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Bosnia y Herzegovina

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Persistieron las amenazas contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunque mejoraron las condiciones de acogida para las personas refugiadas y migrantes, muchas continuaban durmiendo a la intemperie. El Consejo de Ministros aprobó planes de acción relativos a la inclusión de la población romaní y a los derechos de las personas LGBTI. El acceso de las víctimas civiles de la guerra a justicia y reparación seguía siendo limitado.

Información general

El país continuaba sumido en una crisis política. Partidos políticos de la República Srpska amenazaron con disolver las instituciones de ámbito estatal. El gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina completó su mandato de carácter provisional. En octubre, el alto representante para Bosnia y Herzegovina impuso reformas de la Constitución y de la Ley Electoral dirigidas a “mejorar la funcionalidad” de las instituciones de la Federación. Voces críticas advirtieron de que esos cambios ahondarían las divisiones étnicas. En diciembre, Bosnia y Herzegovina obtuvo oficialmente el estatuto de país candidato a la Unión Europea.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Los periodistas y medios de comunicación que informaban sobre corrupción y crímenes de guerra continuaron sufriendo presiones políticas, hostigamiento y amenazas. Algunas figuras políticas llevaron a cabo campañas de desprestigio contra periodistas, lo que fomentó que éstos recibieran más amenazas, tanto por Internet como en persona. En noviembre, el director de la Policía de la Federación, Zoran Čegar, fue suspendido tras amenazar a una periodista con “cortarle el cuello”.

En septiembre, el Tribunal Constitucional resolvió que la emisora pública de la República Srpska RTRS había difamado a Vladimir Kovačević, periodista atacado y herido de gravedad, posiblemente debido a la campaña de desprestigio sufrida, cuando estaba cubriendo las manifestaciones multitudinarias de Banja Luka en 2018.

Bosnia y Herzegovina descendió del puesto 58 al 67 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Figuras políticas y empresas utilizaron las demandas por difamación para intimidar a periodistas y a quienes defendían los derechos humanos. En abril, una empresa radicada en Bélgica demandó y pidió una indemnización excesiva por daños y perjuicios a dos ecologistas locales que habían planteado motivos de preocupación relacionados con el impacto ambiental de las plantas hidroeléctricas de esa empresa en el río Kasindolska.1

La legislación sobre reuniones pacíficas variaba de una región a otra y, en general, era incompatible con las normas internacionales. En mayo, la policía de la República Srpska prohibió una marcha pacífica para conmemorar el 30 aniversario de la persecución sufrida por las personas bosniacas y croatas en Prijedor durante la guerra. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmó que esa decisión policial constituía una violación del derecho de reunión pacífica.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades registraron la llegada de casi 27.000 personas en el año, lo que supuso un incremento respecto a las 16.000 de 2021. Al final del año continuaban en el país unas 1.300, en su mayoría procedentes de Afganistán.

Aunque las condiciones de recepción mejoraron en general, las principales instituciones responsables en materia migratoria seguían sin disponer de recursos suficientes y tenían dificultades para gestionar los centros de acogida sin la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades no repartieron la responsabilidad de acoger a solicitantes de asilo en todo el país y dejaron a la mayoría de estas personas atrapadas en el cantón de Una-Sana.

El inesperado aumento de las llegadas a partir de agosto y el alto nivel de rotación en los centros de acogida afectaron aún más a la capacidad de ofrecer apoyo adecuado a largo plazo a sus residentes.

Aunque la mayoría de las personas refugiadas y migrantes fueron alojadas en centros de acogida, varios centenares —incluidas familias con menores a su cargo— dormían a la intemperie cerca de la frontera, en su mayoría en el cantón de Una-Sana, donde carecían de servicios esenciales como agua, alimentación, saneamiento, calefacción y asistencia médica. Hubo activistas que afirmaban que las autoridades les impedían ofrecer ayuda humanitaria a quienes estaban fuera de los centros de acogida.

Continuaron en vigor las medidas discriminatorias impuestas por las autoridades cantonales en 2020, que prohibían ilegalmente a las personas refugiadas y migrantes la libre circulación, reunirse en lugares públicos y usar el transporte público.

El sistema de asilo seguía siendo en gran medida ineficaz, con más de 400 días de espera por término medio para la tramitación de las solicitudes. Las tasas de reconocimiento de la condición de persona refugiada aún eran sumamente bajas, y al final del año no se había reconocido esa condición a nadie.

En cambio, las solicitudes de personas ucranianas que buscaban protección en Bosnia y Herzegovina fueron tramitadas rápidamente. Quienes procedían de ese país obtuvieron protección subsidiaria en lugar de ver reconocida su condición de personas refugiadas, lo que limitaba su acceso a derechos básicos, como el derecho a la reagrupación familiar y a documentos de viaje.

Discriminación

Romaníes

En abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan de medidas para la inclusión social de la comunidad romaní, que pretendía abordar las deficiencias existentes en el acceso de ésta a la vivienda, el empleo, la educación y la asistencia médica.

Las autoridades no ejecutaron las numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina que declaraban discriminatorias las disposiciones de la Constitución sobre el ejercicio compartido del poder. Dichas disposiciones impedían presentarse a cargos legislativos y ejecutivos a quienes no pertenecieran a ninguno de los llamados pueblos constituyentes (bosniaco, croata y serbio).

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En julio, el Consejo de Ministros aprobó el primer plan de medidas sobre los derechos de las personas LGBTI, dirigido a reforzar la protección frente a la discriminación.

Un tribunal municipal de Sarajevo confirmó que una exdiputada de la Asamblea Cantonal de Sarajevo era culpable de discriminar a las personas LGBTI, en la primera sentencia judicial dictada en Bosnia y Herzegovina relacionada con la discriminación basada en la orientación sexual.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Cerca de 500 casos de crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado de 1992-1995, con más de 4.000 presuntos perpetradores, continuaban pendientes ante los tribunales. La falta de capacidad, las deficiencias sistémicas de las fiscalías y una cooperación regional desigual siguieron causando grandes retrasos que reducían las esperanzas de muchas víctimas de obtener verdad, justicia y reparación antes de morir.

Las autoridades no establecieron un programa integral de reparación de ámbito nacional para las víctimas civiles de la guerra. El acceso a ayudas sociales, incluidas prestaciones por discapacidad, dependía del lugar de residencia de las víctimas y variaba considerablemente de un lugar a otro del país.

El gobierno no implementó una decisión de 2019 del Comité de la ONU contra la Tortura que instaba a Bosnia y Herzegovina a garantizar una reparación inmediata e integral a todas las personas sobrevivientes de violencia sexual en tiempo de guerra.

En la República Srpska, las víctimas de violación en tiempo de guerra que habían perdido sus demandas de indemnización ante tribunales civiles debido a la prescripción de los delitos tuvieron que pagar unas costas judiciales excesivas y algunas se enfrentaban al embargo de bienes. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos pidió el fin urgente de esta práctica.

Más de 7.500 personas continuaban en paradero desconocido como consecuencia del conflicto armado.

  1. Bosnia and Herzegovina: Young environmental activists face baseless defamation charges from Belgian-owned hydropower company in Bosnia, 20 de octubre
Bosnia y Herzegovina
Jefatura del Estado: Denis Bećirović, Željko Komšić y Željka Cvijanović (presidencia rotatoria)
Jefa del gobierno: Borjana Krišto (sustituyó a Zoran Tegeltija en diciembre)