1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Moldavia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La respuesta del gobierno a la COVID-19 generó preocupación por la situación de los derechos humanos, en especial los relativos a la salud y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de circulación. No se avanzó en lo referente a abordar la tortura y otros malos tratos, que eran sistémicos. Se aprobó una nueva ley sobre ONG para cuya elaboración se había consultado a la sociedad civil. Seguía suscitando preocupación la falta de garantías de juicio justo.

Información general

A diferencia de los años anteriores, no hubo inestabilidad política en Moldavia en 2020, aunque poco a poco fue en aumento el descontento popular y durante el año se celebraron frecuentes protestas pacíficas.

Un estado de emergencia de tres meses de duración, efectivo desde marzo para responder a la pandemia de COVID-19, impuso restricciones a algunos derechos, como la libertad de circulación, el derecho a la educación (por ejemplo, no todas las familias podrían cumplir los requisitos de la escolarización a distancia) y el derecho de reunión pacífica. Durante ese periodo, Moldavia suspendió sus obligaciones con respecto a realizar estos derechos, contraídas en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las medidas también afectaron negativamente a la economía y la calidad de vida.

En julio, el presidente Igor Dodon se reunió con el líder de facto de la región escindida de Transnistria, Vadim Krasnoselskiy, aunque no se tuvo noticia de que se produjeran avances hacia la resolución de un conflicto que llevaba 30 años congelado.

Derecho a la salud

Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 dieron lugar a la reducción de otros servicios médicos y a la suspensión temporal de los que no eran de urgencia. Pese a estas medidas, la consiguiente presión sobre el sistema de salud dejó al personal sanitario en una situación de especial vulnerabilidad, ya que, según informes, sufrió la escasez de equipos de protección individual y tuvo un alto índice de infección. Con todo, muy pocos trabajadores de la salud accedían a hablar de manera oficial o extraoficial sobre estas cuestiones por miedo a sufrir represalias.

Región de Transnistria

En respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades de facto de Transnistria impusieron restricciones para viajar desde el territorio controlado por el gobierno moldavo a las personas sin “pasaporte” local. Aunque hubo una gran variedad de excepciones, esta medida iba dirigida expresamente contra el personal sanitario que residía en Transnistria y trabajaba del otro lado del río Dniéster, que se vio obligado a elegir en qué lado de la línea del conflicto vivir y trabajar. Este hecho, sumado a la escasez general de profesionales de la salud, redujo los servicios médicos para la población local.

Tortura y otros malos tratos

En comparación con otros años, no se avanzó a la hora de abordar los problemas sistémicos subyacentes a la tortura y otros malos tratos, y siguió imperando la impunidad de sus autores. Las personas sobrevivientes de la tortura y las familias de las víctimas seguían sin poder acceder a reparaciones plenas y efectivas. La cifra de denuncias, según informes independiente y registros oficiales, seguía siendo aproximadamente la misma año tras año.

Las condiciones de reclusión en las instituciones penitenciarias, incluido el hacinamiento y la asistencia médica insuficiente, atrajeron críticas constantes. La falta de servicios y equipos efectivos para hacer un diagnóstico cuando una persona detenida estaba enferma y la negativa a trasladarla a instituciones médicas civiles para que recibiera el tratamiento necesario seguían siendo un problema crónico. Esta situación quedó aún más patente con la pandemia de COVID-19, cuando se confirmaron centenares de casos en la población reclusa y el personal penitenciario.

Libertad de expresión

En general, los medios de comunicación seguían siendo pluralistas, pero dependían enormemente del patrocinio privado, que normalmente tenía una tendencia política clara. Los litigios civiles por difamación continuaron siendo un instrumento para ejercer presión sobre los medios de comunicación independientes, debido a los elevados costos judiciales.

En marzo, el organismo regulador de los medios de comunicación ordenó que, con efecto inmediato y durante todo el periodo de emergencia, los presentadores y comentaristas de los medios de comunicación “se abstuvieran de dar su opinión personal” en lo relativo a la COVID-19 y se hicieran eco exclusivamente de la información oficial y de la proveniente de la Organización Mundial de la Salud. La consiguiente indignación popular obligó al organismo regulador a anular su decisión rápidamente.

Libertad de reunión

Durante el año tuvieron lugar de manera habitual protestas en las calles y, por lo general, se respetó el derecho a la libertad de reunión pacífica. Con todo, el 16 de julio, en Chisinau, la capital, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar una concentración pacífica de varias decenas de personas. Detuvo y posteriormente dejó en libertad sin cargos a nueve personas.

En agosto, el alcalde de Chisinau prohibió la utilización de vehículos agrícolas en las protestas a raíz de que algunos manifestantes los usaran para acudir a una. Los organizadores de la manifestación recurrieron el decreto ante los tribunales; seguía sin conocerse la decisión al terminar el año.

Libertad de asociación

El Parlamento adoptó en junio, con mucho retraso, la ley sobre ONG, que reflejaba un anteproyecto de ley ampliamente debatido y acordado con representantes de la sociedad civil en los años anteriores. Dicha ley aclaraba y simplificaba las disposiciones relativas a la financiación y la presentación de informes de ONG. No se incluyó una propuesta que prohibía la observación electoral por parte de ONG con financiación extranjera, ni tampoco otra anterior que exigía que la dirección y el personal de ONG publicaran sus declaraciones anuales de ingresos.

Juicios injustos

Seguía suscitando preocupación la falta de garantías de juicio justo. En febrero, el fiscal general reconoció la motivación política de un enjuiciamiento promovido por su predecesor en el cargo y anunció la revisión de 38 causas penales. En diciembre, no se había anulado la sentencia condenatoria ni se habían archivado los procedimientos penales de ninguna de ellas. La de mayor repercusión fue la causa contra Veaceslav Platon, condenado en 2017 a 18 años de cárcel por fraude. En mayo, la fiscalía anunció que las pruebas contra él eran falsas, por lo que quedó en libertad al mes siguiente a la espera de posteriores investigaciones y de un nuevo juicio. Sin embargo, la revisión de las 38 causas era motivo de preocupación, por el temor de justicia selectiva que suscitaba, entre otras cosas, la falta de criterios claros para su selección.

La investigación de agentes presuntamente responsables de la detención ilegal y la devolución de siete personas de nacionalidad turca a su país en 2018 se consideró clasificada. No obstante, en septiembre, a raíz de la presión popular, la fiscalía reveló que uno de los agentes había sido declarado culpable y que se le había impuesto una multa en julio. La decisión del tribunal no se había publicado oficialmente, pero se había filtrado a la prensa.

Libertad de circulación

En marzo se obligó a ciudadanos de Moldavia que regresaban del extranjero a adquirir un seguro obligatorio de salud en el plazo de 72 horas desde su regreso. La medida estuvo vigente hasta el levantamiento del estado de emergencia, pese a que el Consejo por la Igualdad había concluido en abril que era discriminatoria, ya que, en la práctica, condicionaba el retorno a la capacidad de pago y se aplicaba de manera distinta dependiendo de que la persona regresara por aire o por tierra. No se hizo pública información alguna sobre la implementación de esta medida.

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Moldavia
Jefe del Estado: Maia Sandu, sustituyó a Igor Dodon en diciembre
Jefe del gobierno: Aureliu Ciocoi, sustituyó a Ion Chicu en diciembre

Noticias

Ver más noticias

Documentos

Ver más documentos