Azerbaiyán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

El gobierno seguía reprimiendo toda forma de disidencia y cientos de personas continuaban en prisión por cargos falsos y de motivación política. Las ONG independientes y los grupos de base se enfrentaron a fuertes restricciones. Se reprimieron protestas pacíficas. La tortura y otros malos tratos, así como la impunidad de los perpetradores, seguían siendo generalizados. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ continuaron sufriendo discriminación, violencia de género y acoso del Estado.

Información general

Azerbaiyán continuó estrechando su relación con Estados Unidos y la UE pese a que el historial del país en materia de derechos humanos era cada vez peor. En agosto se firmó un acuerdo de paz, auspiciado por Estados Unidos, entre Armenia y Azerbaiyán. El propósito del acuerdo era poner fin al largo conflicto por la región de Nagorno Karabaj.

Libertad de expresión

El gobierno siguió reprimiendo toda forma de disidencia. Más de 300 personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, intelectuales y figuras de la oposición, permanecían en prisión por cargos falsos de motivación política.¹

Las reformas introducidas en la Ley sobre Medios de Comunicación de 2022 extendían a todos los medios la obligación de inscribirse en un registro y facultaban a la Agencia de Desarrollo de Medios de Comunicación para, de manera arbitraria, bloquear sitios web, eliminar contenido y cerrar oficinas de medios extranjeros que incumplieran la normativa. Estas disposiciones también penalizaban la difusión de “información falsa”, definida de manera imprecisa, imponían trabas administrativas arbitrarias a las agencias de noticias y prohibían la publicación de cualquier medio impreso que no constara en el Registro de Medios de Comunicación.

El Servicio Azerbaiyano de la BBC suspendió su actividad en febrero, cuando las autoridades bloquearon el proceso de concesión de su licencia. En octubre, éstas declararon que la entidad azerbaiyana había estado funcionando ilegalmente. La agencia de noticias TURAN, uno de los pocos medios independientes que quedaban, también cerró en febrero.

Las autoridades impusieron prohibiciones de viajar para restringir la actividad periodística, y al menos 40 actores de la sociedad civil y periodistas sufrieron tales restricciones sin previo aviso.

Detención y reclusión arbitrarias

Se actuó especialmente contra periodistas que informaban sobre corrupción o violaciones de derechos humanos, presentando en su contra falsos cargos de contrabando, blanqueo de dinero, evasión fiscal y “actividad empresarial ilícita”. Casi 30 periodistas permanecían en prisión o en detención preventiva prolongada.²

En junio, Ulvi Hasanli, Sevinc Vagifgizi, Nargiz Absalamova, Elnara Gasimova y Mahammad Kekalov, de Abzas Media, y dos periodistas más, Farid Mehralizadaand y Hafiz Babali, fueron condenados a penas de hasta nueve años de prisión por contrabando y falsificación de moneda en juicios sin las debidas garantías.

De diciembre de 2024 a mayo de 2025, los y las periodistas Ramin Deko, Aynur Gambarova, Khayala Aghayeva, Natig Javadli, Aysel Umudova, Fatima Movlamli, Nurlan Gahramanli, Shamshad Agha y Ulviyya Guliyeva fueron arrestados por contrabando de divisas en el marco de una causa penal abierta contra el medio de comunicación independiente Meydan TV. Su detención previa al juicio se prorrogó repetidamente.

Los periodistas de Toplum TV Farid Ismayilov, Mushfig Jabarov y Alasgar Mammadli, así como Ahmad Mammadli, de Yoldash Media, también permanecían en prisión por cargos falsos similares y sus juicios continuaban pendientes al final del año.

Asimismo, se actuó selectivamente contra investigadores e intelectuales. Igbal Abilov fue condenado a 18 años de prisión y Bahruz Samadov, a 15 por cargos falsos de traición.

El destacado opositor Azer Gasimli, arrestado en diciembre de 2024, y el líder del Frente Popular de Azerbaiyán, Ali Karimli, detenidos junto con varios miembros del partido en noviembre, continuaban bajo custodia al final del año por cargos dudosos de soborno y traición, respectivamente.

Al terminar el año, Akif Gurbanov y Ruslan Izzatli, de la plataforma política Tercera República, y tres miembros del personal del Instituto de Iniciativas Democráticas —Ali Zeynalov, Ramil Babayev y Ilkin Amrahov— continuaban en prisión preventiva en espera de juicio por cargos dudosos de contrabando de divisas.

Libertad de asociación

Activistas de la sociedad civil y ONG independientes continuaron sufriendo fuertes restricciones, acoso y enjuiciamiento injustificado.

En febrero, la fiscalía reabrió una investigación penal de 2014 contra grupos de la sociedad civil, y en marzo hubo una serie de redadas coordinadas en las que la policía detuvo a varios representantes de la sociedad civil, entre ellos Bashir Suleymanli, Mammad Mammadzade, Asaf Ahmadov y Ahmad Mammadzade, y al trabajador social Zamin Zeki. Los tribunales ordenaron que continuaran en detención preventiva por falsos cargos económicos y de abuso de autoridad, y rechazaron repetidamente las mociones en favor de su liberación, a pesar de que algunos presentaban graves problemas de salud.

Mehriban Rahimli, Hafiz Hasanov, Galib Bayramov y Nargiz Mukhtarova, representantes de ONG, fueron objeto de vigilancia policial en el marco de la misma investigación, y sus vistas judiciales seguían en curso al final del año. Se interrogó como testigos o sospechosos al menos a 50 figuras de la sociedad civil, lo que intensificó el clima de miedo y autocensura.

Anar Mammadli, director del Centro de Seguimiento de las Elecciones y Estudios sobre Democracia, continuaba en prisión preventiva por cargos falsos de contrabando que en abril se ampliaron para incluir presunta evasión fiscal, falsificación de moneda y actividad económica no registrada. El activista de la sociedad civil y coacusado Anar Abdulla entró en prisión preventiva en agosto, después de que las autoridades alegaran que había quebrantado las condiciones de su libertad bajo fianza.

También se actuó contra sindicatos independientes y grupos de base. La Confederación de Sindicatos de Personal de Oficina volvió a sufrir presiones cuando su presidente, Afiyaddin Mammadov, fue condenado a ocho años de pena privativa de libertad por cargos falsos y varios miembros fueron detenidos. El Sindicato Público de Jóvenes Veteranos fue desmantelado en la práctica con el arresto por vandalismo de su presidente, Haji Valiyev, quien sufrió malos tratos bajo custodia y detención prolongada en espera de juicio. El grupo se disolvió en mayo.

Libertad de reunión pacífica

Persistieron las restricciones graves e indebidas de la libertad de reunión pacífica, y las autoridades continuaron encarcelando a quienes participaban en protestas pacíficas. Las manifestaciones vinculadas a derechos laborales, disidencia política y prácticas religiosas estaban prohibidas, y se hostigó a participantes y organizadores. En julio, varias personas empleadas en empresas de mensajería que planeaban una protesta por los recortes salariales fueron citadas a declarar y presionadas para eliminar publicaciones de sus redes sociales.

Era habitual que a los miembros de partidos de la oposición se les impidiera reunirse. En septiembre, la policía no dejó que el líder del Frente Popular de Azerbaiyán (APFP), Ali Karimli; el presidente del Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas, Jamil Hasanli, y otras personas acudieran a un acto público y posteriormente arrestó a varios activistas del APFP por cargos infundados de drogas o vandalismo.

También se impusieron restricciones a las reuniones religiosas. El 6 de julio se impidió a las comunidades chiíes celebrar la Ashura en la fecha correcta y se prohibió a varias mezquitas organizar ceremonias.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Las autoridades azerbaiyanas no garantizaron rendición de cuentas ni protección a las personas afectadas por el conflicto de Nagorno Karabaj. En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó que Azerbaiyán proporcionara información sobre la detención y el estado de salud de 23 prisioneros armenios, de los cuales ocho eran exautoridades de facto de Nagorno Karabaj.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados, y hubo informes sobre palizas, amenazas, violencia sexual, confesiones forzadas y negación de asistencia médica bajo custodia. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones efectivas e independientes sobre ninguna de estas denuncias, lo que garantizó impunidad a los perpetradores.

En junio, el Movimiento por la Unidad Musulmana informó de que uno de sus miembros, Elgiz Mammadov, presentaba lesiones compatibles con tortura, infligida presuntamente para obtener una confesión en vídeo. En agosto, siete mujeres detenidas por repartir ofrendas religiosas contaron que las habían golpeado y amenazado con violencia sexual, y les habían negado asistencia letrada.

Los malos tratos bajo custodia seguían siendo sistémicos. Mujeres periodistas de Abzas Media y los hombres acusados en la causa de Toplum TV denunciaron que habían sufrido violencia, traslados punitivos y largos periodos esposados durante las vistas judiciales. Los sindicalistas Elvin Mustafayev y Afiyaddin Mammadov, y el veterano de guerra Haji Valiyev fueron sometidos repetidamente a reclusión prolongada en régimen de aislamiento.

La negación de asistencia médica era habitual, y la salud de muchas de las personas arrestadas por cargos falsos siguió empeorando. El activista Mohyaddin Orujov sólo recibía analgésicos a pesar de que padecía una enfermedad renal.

Discriminación y violencia sexuales y de género

Persistía la discriminación contra mujeres y personas LGBTIQ+, así como la violencia de género y el acoso del Estado, y las autoridades no prevenían, investigaban ni castigaban los abusos.

El 8 de marzo, un tribunal impuso 30 días de detención administrativa al activista LGBTIQ+ Rauf Heydarov por una protesta en solitario realizada en la capital, Bakú.

El 4 de noviembre, Yasin Ibadov —también conocido como Rüzgar—, joven LGBTIQ+, fue apuñalado mortalmente en Bakú, según informes por un familiar, tras haber recibido amenazas relacionadas con su orientación sexual. Según testigos, la respuesta médica y policial tardó en llegar.