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Eslovenia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se negó el acceso a procedimientos de asilo y se llevaron a cabo devoluciones de personas refugiadas y migrantes a Croacia. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a las personas residentes en centros de mayores, que representaron la mayoría de las muertes. La libertad de reunión pacífica estaba amenazada.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

Se siguió negando el acceso a procedimientos de asilo a las personas que entraban irregularmente en el país, que eran devueltas a la vecina Croacia, a menudo en grupo. Estas expulsiones colectivas contravenían el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe a los Estados devolver a personas a lugares donde corran peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos. En noviembre, la Defensoría del Pueblo criticó el trato dispensado por las autoridades a centenares de solicitantes de asilo que habían sido recluidos en condiciones inhumanas en el centro para extranjeros de Postojna, en algunos casos antes de ser expulsados a Croacia. Hubo informes de violencia y abusos generalizados por parte de la policía croata.

El Tribunal Administrativo resolvió en diciembre que las autoridades no habían respetado el derecho a solicitar asilo de un ciudadano camerunés al trasladarlo sin el debido procedimiento a Croacia, de donde luego fue enviado a Bosnia y Herzegovina. Determinó que habían hecho caso omiso de su solicitud de asilo y no le habían ofrecido servicios de traducción ni asistencia jurídica y que tampoco habían evaluado el riesgo de devolución (refoulement), en contra de la legislación nacional y de la Unión Europea.

En agosto, el Tribunal Supremo resolvió que los procedimientos acelerados de expulsión a Croacia que se aplicaban a solicitantes de asilo y migrantes que entraban de forma irregular, basados en un acuerdo bilateral firmado por ambos países en 2006, se ajustaban a la legalidad. El asunto se remitió al Tribunal Constitucional.

En diciembre, el Ministerio del Interior propuso al Parlamento cambios en la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Internacional que podían restringir aún más el acceso de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo a protección.

Violencia contra mujeres y niñas

La definición de la violación contenida en el Código Penal seguía basándose en el uso de la fuerza o la coacción y no en el consentimiento, en contravención del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. En el contexto de una reforma general del Código Penal, el Ministerio de Justicia propuso eliminar el uso de la fuerza como condición para la comisión del delito. Sin embargo, la propuesta no se basaba plenamente en la ausencia de consentimiento.

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a las personas residentes en centros de mayores, que representaron casi el 60% del número total de muertes provocadas por el virus. El Ministerio de Salud fue criticado durante la primera ola por la decisión de no hospitalizarlas, sino basarse en una evaluación médica previa que supuestamente se les realizaba en el centro sin su conocimiento ni consentimiento y que pudo privar de atención hospitalaria a algunas personas. Las residencias de mayores tuvieron que crear sus propias unidades de aislamiento sin disponer de suficiente espacio, equipo técnico ni personal formado. Como consecuencia, no protegieron adecuadamente a las personas enfermas, con el riesgo además de exponer a la infección a otros residentes y al personal.

En agosto, el Ministerio de Salud anunció un nuevo anteproyecto de ley sobre cuidados de larga duración a personas mayores para abordar la falta de alojamiento y de capacidad de asistencia para la creciente población de edad avanzada.

Discriminación

La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación generalizada, altos índices de desempleo y exclusión social. Muchos de sus miembros seguían viviendo en asentamientos segregados, sin alojamiento adecuado ni seguridad de tenencia y sin acceso a agua, electricidad, saneamiento y transporte público.

En marzo, en una decisión mayoritaria que pasaba en gran medida por alto los problemas prácticos de la población romaní de los asentamientos informales para acceder a servicios básicos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Eslovenia no había violado los derechos de dos familias romaníes al no garantizarles acceso a agua y saneamiento.1 Las familias habían alegado que a sus comunidades se les negaba sistemáticamente el acceso al suministro público de agua por el hecho de vivir en asentamientos informales. La resolución fue definitiva en septiembre, una vez denegada la remisión del caso a la Gran Sala del Tribunal.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

En manifestaciones contra el gobierno celebradas de mayo a diciembre, la policía llevó a cabo controles de identidad aleatorios, detuvo y multó a personas que se manifestaban pacíficamente sólo por llevar pancartas contra el gobierno y entabló acciones judiciales contra muchas de ellas. En noviembre, las autoridades elevaron considerablemente la cuantía de las multas impuestas por organizar y participar en reuniones públicas infringiendo la prohibición general de celebrarlas que se declaró intermitentemente a lo largo del año.

  1. Eslovenia: La sentencia del TEDH, un golpe a las comunidades romaníes (noticia, 10 de marzo)

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República de Eslovenia
Jefe del Estado: Borut Pahor
Jefe del gobierno: Janez Janša (sustituyó a Marjan Šarec en marzo)

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