© Rebecca Hendin
La tecnología, presente en nuestra vida diaria, tiene un enorme impacto en la vida de las personas y las comunidades. Este impacto puede ser muy positivo en términos de agilidad de las operaciones, facilitación de las tareas, velocidad de las comunicaciones o acortamiento de las distancias. Sin embargo, el uso no regulado de los grandes avances tecnológicos por parte de gobiernos de todo el mundo y grandes corporaciones, pone en serio riesgo los derechos humanos, especialmente de los grupos históricamente marginados.
¿A qué nos referimos?
Vigilancia de activistas
Gobiernos de todo el mundo utilizan invasivos programas espía para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes y lideresas políticos/as, periodistas y profesionales del derecho. La utilización de programas espía por parte de gobiernos representa una violación flagrante del derecho a la intimidad de las personas. Quienes defienden los derechos humanos, expresan sus opiniones políticas o ejercen su profesión legal, deberían poder hacerlo sin temor a ser sometidos a una vigilancia injustificada. La invasión de la privacidad socava la confianza en las instituciones gubernamentales y crea un ambiente de miedo y autocensura que inhibe el discurso libre y abierto, lo que a su vez socava los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica. A pesar de esto, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, con lo que el sector de la vigilancia continúa operando sin control y determinadas empresas siguen beneficiándose de esta vulneración de derechos humanos.
Gigantes de la vigilancia
Google, Meta y TikTok controlan los principales canales que utilizan las personas en internet. Su modelo de negocios está basado en la vigilancia, es decir, cuanto más tiempo pasamos en sus plataformas, más datos recopilan estas plataformas y por tanto más dinero pueden generar, violando el derecho a la privacidad y provocando un efecto cadena que pone en riesgo otros muchos derechos, que van desde la libertad de expresión y opinión hasta la libertad de pensamiento y el derecho a la no discriminación. Asimismo, este modelo de negocio basado en la vigilancia da lugar a la amplificación del contenido incendiario y de odio que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a grupos históricamente marginados, como las minorías étnicas o religiosas, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
“Google, Meta y TikTok, al controlar Internet a través de la vigilancia para fines de lucro, socavan la privacidad y amenazan derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, y el derecho a no sufrir discriminación”
Tecnología biométrica
Alrededor del mundo, infraestructuras digitales incompatibles con los derechos humanos están siendo instaladas y utilizadas para, a través de la vigilancia masiva, ahogar las protestas y acosar a los grupos históricamente marginados, como las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Esta vigilancia biométrica, que incluye el reconocimiento facial, de emociones y del lenguaje corporal, es enormemente invasiva, viola el derecho a la privacidad y amenaza el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Los gobiernos deben impedir el desarrollo, la venta y el uso de esta tecnología.
Algoritmos y servicios sociales
Sistemas algorítmicos están siendo cada vez más utilizados por los gobiernos con el fin de determinar qué personas cumplen con las condiciones necesarias para recibir determinadas ayudas sociales, como acceso a viviendas protegidas, a guarderías públicas o a bonos sociales. Necesitamos que estos sistemas algorítmicos sean transparentes y evaluados exhaustivamente, haciendo posible la identificación y modificación de los sesgos discriminatorios que estos programas puedan tener automatizados y que reproducen y perpetúan la desigualdad existente, para que no sean los grupos más marginados de la sociedad los más afectados por esta automatización de la prestación de servicios públicos.
“Los sistemas algorítmicos deben ser transparentes, evaluados y desprovistos de sesgos para no perpetuar la desigualdad”
¿Qué estamos haciendo desde Amnistía Internacional?
En Amnistía Internacional, nos oponemos a que la tecnología sea utilizada por gobiernos de todo el mundo y grandes corporaciones para silenciar activistas; para amplificar la discriminación de las comunidades marginadas o para acallar la protesta.
Con nuestras investigaciones y campañas denunciamos públicamente cómo el uso no regulado de estas tecnologías viola derechos humanos fundamentales, concienciando a la población sobre los riesgos que conlleva la creciente utilización de las infraestructuras digitales no reguladas e instando a la movilización social. Trabajamos para cambiar leyes y políticas públicas a través de la incidencia nacional e internacional, en coalición y en solitario. Es momento de que la tecnología ponga por delante a las personas y a los derechos humanos.
¿Qué exigimos desde Amnistía Internacional?
Investigación y rendición de cuentas de gobiernos y empresas que usan la tecnología para silenciar activistas. La vigilancia digital ilegítima, la censura y los cierres de Internet deben ser impedidos.
Regulación efectiva de las grandes empresas tecnológicas para proteger los derechos humanos. Las grandes corporaciones deben aumentar su transparencia y su responsabilidad en posibles violaciones de derechos humanos.
Transparencia en el uso de algoritmos para la toma de decisiones que afectan de manera crucial a nuestras vidas y reparación efectiva en casos de discriminación y reproducción de prejuicios.
Prohibición del desarrollo, venta y uso de los sistemas de reconocimiento facial, de emociones y del lenguaje corporal utilizados para reprimir las protestas y acosar a las comunidades minoritarias.
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