Justicia Racial

El trabajo sobre la justicia racial en derechos humanos significa ir más allá de prevenir casos individuales de discriminación racial y luchar contra la opresión estructural. Implica trabajar hacia un cambio y hacia soluciones de carácter sistémico abordando las causas fundamentales de la opresión racial en su interacción con el patriarcado, el colonialismo y la esclavitud, así como con la desigualdad económica.

Ocupan un lugar central en este trabajo las voces de las personas objeto de injusticia racial y sus experiencias de violaciones de derechos humanos a causa del racismo sistémico.

El racismo sistémico puede definirse como las políticas y prácticas en el conjunto de una sociedad que dan lugar a unas injustas y constantes ventajas para algunas personas y a un trato injusto o perjudicial para otras por motivos de raza.

El racismo sistémico adopta múltiples formas, entre ellas:

• Cuando un grupo de personas y sus valores, su manera de hacer las cosas, se clasifican como “normales” y a otros grupos de personas se los considera “anormales”.
• El poder político de privar de derechos básicos a las personas de color y reunir todo el poder del Estado para imponer, en la práctica, la segregación y la desigualdad.
• El poder social de negar a las personas de color la inclusión o pertenencia plenas en la vida asociativa.
• El poder económico que privilegia a las personas blancas en cuanto a colocación laboral, progreso, riqueza y acumulación de propiedades.

En derecho internacional, “discriminación racial” significa “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Puede incluir a personas negras y otras comunidades racializadas. Puede entrecruzarse con minorías religiosas y étnicas y adoptar formas específicas cuando va dirigida contra personas en movimiento. La discriminación racial afecta de muchas maneras a las sociedades y a la vida de las personas.

En todo el mundo, el sistema policial está dinamitado por prácticas racistas y discriminatorias. Entre las personas que se ven desproporcionadamente afectadas por dichas prácticas figuran las personas negras, así como las dalits, adivasis y musulmanas, y otras comunidades marginadas racialmente.

Son objeto de la aplicación de perfiles raciales, detenciones ilegítimas, trato cruel, inhumano y degradante, así como de violencia policial que puede causar muertes. También hacen frente a cada vez más controles de identidad, detenciones, encarcelamientos por delitos de drogas, infracciones leves y delitos contra el “orden público”, así como delitos relacionados con la migración y la criminalización del trabajo sexual.

Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la aplicación de las medidas de confinamiento tuvo un impacto desproporcionado en las personas y los grupos marginados por motivos de raza. En Brasil se ha utilizado la “guerra contra las drogas” para justificar el uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidas ejecuciones extrajudiciales. A consecuencia de ello han muerto miles de personas afrobrasileñas residentes en favelas.

Hay una alarmante tendencia de discriminación racial sistémica, incluida violencia, contra las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. En algunas circunstancias, este trato desalmado ha sido constitutivo de crímenes de derecho internacional y ha afectado desproporcionadamente a personas negras, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

En Túnez, unos comentarios racistas del presidente desencadenaron en el país un ola de violencia contra las personas negras, incluidas agresiones violentas contra estudiantes y personas migrantes negras, a las que las autoridades tunecinas restaron importancia.

En Qatar, los trabajadores y trabajadoras migrantes —sobre todo de África y Asia meridional— sufren discriminación por su origen nacional y su raza en varios ámbito, incluidos los salarios.

En Europa, las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo se ven obligadas cada vez más a recurrir a rutas poco seguras para acceder a las fronteras de Europa debido a los actuales esfuerzos de los responsables europeos de formular las políticas para bloquear las rutas seguras y legales mediante devoluciones sumarias y la criminalización de las operaciones de salvamento.

Debido a las desigualdades estructurales, el racismo crea obstáculos que impiden a algunas personas acceder a una atención de la salud de calidad, lo que puede exacerbar problemas de salud en el futuro. A menudo, esos obstáculos no se deben únicamente a la raza de una persona o un grupo, sino también a una combinación de otros factores, como el género, la sexualidad, los ingresos, la nacionalidad, la situación laboral, y la presencia de un problema de salud o una discapacidad.

Es un problema muy extendido. Por ejemplo, en Namibia, a causa de su remota ubicación, el pueblo san hace frente a importantes obstáculos para acceder a atención de la salud. Aunque la mayoría de las personas de Namibia que viven en zonas rurales afrontan obstáculos similares relacionados con la distancia para acceder a centros médicos, las múltiples barreras a las que se enfrenta la población san, como la falta de educación, de medios económicos y un acceso deficiente al transporte, les dificulta aún más el acceso a centros de salud, que en algunos casos están a una distancia de 80 kilómetros.

A los niños y las niñas que sufren racismo se les ha impedido acceder a una educación de calidad.

Por ejemplo, durante decenios, los niños y niñas romaníes han sufrido una discriminación sistémica y constante en la educación primaria en República Checa, Eslovaquia, Hungría y otros países europeos.

Estas violaciones de derechos humanos son de carácter sistémico y, a consecuencia de ello, a los niños y niñas romaníes se les ha ubicado en escuelas especiales y en clases para el alumnado con discapacidad mental, se les ha segregado en escuelas y clases exclusivas para romaníes y se les ha tratado de manera distinta y con prejuicios en las escuelas públicas, simplemente por razón de su etnia.

Desgraciadamente, la etnia, la raza, la clase y la casta van acompañadas de los efectos negativos del cambio climático y de las desigualdades relacionadas con los combustibles fósiles.

En India y Nepal, las mujeres y las niñas que pertenecen a las denominadas “castas inferiores”, como la dalit, son más propensas a sufrir los impactos negativos del cambio climático, ya que se les obliga a vivir en viviendas segregadas y aisladas. Una y otra vez, estas mujeres son ignoradas y olvidadas en las respuestas humanitarias y de recuperación, y se ven constantemente privadas de recursos y oportunidades para influir en las decisiones que les afectan.

En Norteamérica, la contaminación del aire afecta de manera desproporcionada a las comunidades racializadas, especialmente a las comunidades negras, puesto que la probabilidad de que sus barrios estén situados junto a centrales eléctricas, refinerías y carreteras es mayor. Esto da lugar a una incidencia de las enfermedades respiratorias y los cánceres notablemente más alta en esas comunidades; la población negra, en concreto, tiene el triple de probabilidades de morir de contaminación atmosférica que la población estadounidense en general.

También tiene un efecto perjudicial en los pueblos indígenas. La quema de combustibles fósiles está matando a personas y dañando el medioambiente. Sin embargo, cuando la economía global comienza a abandonar los combustibles fósiles y a fijarse en las fuentes de energía renovables, los derechos humanos y el medioambiente también pueden verse afectados, ya que esta transición se basa en un aumento masivo de la extracción de metales y minerales. Si continúan con este tipo de prácticas, las empresas mineras y sus compradores podrían agravar los abusos contra los derechos humanos que sufren las comunidades de primera línea, como los pueblos indígenas, y cerrar el paso a un futuro sostenible.

A Amnistía Internacional le preocupa la doble vara de medir de la justicia internacional, incluida la aparente incapacidad de la Corte Penal Internacional (CPI) de hacer rendir cuentas a los presuntos criminales de Estados poderosos y de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las víctimas de crímenes de derecho internacional.

Las recientes decisiones de la Fiscalía de la CPI de no investigar o de restar prioridad a la investigaciones de crímenes presuntamente cometidos por ciudadanos de Estados poderosos, como Estados Unidos y Reino Unido, hacen que nos cuestionemos si los principios de la justicia internacional se aplican por igual a todos los perpetradores, con independencia de lo poderosos que sean. De igual modo, la financiación voluntaria asignada para la investigación en Ucrania en comparación con las limitaciones presupuestarias para investigaciones en otras situaciones, como en Nigeria y Afganistán, conlleva el riesgo de que el sistema de justicia internacional se perciba como un sistema jerárquico en el que no todas las víctimas de crímenes de derecho internacional gozan de igualdad de acceso a la justicia.

Además, no se han producido avances en la investigación de la CPI de los crímenes cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados. Entre dichos crímenes figura el apartheid, que es un crimen de lesa humanidad. El apartheid es un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel de un grupo racial a los miembros de otro con la intención de controlar al segundo.

Durante decenios, el movimiento por la justicia racial ha estado cobrando impulso, con personas alzando la voz con coraje frente a la injusticia en todo el mundo.

En los últimos años, #BlackLivesMatter ha estado en la vanguardia del cambio. El movimiento Black Lives Matter se fundó en 2013 como respuesta a la absolución del asesino de Trayvon Martin y lucha para erradicar la supremacía blanca y para crear un poder local que intervenga sobre la violencia infligida a las comunidades negras por el Estado y por grupos parapoliciales.

Sin embargo, alzar la voz no es fácil, sobre todo si perteneces a una minoría.

La capacidad de protestar en condiciones de seguridad es una cuestión que se entrecruza con el derecho a no sufrir discriminación. Las personas que sufren desigualdad y discriminación por motivos de edad, raza, identidad de género y muchos otros factores, hacen frente a más peligros, si cabe, en relación con su derecho a protestar.

Es fundamental que todas las personas puedan protestar en condiciones de seguridad y sin discriminación, una cuestión que Amnistía Internacional está abordando a través de su campaña Protejamos la Protesta.