Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Derecho a la verdad, justicia y reparación

Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen viendo denegados sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Aferrándose a argumentos controvertidos como la Ley 46/1977 de Amnistía, la prescripción de los delitos o la no retroactividad de las sanciones penales desfavorables, entre otros, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han facilitado la investigación de esos graves abusos de derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. Tampoco han colaborado con la justicia de Argentina, donde se han abierto investigaciones sobre esos crímenes.

A Amnistía Internacional le preocupa que el comportamiento dubitativo de los tres poderes del Estado español pueda conducir a la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. De hecho, los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo, han rechazado investigarlos. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado, por su parte, se han negado a colaborar con la jurisdicción argentina  para que estas puedan hacerlo en su país. Y el Parlamento no solo ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que contradice –como han recordado a España al menos cinco mecanismos de la ONU– las obligaciones internacionales contraídas por España antes de su entrada en vigor, sino que se resiste a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1968, entró en vigor en 1970 y ha sido ratificada por medio centenar largo de países.

Derecho internacional consuetudinario

El derecho internacional también es rotundo al considerar que esos crímenes atroces afectan a toda la comunidad internacional, estén o no incluidos en las legislaciones nacionales. Y para que sus responsables no queden impunes, establece principios como la no prescripción del delito, la prohibición de amnistiar al autor, la amplia responsabilidad penal individual –de quien lo cometa o sea cómplice, lo ordene o induzca, o lo encubra– y la persecución obligatoria por parte de cualquier jurisdicción estatal o internacional.

En cuanto a la irretroactividad jurídica como argumento para no ratificar la Convención, el derecho internacional considera que delitos atroces como las desapariciones forzadas son perseguibles, sea cual sea la fecha en que se produjeron, en base al derecho internacional consuetudinario.

Este es muy anterior a las leyes aprobadas en las últimas décadas para perseguirlos y sancionarlos, y obliga a todos los países a investigarlos porque no prescriben. Incluso si no fuera posible sancionar penalmente a los responsables, las víctimas tendrían derecho a conocer la verdad.

Investigación abierta en Argentina

La investigación en Argentina, dirigida por la jueza María Servini de Cubría, se abrió en 2010 tras la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo, que encontraron en el principio de jurisdicción universal una vía para buscar la justicia que el Estado español les había negado sistemáticamente.

Fue, y sigue siendo, una carrera de obstáculos. En 2013, la jueza pidió extraditar a dos expolicías franquistasJesús Muñecas Aguilar y José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño– acusados de torturadores. En 2014, la Audiencia Nacional rechazó las extradiciones por considerar prescrito el delito, interpretación que Amnistía considera contraria al derecho internacional. Ese mismo año, con motivo de una visita de Servini de Cubría a España, AI recordó al Gobierno la obligación de colaborar con su investigación. En 2015, cuatro mecanismos de Naciones Unidas criticaron la negativa a extraditar a 17 ciudadanos españoles –incluidos varios exministros– acusados por la justicia argentina de graves violaciones de derechos humanos durante el régimen franquista. En 2016, la jueza solicitó viajar a España para tomar declaración a los imputados, pero la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalías territoriales que no colaborasen con la justicia argentina con el pretexto de que los graves delitos investigados habían prescrito y estaban cubiertos por la Ley de Amnistía.

En 2018, en cambio, los querellantes recibieron una noticia esperanzadora cuando la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina declaró la competencia de la justicia de ese país para investigar dos casos que se habían excluido de la 'querella argentina' por haberse producido fuera de territorio español o fuera de su marco temporal (del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977). En este contexto, Amnistía Internacional reiteró que la jurisdicción universal es concurrente, por lo que distintos países pueden investigar las mismas causas con vistas a impedir la impunidad de los crímenes de derecho internacional.

Investigación abierta en México

En 2017, la Procuraduría General de la República de México admitió la denuncia impulsada por Amnistía Internacional por el caso de Ligia Ceballos Franco, quien años antes descubrió que podría haber sido una bebé robada en 1968. La investigación pretende esclarecer si se trata de un caso de desaparición forzada y restablecer la verdadera identidad de Ligia Ceballos.

Aunque la denominación de bebés robados se refiere a las niñas y niños que fueron objeto de secuestro, tráfico de menores y adopciones ilegales durante la Guerra Civil y la postguerra, las denuncias sobre ese tipo de casos continuaron durante todo el franquismo y los primeros años de la democracia.

En contra de lo recomendado por organismos de la ONU, España ha descartado abordar los casos de bebés robados como crímenes de derecho internacional, y en concreto como desapariciones forzadas. La justicia española los considera, en cambio, como delitos comunes –detenciones ilegales, adopciones irregulares, falsedades documentales– y como casos aislados, sin considerar la posibilidad de que respondieran a una trama a escala nacional.

Ver más contenidos