Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen viendo denegados sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

Aferrándose a argumentos contrarios al Derecho internacional, como la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de estos delitos o una aplicación restrictiva del principio de legalidad, entre otros, el Estado no ha investigado ni esclarecido estos graves abusos de derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. Tampoco ha colaborado con la justicia de Argentina, donde se han abierto investigaciones sobre esos crímenes.

Amnistía Internacional observa con preocupación cómo la actuación de los tres poderes del Estado español conduce a la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Frente a las recomendaciones de Naciones Unidas, que ya en el año 2008 instó por primera vez a España a adoptar medidas concretas para acabar con la impunidad por estos crímenes, los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, rechazan investigarlos. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado, por su parte, se han negado a colaborar con la justicia argentina en el marco de la conocida como “Querella argentina”, abierta en aquel país desde el año 2010. Y el Parlamento no sólo sigue sin eliminar los obstáculos a la investigación judicial de estos crímenes, desaprovechando la oportunidad que suponía para ello la futura Ley de Memoria Democrática, sino que se resiste a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

La investigación en Argentina, dirigida por la jueza María Servini de Cubría, se inició en 2010 tras la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo, que encontraron en el principio de jurisdicción universal una vía para buscar la justicia que el Estado español les había negado sistemáticamente.

Fue, y sigue siendo, una carrera de obstáculos. En 2013, la jueza pidió extraditar a dos expolicías franquistas –Jesús Muñecas Aguilar y José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño– acusados de torturadores. En 2014, la Audiencia Nacional rechazó las extradiciones por considerar prescrito el delito, interpretación que Amnistía considera contraria al derecho internacional. En 2015, cuatro mecanismos de Naciones Unidas criticaron la negativa a extraditar a 17 ciudadanos españoles –incluidos varios exministros– acusados por la justicia argentina de graves violaciones de derechos humanos durante el régimen franquista. En 2016, la jueza solicitó viajar a España para tomar declaración a los imputados, pero la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalías territoriales que no colaborasen con la justicia argentina con el pretexto de que los graves delitos investigados habían prescrito y estaban cubiertos por la Ley de Amnistía. Esta orden fue suspendida posteriormente por la Fiscal General del Estado.

En 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas trasladaba a España su preocupación tras recibir información sobre la falta de cooperación plena con la justicia argentina, y le instaba a fortalecer y garantizar todo el auxilio judicial posible.

Aún así, la Querella Argentina ha posibilitado a las víctimas dar su testimonio y sentirse escuchadas por la justicia. También ha impulsado logros, como la exhumación de Timoteo Mendieta en 2017, asesinado y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara en 1939. La Querella Argentina es una grieta en el muro de impunidad que persiste en España. Es imprescindible que avance y que las autoridades españolas cooperen, dando cumplimiento a las recomendaciones de los mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas

En 2017, la Procuraduría General de la República de México admitió la denuncia impulsada por Amnistía Internacional por el caso de Ligia Ceballos Franco, quien años antes descubrió que podría haber sido una bebé robada en 1968. La investigación, aún en curso, pretende esclarecer si se trata de un caso de desaparición forzada y restablecer la verdadera identidad de Ligia Ceballos.

En marzo de 2021, Amnistía Internacional hizo pública la investigación 'Tiempo de verdad y de justicia'. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de "bebés robados", en la que denunciaba los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean, como Lily, conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.

Las denuncias y testimonios documentados por la organización engloban a personas que pudieron ser objeto de desaparición forzada o de sustracción y sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil hasta los primeros años de la democracia. Todo ello con la connivencia del Estado en un primer momento, y con una respuesta inadecuada y una falta de diligencia y un desinterés posterior que ha hecho imposible que prosperen la mayoría de las investigaciones judiciales y no ha facilitado el acompañamiento de las autoridades españolas a las personas inmersas en estos procesos de búsqueda.

En España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo ni un mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas. Amnistía Internacional pide al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y busque e identifique a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad; y lleve a los responsables ante la justicia.