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Armenia

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

La policía empleó en julio fuerza excesiva para reprimir manifestaciones en gran medida pacíficas en la capital, Ereván. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente. Muchas denunciaron haber sido heridas, golpeadas o sometidas a otros malos tratos durante el arresto y ya bajo custodia.

El año estuvo marcado por la inestabilidad política y económica y por la preocupación creciente en materia de seguridad derivada del estallido en abril de enfrentamientos militares en gran escala en Nagorno Karabaj, región separatista de Azerbaiyán apoyada por Armenia. El 8 de septiembre dimitió el primer ministro Abrahamyan, que aludió al fracaso de su gobierno al abordar los retos económicos y políticos. El 13 de septiembre, el presidente Sarkisian nombró nuevo primer ministro al ex alcalde de Ereván Karen Karapetyan.

El 17 de julio, varios hombres armados asaltaron una comisaría de policía del distrito de Erebuni, en Ereván; mataron a un agente, hirieron a dos y tomaron a varios como rehenes.

Tras la toma del recinto, cientos de personas se concentraron en la plaza de la Libertad para expresar su solidaridad con los asaltantes, sumarse a su demanda de liberación de un activista de la oposición encarcelado (Jirair Sefilian, acusado de posesión ilegal de armas) y pedir la dimisión del presidente. El pulso sostenido durante dos semanas con la policía desencadenó manifestaciones generalizadas contra el gobierno en Ereván, que dieron lugar a varios enfrentamientos con la policía. Las protestas, diarias, remitieron tras la rendición de los asaltantes el 30 de julio. Aunque la policía permitió las concentraciones pacíficas en la mayoría de los casos, detenía de manera habitual a manifestantes y otras personas. En varias ocasiones recurrió al uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones en Ereván.

El 20 de julio estallaron enfrentamientos cuando la policía se negó a permitir que los manifestantes hicieran llegar alimentos al grupo armado que estaba dentro del recinto. Algunos manifestantes empezaron a empujar a los agentes y a lanzar piedras y botellas de agua. La policía respondió con el uso indiscriminado de granadas paralizantes y gas lacrimógeno, hiriendo a muchos manifestantes pacíficos y transeúntes, y después procedió a disolver la concentración y detener a los participantes. Varios testigos presenciales afirmaron que los agentes habían perseguido y golpeado a manifestantes que huían y los habían detenido; según informes, se detuvo a 136 personas y hubo decenas de heridos.

El 29 de julio, la policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos en Sari-Tagh, cerca del recinto tomado al asalto. La policía advirtió a la multitud que se dispersara y, poco después, disparó botes de gas lacrimógeno y lanzó granadas paralizantes de forma indiscriminada; decenas de manifestantes y varios periodistas resultaron heridos. A continuación, un grupo de hombres armados con porras de madera  salió de detrás de la línea policial y cargó contra la multitud, rodeando y golpeando a manifestantes y periodistas. Mientras, la policía bloqueó la calle para impedir que la gente huyera y empezó a detener a todos los manifestantes. Según informes, al menos 14 periodistas fueron objeto de ataques deliberados con granadas paralizantes y golpes para que no pudieran informar en directo, y al menos 60 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, algunas con quemaduras graves por la explosión de granadas. Durante las semanas siguientes, cinco agentes de policía fueron suspendidos de sus funciones por hacer uso excesivo de la fuerza, el jefe de la policía de Ereván fue destituido y 13 agentes, algunos de alta graduación, fueron amonestados formalmente por “no impedir ataques violentos contra manifestantes y periodistas”. Al concluir el año continuaban las investigaciones sobre ambos incidentes.

Tras lo ocurrido el 17 de julio, la policía citó a activistas políticos para interrogarlos. Según información publicada en medios de comunicación, unas 200 personas —en su mayoría activistas y simpatizantes de la oposición— fueron llevadas a comisarías de policía sin estar formalmente detenidas. Algunos activistas denunciaron que la policía se había presentado en sus hogares, había amenazado a sus familiares con detenerlos y había practicado registros ilegales. Tras ser interrogados y permanecer recluidos en comisarías de policía, algunos más de 12 horas, quedaron en libertad sin cargos. No se les permitió comunicar su paradero a sus familiares ni tener acceso a sus abogados.

Los informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y en centros de detención seguían siendo generalizados.

En febrero, las autoridades de la prisión de Nubarashen obligaron al activista encarcelado Vardges Gaspari a someterse a un examen psiquiátrico después de que las hubiera acusado de ordenar a sus compañeros de celda que lo amenazaran, lo golpearan y le derramaran agua fría por encima.

Durante los sucesos de julio, varios activistas denunciaron que habían sido privados de agua, medicamentos y la asistencia médica necesaria tras ser detenidos por la policía por participar en las manifestaciones; algunos estuvieron más de 12 horas recluidos sin cargos. Varias personas denunciaron que habían sufrido brutales palizas u otros malos tratos en el momento del arresto y ya bajo custodia, y que se les había impedido comunicar su paradero a sus familiares y abogados.

En julio, el gobierno reformó la legislación sobre el aborto para prohibir el aborto selectivo en razón del sexo entre las semanas 12ª y 22ª de gestación. La nueva legislación establecía un periodo de espera y asesoramiento de tres días que las mujeres estaban obligadas a respetar tras concertar la cita inicial para el aborto. Algunos grupos de mujeres expresaron preocupación por que ese periodo de espera pudiera utilizarse para disuadir a las mujeres de someterse a un aborto y ocasionara un aumento de la corrupción y los abortos con riesgo y, por consiguiente, de la mortalidad materna. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, los abortos selectivos por razones de sexo eran prevalentes en Armenia.

República de Armenia
Jefe del Estado: Serge Sarkisian
Jefe del gobierno: Karen Karapetyan (sustituyó a Hovik Abrahamyan en septiembre)
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