Azerbaiyán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

El bloqueo por Azerbaiyán de una ruta principal de acceso al territorio escindido de Nagorno Karabaj puso en peligro la vida de miles de personas, y la ofensiva militar posterior obligó a la mayoría de la población de etnia armenia a huir de la región. El gobierno intensificó su represión de la libertad de expresión. Se arrestó a periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos por su trabajo. Se reprimieron protestas pacíficas y continuó restringiéndose indebidamente el trabajo de medios de comunicación y organizaciones independientes. Mujeres y niñas seguían sufriendo acoso y violencia por motivos de género.

Información general

El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanzó una gran ofensiva militar para desarmar y desarticular a las autoridades de facto del territorio escindido de Nagorno Karabaj. En unas horas, sus fuerzas habían recuperado el control de toda la región y, en sólo unos días, en septiembre y octubre, más de 100.000 personas —prácticamente la totalidad de la población de etnia armenia de Nagorno Karabaj— habían huido a Armenia.¹ La población desplazada se enfrentó a dificultades económicas y a la incertidumbre porque Azerbaiyán no había hecho avances significativos para garantizar su derecho a regresar en condiciones seguras y dignas antes de fin de año (véase el apartado sobre Armenia).

Las autoridades azerbaiyanas prometieron la amnistía a quienes habían luchado a favor de las autoridades de facto de Nagorno Karabaj, menos a los presuntos autores de crímenes de guerra. Varios dirigentes de etnia armenia de Nagorno Karabaj fueron arrestados y acusados de crímenes de guerra cuando intentaban salir de la región para ir a Armenia. En diciembre, Azerbaiyán aceptó trabajar en pro de un acuerdo de paz con Armenia y liberó a 32 prisioneros de guerra armenios. Con ello también allanó el camino para que Azerbaiyán fuera el país organizador de la COP29, cumbre mundial sobre el clima cuya celebración estaba prevista en noviembre de 2024.

Las autoridades utilizaron la victoria militar para afianzar su régimen y consolidar su represión de la disidencia.

En noviembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevó a cabo el Examen Periódico Universal del historial de Azerbaiyán en materia de derechos humanos.²

Violaciones del derecho internacional humanitario

Los nueve meses anteriores a la ofensiva militar de septiembre, el bloqueo del corredor de Lachín —carretera que conectaba Nagorno Karabaj con Armenia— por parte de Azerbaiyán causó una escasez crítica de suministros básicos, como alimentos, medicamentos y combustible, y una crisis humanitaria en la región escindida. En febrero, la Corte Internacional de Justicia ordenó “la libre circulación” en ambos sentidos, orden de la que se hizo caso omiso. Las autoridades azerbaiyanas insistieron en que los suministros para Nagorno Karabaj se enviaran desde territorio controlado por Azerbaiyán o fueran objeto de inspecciones exhaustivas si se enviaban desde Armenia, lo cual rechazó el lado armenio.³

No se tuvo noticia de avances sustanciales en la investigación de presuntos crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en años anteriores, que incluían ataques indiscriminados y desproporcionados de las fuerzas militares azerbaiyanas, y pruebas verosímiles de violencia —homicidios incluidos— ejercida contra civiles y prisioneros de guerra por las fuerzas azerbaiyanas. La impunidad por estos crímenes continuó subrayando los motivos de preocupación existentes respecto al compromiso de las autoridades azerbaiyanas con el deber de garantizar la protección de la población civil en Nagorno Karabaj.

Libertad de expresión y de asociación

La restrictiva legislación sobre ONG seguía imponiendo barreras como la denegación arbitraria de la inscripción en registro y las limitaciones para obtener financiación para grupos de derechos humanos.

Persistían las fuertes restricciones impuestas a los medios de comunicación. Fueron en aumento los casos de violencia, hostigamiento y arresto arbitrario de personas críticas con el gobierno, periodistas, representantes de medios de comunicación y defensores y defensoras de los derechos humanos. Según informaron organizaciones azerbaiyanas de derechos humanos, el número de personas encarceladas por cargos de motivación política, más de 230, duplicaba el del año anterior.

La restrictiva ley de medios de comunicación aprobada en 2022 obligaba a los medios a inscribirse en un registro oficial. A partir de noviembre, según informes, la Agencia de Desarrollo de Medios de Comunicación de la República de Azerbaiyán emprendió acciones legales para cerrar los medios independientes a los que se había negado arbitrariamente la inscripción en registro.

Bakhtiyar Hajiyev, activista de la oposición, continuaba encarcelado desde su detención en diciembre de 2022 por cargos de motivación política. En marzo puso fin a una huelga de hambre poco después de que se filtraran de sus cuentas en redes sociales conversaciones, fotografías y vídeos íntimos con mujeres.

Gubad Ibadoghlu, prominente figura del mundo académico y activista contra la corrupción, fue arrestado arbitrariamente por agentes de policía vestidos de civil el 23 de julio en la capital, Bakú, por cargos falsos de “extremismo religioso” y “adquisición o venta de dinero falso”. Fue arrestado junto con su esposa —liberada después— al poco tiempo de haber ayudado a establecer una fundación para beneficiar a estudiantes a través de la solicitud de fondos procedentes de bienes confiscados en aplicación de la legislación anticorrupción. La salud de Gubad Ibadoghlu se deterioró debido a las condiciones penitenciarias y la falta de asistencia médica adecuada.⁴

Según informes, más de una decena de activistas fueron objeto de detención administrativa en septiembre y octubre por criticar al gobierno y sus operaciones militares en Nagorno Karabaj. Cinco hombres fueron arrestados por publicar contenido contra la guerra en redes sociales. A otros tres —Nurlan Gahramanli, Emin Ibrahimov y Nemet Abbasov— se les impusieron 30 días de detención administrativa por presuntamente difundir información nociva y desobedecer a la policía. El líder sindical Afiaddin Mammadov fue arrestado por cargos falsos de agresión física que acarreaban hasta cinco años de prisión; al final del año continuaba en detención preventiva.

En noviembre y diciembre, en relación con las elecciones presidenciales anticipadas previstas en febrero de 2024, la policía detuvo a al menos 13 personas por cargos aparentemente falsos como represalia por sus críticas a las autoridades. El destacado político opositor Tofig Yagublu fue arrestado por presunta falsificación de documentos. El director de Abzas Media, Ulvi Hasanli, sus colegas Sevinj Vagifgizi, Nargiz Absalamova y Mahammad Kekalov, y el periodista de investigación Hafiz Babali fueron encarcelados por contrabando después de que Abzas Media publicara acusaciones de corrupción gubernamental. Teymur Karimov, Ibrahim Humbatov, Arshad Ibrahimov, Aziz Orujov y Rufat Muradli, periodistas independientes, y los activistas Mohyaddin Orujov e Ilhamiz Guliyev fueron arrestados por cargos que iban desde construcción ilegal hasta posesión de drogas y extorsión.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron restringiendo arbitrariamente el derecho de reunión pacífica. El 20 de junio, la policía disolvió por medios violentos una protesta pacífica por el medioambiente en el pueblo de Söyüdlü, distrito de Gadabay, en la que activistas locales se manifestaban en contra de la ampliación prevista de una mina de oro. Las imágenes mostraban a policías golpeando con porras a manifestantes y rociando un agente químico irritante directamente en la cara de varias mujeres que protestaban. Unas 10 personas resultaron heridas y 12 fueron sometidas a detención temporal durante la protesta y después de ésta, entre ellas al menos 3 periodistas a quienes la policía golpeó y detuvo brevemente cuando cubrían las protestas, y varias personas arrestadas tras las manifestaciones por sus publicaciones críticas en redes sociales. Según informes, la policía también bloqueó el acceso a Söyüdlü desde el 22 de junio durante al menos tres semanas y sólo permitió el paso a residentes y a medios de comunicación afines al gobierno.

Violencia por motivos de género

Persistían diversas formas de violencia contra las mujeres, incluida su utilización como instrumento de venganza política.

Varias activistas locales expresaron preocupación por la seguridad e integridad física de algunas mujeres cuyos mensajes, fotografías y vídeos íntimos se habían filtrado de las cuentas privadas del activista de la oposición arrestado Bakhtiyar Hajiyev (véase, supra, “Libertad de expresión y de asociación”). Las activistas acusaron al gobierno de estar detrás de las filtraciones y de convertir a esas mujeres en objetivos de violencia, incluso por parte de sus propias familias, al publicar sus nombres, fotografías y, en un caso, la dirección de su domicilio. La investigación sobre el presunto ciberdelito seguía abierta al final del año.