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Los derechos humanos en España

© Andres Kudacki

España tiene todavía un camino que recorrer para convertirse en un país libre de violaciones de derechos humanos. En Amnistía Internacional trabajamos para que esto ocurra.

En relación a las amenazas a los derechos humanos en España sobre la libertad de expresión, asociación y reunión, las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito penal y el relativo a seguridad ciudadana ponen en peligro el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión.

No solo la libertad de expresión está amenazada. Derechos económicos, sociales y culturales también están amenazados: con la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías.

En los últimos años ha crecido enormemente la preocupación por la violencia contra las mujeres. Decenas de mujeres mueren cada año en nuestro país y desde Amnistía Internacional queremos poner de relieve la gravedad y la dimensión del problema, y conseguir que las autoridades asuman su responsabilidad.

En cuanto a la lucha contra la impunidad, nuestra organización mantiene desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas con tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación. Además, en relación a la jurisdicción universal, España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.

Otro de los motivos de preocupación y por el cual Amnistía Internacional trabaja en España es el comercio de armas. Dos veces al año, nuestra organización, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, analizan los datos oficiales de las exportaciones de armas fabricadas en España con el fin de hacer recomendaciones a las autoridades españolas.

Además, en los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros. Una de estas formas de discriminación es el racismo y en España, tanto ciudadanos extranjeros como minorías étnicas lo sufren. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado. Es necesario, pues, que las autoridades españolas combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Inmigración y refugio

En lo relativo a inmigración y refugio, nuestra organización lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. También denunciamos que el gobierno español se comprometió a reubicar a 15.888 personas y a reasentar a 1.449. A 28 de febrero de 2018 solo se habían acogido a 2.782. Más información

Expulsiones “en caliente”

Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 introdujo una modificación en la Ley española sobre inmigración introduciendo un nuevo acto administrativo: "el rechazo" aplicable únicamente a las personas que traspasan los elementos de contención fronterizos y entran irregularmente a las ciudades de Ceuta y Melilla. Si bien la disposición decía que el rechazo de realizaría respetando los derechos humanos y la normativa internacional, hoy en día sigue sin haber un protocolo para su aplicación con garantías, lo que supone que a día de hoy la enmienda se limite a legalizar prácticas ilícitas de devolución prohibidas por el derecho internacional

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:

  • Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen la legislación de la ley de extranjería y las normas internacionales, también en el espacio entre las dos vallas. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.

  • Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.

Discriminación

La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio de la no discriminación. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, lengua, orientación sexual, identidad de género, edad, estado de salud u otra condición.

En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc.

Además, la discriminación por motivos de religión o de creencias afecta a la población inmigrante en España en ámbitos de la vida como la educación y el empleo, pudiendo llegar a tener un impacto negativo en sus vidas a causa del aislamiento, la exclusión y la estigmatización a la que pueden llegar a ser sometidos. Las mujeres, además, pueden sufrir esta misma discriminación simplemente por llevar determinadas prendas, tal y como sucede en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones que se aplican en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas.

Los estereotipos y los prejuicios contra prácticas religiosas o culturales musulmanas también han ocasionado restricciones en el establecimiento de lugares de culto islámicos. Este tipo de discriminaciones se ven a menudo alimentadas por opiniones negativas procedentes de algunos partidos políticos y algunos sectores de los medios de comunicación, que obvian su responsabilidad de no reforzar ideas que puedan fomentar la intolerancia y la discriminación. Esta situación es denunciada en el informe Elección y prejuicio: discriminación de personas musulmanas en Europa, que recoge casos individuales de discriminación en países como Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza.

La organización pide a las autoridades públicas que elaboren y apliquen leyes y políticas y otras medidas efectivas contra la discriminación, y recuerda que los Estados no deben imponer restricciones al uso de símbolos y prendas religiosas o culturales, a menos que esas restricciones cumplan el derecho internacional.

Comercio de armas

Cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. Las armas están fuera de control: 640 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. Las armas ligeras contribuyen de forma significativa a la pobreza y al sufrimiento y desarrollan un papel clave en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se infligen más heridas, muertos, desplazamientos, violaciones, raptos y torturas con armas ligeras que con cualquier otro tipo de armas.

En 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas votó masivamente a favor de poner en marcha un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que fue aprobado prácticamente por unanimidad el 2 de junio de 2013. España firmó el tratado entre los 65 primeros países, concretamente el 3 de junio de 2013, y lo ratificó en 2014. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.

En España, tras más de 10 años de campaña por un mayor control y transparencia del comercio español de armas, en diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas, un avance para poner fin al coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. Amnistía Internacional, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón trabajan en alianza para denunciar el riesgo de que exportaciones de armas españolas puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y además, nos encargamos de dar seguimiento al desarrollo de la ley y a su aplicación para que suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia.

Apuntes clave

  • España ha apostado por una política de internacionalización y apoyo a la exportación de armas situándose, entre 2013 y 2017, en el séptimo puesto del ranking mundial de exportadores de armas, con una cuota aproximada del 3% sobre el volumen global. Por contra, no ha reforzado los controles de las exportaciones de armas ni aumentado la transparencia y tampoco ha mejorado la evaluación de riesgo de las exportaciones ni incrementado los recursos destinados a estas cuestiones. Sin embargo, gracias a la presión de AI y de otras ONG, el Gobierno español trabaja en la elaboración de un mecanismo de verificación de las exportaciones de armas y en la mejora de los certificados de uso final, un documento que acompaña las exportaciones, que previsiblemente se empezarán a aplicar en 2019.

  • El Ministerio de Comercio, Turismo e Industria elabora dos informes al año sobre las exportaciones españolas de armamento y comparece anualmente ante la Comisión de Defensa del  Congreso de los Diputados.

  • En enero de 2018 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la ley española sobre comercio de armas, tras años de trabajo de Amnistía Internacional y otras ONG. Es hora de evaluar su aplicación, para lo que hemos hecho un decálogo de recomendaciones detalladas al Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria. Las medidas propuestas se centran en la mejora de la transparencia, el control parlamentario y el control de las exportaciones de armas.

  • La coalición “Armas Bajo Control”, formada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón analiza los informes del Gobierno y elabora recomendaciones para el Gobierno y el Congreso de los Diputados.

  • Los informes de la coalición “Armas Bajo Control” se centran en identificar operaciones que puedan ser preocupantes basándose en la relación entre el material exportado y/o autorizado y el riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, la  “Regla de Oro” del Tratado sobre el Comercio de Armas.

  • La normativa de la Unión Europea establece que cada Estado Miembro evaluará una por una las solicitudes de exportación de armas de conformidad con ocho criterios que definen las normas que rigen el control de las exportaciones de armas. Por su parte, la Ley española sobre comercio de armas de 2007, establece que las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…) ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.

  • En 2015, Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón propusieron una modificación de la Constitución española que, entre otras medidas, dé rango constitucional a la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas.  

Exportaciones de armas españoles en 2017

Lee nuestro informe

En nuestro último informe sobre las exportaciones de armas españolas en 2017:

* Denunciamos el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2017;

* Exigimos el cese de la venta de armas españolas a Arabia Saudí e Israel debidoal riesgo sustancial de que se usen para cometer o facilitar atrocidades;

* Identificamos exportaciones de armas muy preocupantes a otros 17 países y otras 6 operaciones  sobre las que se necesita más información, basándonos en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional. Entre las operaciones muy preocupantes figuran la venta de determinadas armas a, entre otros países, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, EEUU, Filipinas, Kenia y Turquía, así como la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú.

* Reclamamos al Gobierno que adopte dos medidas urgentes:

i) la creación de un mecanismo de consulta parlamentaria en los casos sensibles de exportación de armas antes de la aprobación de las autorizaciones, similar al que ya existe en Suecia, Noruega, Países Bajos y EE.UU., y

ii) la adopción de un Protocolo de Seguimiento y Control del Uso de las armas exportadas y un nuevo Certificado de Uso Final que incluya garantías legalmente vinculantes de que las armas no se emplearán contra la población civil.

Reforma constitucional

La Constitución española no protege todos los derechos por igual. Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención. En nuestra Constitución existen derechos “de primera” y “de segunda” según su nivel de protección judicial. Esto ha contribuido, por ejemplo, a que seamos uno de los países más desiguales de Europa, a que se hayan iniciado en los últimos años casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria –dejando a muchas personas en la calle sin posibilidad de defenderse ante un juez– , a que en España haya cerca de 760.000 hogares sin ingresos, o a que se haya retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas cuando el derecho a la salud está igualmente reconocido. Finalmente, ¿cómo han podido aprobarse leyes que limitan el derecho a manifestarse pacíficamente, como la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando el artículo 21 reconoce “el derecho de reunión pacífica (…) que no necesitará de autorización previa”?

Es necesaria una reforma constitucional que blinde los derechos humanos. Por ello, desde Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón proponemos cambiar 24 disposiciones constitucionales. La mayoría de los cambios que proponemos tienen precedentes en el derecho internacional y en otros textos constitucionales. En resumen, queremos que la Constitución, entre otros:

  • Trate por igual todos los derechos humanos para todas las personas, pues los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías. Proponemos una modificación profunda del artículo 53, de modo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección.

  • Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.

  • Incorpore el derecho a la renta básica –para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad– y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. Para ello se deberá garantizar una política de cooperación para el desarrollo y vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

  • Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.

  • Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente, adecuando la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos, mejorando las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, garantizando los derechos de acceso a la información y participación ciudadana, el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, el reconocimiento directo del derecho de asilo y la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.

Más información en www.blindatusderechos.org

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