Mujeres y hombres se manifiestan durante la marcha blanca contra la violencia cometida hacia las mujeres en Dakar el 19 de diciembre de 2021. (Foto de CARMEN ABD ALI/AFP vía Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en África y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2022.
Los conflictos seguían siendo una lacra enquistada que tenía pocas perspectivas de remitir. Sin embargo, en toda la región se observaron avances limitados en lo relativo a garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la rendición de cuentas por abusos y violaciones graves de derechos humanos que podrían ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.
Casi todos los países de la región hubieron de enfrentarse a los devastadores efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Los intentos de recuperación se vieron obstaculizados por conflictos, perturbaciones económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y condiciones meteorológicas extremas y agravadas por el cambio climático. En consecuencia, seguía menoscabándose gravemente el derecho de millones de personas a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
En toda la región, las autoridades hicieron uso de diversas tácticas para silenciar la disidencia pacífica. La represión del derecho a la libertad de reunión pacífica se intensificó al utilizar las autoridades la seguridad nacional o la COVID-19 como pretexto para prohibir, reprimir o dispersar de forma violenta las protestas. Al reforzar las autoridades su control del derecho a la libertad de expresión y de asociación, se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de grupos o partidos de oposición a prácticas de intimidación y hostigamiento, incluidas detenciones, reclusiones y enjuiciamientos.
El número de personas que huían de conflictos o de crisis climáticas siguió en aumento. Sin embargo, debido a la falta de financiación internacional, las autoridades apenas disponían de medios para abordar de forma adecuada las necesidades básicas urgentes de las personas refugiadas.
La prevalencia de la violencia contra las mujeres en toda la región reflejó los arraigados patrones de discriminación por motivos de género y otras formas de desigualdad. En algunos países no se protegió a las personas LGBTI ni a las personas con albinismo de la discriminación y la violencia.
Persistió el alto riesgo de degradación ambiental o de desplazamiento de comunidades derivado de proyectos mineros o de infraestructuras existentes o previstos.
Tanto los grupos armados como las fuerzas gubernamentales atacaron a la población civil y dejaron un rastro de muerte y destrucción. En Burkina Faso, los grupos armados Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) y Estado Islámico en el Sahel (EIS) atacaron ciudades y otras localidades. En la localidad de Djibo, más de 300.000 personas allí residentes se vieron afectadas cuando el GSIM destruyó infraestructuras hídricas. Al menos 80 personas, la mayoría civiles, murieron al atacar combatientes del EIS la localidad de Seytenga en junio; los asaltantes fueron de casa en casa matando a los hombres. En Camerún, en las regiones del Noroeste y el Sudoeste, los grupos armados separatistas atacaron a personas, centros de salud y escuelas; en la región del Extremo Norte también asaltaron pequeñas localidades y mataron y secuestraron a decenas de civiles. En República Centroafricana, entre febrero y marzo, al menos un centenar de civiles murieron a manos de grupos armados y fuerzas gubernamentales. Los ataques contra la población civil también se intensificaron en algunas zonas del este de República Democrática del Congo, donde los grupos armados mataron a más de 1.800 civiles.
En Etiopía, los ataques selectivos de fuerzas gubernamentales y grupos armados contra civiles en las regiones de Oromia, Benishangul-Gumuz, Amhara, Tigré y Gambela incluyeron homicidios masivos. En Malí, los ataques lanzados en junio por el GSIM contra 3 localidades del círculo de Bankass causaron la muerte de aproximadamente 130 personas, en su mayoría civiles. En Mozambique, los grupos armados de Al Shabaab extendieron sus ataques contra civiles desde la provincia de Cabo Delgado hasta Niassa y Nampula. En mayo, estos grupos decapitaron a 10 civiles durante un ataque a 3 localidades de Cabo Delgado donde también secuestraron a mujeres y niñas y saquearon e incendiaron casas. En Nigeria, los ataques de Boko Haram, que con anterioridad actuaba sobre todo en el nordeste del país, se extendieron a algunos estados de la región septentrional-central y del noroeste. Boko Haram, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental y hombres armados no identificados mataron al menos a 6.907 personas. En Somalia, Al Shabaab fue responsable del 76% de las 167 muertes y de las heridas causadas a 261 personas en ataques contra civiles entre febrero y mayo; en su ataque más mortífero, el grupo armado mató en octubre a más de un centenar de personas en 2 atentados con explosivos, uno contra el edificio del Ministerio de Educación y otro en el cruce de un concurrido mercado de la capital, Mogadiscio.
La población civil también fue la más afectada por los ataques indiscriminados. En Burkina Faso, fuerzas francesas que apoyaban al ejército nacional mataron en febrero a 4 civiles durante un ataque aéreo contra el grupo armado Ansarul Islam; y decenas de civiles murieron en ataques aéreos semejantes de las fuerzas armadas burkinesas en abril y agosto. En República Centroafricana, 11 personas murieron y 42 resultaron heridas en 40 incidentes relacionados con dispositivos explosivos improvisados entre enero y octubre. En Etiopía, los ataques aéreos de las fuerzas gubernamentales, uno de ellos contra un centro de preescolar, mataron a cientos de civiles en las localidades de Dedebit, Mekele y Adi Daero, en Tigré. En Níger, en febrero, un ataque aéreo de las fuerzas armadas de Nigeria causó la muerte de 7 menores en la región de Maradi. Las fuerzas armadas de Níger también fueron acusadas del homicidio ilegítimo, cometido en ataques aéreos llevados a cabo en octubre, de varios mineros que practicaban la extracción artesanal de oro en Tamou.
La violencia sexual relacionada con los conflictos seguía siendo generalizada, y quienes sobrevivían a ella hacían frente a secuelas psicológicas y otras complicaciones de salud. En Sudán del Sur, más de 130 mujeres y niñas sufrieron violación o de violación en grupo entre febrero y mayo en el sur del estado de Unity, en el contexto de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, con apoyo de milicias afiliadas, y el Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana documentó 47 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en este país entre junio y octubre. En República Democrática del Congo, al menos 6 mujeres fueron violadas en mayo tras atacar el grupo armado Cooperativa para el Desarrollo del Congo una localidad dedicada a la minería de oro en la provincia de Ituri. La ONU informó de 4 incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos en Somalia entre febrero y mayo. En Etiopía, 4 sobrevivientes de la región de Afar dijeron que habían sufrido violación y abusos a manos de miembros de las fuerzas de Tigré.
Continuó la utilización de los bloqueos y las restricciones del acceso humanitario como método de guerra. En Burkina Faso, el GSIM bloqueó el acceso y los suministros comerciales a varias ciudades del norte y el este, y también atacó convoyes de suministros civiles, incluso los escoltados por las fuerzas armadas. En el este de República Democrática del Congo, los incesantes ataques de grupos armados, las operaciones militares y las restricciones deliberadas impuestas a la libertad de circulación, tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados, obstaculizaron aún más el acceso humanitario e impidieron a las comunidades acceder a una ayuda vital. En Etiopía, donde al iniciarse el conflicto en noviembre de 2020 se habían impuesto restricciones a la llegada de ayuda humanitaria a Tigré, el gobierno declaró en marzo una tregua humanitaria que permitió un aumento considerable del número de convoyes de ayuda que entraban en la región, pero las entregas se interrumpieron por completo en agosto debido a la reanudación de los combates y no se restablecieron hasta noviembre, tras la firma del Acuerdo de Pretoria sobre cese de las hostilidades.
En Malí, entre mayo y septiembre, combatientes de Katiba Serma bloquearon el eje viario que unía las ciudades de Boni, Douentza, Hombori y Gossi y obligaron a los comerciantes a depender de escoltas militares. En agosto, el grupo armado atacó y quemó 19 camiones de mercancías en Hombori.
Las partes en los conflictos armados deben proteger a la población civil poniendo fin a los ataques deliberados contra personas e infraestructuras civiles y a los ataques indiscriminados. También deben facilitar el acceso seguro y sin trabas a asistencia humanitaria para la población en situación de riesgo.
En toda la región se observaron avances limitados en la lucha contra la impunidad y en lo relativo a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos. En marzo, las autoridades de Chad entregaron a Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka, dirigente del grupo armado antibalaka, a la Corte Penal Internacional para que respondiera de cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en 2013 y 2014 en República Centroafricana. En mayo, las autoridades de Países Bajos detuvieron a un exmilitar presuntamente implicado en la matanza de tutsis en la ciudad de Mugina (Ruanda) durante el genocidio de 1994. En abril y septiembre se iniciaron en la Corte Penal Internacional, respectivamente, los juicios de Ali Mohammed Ali, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur (Sudán), y Mahamat Said, presunto jefe del grupo armado Seleka en República Centroafricana. En República Centroafricana, el Tribunal Penal de la capital, Bangui, y el Tribunal Penal Especial iniciaron otros juicios relacionados con delitos cometidos por miembros de grupos armados. En Sudán del Sur, un tribunal militar de Yei declaró a ocho soldados culpables de violaciones cometidas en el contexto del conflicto. Sin embargo, no se observaron avances en el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur.
Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad, emprendiendo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional, y poniendo a los presuntos autores a disposición de la justicia en juicios justos ante tribunales civiles.
La invasión de Ucrania por Rusia interrumpió el suministro de trigo del que dependían muchos países africanos. Paralelamente, el aumento del precio de los combustibles —otra consecuencia de la guerra en Europa— causó notables incrementos de los precios de los alimentos que afectaron de forma desproporcionada a las personas marginadas y a las más expuestas a la discriminación. La inseguridad alimentaria se agravó al alcanzar la sequía niveles sin precedentes en varios países de África.
Grandes sectores de la población sufrían hambre aguda y niveles elevados de inseguridad alimentaria en países como Angola, Burkina Faso, Chad, Kenia, Madagascar, Níger, República Centroafricana, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. En Angola, la situación de inseguridad alimentaria en las provincias de Cunene, Huíla y Namibe era una de las más graves del mundo y, en algunas de estas zonas, tanto la población adulta como la infantil recurrían a comer brotes de hierba para sobrevivir. En Burkina Faso, según estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la inseguridad alimentaria afectaba en septiembre a 4,9 millones de personas, muchas de ellas desplazadas que habían huido de sus hogares a causa del conflicto.
Los conflictos y los desplazamientos resultantes también agudizaron la inseguridad alimentaria en Níger, donde afectaba a 4,4 millones de personas (aproximadamente el 20% de la población). En República Centroafricana, el 50% de la población padecía inseguridad alimentaria, y en algunas zonas la proporción llegaba al 75%. La mitad de la población de Somalia también padecía inseguridad alimentaria aguda, y más de 3 millones de cabezas de ganado, esenciales para la subsistencia de quienes se dedicaban al pastoreo, murieron principalmente a causa de la sequía. También se tuvo constancia de una pérdida masiva de ganado como consecuencia de la sequía en Angola.
Aunque el impacto de la COVID-19 disminuyó, varios países padecieron nuevos brotes de enfermedades o epidemias, entre ellos un brote de ébola en Uganda que se declaró en septiembre y causó 56 muertes.
En Congo, una epidemia de sarampión en el departamento de Pointe-Noire se cobró la vida de 112 niños y niñas, y en Zimbabue más de 750 niños y niñas menores de 5 años murieron al propagarse a otras zonas un brote también de sarampión que apareció en el distrito de Mutasa. En Camerún, una epidemia de cólera afectó a 7 regiones y causó la muerte de 298 personas. En la prisión de New Bell, en Douala, al menos 16 reclusos murieron durante 2 brotes de cólera que se declararon en el centro penitenciario; uno de los fallecidos fue Rodrigue Ndagueho Koufet, detenido arbitrariamente desde septiembre de 2020 por participar en una protesta pacífica. En Malawi, una epidemia de cólera afectó a 26 de los 28 distritos del país, y hasta el 31 de diciembre se había informado de 576 muertes.
En varios países, las condiciones meteorológicas extremas dieron lugar a la aparición de enfermedades. En Nigeria, las inundaciones favorecieron un brote de enfermedades transmitidas por el agua, entre ellas el cólera, que causó la muerte de más de 320 personas en los estados de Yobe, Borno y Adamawa. La grave sequía en Somalia dio lugar a un aumento de los casos de malnutrición, y los posibles casos de cólera y sarampión aumentaron notablemente en comparación con años anteriores, según la OMS.
Los desalojos forzosos seguían siendo motivo de honda preocupación en la región.
En el sur de Angola persistió la expropiación de tierras de pastoreo comunitarias para dedicarlas a la ganadería comercial. En octubre, la policía quemó 16 casas y pertenencias personales en una operación para desalojar a la comunidad mucubai de sus tierras en la zona de Ndamba, a las afueras de Moçâmedes (provincia de Namibe), para facilitar una transferencia de tierras a un ganadero comercial.
En Tanzania, las autoridades desalojaron por la fuerza a miembros de la comunidad indígena masái de sus tierras ancestrales en la división de Loliondo, región de Arusha, a fin de dejar espacio para una operación turística. Antes de los desalojos, las autoridades no llevaron a cabo consultas auténticas con las personas que residían en aquellas tierras ni las avisaron o indemnizaron de forma adecuada.
En las ciudades y los núcleos urbanos, los desalojos forzosos se concentraron en los asentamientos informales. Por ejemplo, en Ghana, el Consejo Regional de Seguridad de Gran Accra demolió en junio cientos de viviendas levantadas en el barrio de Frafraha, en la capital (Accra), en terrenos pertenecientes al Consejo de Investigación Científica e Industrial. A las personas allí residentes las avisaron del desalojo con sólo 48 horas de antelación. En Nigeria, en agosto, la Administración de la Unidad Territorial de la Capital Federal y organismos de seguridad demolieron unas 100 construcciones en el poblado de Dubaidna Durumi 3. Durante la demolición, los agentes de seguridad usaron gas lacrimógeno —un niño y una niña perdieron el conocimiento tras su exposición a esa sustancia— y agredieron físicamente a residentes. En Zambia, el consejo municipal de Chingola demolió más de 300 casas construidas en las tierras que rodeaban el aeródromo de Kasompe, situado en ese distrito.
Los gobiernos deben actuar de inmediato para asegurar que se garantiza el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda, incluso a través de la cooperación y la asistencia internacionales en caso necesario. También deben garantizar la rendición de cuentas de quienes cometen violaciones de derechos humanos en África.
La represión del derecho a la libertad de reunión se intensificó al utilizar las autoridades la seguridad nacional o la pandemia de COVID-19 como pretextos para prohibir, reprimir o dispersar de forma violenta las protestas. No obstante, esto apenas mermó la determinación de la gente para reivindicar su derecho a la protesta. En ciudades y pueblos de toda la región tuvieron lugar grandes manifestaciones relacionadas con diversas cuestiones, entre ellas el aumento de los precios de los alimentos.
Se informó de la muerte de decenas de manifestantes atribuida al uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad en Chad, Guinea, Kenia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia y Sudán, entre otros países. En Chad y Sierra Leona, donde al menos 50 y 27 manifestantes murieron en octubre y agosto, respectivamente, al terminar el año no estaban disponibles las conclusiones de las investigaciones oficiales sobre los homicidios.
La detención y la reclusión de manifestantes, como las que afectaron a decenas de personas de Kenia, Sierra Leona y Sudán del Sur que habían protestado contra el elevado costo de la vida, seguían siendo prácticas generalizadas en toda la región. Las fuerzas de seguridad de Sudán detuvieron a cientos de personas que se manifestaban y sometieron a desaparición forzada a muchas otras como parte de una represión más amplia de la oposición al golpe de Estado militar de 2021. En Guinea, Senegal y Uganda, las autoridades actuaron contra dirigentes de la oposición o personas que organizaban protestas. El dirigente opositor ugandés Kizza Besigye fue detenido y recluido tres veces por protestar contra la inflación y el elevado costo de la vida. Seis mujeres que protestaban por la reclusión del dirigente también fueron detenidas y acusadas de incitar a la violencia y de llevar a cabo una protesta ilegal. En julio se enjuició a personas que habían organizado una marcha prohibida en Guinea o habían participado en ella.
En varios países, como Chad, Guinea, Lesoto, Níger, República Democrática del Congo y Senegal, la prohibición de las manifestaciones restringió en la práctica el derecho a la protesta.
Como dato positivo, en marzo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental consideró que la orden ministerial dictada en 2011 en Senegal que prohibía las manifestaciones de carácter político en el centro de la capital, Dakar, violaba el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y pidió a las autoridades senegalesas que la revocaran.
Se sometió a hostigamiento, intimidación y amenazas a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. En Nigeria, un tribunal de la ciudad de Kano condenó a 2 personas famosas en las redes sociales a una semana de detención, a flagelación y al pago de una multa por difamar presuntamente al gobernador del estado en un sketch cómico. En Senegal se detuvo y acusó de difamación y difusión de noticias falsas a diversas personas, incluidos un dirigente de la oposición y 2 activistas. En Kordofán del Sur (Sudán), una mujer fue acusada de varios delitos en virtud de la Ley de Delitos Informáticos, entre ellos difundir información falsa, en relación con una publicación en las redes sociales sobre el reclutamiento de menores por las Fuerzas Armadas de Sudán. El activista y escritor Kakwenza Rukirabashaija huyó de Uganda tras haber estado detenido en relación con unos mensajes publicados en Twitter que, según la policía, pretendían perturbar la paz del teniente general Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente. En Zambia, 2 hombres fueron condenados a 24 meses de prisión con trabajos forzados por insultar al presidente en TikTok.
Los ataques a los medios de comunicación seguían siendo práctica generalizada. Las fuerzas de seguridad asaltaron instalaciones de medios de comunicación en Sudán y Uganda, y las autoridades suspendieron o cerraron medios de comunicación en Ghana, Malí, Nigeria, Somalia y Tanzania por publicar contenidos que se consideraron críticos o desfavorables para el gobierno. En toda la región, multitud de periodistas sufrieron también detención y reclusión, o padecieron la práctica sistemática de hostigamiento e intimidación. En Etiopía, las autoridades detuvieron al menos a 29 periodistas y personas que trabajaban en medios de comunicación, muchas de las cuales no fueron acusadas formalmente. En Esuatini, Zweli Martin Dlamini, director de Swaziland News, fue declarado terrorista en virtud de la legislación antiterrorista. En Ghana, un locutor radiofónico fue condenado a 2 semanas de prisión y al pago de una multa de 3.000 cedis (unos 377 dólares estadounidenses) por desacato al tribunal tras publicar un vídeo en el que se sostenía que el presidente Akufo-Addo había conspirado con jueces para influir en las elecciones presidenciales de 2020.
Se reprimieron los derechos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Burundi, Madagascar, Malawi, Mozambique, Níger, República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia y Zimbabue. En Madagascar, el defensor de los derechos ambientales Henri Rakotoarisoa, de 70 años, murió apuñalado en junio. En Mozambique, presuntos agentes estatales irrumpieron en la oficina del abogado de derechos humanos João Nhampossa y le robaron el ordenador, memorias USB, teléfonos móviles y varios documentos; por su parte, el defensor de los derechos humanos Adriano Nuvunga recibió amenazas de muerte.
Las autoridades de la región intensificaron su control sobre el derecho a la libertad de asociación, lo que afectó a las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, antes de las elecciones generales en Angola, la policía impidió a Omunga y a la Asociación para el Desarrollo de la Cultura y los Derechos Humanos celebrar una conferencia sobre consolidación de la paz; y las autoridades de Burundi clausuraron una conferencia de prensa en marzo. En Guinea, las autoridades de transición disolvieron el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución, coalición de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que reclamaba el restablecimiento del orden constitucional.
También se promulgaron leyes para reprimir y controlar el trabajo de este tipo de organizaciones. En Níger, en febrero se promulgó un decreto que exigía la aprobación por el gobierno de todos los programas y proyectos emprendidos por ONG. En Zimbabue se presentó en el Parlamento el proyecto de ley de reforma de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, que contenía disposiciones que amenazaban la existencia misma de las organizaciones de la sociedad civil y sus actividades.
Los gobiernos deben poner fin al hostigamiento y la intimidación de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas, retirar todos los cargos formulados contra quienes hayan sido procesados, y poner en libertad inmediata y sin condiciones a quienes hayan sido detenidos arbitrariamente; asimismo, deben garantizar que se respeta la libertad de los medios de comunicación, lo que incluye permitir que dichos medios desarrollen su actividad con independencia.
Siguió aumentando el número de personas que huían de sus hogares debido a conflictos o crisis climáticas. En República Democrática del Congo se vieron internamente desplazadas 600.000 personas más, con lo que el total se acercaba a 6 millones, la cifra más alta de África. En Mozambique, el número de personas desplazadas se elevó a 1,5 millones al extenderse el conflicto; las condiciones de vida de estas personas se caracterizaban por la inseguridad en materia de alimentos y agua, la malnutrición, la precariedad de la salud y lo inadecuado de las viviendas. En Somalia, más de 1,8 millones de personas tuvieron que desplazarse por la sequía y el conflicto.
Uganda seguía albergando a la población refugiada más numerosa de África, cerca de 1,5 millones de personas, de las que casi 100.000 llegaron en 2022. Sin embargo, en noviembre sólo se había cubierto el 45% de las necesidades de financiación de este país, por lo que las autoridades no podían abordar de forma adecuada necesidades urgentes de la población refugiada tales como la atención de la salud, el agua, el saneamiento y la educación. Sudán continuó recibiendo personas refugiadas de países vecinos: aproximadamente 20.000 de Sudán del Sur y 59.800 de Etiopía. Sin embargo, la grave falta de financiación internacional obligó al Programa Mundial de Alimentos a reducir las raciones para las personas refugiadas en ese país.
La población migrante sufría abusos y violaciones de derechos humanos específicamente relacionados con su condición. Miles de personas migrantes —14.000 entre enero y mayo— fueron expulsadas de forma violenta de Argelia al denominado “Punto Cero”, situado en la frontera con Níger; y en junio se encontraron los cuerpos sin vida de 10 migrantes cerca de la frontera de Níger con Libia. En Guinea Ecuatorial se devolvió a decenas de migrantes en situación irregular a sus países de origen sin el debido proceso y sin que se les permitiera acceder a asistencia letrada.
Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar la protección de las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas y para permitir a esta población el acceso pleno a ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y cobijo; además, deben poner fin de inmediato a las deportaciones y detenciones ilícitas de personas refugiadas y migrantes y garantizar que se cubren sus necesidades de protección. La comunidad internacional debe abordar la falta de financiación internacional aportando financiación sostenible y previsible a largo plazo para que los países receptores puedan abordar de manera adecuada las necesidades urgentes de las personas refugiadas.
En Tanzania y Guinea Ecuatorial persistía la exclusión de las niñas embarazadas de las escuelas. Como aspecto positivo, en septiembre, el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño concluyó que la política de exclusión de Tanzania violaba la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y recomendó la revisión de esa política. Además, 800 niños y niñas, incluidas niñas embarazadas y niñas que habían abandonado la escuela a causa de problemas por su embarazo, regresaron a las escuelas en Sierra Leona.
La violencia de género seguía prevaleciendo en toda la región. En Sudáfrica, los asesinatos de mujeres aumentaron un 10,3% —entre julio y septiembre perdieron la vida 989 mujeres—, en tanto que los delitos sexuales y la violación aumentaron un 11% y un 10,8%, respectivamente. En Esuatini, el brutal asesinato de una mujer a manos de su expareja impulsó a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres a intensificar sus llamamientos para que se declarase una emergencia nacional destinada a combatir la violencia de género. En Guinea, las víctimas de violación siguieron padeciendo falta de prevención y protección frente a este tipo de delitos, así como deficiencias en materia de disponibilidad de atención médica adecuada y acceso a la misma, de servicios y atención relacionados con la salud sexual y reproductiva, de apoyo psicológico y de apoyo jurídico y social.
Varios países promulgaron leyes progresistas sobre igualdad de género. El Parlamento de Congo aprobó la “Ley Mouébara” para combatir la violencia de género intrafamiliar y otros tipos de violencia contra las mujeres. En Sierra Leona, la Ley de Derechos Consuetudinarios sobre la Tierra concedió a las mujeres la igualdad de derechos a la hora de poseer y utilizar las tierras de la familia; además, en una ley de igualdad se incluyó una disposición que establecía que el 30% de los cargos del gobierno debían reservarse a mujeres. En Zimbabue se aprobó legislación que prohibía el matrimonio precoz e infantil.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional de Madagascar rechazó una proposición de ley que pretendía modificar el Código Penal para despenalizar el aborto. En Nigeria, la Asamblea Nacional votó en contra de 5 proyectos de ley cuyo objetivo era promover la igualdad de género, y sólo se comprometió a reconsiderar 3 de ellos tras las protestas realizadas por grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. En Ruanda, el Parlamento rechazó un proyecto de ley para permitir el suministro de anticonceptivos a mayores de 15 años.
El hostigamiento, las detenciones y el enjuiciamiento de personas LGBTI fueron habituales en muchos países. En Benín, una mujer transgénero fue golpeada, desnudada y fotografiada en una comisaría de policía tras haber sido agredida por vecinos suyos y conductores de mototaxi; quedó en libertad sin cargos después de pasar tres días recluida, desnuda y sin alimentos. En Zambia, los miembros del movimiento homófobo #BanNdevupaNdevu #BanHomosexuality celebraron una protesta y utilizaron WhatsApp para llamar al homicidio y otras formas de violencia contra sospechosos de ser gays. En Uganda, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, organismo de carácter oficial, ordenó el cierre de la agrupación de organizaciones Minorías Sexuales Uganda, dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTI.
Varios países adoptaron o estudiaron nuevas medidas para penalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En Ghana seguía pendiente de aprobación en el Parlamento un proyecto de ley que criminalizaba aún más a las personas LGBTI. En Guinea Ecuatorial se hallaba en fase de preparación un proyecto de legislación para regular los derechos de la población LGBTI. En Senegal, sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta de proyecto de ley cuyo objetivo era tipificar como delito la orientación de las personas LGBTI.
Los tribunales nacionales apenas brindaban protección a las personas LGBTI. En Nigeria, 3 gays fueron condenados a muerte por un tribunal de la sharia (ley islámica) en Ningi, estado de Bauchi. En Esuatini, el Tribunal Superior confirmó la decisión del registrador mercantil de rechazar la solicitud de inscripción en registro como organización del grupo de activistas Minorías Sexuales y de Género de Esuatini. En Namibia, el Tribunal Superior desestimó solicitudes de cónyuges de personas ciudadanas del país que intentaban regularizar su situación migratoria basándose en matrimonios con personas del mismo sexo contraídos fuera del país. En el ámbito regional, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos rechazó las solicitudes de la condición de observador presentadas por 3 organizaciones, al parecer porque trabajaban sobre los derechos de las personas LGBTI.
En algunas zonas de África oriental y austral continuaron la mutilación y otros ataques violentos contra personas con albinismo, motivados por ideas erróneas y supersticiosas sobre esa condición física. En Madagascar, el número de ataques violentos se duplicó, y en febrero y agosto se informó de sendos secuestros de menores con albinismo, mientras que en marzo se halló el cadáver mutilado de un niño de 6 años en la comunidad de Berano, distrito de Amboasary Atsimo. En Zambia, en enero se descubrió en la localidad de Mungwalala, distrito de Chama (provincia Oriental), la tumba profanada de un niño de 12 años a cuyo cadáver le habían amputado la mano; y, en junio, 3 hombres amputaron un dedo índice a un niño de 10 años en el distrito de Mkushi (provincia Central).
Los gobiernos deben actuar de inmediato para proteger a las personas frente a la discriminación y la violencia, lo que incluye tomar medidas para proteger el derecho de las mujeres y las niñas a la igualdad y la no discriminación, y para que puedan vivir sin sufrir violencia de género; para ello deben garantizar el acceso integral de las personas sobrevivientes a atención de la salud sexual y reproductiva y de otro tipo, apoyo psicológico y apoyo jurídico y social.
La región continuó padeciendo las peores consecuencias de las condiciones meteorológicas extremas agravadas por el cambio climático. El Cuerno de África sufrió su peor sequía en 40 años, mientras que en algunas zonas del África austral se registraron lluvias extremas. En Madagascar, 6 tormentas tropicales y ciclones tocaron tierra entre enero y abril y causaron la muerte de más de 200 personas. En Sudáfrica, en la provincia de Kwazulu-Natal, las deficiencias en cuanto a planificación espacial y mantenimiento de las infraestructuras por parte del gobierno local agravaron los efectos de unas inundaciones que destruyeron miles de casas. En África occidental, las autoridades de Nigeria no aplicaron suficientes medidas para mitigar los efectos de unas inundaciones que causaron la muerte de al menos 500 personas y afectaron a más de 1,9 millones de personas en 25 estados. En Senegal, la subida del nivel del mar siguió causando erosión en poblaciones pesqueras —como Guet Ndar, en la ciudad de Saint-Louis—, lo que amenazaba los medios de vida de las comunidades y las obligaba a trasladarse al interior.
En varios países persistía un riesgo elevado de degradación ambiental o de desplazamiento de comunidades como consecuencia de proyectos mineros o de infraestructuras existentes o previstos. En Namibia, el Tribunal Superior desestimó una solicitud urgente presentada por varias organizaciones para impedir la continuidad de las actividades de prospección de una empresa minera canadiense en las regiones de Kavango Oriental y Kavango Occidental. Tanzania y Uganda continuaron participando en los planes de construcción del oleoducto de crudo de África Oriental, de 1.443 kilómetros de longitud, que atravesaría asentamientos humanos, zonas de vida silvestre, tierras agrícolas y fuentes de agua.
Varios países pusieron en marcha nuevas medidas para hacer frente a la crisis climática o para abordar la degradación ambiental. El primer ministro de Guinea ordenó que una empresa minera de extracción de bauxita acusada de grave contaminación cumpliera las normas internacionales en materia de control de la contaminación. En Somalia, el gobierno federal creó el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, y designó a un representante presidencial especial para abordar la situación creada por la sequía. En Sudáfrica se presentó en el Parlamento el proyecto de Ley sobre el Cambio Climático, pero preocupaba que el texto no fuera lo bastante ambicioso en cuanto a abordar la crisis climática. En Sudán del Sur, según informes, el presidente Salva Kiir ordenó la suspensión de todas las actividades relacionadas con el dragado en el país mientras se llevaban a cabo evaluaciones del impacto en las comunidades y los ecosistemas circundantes.
Los gobiernos deben adoptar de inmediato medidas para proteger a las personas y las comunidades contra los riesgos y efectos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas, lo que incluye solicitar asistencia y cooperación internacionales para tomar suficientes medidas de adaptación y mitigación climáticas.
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