1984 a un informe de AI sobre torturas por parte de fuerzas de seguridad
El Consejo de Ministros legalizó a Amnistía Internacional en España en 1978, un año después de que la organización fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y solo unos años después de que naciera en la clandestinidad. Muerto Franco, el sacerdote Manuel Casanoves fue convocado en 1976 en Barcelona junto a otros colaboradores de Amnesty International. Fue la primera vez que se vieron las caras para formar parte de este movimiento internacional. Casanoves se convertiría en su primer presidente en España en 1978.
Pero nuestro país ya estaba presente en el trabajo de Amnistía Internacional desde que Peter Benenson, fundador de Amnesty International, publicara en 1961 el artículo Los prisioneros olvidados en el diario británico The Observer sobre dos estudiantes portugueses detenidos por brindar por la libertad durante la dictadura de Salazar. En él se citaba el caso del abogado español Antonio Amat, que por tratar de crear una coalición democrática estuvo en la cárcel sin juicio desde 1958, o el del profesor universitario Enrique Tierno Galván, que se convertiría más tarde en alcalde de Madrid.
Hasta su legalización, la organización denunció la situación de presos como el asturiano Ramón Álvarez; siguió de cerca procesos como el de Burgos en 1970; la ejecución de Salvador Puig Antich y la de Heinz Chez en 1974; Y trabajó, entre otros, por los casos de Simón Sánchez Montero del Partido Comunista o Marcelino Camacho de Comisiones Obreras.
Los primeros años de la transición hasta 1978 también estuvieron llenos de casos que motivaron la intervención de Amnistía Internacional, desde el juicio de los militares de la Unión Militar Democrática en 1975, hasta el proceso contra Albert Boadella por su obra La torna que denunciaba las últimas ejecuciones del régimen franquista.
En sus primeros años en España, Amnistía Internacional se pudo sostener económicamente, en parte, gracias a la venta de carteles del cuadro El abrazo de Juan Genovés. En 1978 contaba con 49 socios y socias en España, una cifra que ha crecido hasta los de más de 84.000 de la actualidad.
La sede de Amnistía Internacional en la calle Columela de Madrid sufrió varios ataques, entre ellos una bomba incendiaria en 1979. Un momento delicado fue el 23 de febrero de 1981, día del intento de golpe de Estado, cuando se decidió proteger los listados de socios y socias de la organización, enviándolos a la embajada francesa.
En estos primeros años Amnistía Internacional se afianzó como referente en la defensa de los derechos humanos desde la más absoluta independencia. Las campañas sobre presos de conciencia en la URSS o las primeras noticias sobre las desapariciones en Chile o Argentina alejaban a la organización de cualquier posicionamiento político.
El conocimiento masivo del público llegó en 1988 cuando 90.000 personas asistieron en Barcelona al concierto Derechos Humanos, ¡Ya!>
Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti te dice que hay millones de razones para colaborar. La fundamental es que quieres cambiar el mundo, y no sabes cuánto nos alegra, porque sabemos que podemos contar contigo para lograrlo. Gracias por creer en un mundo más justo.
