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Alemania

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las autoridades hicieron esfuerzos considerables para alojar al gran número de solicitantes de asilo que habían llegado en 2015 y tramitar sus solicitudes. Sin embargo, el gobierno adoptó también varias leyes para restringir los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluido el derecho a la reagrupación familiar. El número de ataques racistas y xenófobos contra albergues para solicitantes de asilo siguió siendo alto, y las autoridades no adoptaron estrategias eficaces para impedirlos.

El número de solicitantes de asilo que llegaron al país fue considerablemente menor que en 2015. El gobierno registró unas 304.900 llegadas entre enero y noviembre, frente a las 890.000 de 2015.

Las autoridades mejoraron su capacidad de tramitar las solicitudes de asilo a lo largo del año. Entre enero y noviembre solicitaron asilo aproximadamente 702.490 personas, entre ellas muchas que habían llegado a Alemania el año anterior. Las autoridades tomaron una decisión en unos 615.520 casos. El índice de personas sirias, iraquíes y afganas que consiguieron el pleno reconocimiento de la condición de refugiado disminuyó respecto al año anterior; se concedió protección subsidiaria a más y se reconoció plenamente la condición de refugiado a menos. La concesión de protección subsidiaria garantizaba menos derechos que el reconocimiento de la condición de refugiado, incluso con respecto a la reagrupación familiar. Entre enero y noviembre se reconoció la condición plena de refugiado al 59% de las personas sirias solicitantes, frente al 99,6% del mismo periodo de 2015.

En marzo entraron en vigor nuevas reformas de la legislación sobre asilo. El derecho a la reagrupación familiar de las personas a quienes se hubiera concedido protección subsidiaria fue suspendido hasta marzo de 2018. Se introdujo un nuevo procedimiento acelerado para evaluar las solicitudes de asilo presentadas por personas de diversas categorías —en especial las de países considerados “seguros”— sin establecer garantías suficientes de acceso a un procedimiento justo de asilo. Al concluir el año estaba pendiente ante el Consejo Federal una ley que definía Argelia, Marruecos y Túnez como países de origen “seguros”. Al final del año aún no había empezado a aplicarse el nuevo procedimiento acelerado.

En mayo, el Parlamento aprobó por primera vez una ley para la integración de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. La ley tenía como fin crear oportunidades educativas y de empleo para las personas refugiadas y les imponía la obligación de asistir a cursos de integración. También permitía a las autoridades de los estados federales imponer restricciones respecto a dónde podían residir las personas refugiadas, endurecía las condiciones para emitir permisos de residencia e introducía recortes adicionales de las prestaciones para quienes no cumplieran las nuevas normas.

Hasta el 19 de diciembre, Alemania reubicó a 640 personas refugiadas desde Grecia y a 455 desde Italia. Además, aceptó el traslado a su territorio de 1.060 personas refugiadas sirias desde Turquía como parte del acuerdo establecido por la UE con este país. Pese al deterioro de la situación en Afganistán en materia de seguridad, las autoridades devolvieron a más de 60 personas de ciudadanía afgana cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas. En 2015 se había devuelto a menos de 10 personas afganas cuya solicitud de asilo no se había admitido.

Las autoridades seguían sin investigar eficazmente los casos de presuntos malos tratos policiales y no crearon ningún mecanismo independiente de atención de denuncias para hacerlo.

Al final del año, los gobiernos de Renania del Norte-Westfalia y Sajonia-Anhalt planeaban imponer a los agentes de policía la obligación de llevar placas identificativas mientras estuvieran de servicio.

La Comisión Conjunta de la Agencia Nacional para la Prevención de la Tortura —mecanismo nacional de prevención creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura— seguía careciendo de personal y recursos suficientes.

En abril, la Fiscalía de Hannover cerró la investigación sobre las denuncias de malos tratos infligidos en 2014 por un agente de la policía federal a dos refugiados, un afgano y un marroquí, en los calabozos de la policía federal de la estación principal de ferrocarril de Hannover. En septiembre, el Tribunal Regional Superior, con sede en Celle, rechazó la solicitud de reabrir la investigación presentada por una de las víctimas.

Una segunda comisión de investigación, establecida por el Parlamento en octubre de 2015, examinó algunos de los casos en que las autoridades no habían tomado medidas para investigar delitos racistas y xenófobos cometidos contra miembros de minorías étnicas por el grupo ultraderechista Clandestinidad Nacionalsocialista de 2000 a 2007. No se puso en marcha ninguna investigación oficial sobre la posible existencia de racismo institucional entre los motivos de no haber tomado tales medidas, a pesar de las recomendaciones formuladas en 2015 por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Se celebraron decenas de manifestaciones contra las personas refugiadas y musulmanas por todo el país. En los nueve primeros meses del año, las autoridades registraron 813 delitos contra albergues para solicitantes de asilo y 1.803 delitos contra solicitantes de asilo, de los cuales 254 tuvieron como resultado lesiones corporales. Las autoridades no adoptaron una estrategia nacional adecuada para prevenir los ataques contra tales albergues.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando que la policía sometía a controles de identidad discriminatorios a las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas.

En junio, el Tribunal Federal de Justicia rechazó la solicitud presentada por una persona intersexual para ser formalmente inscrita en el registro con una tercera opción de género; al terminar el año seguía pendiente su recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional Federal.

En octubre, el Parlamento aprobó una nueva ley sobre vigilancia que otorgaba al Servicio Federal de Inteligencia amplias atribuciones para vigilar a personas no ciudadanas de la UE sin supervisión judicial efectiva y por una amplia diversidad de motivos, entre ellos la seguridad nacional. En agosto, varios procedimientos especiales de la ONU, entre ellos el relator especial sobre la libertad de expresión, manifestaron su preocupación en relación con los negativos efectos de la legislación sobre la libertad de expresión y con la falta de supervisión judicial.

En abril, el Tribunal Constitucional Federal resolvió que algunos de los poderes de vigilancia de la Oficina Federal de Investigación Criminal, introducidos en 2009 para combatir el terrorismo y la delincuencia en general, eran inconstitucionales. Algunos de ellos en particular no garantizaban el respeto del derecho a la privacidad. Las disposiciones relativas a tales poderes continuaron vigentes en espera de su reforma.

En marzo, el gobierno adoptó el marco jurídico necesario para realizar controles selectivos posteriores a los envíos con el fin de mejorar la vigilancia de las exportaciones alemanas de armamento de guerra y de tipos específicos de armas de fuego y así garantizar que se cumplían los certificados de uso final y que esas armas no se utilizaban para cometer violaciones de derechos humanos. Estos controles permitirían verificar tras el envío el paradero de las armas de guerra exportadas en los países receptores. Los gobiernos que recibieran material militar alemán tendrían que declarar, en un certificado de uso final, que aceptaban los controles sobre el terreno. Se firmaron acuerdos de uso final de este tipo en al menos cuatro exportaciones autorizadas de armas pequeñas. Al final del año, el gobierno estaba aplicando la primera fase piloto del nuevo mecanismo.

En agosto, el Tribunal Regional de Dortmund aceptó ejercer su competencia sobre una demanda presentada en 2015 por cuatro paquistaníes contra la empresa minorista de ropa alemana KiK, y les concedió asistencia letrada gratuita. En septiembre de 2012, 260 personas habían muerto y 32 habían resultado heridas de gravedad en un incendio que había destruido la fábrica textil donde trabajaban, que era una de las principales de Pakistán y abastecía a KiK.

En diciembre, el gobierno adoptó un plan nacional de acción para aplicar los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sin embargo, el plan no incluía medidas adecuadas para cumplir todas las normas establecidas en los Principios ni garantizaba que las empresas alemanas ejercerían la diligencia debida para respetar los derechos humanos.

República Federal de Alemania
Jefe del Estado: Joachim Gauck
Jefa del gobierno: Angela Merkel
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