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Moldàvia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El gobierno retiró un anteproyecto de ley sobre ONG que contenía restricciones indebidas para las organizaciones que recibían financiación extranjera. Nueve activistas fueron declarados culpables de intentar organizar disturbios multitudinarios en 2015 y condenados a penas condicionales de prisión en un juicio injusto. En mayo, la policía detuvo la marcha del Orgullo celebrada por las personas LGBTI en la capital, Chișinău, por supuestos motivos de seguridad, mientras el presidente Igor Dodon hacía comentarios homófobos. El gasto público en salud, educación y protección social siguió cayendo; persistió la discriminación de la población romaní.

En julio, el Parlamento aprobó una controvertida reforma de la Ley Electoral a pesar de las protestas públicas y de la condena internacional. La opinión general era que los cambios que implicaba beneficiaban a los dos grandes partidos del Parlamento: el Partido Democrático de Moldavia, gobernante, y el Partido Socialista de Moldavia, en la oposición. El 19 de junio, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió una opinión muy crítica sobre la reforma. La mayoría de los medios de comunicación de mayor difusión continuaron en la práctica sometidos al control del Partido Democrático de Moldavia e informando de forma sesgada para favorecer a este partido.

Un grupo de trabajo entre cuyos miembros se encontraban representantes del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y varias ONG elaboró un anteproyecto de ley sobre ONG que tuvo una amplia aceptación entre la sociedad civil. Sin embargo, en julio, el Ministerio de Justicia introdujo tres artículos en él de manera inesperada y sin consultar al grupo de trabajo. Estos artículos obligarían a las ONG implicadas en “actividades políticas” de imprecisa definición a hacer públicos sus informes económicos y dar a conocer la procedencia y el uso de los fondos recibidos, entre otros requisitos. Su incumplimiento comportaría graves sanciones, como el pago de elevadas multas, la exclusión del mecanismo económico del gobierno que facilitaba y fomentaba las donaciones voluntarias de los contribuyentes a las ONG, y el posible cierre de la ONG. La reforma se encontró con la firme oposición de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales, que consideraron que imponía restricciones indebidas a las ONG que recibían financiación extranjera. Quienes la criticaron preveían un efecto estigmatizador para los defensores y defensoras de los derechos humanos y para la sociedad civil, sobre todo para quienes expresaran su discrepancia con las autoridades. En septiembre, el gobierno retiró el anteproyecto de ley.

En junio, Grigore Petrenco, exdirigente del partido político Nuestro Hogar Moldavia, y otros ocho activistas políticos fueron declarados culpables de intentar organizar disturbios multitudinarios el 6 de septiembre de 2015; el tribunal les impuso condenas condicionales de entre tres y cuatro años y medio de prisión, así como la prohibición de asistir a actos públicos. El día de la comisión del presunto delito, los acusados habían intentado forzar su entrada en un edificio gubernamental durante una concentración que, por lo demás, fue pacífica. Su juicio sufrió múltiples aplazamientos e infracciones de procedimiento.

Ana Ursachi y Eduard Rudenco, abogados de Grigore Petrenco que también representaban a otros clientes destacados en casos políticamente delicados, continuaron sufriendo campañas de difamación en los medios de comunicación afines al gobierno y denunciaron hostigamiento de las autoridades debido a su actividad profesional.

Continuaron recibiéndose denuncias de tortura y otros malos tratos en lugares de detención y en el sistema de justicia penal.

La noche del 26 de agosto, murió bajo custodia de la policía Andrei Braguta, chófer que había sido detenido por exceso de velocidad. Las autoridades adujeron que había muerto de neumonía y posteriormente admitieron que había recibido una paliza a manos de dos compañeros de celda. Fueron detenidos como presuntos autores tres agentes de policía que estaban de servicio aquella noche y los dos compañeros de celda. Uno de éstos dijo que Andrei Braguta ya había recibido una paliza brutal cuando llegó a la celda y que tanto él como el otro compañero de celda eran inocentes. La investigación criminal seguía abierta al terminar el año.

El 21 de mayo, la policía interrumpió la marcha del Orgullo cuando los participantes sólo habían recorrido unos cientos de metros, alegando que no podía garantizar su seguridad si se producían ataques violentos de contramanifestantes.

El presidente criticó públicamente a las personas LGBTI, calificó la marcha del Orgullo de contraria a los “valores tradicionales” del país y participó en una manifestación paralela bajo el lema “Fiesta tradicional de la familia”.

En septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinó el tercer informe periódico de Moldavia sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los motivos concretos de preocupación planteados durante el examen estaban la reducción constante del gasto público en salud, educación y protección social, y la persistente discriminación y marginación de la comunidad romaní. El Comité calificó la situación de los romaníes de “problema evidente” y consideró “el fracaso en múltiples aspectos” del Plan Nacional de Acción sobre los romaníes para el periodo 2011-2015 como “grave motivo de preocupación”.

República de Moldavia
Jefe del Estado: Igor Dodon
Jefe del gobierno: Pavel Filip