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Alemania 2019

La mayoría de los estados federales concedieron a la policía nuevas y amplias facultades, incluidas medidas de vigilancia de gran alcance. Aumentaron los crímenes de odio antisemitas y racistas. Alemania acogió a una de cada cuatro personas migrantes y refugiadas rescatadas en el Mediterráneo. El gobierno revisó sus principios sobre exportación de armas.

Justicia internacional

La Fiscalía Federal continuó investigando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de la policía militar y los diversos servicios de inteligencia sirios. En junio de 2018, el Tribunal Federal de Justicia dictó una orden internacional de detención contra Jamil Hassan, que había sido jefe de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria hasta julio de 2019. 

En febrero fueron detenidos en Alemania dos miembros de los servicios de inteligencia sirios sospechosos de crímenes de lesa humanidad y otros delitos de derecho internacional. En octubre, la Fiscalía Federal presentó cargos contra ambos por crímenes de lesa humanidad.

Policía y fuerzas de seguridad

La mayoría de los estados federales reformaron su legislación en materia policial y ampliaron de manera considerable las facultades de sus fuerzas policiales, en aplicación de la reciente reforma de la Ley sobre la Policía Federal.

Casi todos ellos autorizaron la imposición de diversas medidas administrativas a quienes fueran considerados “agresores en potencia”, aunque no hubiera ninguna sospecha razonable de su implicación en algún delito o de que constituyeran una amenaza inminente. De conformidad con una definición muy imprecisa, se podía someter a las personas a drásticas medidas policiales, como la vigilancia de sus comunicaciones o la asignación de residencia, si se considerara que eran “futuros perpetradores de delitos”. Además, algunos estados, como Renania del Norte-Westfalia, Baviera, Hesse y Baja Sajonia, aprobaron amplias medidas de vigilancia que se podían imponer también a “agresores en potencia”, como instalar programas espía para controlar teléfonos móviles y ordenadores o acceder a comunicaciones codificadas.

En Renania de Norte-Westfalia, si una persona se negaba a ser identificada, podía ser sometida a detención administrativa durante una semana a fin de identificarla.

Las organizaciones de la sociedad civil siguieron denunciando que la policía sometía a personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas a controles de identidad discriminatorios Ni las autoridades federales ni las de los estados establecieron mecanismos independientes de denuncia para investigar las actuaciones ilegítimas de la policía.

En noviembre, no se había dictado ningún acta de acusación formal por los malos tratos infligidos por la policía a manifestantes durante la cumbre del G-20 de Hamburgo de 2017, a pesar de que se habían abierto 168 actuaciones preliminares contra agentes de policía. En varios casos se retiraron los cargos por no ser posible identificar a los agentes de policía en cuestión.

En octubre, el Parlamento del estado de Hamburgo aprobó una norma por la que se exigía a los agentes encargados de hacer cumplir la ley que llevaran placas identificativas. Sin embargo, en otros seis estados federales, los agentes de policía no tenían esa obligación.

Derecho a la intimidad

Muchos estados ampliaron la facultad de utilizar videovigilancia en lugares públicos. Baden-Wurtemberg y Sajonia incluían también el reconocimiento facial en determinadas situaciones, por ejemplo, para identificar pautas de comportamiento seguidas al cometer delitos.

La legislación sobre servicios de inteligencia seguía sin ajustarse al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los organismos de inteligencia, en particular el Servicio Federal de Inteligencia, siguieron ejerciendo vigilancia en aplicación de disposiciones muy amplias e imprecisas. El régimen alemán de supervisión de las actividades de inteligencia seguía siendo inadecuado.

Derechos de las personas migrantes

A partir de enero, las autoridades pusieron en funcionamiento un nuevo mecanismo para reunir a las personas beneficiarias de protección subsidiaria con sus familias, con una cuota mensual de 1.000 familiares. 

En julio, se aprobó un paquete legislativo que facilitaba la reclusión de inmigrantes antes de su deportación. Las nuevas disposiciones ampliaban los criterios que justificaban la reclusión más allá del riesgo de fuga, prolongaban su posible duración y permitían la detención de migrantes en cárceles ordinarias hasta su deportación. Al concluir el año, habían sido devueltos a Afganistán 360 ciudadanos de este país.

Alemania aceptó reubicar al 25% de las personas refugiadas y migrantes rescatadas en operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central examinando caso por caso, y abogó por un mecanismo temporal de desembarco.

Alemania se comprometió a ofrecer 10.200 plazas de reasentamiento para el periodo 2018-2019. Al concluir 2019, en aplicación del acuerdo de la UE con Turquía, habían sido reasentadas 7.974 personas refugiadas, 4.987 de ellas de origen sirio.

Discriminación: crímenes de odio

El 11 de julio de 2018, el Tribunal Superior de Múnich había dictado sentencia en relación con los asesinatos racistas y demás delitos cometidos por el grupo Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU por sus siglas en alemán). El Tribunal condenó a Beate Zschäpe a cadena perpetua por asesinato, tentativa de asesinato y pertenencia a organización terrorista. Cuatro hombres fueron condenados por complicidad en asesinato. Otros dos que figuraban entre los principales sospechosos se habían suicidado en 2011.

El Ministerio del Interior federal había registrado 8.113 crímenes de odio en 2018. Los de carácter antisemita y racista aumentaron ese año un 19%. Pese a ello, ni las autoridades federales ni las de los estados pusieron en marcha estrategias exhaustivas para combatir los crímenes de odio.

En junio murió de un disparo en la cabeza Walter Lübcke, presidente en funciones de la región administrativa de Kassel. Un sospechoso neonazi confesó haberlo matado por su fuerte apoyo a la política aplicada por Angela Merkel en 2015 para acoger a personas refugiadas. Más tarde se retractó de su confesión, pero continuó en prisión preventiva.

En octubre, un hombre armado trató de irrumpir en una sinagoga de Halle (Saale) durante los servicios de oración del Yom Kippur, disparando contra la puerta. Al no conseguirlo mató a tiros a una mujer y se dirigió luego a un establecimiento de comidas donde mató también a un hombre. En su confesión detallada, admitió haberlo hecho por motivos antisemitas y racistas.

Comercio de armas

En junio, el gobierno revisó, por primera vez en 19 años, sus “Principios Políticos para la Exportación de Armas de Guerra y otro Material Militar”, normativa de carácter no vinculante. Según el documento revisado, no se permitían ya las exportaciones de armas pequeñas a países no pertenecientes a la UE, la OTAN o un grupo de Estados equivalentes (Australia, Nueva Zelanda, Japón y Suiza). Además, la revisión ofrecía la posibilidad de controlar la producción extraterritorial de armas y el cumplimiento de los principios, mediante inspecciones realizadas tras la entrega de los artículos. Sin embargo, el documento promovía también la fabricación conjunta de armas entre países europeos, lo que hacía temer que se continuaran eludiendo los controles alemanes a la exportación, que eran más estrictos.

En octubre, Alemania y Francia llegaron a un acuerdo que facilitaba el suministro de piezas y componentes alemanes para proyectos conjuntos de armas fabricadas en Francia. Este acuerdo permitía a Alemania suministrar piezas y componentes para armas destinadas a Estados para los que habría denegado el permiso de exportación de conformidad con su propia normativa, siempre que lo suministrado no excediera el 20% del valor total de los artículos exportados.

A lo largo de 2019 se renovó en dos ocasiones la suspensión de la exportación de armas a Arabia Saudí, que continuaba en vigor al concluir el año. La suspensión afectaba sólo a Arabia Saudí, no a los demás países implicados en el conflicto de Yemen. Se siguió permitiendo la exportación de piezas y componentes alemanes para proyectos europeos de armamento.

En septiembre, una fiscalía abrió una investigación penal contra cargos directivos del grupo empresarial alemán FinFisher por la presunta exportación ilegal de tecnología de vigilancia a Turquía sin licencia.

Tras iniciarse la ofensiva militar turca sobre el norte de Siria en octubre, se dejaron de expedir permisos para la exportación a Turquía de armas que pudieran utilizarse en el conflicto. No obstante, las exportaciones que ya habían sido autorizadas siguieron adelante.

Rendición de cuentas de las empresas

Para las empresas, la decisión de ejercer la diligencia debida a fin de garantizar que sus operaciones y cadenas de suministro respetaran los derechos humanos seguía siendo de carácter voluntario. En julio, tras un debate sobre la necesidad de aplicar una normativa vinculante, el gobierno puso en marcha un proceso de supervisión para examinar el grado de ejercicio de la diligencia debida, para lo cual envió cuestionarios a 3.000 grandes empresas alemanas seleccionadas al azar. En aplicación de su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, el gobierno anunció que podría tomar medidas legislativas si el porcentaje de empresas que declaraban ejercer un grado de diligencia debida suficiente era inferior al 50%. De las 464 empresas que respondieron, sólo el 20% ejercían la diligencia debida en una medida aceptable. Sin embargo, se temía que la cifra real fuera aún menor porque, debido a la naturaleza voluntaria del cuestionario y a la falta de un proceso de verificación de las respuestas, los resultados podrían no ser fiables. En diciembre de 2019, dos ministerios anunciaron que habían empezado a trabajar en una ley vinculante.

Para las víctimas de abusos contra los derechos humanos perpetrados o facilitados por empresas alemanas en el extranjero seguía siendo difícil acceder a recursos judiciales.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El proceso de reconocimiento legal del género y el nombre de las personas transgénero seguía violando sus derechos humanos. Seguía siendo necesario someterse a procesos humillantes, como el diagnóstico psiquiátrico, la evaluación por personas expertas y el examen de una conducta ajustada a los estereotipos de género en la vida cotidiana. En el acuerdo de coalición de marzo de 2018, el gobierno federal se comprometió a adoptar una normativa legal en la que se especificara que, en los casos de niños y niñas intersexuales, sólo se permitirían intervenciones quirúrgicas cuando existiera peligro de muerte. Al final del año aún no se había cumplido ese compromiso. Continuaron aplicándose a los niños y niñas con variaciones de las características sexuales procedimientos médicos invasivos, irreversibles y nocivos, incluidas operaciones de “normalización”.

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