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Bosnia y Herzegovina

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Pese a la adopción de legislación nueva y progresista contra la discriminación, las minorías vulnerables seguían sufriendo discriminación de forma generalizada. Continuaban las amenazas y agresiones contra periodistas y contra la libertad de los medios de comunicación. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó varias sentencias en relación con delitos cometidos durante el conflicto de 1992 a 1995 pero, en el ámbito nacional, el acceso de las víctimas civiles de la guerra a justicia y reparación seguía siendo limitado.

En febrero, Bosnia y Herzegovina presentó su solicitud de ingreso en la Unión Europea, que fue aceptada en septiembre.

Las autoridades de la República Srpska, una de las dos entidades constitutivas del país, se negaron a aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina según la cual su Ley de Vacaciones, que designaba el 9 de enero como Día de la República Srpska, era inconstitucional y discriminatoria hacia la población no serbia de la entidad.

Las elecciones municipales que se celebraron en octubre en todo el país estuvieron marcadas por un discurso cada vez más nacionalista. En junio se publicaron los resultados de un censo realizado en 2013, el primero desde la guerra; sin embargo, la República Srpska puso en duda la metodología empleada para recopilar los datos del censo, así como sus resultados.

El Consejo de Ministros adoptó en abril el primer Plan de Acción para la Prevención de la Discriminación, y en junio la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina aprobó una serie de reformas de la Ley de Prevención de la Discriminación. El nuevo texto, que gozó de una amplia aceptación entre la sociedad civil, enumeraba motivos específicos de discriminación —entre ellos la orientación sexual— y ampliaba considerablemente los motivos prohibidos de incitación a la discriminación, que en el texto original se limitaban a los de raza, religión y nacionalidad.

El Parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina, la otra entidad constitutiva del país, aprobó reformas en su Código Penal para tipificar como delito los crímenes de odio, cuya definición incluía una gran cantidad de motivos prohibidos; sin embargo, las sanciones previstas para el delito de incitación al odio, discurso de odio y violencia seguían aplicándose únicamente a los motivos de nacionalidad, etnia y religión, y excluían el discurso de odio contra otros grupos marginados.

La exclusión social y la discriminación, en especial de las personas romaníes y de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, seguía siendo generalizada. Aunque se redujo el número de romaníes sin documentos de identidad y mejoró ligeramente su acceso a la vivienda, seguían encontrando barreras sistémicas en el acceso a la educación, la atención médica y el empleo. La Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Romaní y su correspondiente Plan de Acción finalizaron en 2016 sin haber cumplido muchos de sus objetivos. El Consejo de Ministros reasignó parte de los fondos inicialmente destinados a respaldar la aplicación del Plan.

Las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales continuaban sufriendo discriminación e intimidación. Grupos de la sociedad civil documentaron casos de agresiones verbales y físicas y discriminación, que en su mayoría no se investigaron de forma exhaustiva. En marzo, un grupo de hombres jóvenes entró en una cafetería y sala de cine frecuentada por la comunidad LGBTI de la capital, Sarajevo, y atacó e intimidó a la clientela. Aunque varias personas sufrieron lesiones físicas, la policía clasificó el incidente como un delito menor. Tampoco llegaron a presentarse cargos penales contra los perpetradores de una agresión de 2014 contra los organizadores del festival de cine LGTB “Merlinka”, cuya edición de 2016 se celebró en medio de un fuerte dispositivo policial de seguridad.

Seguía sin aplicarse la sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Sejdić-Finci v. BiH, según la cual las disposiciones de la Constitución sobre el reparto de poder eran discriminatorias. De acuerdo con dichas disposiciones, quienes no se declararan pertenecientes a uno de los tres pueblos constituyentes del país —bosniacos, serbios y croatas— no podían presentar su candidatura a cargos legislativos ni ejecutivos.

El patrón de amenazas, presiones políticas y agresiones a periodistas persistió a lo largo de 2016. La Asociación de Periodistas documentó agresiones reiteradas contra profesionales de la información, así como ataques a la libertad de expresión y a la integridad de los medios de comunicación.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó sentencias en primera instancia en las causas de varios ex altos cargos por delitos cometidos durante el conflicto de 1992-1995. En marzo, el Tribunal declaró a Radovan Karadžić, presidente de la República Srpska durante la guerra, culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y lo condenó a 40 años de prisión. Ese mismo mes, el Tribunal absolvió a Vojislav Seselj, líder del Partido Radical Serbio, de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de los que se le acusaba.

La falta de capacidad y recursos, unida a una gestión ineficaz de las causas y a las persistentes injerencias políticas, continuó ralentizando los procesos judiciales y el acceso a resarcimiento en los tribunales del país. En julio, un análisis independiente encargado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa reveló que la Estrategia Nacional contra los Crímenes de Guerra no había cumplido sus objetivos y que había más de 350 causas complejas pendientes ante el Tribunal Estatal y la Fiscalía.

Pese a los compromisos contraídos por las autoridades, no hubo avances en la adopción de la Ley para la Protección de las Víctimas de Tortura ni en la equiparación de las leyes de las entidades sobre los derechos de las víctimas civiles de la guerra para facilitar su acceso a servicios, asistencia jurídica gratuita y reparación efectiva.

En octubre, un tribunal de la ciudad de Doboj concedió una indemnización a una víctima de violación en tiempo de guerra y condenó al perpetrador a cinco años de prisión. Fue el segundo caso de reparación económica por crímenes de guerra concedida en un procedimiento penal. No obstante, muchas víctimas seguían viéndose obligadas a reclamar indemnización por la vía civil, lo que las obligaba a revelar su identidad y tenía unos costes mayores. En abril, el Tribunal Constitucional decidió que las demandas de reparación por daños morales tenían carácter prescriptible y que únicamente podían dirigirse contra los perpetradores, no contra el Estado, lo que redujo aún más las posibilidades de las víctimas de reclamar y recibir una indemnización.

Aunque se habían exhumado e identificado los cadáveres de más del 75% de las personas desaparecidas durante la guerra, 8.000 continuaban en paradero desconocido. El proceso de exhumación de restos encontró obstáculos importantes, entre ellos la reducción de fondos para el Instituto de Personas Desaparecidas y el limitado número de peritos del país. La Ley sobre Personas Desaparecidas seguía sin aplicarse, y no se había constituido aún un fondo para familiares de personas desaparecidas.

Bosnia y Herzegovina
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