Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
No se tuvo noticia de avances en la investigación de los crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán de 2020 e inmediatamente después. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley usaron fuerza excesiva durante las protestas contra el gobierno. Se restringió la libertad de expresión al afrontar cientos de personas el enjuiciamiento penal por insultar presuntamente a cargos públicos. Las reformas introducidas en el Código de Minería facilitaban sortear a la oposición pública e ignorar las cuestiones medioambientales. La legislación para luchar contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género continuó siendo inadecuada.
Información general
La situación en materia de seguridad a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán continuó siendo tensa y se produjeron frecuentes escaramuzas. Los bombardeos azerbaiyanos en territorio de Armenia propiamente dicha, con ataques en las provincias de Syunik, Gegharkunik y Vayots Dzor, se saldaron con la muerte de más de 200 personas, entre ellas 2 civiles. En octubre, Azerbaiyán y Armenia acordaron el despliegue a corto plazo de una misión de observación de la Unión Europea a lo largo de su frontera.
La migración en gran escala de personas rusas a Armenia provocada por la guerra contribuyó a la evolución económica del país, pero también al aumento de los precios del alquiler y del costo de la vida en general.
En marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales expresó preocupación porque consideraba insuficientes las medidas adoptadas por Armenia para mejorar la seguridad e higiene en el trabajo, por la ausencia de una política claramente definida al respecto y porque no se garantizaba seguridad social a todos los trabajadores y personas a su cargo.
No hubo avances importantes en la investigación de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán de 2020 e inmediatamente después, ni en llevar a los presuntos autores ante la justicia.
La explosión de minas colocadas por las fuerzas armenias en territorios cuyo control habían cedido a Azerbaiyán continuó provocando muertes y lesiones. Las autoridades azerbaiyanas informaron en octubre de que 266 personas habían resultado heridas por la explosión de minas desde el conflicto de 2020, y sostenían que los mapas de campos minados que había entregado Armenia no eran fiables.
Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja publicado en agosto de 2022, más de 300 personas armenias permanecían desaparecidas o en paradero desconocido desde los combates de 2020.
La libertad de reunión pacífica se vio restringida por la respuesta violenta y desproporcionada de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a las protestas que tuvieron lugar en el país.
Desde abril hasta junio hubo una serie de protestas contra el gobierno en las que se exigía la dimisión del primer ministro Pashinyan en relación con las negociaciones del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Estas protestas adoptaron a menudo la forma de manifestaciones multitudinarias en las que algunos participantes bloquearon calles y plantaron tiendas de campaña. La respuesta de las autoridades fue en ocasiones desproporcionada, al dispersar y detener a cientos de personas y herir a decenas.
En uno de los enfrentamientos más violentos, que se produjo el 3 de junio, la policía disparó granadas aturdidoras y empleó fuerza excesiva para impedir que miles de manifestantes se acercaran al edificio del Parlamento de Armenia. Al parecer, 50 personas, entre ellas 34 agentes de policía, precisaron de atención médica y decenas fueron arrestadas por participar en actos de “violencia masiva”.
Observadores de los derechos de los medios de comunicación denunciaron que al menos 11 periodistas habían sufrido lesiones al cubrir las protestas celebradas entre abril y junio; a algunas de estas personas también se les había dificultado cubrir las manifestaciones. Al terminar el año, no se había acusado a ningún agente de policía de usar fuerza excesiva en relación con las manifestaciones contra el gobierno.
El 25 de agosto, la policía dispersó una protesta pacífica contra la invasión rusa de Ucrania celebrada en la capital, Ereván, y arrestó a 22 personas. Éstas permanecieron recluidas varias horas sin acceso a asistencia letrada —ni a servicios de interpretación para quienes no hablaban armenio— y quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.
El derecho a la libertad de expresión continuó sometido a restricciones indebidas. Los procesamientos penales relativos a la legítima expresión de críticas hacia las autoridades tuvieron un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
Continuó el juicio contra el defensor yazidí de los derechos humanos Sashik Sultanyan por cargos falsos de “incitación al odio étnico” por haber expresado críticas al trato que dispensaban las autoridades a las minorías nacionales.
Tras la aprobación en 2021 de reformas legislativas que penalizaban los insultos a figuras públicas, se iniciaron más de 200 causas penales por insultos graves a autoridades.
El 4 de julio, las nuevas reformas propuestas por el fiscal general que conferían al gobierno la facultad de bloquear, sin supervisión judicial previa, contenido de Internet que considerara perjudicial suscitaron preocupación ante el incesante aumento de la censura gubernamental de la libertad de expresión en Internet.
El 18 de junio, el Parlamento introdujo reformas en el Código de Minería que facilitaban sortear a la oposición pública e ignorar las cuestiones medioambientales, y permitían seguir adelante con los proyectos mineros a pesar de las protestas. Activistas ambientales locales expresaron preocupación por que la nueva legislación sirviera para que el gobierno hiciera realidad su intención de reanudar el proyecto de la mina de oro de Amulsar, en el sur de Armenia, que se había paralizado por cuestiones medioambientales y de otra índole, y por las protestas de la sociedad civil.
Las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, ya que la legislación para combatir la discriminación continuaba siendo inadecuada. Las autoridades no abordaron las recomendaciones formuladas en 2021 por el Comité sobre Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, que incluían adoptar legislación efectiva y “políticas para reforzar las medidas contra la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales”.
El 17 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades no habían protegido a la propietaria de un bar LGBTI frente a la violencia homófoba —que incluía un incendio provocado y agresiones físicas y verbales en 2012— y que no habían llevado a cabo una investigación efectiva.
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