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Eslovenia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Unas modificaciones de la Ley de Extranjería socavaron los derechos de las personas solicitantes de asilo. No hubo ningún avance para abordar las violaciones de derechos humanos que sufrían desde hacía tiempo las personas conocidas como los “borrados”. La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación y exclusión social generalizadas, especialmente en lo referente al derecho a la vivienda.

En enero, la Asamblea Nacional aprobó unas reformas de la Ley de Extranjería que permitían la adopción de medidas especiales tras producirse amenazas al orden público y la seguridad nacional. En virtud de estas medidas, Eslovenia podía negar la entrada a personas que llegaran a sus fronteras y expulsar automáticamente a las personas migrantes y refugiadas que hubieran entrado de forma irregular sin evaluar sus solicitudes de asilo. Al concluir el año aún no se habían aplicado las medidas.

En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que dos familias afganas y una persona de nacionalidad siria que habían solicitado asilo podían ser devueltas desde Austria y Eslovenia, respectivamente, a Croacia, el primer país de la Unión Europea al que llegaron. El fallo confirmaba el requisito del Reglamento de Dublín de 2013 de que las personas refugiadas solicitaran asilo en el primer país al que llegaran, incluso en circunstancias excepcionales. El Ministerio del Interior esloveno manifestó su intención de expulsar a la persona de nacionalidad siria, que al final del año seguía en el país. Las personas refugiadas tenían dificultades para subsistir, pues, como consecuencia de las modificaciones de 2016 de la Ley de Protección internacional, que habían suprimido la ayuda económica a corto plazo prevista para ayudarlas hasta que recibían asistencia social, muchas no disponían de ningún dinero durante el primer mes una vez que se les concedía protección internacional.

En virtud del programa de reubicación de la UE, Eslovenia se había comprometido a aceptar a 567 solicitantes de asilo procedentes de Grecia e Italia antes de septiembre de 2017, pero al finalizar el año sólo había reasentado a 232.

En septiembre, la Asamblea Nacional modificó la Ley del Defensor del Pueblo con el fin de ampliar el mandato de la institución para combatir la discriminación y establecer, bajo su dirección, un Centro Nacional de Derechos Humanos con competencias de investigación y educación. La sociedad civil acogió con satisfacción la medida, así como el establecimiento, en 2016, del Defensor del Principio de Igualdad, organismo independiente contra la discriminación. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advirtieron que el marco contra la discriminación continuaba careciendo en su conjunto de capacidades de vigilancia, elaboración de políticas y ejecución, así como de recursos suficientes para ser plenamente efectivo.

Persistieron las violaciones de derechos humanos que sufrían desde hacía tiempo los “borrados”, unas 25.000 personas procedentes en su mayoría de otras ex repúblicas yugoslavas que habían dejado de ser residentes permanentes en Eslovenia y que, tras la independencia del país, habían sido eliminadas del registro oficial. Desde que, en 2013, expiró la Ley sobre la Condición Jurídica, las autoridades no ofrecían nuevas opciones a los “borrados” que quedaban para que recuperasen su condición jurídica y los derechos correspondientes. En septiembre y noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisibles las demandas interpuestas por algunas de las personas cuyas solicitudes para recuperar su condición jurídica habían sido rechazadas en virtud de la Ley sobre la Condición Jurídica.

La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación y exclusión social generalizadas. Muchos de sus miembros vivían en asentamientos segregados, sin alojamiento adecuado ni seguridad de tenencia y sin acceso a agua, electricidad, saneamiento y transporte público. El gobierno seguía sin adoptar una estrategia nacional integral para la comunidad romaní, como había recomendado la comisión parlamentaria de derechos humanos en 2015. En febrero, aproximadamente tres cuartas partes de la representación política romaní, lideradas por los miembros del consejo del Foro Romaní, adoptaron una plataforma de demandas políticas, entre ellas el acceso inmediato a servicios e infraestructuras básicas y el fortalecimiento de su participación política. Otras organizaciones romaníes siguieron su ejemplo y, en octubre, celebraron las primeras manifestaciones organizadas por romaníes, con demandas similares.

República de Eslovenia
Jefe del Estado: Borut Pahor
Jefe del gobierno: Miro Cerar
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