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La defensa de la Amazonía tiene nombre de mujer

Manifestantes indígenas en Quito. © Edu León/Getty Images Latam
Manifestantes indígenas en Quito. © Edu León/Getty Images Latam

Amnistía Internacional denuncia la "falta de voluntad política del Estado" para investigar a fondo los ataques y amenazas contra las defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente.

En la Amazonía ecuatoriana, la defensa de la naturaleza, el medio ambiente y la vida digna de las comunidades tiene nombre de mujer. Frente a la intervención avasalladora de las grandes empresas extractivistas –petroleras, mineras, hidroeléctricas y madereras--, el colectivo Mujeres Amazónicas ha dicho basta a los abusos de derechos humanos, la militarización del territorio y los daños a la Pachamama (madre tierra) que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas más vulnerables. Son más de cien, la mayoría indígenas, y desde que en 2013 decidieron hacer escuchar su voz, han sido atacadas, amenazadas y hostigadas, incluso con denuncias penales por ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse.Amnistía Internacional documentó en 2018 esos ataques y amenazas, simbolizados en cuatro lideresas y defensoras de derechos humanos de Mujeres Amazónicas: Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar. Tras visitar Ecuador en febrero y octubre y reunirse con organizaciones indígenas y de la sociedad civil, representantes de la ONU y la UE, autoridades e integrantes del propio colectivo, Amnistía constató que el motivo de tal hostilidad era su lucha por los derechos vinculados a la tierra, al territorio y al medio ambiente.

No solo eso. La organización puso en evidencia que, salvo la Defensoría del Pueblo, las autoridades ecuatorianas "han fallado en su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos". Un fracaso compartido por el aparato judicial, que no ha realizado "una investigación adecuada ni efectiva" sobre los ataques y amenazas, lo que ha permitido seguir libres a sus responsables materiales e intelectuales. Como remarca Amnistía, "esto demuestra una falta de voluntad política del Estado de investigar seriamente estos delitos y envía un claro mensaje a la sociedad: que los ataques contra personas defensoras son tolerados en Ecuador".

Salomé Aranda. © Santiago Cornejo

Salomé Aranda. © Santiago Cornejo

Salomé Aranda. © Santiago Cornejo

Salomé Aranda. © Santiago Cornejo

Salomé Aranda

Lideresa Kichwa. Dirige el departamento de Mujer y Familia de la comuna de Moretecocha, en Pastaza. En la reunión de las Mujeres Amazónicas con Lenín Moreno en marzo de 2018, denunció los daños ambientales de las extracciones petroleras en la cuenca del río Villano, así como abusos sexuales contra mujeres indígenas. En mayo de 2018, ella y su familia fueron amenazadas y atacadas con piedras en su casa por varios desconocidos. Las autoridades no han avanzado en la investigación ni le han ofrecido medidas de protección.

Foto: Santiago Cornejo

Artículo 71 de la Constitución

El nombre completo del colectivo, Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva de las Bases frente al Extractivismo, deja claro su gran objetivo, que se concreta en su común defensa del territorio y la naturaleza, la educación y la salud, la cultura y las  tradiciones preservadas de generación en generación, y, en lugar destacado, de los derechos de las mujeres. Frente a los grandes proyectos económicos de las compañías extractivistas y sus fuertes intereses políticos y financieros, las Mujeres Amazónicas enarbolan el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana de 2008.

Forman un colectivo diverso, con mayoría indígena de las siete nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana (Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Andoas y Sápara), pero también con mujeres que se autodefinen como mestizas. Y nadie ha podido callarlas desde aquel 2013 en que, hartas de ataques desde la Administración de Rafael Correa a  organizaciones indígenas y personas defensoras de derechos humanos, decidieron alzar públicamente su voz colectiva.

En octubre, 130 mujeres marcharon en bus de Puyo a Quito para exigir que se paralizara una licitación petrolera en el parque nacional Yasuní y que se protegiera a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. El presidente, que no las recibió, se limitó a invitarlas a reunirse en la Amazonía norte. En noviembre, Margoth Escobar, Patricia Gualinga y otras integrantes de Mujeres Amazónicas fueron denunciadas por supuestos actos de violencia en una protesta pública contra otra licitación petrolera. Las autoridades utilizaron aquella manifestación para justificar el cierre de la organización ambiental Fundación Pachamama y para hostigar y estigmatizar a Margoth y Patricia, quien contó que sufrieron un “linchamiento mediático" y que "nos vigilaban y perseguían".

Patricia Gualinga. © Amazon Watch

Patricia Gualinga. © Amazon Watch

Patricia Gualinga. © Amazon Watch

Patricia Gualinga. © Amazon Watch

Patricia Gualinga

Lideresa indígena del pueblo Kichwa de Sarayaku, comunidad que en 2012 consiguió un éxito histórico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos –condenó a Ecuador por violar su derecho a la consulta libre, previa e informada en una concesión petrolera que instaló explosivos en su territorio-- y que en 2018 lanzó su iniciativa Kawsak Sacha (Selva Viviente) para proteger la naturaleza y promover el desarrollo sostenible. En enero de 2018, un hombre la amenazó de muerte y atacó con piedras en su residencia de Puyo, provincia de Pastaza. Tuvo que marcharse con su familia porque la dueña de la casa “vivía aterrada de que le sucediera algo".

Foto: Amazon Watch

Cambio presidencial, pero...

Aunque había sido vicepresidente de Correa durante seis de sus diez años de mandato, la elección de Lenín Moreno como presidente en abril de 2017 abrió ciertas esperanzas tras su acercamiento en la campaña a los pueblos indígenas y su rápido indulto al ambientalista indígena Patricio Meza Saltos, condenado por “ataque y resistencia” durante la movilización nacional de dos años antes. En julio, el nuevo mandatario se reunió con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), pero sus buenas palabras de ese encuentro y las de septiembre ante la ONU se difuminaron pronto.

En noviembre, el presidente de CONAIE Jaime Vargas denunció que “no hay progreso en el diálogo“, lo atribuyó a la falta de compromiso gubernamental, y advirtió de que “están jugando con la voluntad de los pueblos indígenas”. El 27 de ese mes, indígenas de todas las edades iniciaron una marcha de 260 kilómetros a Quito para exigir un “diálogo con resultados”. Lenín Moreno los recibió y les prometió no otorgar nuevas concesiones mineras y revisar las ya aprobadas. Pero las medidas efectivas siguen haciéndose esperar. Como ha subrayado Margoth Escobar, “el Gobierno de turno está vestido de oveja, pero es un lobo por dentro, porque las políticas extractivistas avanzan sin piedad, sin compasión y, sobre todo, sin respeto a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas”.

Y más de lo mismo en 2018. El 8 de marzo, cientos de mujeres indígenas marchaban en Puyo para defender sus territorios ancestrales y sus propios derechos. Días más tarde, varias decenas se concentraban ante el palacio presidencial en Quito para entregar a Lenín Moreno un “Mandato de las Mujeres Amazónicas“ elaborado durante meses. El presidente aceptó recibirlo directamente el día 22, y la reunión volvió a llenarse de buenas intenciones.

No hubo, sin embargo, respuesta formal del Gobierno a aquel 'Mandato'. Lo que sí hubo fueron nuevos ataques y amenazas a tres defensoras del colectivo (Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar) en la provincia de Pastaza, delitos que siguen sin esclarecer y permanecen impunes.

Margoth Escobar. © Eco Amazónico, Sergio Ortiz, Itzel Plasencia

Margoth Escobar. © Eco Amazónico, Sergio Ortiz, Itzel Plasencia

Margoth Escobar. © Eco Amazónico, Sergio Ortiz, Itzel Plasencia

Margoth Escobar. © Eco Amazónico, Sergio Ortiz, Itzel Plasencia

Margoth Escobar

Se autodefine como mestiza. Durante el paro nacional convocado en 2015 por movimientos sociales e indígenas, fue golpeada por policías en Puyo y permaneció una semana larga en detención preventiva. Aunque fue procesada por “ataque y resistencia”, la Justicia sobreseyó el caso al no apreciar delito. En 2018, su casa fue incendiada intencionalmente, pero las investigaciones no han aclarado nada. Un motivo más para justificar su declarada desconfianza en "el Gobierno de turno, la justicia, los militares y la Policía”, que le ha llevado a rechazar su participación en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT).

Foto: Daniel Cima

Incompetencia e impunidad

Las Mujeres Amazónicas confirman la denuncia de Amnistía Internacional de que “la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Pastaza no han garantizado una investigación adecuada ni efectiva“ de esos ataques y amenazas. Las investigaciones, se quejan, no muestran avances significativos y, pese a las recomendaciones del Relator Especial de la ONU en ese ámbito, no toman en cuenta su condición de lideresas indígenas y defensoras de derechos humanos. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mensaje repetido es rotundo: la falta de diligencia investigadora “contribuye a la impunidad“.

Los testimonios de las víctimas no dejan lugar a dudas sobre los graves fallos en las investigaciones. Nema denunció e identificó al hombre que hace un año la amenazó de muerte en un vídeo que aún circula por las redes sociales; el peritaje judicial sigue pendiente. Patricia podría haber identificado a su atacante con las imágenes grabadas cerca de su domicilio por cámaras de seguridad públicas, pero agentes de la Fiscalía le negaron el visionado; el peritaje fue encargado con un año de retraso, y aún se desconoce su resultado. A Margoth le incendiaron su casa intencionadamente, como confirmó al día siguiente un responsable de bomberos; un perito llegaba tres meses después para reconocer que ya era tarde para precisar la causa porque la vivienda estaba limpia, mientras siguen sin analizar las imágenes de las cámaras cercanas que podrían haber dado pistas o identificado a los autores.

Nema Grefa. © Yanda

Nema Grefa. © Yanda

Nema Grefa. © Yanda

Nema Grefa. © Yanda

Nema Grefa

Presidenta de la nacionalidad Sápara de Ecuador, pero tuvo que superar la revocación gubernamental de su nombramiento tras ser impugnado por un grupo de personas favorables a las actividades petroleras en territorio indígena. Las autoridades acabaron reconociendo su presidencia y pidiendo disculpas públicas. Un hombre del grupo impugnador llegó a amenazarla de muerte en un vídeo difundido por redes sociales, y aunque un juez aprobó medidas de protección, ella las considera insuficientes en su contexto de riesgo.

Foto: Yanda

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