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Armenia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la falta de rendición de cuentas por el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas celebradas en la capital, Ereván, en 2016. Los juicios de miembros de la oposición acusados de toma de rehenes y otros delitos violentos vulneraron el derecho a un juicio justo. Se presentaron cargos penales contra una defensora de los derechos humanos. Las elecciones al Parlamento y al ayuntamiento de Ereván estuvieron acompañadas de incidentes violentos.

El 2 de abril, el Partido Republicano, partido en el gobierno, obtuvo mayoría parlamentaria en las primeras elecciones celebradas desde que, en 2015, se aprobó en referéndum constitucional la transición de una república presidencial a una república parlamentaria. Los observadores electorales de la OSCE denunciaron que las elecciones se habían visto “empañadas por información fidedigna sobre compra de votos y presión a funcionarios y empleados de empresas privadas” para que votaran al partido gobernante.

En noviembre, Armenia y la UE firmaron un Acuerdo de Asociación Global y Reforzado, una forma de cooperación más flexible que la contemplada en el Acuerdo de Asociación que Armenia rechazó en 2013 para unirse a la unión aduanera liderada por Rusia.

Apenas hubo rendición de cuentas por el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes antigubernamentales, en su mayoría pacíficos, en Ereván en julio de 2016, cuando cientos de personas resultaron heridas y fueron detenidas arbitrariamente. Se presentaron cargos penales contra decenas de manifestantes por presunta alteración del orden público y otros delitos. No se presentaron cargos penales tras la investigación criminal sobre denuncias de abuso de poder por parte de la policía.

Los miembros de un grupo de oposición que habían ocupado una comisaría de policía en el periodo previo a las protestas de 2016 fueron juzgados por una serie de delitos violentos, entre ellos la toma de rehenes y el homicidio de agentes de policía. Varios acusados denunciaron que habían recibido palizas bajo custodia, mientras que sus abogados defensores denunciaron que ellos mismos habían sido sometidos a presiones y hostigamiento para obstaculizar su trabajo.

Arayik Papikyan, Mushegh Shushanyan, Nina Karapetyants y otros abogados defensores del caso denunciaron que la administración del centro de detención les había impedido visitar a los acusados y mantener reuniones confidenciales con ellos, y que también les había confiscado y destruido ilegalmente material relacionado con el caso que llevaban consigo. Varios abogados denunciaron asimismo que al llegar al tribunal habían sido sometidos a registros de seguridad prolongados e intrusivos. A quienes rehusaron someterse a ellos se les negó la entrada a la sala del tribunal, y el Colegio de Abogados abrió procedimientos disciplinarios contra ellos.

Asimismo, según afirmaciones de los abogados, el 28 de junio sacaron por la fuerza a cinco acusados de la sala del tribunal, los llevaron al sótano y varios policías los golpearon mientras se celebraba la sesión en el tribunal. Los acusados mostraban señales de malos tratos, tales como hematomas y arañazos en la cara y en las piernas, documentadas por el personal médico de la prisión. Según la policía, las heridas se las infligieron los propios acusados al golpearse deliberadamente la cabeza y los pies contra las paredes y las rejas como medida de protesta. Al finalizar el año continuaban las investigaciones sobre las denuncias de palizas y de acoso a los abogados.

En enero empezaron las vistas judiciales en el caso contra Marina Poghosyan, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Veles, conocida por exponer la corrupción gubernamental y por ofrecer asistencia letrada a víctimas de violaciones de derechos humanos. Había sido acusada de extorsión en 2015, después de que denunciara que varios ex altos cargos del gobierno dirigían una operación de blanqueo de dinero. Los defensores y defensoras de los derechos humanos locales relacionaron el juicio contra ella con su trabajo de denuncia de la corrupción. El 30 de abril, Marina Poghosyan denunció que se había creado un perfil falso con su nombre en Facebook y se había utilizado para enviar a sus contactos fotos y vídeos sexualmente explícitos con el fin de manchar su reputación.

Las elecciones parlamentarias y las elecciones al ayuntamiento de Ereván, celebradas en abril y mayo respectivamente, así como las campañas electorales que las precedieron, estuvieron acompañadas de incidentes de violencia aislados contra periodistas y otras personas que intentaban exponer violaciones del proceso electoral.

El 2 de abril, dos periodistas fueron atacados en el barrio de Kond, en Ereván, mientras investigaban denuncias de compra de votos en la oficina local de campaña del Partido Republicano. Varios simpatizantes de éste le quitaron el equipo de vídeo a una periodista que estaba grabando a gente que salía de la oficina. Al finalizar el año proseguía la investigación sobre este incidente.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la falta de datos sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por los grupos minoritarios y las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Igualmente, expresó su preocupación por la falta de información disponible sobre pequeños grupos étnicos minoritarios, como los lom (también llamados bosha) y los molokans, y solicitó a las autoridades que recopilaran datos sobre indicadores económicos y sociales desglosados por etnia, nacionalidad y país de origen.

República de Armenia
Jefe del Estado: Serzh Sargsyan
Jefe del gobierno: Karen Karapetyan
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