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Bosnia y Herzegovina

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las minorías siguieron sufriendo discriminación generalizada. Continuaban las amenazas y agresiones contra periodistas y contra la libertad de los medios de comunicación. El acceso a la justicia y la reparación para las víctimas civiles de la guerra seguía siendo limitado.

La exclusión social y la discriminación, especialmente de la comunidad romaní, de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y de las personas con discapacidad, seguían siendo generalizadas a pesar de la aprobación en 2016 de una ley progresista sobre la prevención de la discriminación.

Continuaron los intentos para reducir el número de personas romaníes sin documentos de identidad y para aumentar el número de niños y niñas romaníes matriculados en la escuela primaria. Sin embargo, la población romaní seguía encontrando barreras sistémicas en el acceso a la educación, la vivienda, la atención médica y el empleo. En julio, el Consejo de Ministros adoptó un nuevo plan de acción trienal para la inclusión de la población romaní que tenía como finalidad específica mejorar las oportunidades de empleo y facilitar el acceso a la vivienda y a la atención médica, pero la decisión del Consejo de Ministros de retirar parte de los fondos del plan por segundo año consecutivo dificultó su aplicación.

Persistía la inacción de la policía a la hora de investigar exhaustivamente actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI. No se dictaron actas de acusación formal contra los sospechosos de ser penalmente responsables del ataque de 2014 contra los miembros de la organización del festival de cine LGBTIQ “Merlinka”, o los responsables del incidente de 2016 en la capital, Sarajevo, en el que un grupo de hombres jóvenes acosó y amenazó físicamente a la clientela de una cafetería y sala de cine frecuentada por personas LGBTI. En mayo no pudo celebrarse una reunión pública para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia porque el Ministerio de Tráfico del cantón de Sarajevo no otorgó a tiempo los permisos necesarios, a pesar de haber recibido una solicitud formal con antelación

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y los niños y niñas, siguieron sufriendo exclusión social sistémica, como por ejemplo una seria limitación del acceso a la atención médica y a la educación general. Conforme a la legislación, se trataba de forma diferente a las personas con discapacidad cuya minusvalía no fuera consecuencia de la guerra, que recibían subsidios y prestaciones sociales inferiores a las que recibían los veteranos de guerra y las víctimas civiles de la guerra.

Seguía sin aplicarse la sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Sejdić-Finci v. Bosnia and Herzegovina, según la cual las disposiciones de la Constitución sobre el reparto de poder eran discriminatorias. De acuerdo con dichas disposiciones, quienes no se declararan pertenecientes a uno de los tres principales pueblos constituyentes del país —bosniaco, serbio y croata— seguían sin poder presentar su candidatura a cargos legislativos ni ejecutivos.

Persistió el patrón de amenazas, presiones políticas y agresiones a periodistas. En julio y agosto, Dragan Bursać, periodista de Al Yazira en los Balcanes, recibió una serie de amenazas de muerte después de publicar un artículo en el que condenaba unas reuniones públicas celebradas en la ciudad de Banja Luka en apoyo a un acusado por crímenes de guerra. Al finalizar el año, las asociaciones locales de periodistas habían documentado casi 40 casos de presión directa, amenazas verbales y ataques físicos contra periodistas.

En noviembre, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) dictó la sentencia en primera instancia de la causa contra el exlíder serbio de Bosnia, el general Ratko Mladić. El Tribunal lo declaró culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de 1992 a 1995, y lo condenó a cadena perpetua.

También en noviembre, el TPIY confirmó las condenas anteriores contra seis exlíderes políticos y militares croatas de Bosnia. Esta fue la última sentencia dictada por el Tribunal antes de su cierre permanente en diciembre, tras 23 años de funcionamiento.

El enjuiciamiento de crímenes de guerra en el país seguía siendo lento, con cientos de causas pendientes de tramitación ante diferentes tribunales al terminar el año. Pese a los avances recientes, los procesamientos seguían sufriendo la falta de capacidad y de recursos, unida a una gestión ineficaz de las causas y a las persistentes injerencias políticas. Al finalizar el año, seguía en marcha una revisión de la Estrategia Nacional contra los Crímenes de Guerra establecida en 2008 para abordar deficiencias institucionales clave y fijar nuevos plazos para la terminación de las causas.

Hubo algunos avances respecto a la armonización de las leyes de las entidades que regulaban los derechos de las víctimas civiles de la guerra, incluidas las víctimas de violencia sexual en tiempo de guerra. Sin embargo, las ayudas públicas destinadas a éstas continuaron estando fragmentadas y basadas en el lugar de residencia; las víctimas residentes en la República Srpska quedaron excluidas del sistema de prestaciones sociales para víctimas civiles de la guerra. El gobierno aprobó en diciembre el anteproyecto de ley sobre la protección de las víctimas de tortura en tiempo de guerra en la República Srpska, destinado a reconocer los derechos de éstas, que no obstante incluía disposiciones que podían discriminar a las víctimas no serbias. Al terminar el año no se habían realizado avances a nivel estatal en la aprobación de la Ley sobre Protección de las Víctimas de Tortura, que garantizaría una serie de derechos específicos para las víctimas de guerra en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina.

Los tribunales de lo penal continuaron la práctica reciente de conceder indemnizaciones económicas a las víctimas de violación en tiempos de guerra, lo que elevó a cuatro el número de sentencias definitivas que adjudicaban una compensación económica por crímenes de guerra. Sin embargo, al terminar el año no se habían abonado. Los responsables declarados culpables carecían de fondos y no había mecanismos alternativos para indemnizar a las personas sobrevivientes de delitos cuando los condenados eran insolventes.

La mayoría de las víctimas seguían viéndose obligadas a reclamar la indemnización por la vía civil, donde tenían que revelar su identidad e incurrir en gastos adicionales. La sentencia de 2016 del Tribunal Constitucional que establecía que las demandas de reparación tenían carácter prescriptible y que únicamente podían dirigirse contra los perpetradores y no contra el Estado, incluso en causas por crímenes de guerra, llevó a la desestimación generalizada de demandas en 2017, lo que redujo aún más las posibilidades de las víctimas de reclamar una indemnización y las dejó expuestas al pago de elevadas tasas judiciales.

Aunque se habían exhumado e identificado los cadáveres de más del 75% de las personas desaparecidas durante la guerra, 8.000 personas continuaban en paradero desconocido. El proceso de exhumación de restos siguió encontrando obstáculos importantes, entre ellos la reducción de fondos y la escasez de conocimiento especializado. La Ley sobre Personas Desaparecidas seguía sin aplicarse, y el Fondo para Familiares de Personas Desparecidas continuaba a la espera de recursos específicos.

Bosnia y Herzegovina
Jefe del Estado: presidencia de carácter rotativo: Bakir Izetbegović, Dragan Čović, Mladen Ivanić
Jefe del gobierno: Denis Zvizdić
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