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Portugal

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las condiciones de vivienda para las personas romaníes y afrodescendientes seguían siendo inadecuadas. Portugal reubicó a un número de solicitantes de asilo inferior al establecido en virtud del programa de reubicación de la UE. El gobierno propuso legislación para reforzar la protección de los derechos de las personas transgénero e intersexuales. El Parlamento amplió la protección frente a la discriminación y el discurso del odio.

En febrero, en su informe sobre una visita a Lisboa, la capital, y Oporto realizada en diciembre de 2016, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada señaló que muchas personas romaníes y afrodescendientes vivían en condiciones muy deficientes y a menudo sufrían discriminación en el acceso a una vivienda adecuada. La relatora pidió a las autoridades que, entre otras cosas, abordaran con carácter prioritario el problema de la vivienda inadecuada en los asentamientos informales y garantizaran que los desalojos y las demoliciones se realizaban de conformidad con las normas internacionales y no dejaban a personas sin hogar.

En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó Lisboa y Torres Vedras; también él expresó su preocupación por los precarios y a menudo segregados asentamientos de romaníes, y pidió que se elaboraran nuevos programas de vivienda social para todos los grupos vulnerables.

Los habitantes del asentamiento informal de Bairro 6 de Maio, en el municipio de Amadora, cerca de Lisboa, temían que sus casas fueran demolidas y ellos fueran desalojados a la fuerza sin tener acceso a un procedimiento adecuado. Muchos de los residentes eran de ascendencia africana y romaní.

En julio, la fiscalía municipal de Amadora presentó cargos contra 18 agentes de policía por los malos tratos infligidos a seis hombres de ascendencia africana en febrero de 2015 (los cargos contra una agente fueron retirados en diciembre). Se acusó a los agentes de tortura, encarcelamiento ilegal, abuso grave de autoridad y otros delitos con agravante de racismo. En septiembre, el juez instructor rechazó la petición de la fiscalía de que los agentes fueran suspendidos de sus funciones hasta que fueran juzgados.

Al final del año seguía sin publicarse el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, sobre su visita a Portugal en septiembre y octubre de 2016. Aquella visita se había centrado en la aplicación de salvaguardias para proteger de la tortura y otros malos tratos a las personas bajo custodia, en las condiciones de reclusión durante la prisión preventiva y en las cárceles, y en la situación de las personas ingresadas en las unidades psiquiátricas forenses.

Portugal reubicó a 1.518 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia; por tanto, faltaban por cubrir más de 1.400 plazas con arreglo al compromiso jurídico que el país había contraído en virtud del programa de reubicación de la UE. Sin embargo, las autoridades informaron de que más de 720 de las personas reubicadas se habían marchado del país antes de terminar el año.

En abril, el gobierno presentó al Parlamento un anteproyecto de ley para poner la protección de los derechos de las personas LGBTI en consonancia con las normas internacionales. Ese anteproyecto se estaba examinando al terminar el año. Una de sus propuestas era suprimir el requisito de la evaluación psicológica e introducir el del consentimiento expreso a cualquier tratamiento médico dirigido a determinar el género para las personas intersexuales, niñas y niños incluidos.

En agosto, el Parlamento aprobó legislación dirigida a reforzar la protección frente a la discriminación: se modificó el Código Penal para incluir la ascendencia y la discapacidad física y mental entre los motivos de conducta discriminatoria que comportaban responsabilidad penal, y se introdujo un delito diferenciado de incitación al odio y a la violencia por motivos discriminatorios.

En octubre, el Tribunal de Apelación de Oporto confirmó la condena condicional impuesta a dos hombres que en 2015 habían sido declarados culpables de agresión a una mujer. La expareja de la mujer la había secuestrado y el exmarido la había golpeado con un bate con clavos. El tribunal se refirió a convicciones religiosas y estereotipos de género para justificar su decisión, y afirmó que “el adulterio de la mujer es un gravísimo atentado contra el honor y la dignidad del hombre”.

En diciembre, el Consejo Superior del Poder Judicial abrió procedimientos disciplinarios —que seguían abiertos al terminar el año— contra el juez y la jueza responsables de la sentencia.

República Portuguesa
Jefe del Estado: Marcelo Rebelo de Sousa
Jefe del gobierno: António Costa
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