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Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Quedó al descubierto un procedimiento que desde hacía 10 años infringía los derechos de quienes se manifestaban en Lisboa. Personas migrantes que trabajaban en la agricultura seguían viviendo hacinadas y en condiciones precarias, por lo que corrían peligro de contraer la COVID-19. El racismo en el seno de la policía seguía siendo motivo de preocupación. Persistieron unos niveles elevados de violencia contra las mujeres.

Libertad de expresión y de reunión

En junio se supo que las autoridades municipales de Lisboa llevaban desde 2011 filtrando a funcionarios de embajadas extranjeras datos personales de quienes se manifestaban ante sus sedes diplomáticas. Las autoridades aceptaron llevar a cabo evaluaciones de riesgos para garantizar el derecho a la privacidad y el derecho de reunión pacífica.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El gobierno tomó medidas para facilitar el acceso de las personas en situación de inmigración irregular a la vacunación contra la COVID-19.

En mayo, un brote de COVID-19 entre las 13.000 personas migrantes que trabajaban en la agricultura en Odemira puso de manifiesto sus penosas condiciones de vida en viviendas precarias y masificadas o en contenedores que les servían de alojamiento. En su mayoría procedían del sur y el sureste de Asia, y fueron realojadas temporalmente para evitar más contagios.

Tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán, Portugal reasentó a 764 personas de nacionalidad afgana que buscaban seguridad.

En mayo, tres agentes del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) fueron condenados a entre siete y nueve años de prisión por la agresión a un ciudadano ucraniano bajo custodia del SEF, con la agravante de haber causado involuntariamente su muerte, en marzo de 2020. En diciembre se elevó la pena en apelación a nueve años de prisión para cada uno de los tres agentes.

Discriminación

En marzo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación respecto al racismo en el seno de la policía y recomendó que se estableciera un mecanismo de denuncias contra la policía plenamente independiente y que los procedimientos de contratación de personal promovieran el acceso de personas de grupos minoritarios. Asimismo, señaló el auge de los discursos y crímenes de odio de motivación racial, sobre todo contra romaníes y afrodescendientes.

En marzo, el Ministerio del Interior presentó un Plan de Prevención de las Manifestaciones de Discriminación en las Fuerzas de Seguridad.

Violencia contra mujeres y niñas

En marzo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó preocupación por la persistencia de altos niveles de violencia contra las mujeres y pidió enjuiciamientos y penas más eficaces en los casos de violencia de género en el ámbito familiar, así como modificaciones en la definición de violación en el Código Penal para que se basara íntegramente en la ausencia de libre consentimiento de la víctima.

En agosto entró en vigor una nueva ley para reforzar la protección de los niños y niñas que hubieran presenciado violencia de género intrafamiliar o estuvieran expuestos a sufrirla.

Derecho a la vivienda

En marzo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia acogió con satisfacción la adopción en 2019 de la Ley de Vivienda Básica, que reconocía el derecho a un alojamiento básico y reforzaba las salvaguardias frente al desalojo. Sin embargo, la Comisión señalaba que no había recibido información suficiente para poder evaluar la aplicación de la ley o sus efectos en las personas en riesgo de desalojo forzoso.

Derechos de las personas detenidas

Persistían las condiciones deficientes en varias prisiones, agravadas por la pandemia. En mayo, la defensora del Pueblo criticó un plan de reintegración social de las personas reclusas que fueron liberadas durante la pandemia para evitar el hacinamiento, porque no establecía medidas para prevenir el sinhogarismo entre las que no tenían familia ni otra red de apoyo.

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República Portuguesa
Jefe del Estado: Marcelo Rebelo de Sousa
Jefe del gobierno: António Costa

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