© Lupe de la Vallina / AI
Listas de espera que se duplican, personal sanitario con ansiedad y explotado, aumento del copago farmacéutico que hace que las personas enfermas racionen sus medicamentos, pacientes entre la angustia y el dolor... Estas son algunas de las consecuencias de los recortes implementados por el gobierno que degradan nuestro sistema de salud. Y su efecto devastador continúa.
Los recortes perjudican seriamente tu derecho a la salud. Esto no es una amenaza. No hablamos de las enfermedades o afecciones que todos y todas podemos tener a lo largo de una vida. Hablamos de la falta de protección que vamos a encontrar frente a ellas. Del coste cruel de unas medidas de austeridad, como el Real Decreto Ley 16/2012, y un menor gasto público en sanidad que están teniendo un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad.
Personal sanitario entre la espada y la pared.
El incremento de horas de trabajo, el empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de hasta 28.500 trabajadores de la salud han provocado un deterioro en el trato que se ofrece a los y las pacientes. Algunos testimonios explican cómo, tras atender hasta 33 casos al día, algunos trabajadores han tenido que abandonar sus puestos de trabajo por ansiedad. Otros aguantan la presión ofreciendo a sus pacientes el mejor trato y tiempo posibles.
Listas de espera más largas.
Entre 2010 y 2016 la media para una intervención quirúrgica electiva ha pasado de 65 días a 115. Muchos pacientes con dolores esperan meses hasta poder acudir a sus especialistas para obtener un diagnóstico. Las personas con enfermedades mentales sufren especialmente el retraso por la ansiedad que estas demoras provocan.
La insoportable disminución de la calidad.
Peores agujas para las pruebas de diabetes que hacen los test más dolorosos; sillas de ruedas de peor calidad que provocan inseguridad en las personas con discapacidad, tiempos de consulta que disminuyen mermando la calidad de una buena atención médica...
El peso del precio de los medicamentos.
Más de 400 medicamentos han salido de la financiación del Sistema Nacional de Salud, dificultando –y en algunos casos incluso haciendo imposible–, la compra de los medicamentos o complementos prescritos. Los y las pensionistas, que antes estaban exentos, ahora pagan una parte de sus medicamentos. El resto ha visto incrementada la proporción de copago. El resultado: personas enfermas que dejan de comprar algunos o todos los medicamentos que necesitan por falta de recursos económicos.
Lamentablemente, sí. Aunque el impacto lo sienten en mayor medida las personas más vulnerables: aquellas que sufren enfermedades crónicas, las que tienen discapacidades, las que sufren enfermedades mentales o las personas mayores. Pero, en realidad, cualquiera que necesite acudir al sistema público de salud puede sentir las consecuencias de estos recortes.
En su punto más bajo, en 2013, el gasto total en salud pública, incluido tanto el del gobierno central como el de los gobiernos autonómicos, era de alrededor de 8.950 millones de euros, es decir, un 12,7% más bajo que el de 2009. Aunque este presupuesto ha aumentado, tenemos que conseguir que el gobierno revierta los recortes y reforme el Real Decreto sanitario para garantizar que todas las personas pueden acceder a un servicio de salud de calidad. Además, debemos impedir que las personas más vulnerables sean quienes sufren las peores consecuencias de los recortes, así como lograr que mejoren las condiciones laborales del personal sanitario.
El 27 de julio de 2018 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 7/2018 sobre acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular que revertía la situación creada por el Real Decreto Ley 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas.
Se trató de un avance respecto de la legislación anterior, pero la norma contiene lagunas y ambigüedades que podría impedir que se alcance el objetivo pretendido. Para ello, es necesario adoptar una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.
Trabajaremos con los grupos parlamentarios y con el Gobierno para que este Real decreto se mejore y no exista ninguna traba en el acceso a la atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular.
