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Derecho a la vivienda en España

Deshaucio realizado en Usera 12 enero de 2012. © Adolfo Luján

Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada

El artículo 47 de la Constitución reconoce el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", pero no le asigna carácter de derecho fundamental vinculante, sino de principio rector para los poderes públicos, quienes "promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes" para hacerlo efectivo.

La cuestión es clave para analizar y buscar soluciones a la grave crisis residencial provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus terribles efectos sociales: más de 650.000 desahucios en la última década, a razón de 180 diarios y 65.000 anuales. La situación se ha complicado por el fuerte aumento del precio de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, cuando el arrendamiento se había convertido en una alternativa para la población que carecía de recursos para asumir la compra de una vivienda.

De hecho, según los datos oficiales trimestrales sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, la proporción de desahucios por impagos del alquiler ha ido creciendo hasta rondar el 66%, dos tercios del total. Y ello sin contar los desahucios silenciosos que se producen en la práctica cuando no se renuevan contratos por no poder asumir las subidas del arrendamiento.

Derecho internacional

El derecho a la vivienda está respaldado claramente por el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo 25.1 el "derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1 al reconocer "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho".

En el ámbito europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 señala en su artículo 34.3 que "con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales".

Ya antes, la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas había asegurado una fuerte protección a la ciudadanía comunitaria en el ámbito inmobiliario, que sirvió de referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para considerar el derecho a una vivienda digna como derecho básico para la dignidad de las personas.

España no cumple

España, como recuerda la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha sido condenada varias veces por ignorar esa legislación en los desahucios por impago de hipoteca. De hecho, el TJUE enmendó la plana en 2016 al Tribunal Supremo español cuando este, tras determinar la nulidad de las cláusulas suelo por su insuficiente transparencia, limitó la obligación bancaria de devolver las cuotas hipotecarias indebidamente pagadas solo a las abonadas a partir de la fecha de su sentencia 1916/2013 de 9 de mayo de 2013. El Tribunal Europeo se apoyó en la Directiva de 1993 para recalcar que tal limitación temporal supone una protección incompleta a las personas perjudicadas y es, por tanto, contraria al derecho de la Unión Europea. Para que la protección fuera completa, la justicia debería haber restablecido la situación como si la cláusula abusiva no hubiera existido.

Además, en julio de 2017, un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada de una familia con dos hijos menores de edad, que fue desahuciada de su piso alquilado sin que las autoridades le garantizaran una vivienda alternativa. Ante sus dificultades económicas, la familia había solicitado infructuosamente una vivienda social en 13 ocasiones. La ONU recordó que los Estados deben prestar especial atención cuando los desalojos afecten a mujeres, niños, mayores, personas con discapacidad y otros individuos o grupos vulnerables.  

Amnistía Internacional, que ya había intervenido en el caso como parte de la Red Internacional DESC, formó parte también de la decena de ONG que denunciaron la respuesta absolutamente insuficiente de las autoridades españolas a la condena y a las recomendaciones de ese Comité de la ONU para cumplir sus obligaciones internacionales sobre derecho a la vivienda y prevenir similares violaciones del mismo. Por su parte, el Defensor del Pueblo abrió una investigación por el incumplimiento del Gobierno de las sugerencias de la ONU en materia de vivienda social y desahucios.

Amnistía Internacional pide:

Amnistía Internacional pide a las autoridades públicas de España que cumplan sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada. En concreto, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones al gobierno de España:

  • Paralizar todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de los derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que para que los jueces puedan evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo hipotecario.
  • Establecer un mecanismo preceptivo que supervise la negociación entre bancos y familias antes de iniciarse la ejecución hipotecaria de viviendas habituales, a fin de garantizar que se respeta el principio de la igualdad de armas y que el desalojo es realmente el último recurso una vez que se han estudiado todas las alternativas posibles.
  • Presentar un proyecto de Ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos y modificar el artículo 53 de la Constitución para reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda.
  • Adoptar todas las medidas a su disposición, para que Sareb esté obligada a utilizar su parque de viviendas vacías con plazos concretos y así garantizar el acceso a la vivienda de tantas personas como sea posible.

Las autoridades autonómicas deben adoptar las siguientes medidas:

  • Emplear todos los recursos disponibles para conseguir la realización progresiva del derecho a la vivienda y abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
  • Elaborar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de viviendas vacías de propiedad privada como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
  • Adoptar legislación sobre el derecho a la vivienda que sea acorde con el derecho internacional de los derechos humanos y realizar evaluaciones del impacto de las políticas de vivienda sobre los derechos humanos en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil.
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