Residencias en tiempos de COVID

Las residencias nunca pueden ser ‘aparcamientos’ de personas mayores, y la emergencia sanitaria no puede ser excusa para no garantizarles la atención y protección que tienen reconocidas en los principales instrumentos de derechos humanos ratificados por España. En cambio, como pone de relieve el informe publicado por Amnistía Internacional "Abandonas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España"  la mala gestión durante el pico de la primera ola de la pandemia desembocó en falta de protección del personal (sin equipos de protección individual -EPI- ni acceso a tests PCR), escasez de recursos y mínima asistencia médico-sanitaria, la exclusión generalizada y discriminatoria de la derivación hospitalaria y aislamiento de residentes durante semanas enteras sin apenas comunicación con sus familias ni con el mundo exterior.

Estas medidas, que han supuesto la denegación del derecho a la salud a las personas mayores, están estrechamente vinculadas a las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad. Un tema de máxima preocupación para Amnistía, que denunciaba en un reciente informe la ‘década perdida’ de los recortes sanitarios y sociales y el consiguiente debilitamiento del sistema público de salud.

Personal sin protección ni recursos

Amnistía Internacional ha comprobado que durante el pico de la pandemia el personal de las residencias (84% mujeres) no contó con la protección suficiente ni el acceso adecuado a tests, lo que aumentó el riesgo de contagios y las dificultades para implementar las directrices recibidas.

Los testimonios son abrumadores. Diana, técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de una residencia pública de Madrid, cuenta que en marzo no tenían “ningún tipo de protección” y que, al no recibirla de la empresa, “optamos por hacernos los EPI de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico…”. Natalia, personal auxiliar de una residencia pública de gestión privada en Cataluña, señala que les dieron mascarillas “de papel de fumar; a la mínima que se mojaban se rompían”. Una vez que llegaron los EPI debían reutilizarlos varios días, así que “los rociábamos con lejía”. 

La falta de protección se cobró su factura entre el personal. Durante las semanas clave, las bajas alcanzaron en muchas residencias a la mitad o más de la plantilla. En palabras de la presidenta de CEAPS (Círculo Empresarial de Atención a las Personas, patronal de las residencias), “nos quedamos sin manos porque nuestros profesionales tenían sintomatología compatible con COVID-19 pero no teníamos tests para diagnosticarlos”; según el protocolo, cuando el personal tenía sintomatología, se les daba de baja durante dos semanas.

Exclusión en derivación hospitalaria

Amnistía ha documentado en Madrid y Cataluña la denegación de derivación a hospitales de las personas mayores que vivían en residencias sin una valoración individualizada. Esa falta de derivación supuso una violación del derecho a la no discriminación e incumplió obligaciones internacionales contraídas por España.

La decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada y en bloque. Tanto en Madrid como en Cataluña hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones fueron la excepción, que en algunos casos llegaron ya tarde al estar las personas en una fase terminal. 

Por otra parte, varias sociedades médicas emitieron en marzo recomendaciones sobre los dilemas éticos para los profesionales sanitarios. El Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad aclaró que “resultaría radicalmente injusto que las personas cuya salud está más amenazada por un eventual contagio del coronavirus fueran, a su vez, las más perjudicadas”. Para el Comité de Bioética, la referencia a la “supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada” o a que los pacientes con “deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva”, no son compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el Ministerio de Sanidad recordó en un informe que la discriminación por razón de edad está prohibida en la Constitución.

La fallida medicalización

Ante la fuerte presión asistencial en los hospitales, las autoridades apostaron por dotar de recursos a las residencias para su medicalización. Pero la realidad quedó muy lejos de los buenos deseos. Una doctora que trabajó en varias de ellas explicó que “no podemos considerar a una residencia un hospital por el hecho de que tenga enfermería o médicos, porque no tenemos herramientas básicas para poder hacer tratamientos, ningún tipo de herramienta para diagnosticar procesos agudos, ni la dotación necesaria para poder monitorizar la respuesta al tratamiento”.

A pesar de los anuncios, la mayoría de residencias en Madrid y Cataluña no estaban ni están bien dotadas de personal ni de equipamiento médico, y en el pico de la pandemia no estaban preparadas para brindar asistencia médico-sanitaria adecuada a sus residentes ni para gestionar la especial vulnerabilidad. En definitiva, sin la posibilidad de ir al hospital o de recibir asistencia sanitaria efectiva en su propio centro, las personas mayores en residencias quedaron abandonadas a su suerte.

Amnistía Internacional ha documentado diversos testimonios sobre cómo la falta de recursos dificultó el tratamiento de patologías comunes como llagas, úlceras o depresión, que no fueron tratados adecuadamente en numerosas residencias de Cataluña y Madrid. La combinación de falta de personal y recursos y el obligado aislamiento por sospecha de COVID-19 produjeron en varios casos desnutrición, deshidratación y rápido deterioro emocional en las personas mayores en residencias. AI-España documentó casos que, por falta de atención adecuada, podrían constituir trato cruel e inhumano conforme a estándares internacionales.

El caso de Jesús (88 años) confirma la falta de capacidad médico-sanitaria en las residencias. Al encontrarse de baja la médica titular, la residencia recibía apoyo de un servicio de médicos vía telefónica. Cuando un doctor acudió al centro, la hija de Jesús intentó que viera a su padre, pero recibió una respuesta negativa a través de una enfermera, porque “como tenían que priorizar, no lo iba a visitar ya que había otros residentes que estaban peor”. Al día siguiente falleció con sintomatología compatible con coronavirus.

“La hija de Jesús intentó que un doctor viera a su padre, pero una enfermera le dijo que “ (...) otros residentes que estaban peor”. Al día siguiente, Jesús falleció con sintomatología compatible con coronavirus.”

Encierro e incomunicación

Paralelamente, las residencias se convirtieron en los días más críticos de la pandemia en auténticos lugares de encierro, con sus residentes bajo confinamiento durante semanas en sus habitaciones, lo que constituye una vulneración de su derecho a la vida privada y familiar. El secretario de la Fundación Lares subraya que “hemos creado cárceles, alegando su seguridad personal”, y lo inscribe en un contexto de “edadismo” o discriminación por razones de edad. Natalia, gerocultora de una residencia barcelonesa, señala que a las personas mayores “no se les explicó lo que estaba pasando y muchos pensaron que se les estaba castigando”.

“Se van a morir de pena… No se han abrazado, con un biombo entre medias: eso es inhumano”, remarca Diana, TCAE auxiliar de una residencia madrileña. Y una doctora de residencia explica que “los que no se han quedado mal por el COVID, se han quedado mal por lo que ha supuesto a nivel psicológico estar dos, tres, hasta cuatro meses encerrados en una habitación sin contacto con casi nadie, sin comprender bien la situación y sin poder ver a sus familias”.

A falta de visitas presenciales, tampoco las comunicaciones han estado bien gestionadas. En la mayoría de casos, las comunicaciones remotas entre residentes y sus seres queridos eran limitadas e insatisfactorias, con llamadas de audio y vídeo poco frecuentes y mal organizadas. Y a ello se suma la falta de información adecuada sobre la situación de sus familiares residentes. En muchos casos, las personas han muerto solas, lo que viola su derecho a una muerte digna y supone también un trauma para sus familias. Por si fuera poco, también ha dejado mucho que desear la gestión dela despedida y del traslado de las personas una vez fallecidas.

“A las personas mayores no se les explicó lo que estaba pasando y muchas pensaron que las estaban castigando.”

Natalia, gerocultora de una residencia barcelonesa