Mujeres y niños en un asentamiento para personas desplazadas en las afueras de Quibdo, capital del departamento de Chocó © Amnistía Internacional
Contenidos relacionados
Continúan los años de Soledad para el Chocó
La situación de derechos humanos en el departamento del Chocó -Pacífico colombiano- continúa siendo crítica. Desde la desmovilización de las FARC en Enero de 2017, actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) buscan ejercer control en los territorios dejados por las FARC.
Las personas indígenas y afrodescendientes de esta región son las más afectadas por homicidios, ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, desplazamientos colectivos forzados, confinamiento y otras violaciones de derechos humanos. Esta grave situación debe ser atendida de forma inmediata por el Estado colombiano brindando protección a las comunidades del Chocó.>
“Paz para nosotros se traduce en que se acaben TODOS los grupos armados ilegales.”
Lino Membora, representante Mesa Indígena del Chocó
Desplazamiento forzado
La firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 no acabó con los combates entre grupos armados. Tampoco con el reacomodo de estos actores en el territorio luego de la salida de las FARC. Como consecuencia, el desplazamiento forzado de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes en el Chocó continúa.
Las condiciones de vida de las personas desplazadas son precarias: no cuentan con ayudas humanitarias de emergencia, acceso a atención médica, alimentación adecuada o alojamiento digno. Sin poder acceder a una respuesta integral por parte de las entidades estatales, muchas comunidades no ven otra opción que moverse entre veredas y retornar sin protección alguna dejándolos vulnerables a nuevos ataques o desplazamientos subsecuentes.
En 2017, el 57% de las personas desplazadas en Colombia están en el Chocó.>
Líder afrodescendiente del Chocó
Esa disputa territorial ha permitido los asesinatos de líderes sociales afros e indígenas
La explosión de minas antipersonal dentro de territorios indígenas y afrodescendientes ha dejado un número considerable de personas heridas y generado temor en las comunidades. Este temor ha provocado desplazamientos forzados en algunos casos. Comunidades enteras han abandonado sus territorios para huir de esta amenaza. En otros casos, la presencia de minas genera situaciones de confinamiento. Por esa razón las comunidades temen salir de sus territorios, aislándose en graves condiciones alimentarias y de salud en zonas de enfrentamientos. Los confinamientos que se reportan en el Chocó afectan principalmente resguardos indígenas.
“El terreno se nos está llenando de minas (...). No queremos que siembren minas alrededor de la comunidad. No queremos grupos armados dentro de la comunidad. No queremos más guerra, por favor, escúchennos.”Sebastián Carpio Maheche, joven Wounaan herido por una mina antipersonal
La Protección es un paso esencial hacia la paz
La falta de protección efectiva y oportuna por parte del Estado colombiano a las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, es una causa directa de las violaciones de derechos humanos que sufren actualmente las poblaciones étnicas en el Chocó
Y es que la realidad parece haber excedido las medidas dispuestas por el Estado para hacer frente al recrudecimiento del conflicto. En la actualidad, el mecanismo de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección afronta varios retos derivados del número creciente de defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados en 2017, desde la firma del Acuerdo de Paz.
Las afectaciones por la violencia en el Departamento son dramáticas y es apremiante que las autoridades colombianas tomen medidas de prevención y protección integrales que garanticen los derechos humanos, como condición ineludible para poder construir una paz territorial, acorde con los estándares internacionales en materia de reparación y garantías de no repetición. Estas medidas individuales y colectivas, deben ser formuladas con la participación de las personas y comunidades afectadas, en reconocimiento de la centralidad de las víctimas para la implementación del Acuerdo de Paz.