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Senegal

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se restringía el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras. Se obligaba a niños a mendigar en la calle. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos.

Khalifa Sall, líder de la oposición y alcalde de la capital, Dakar, fue detenido el 7 de marzo por cargos de asociación ilícita, falsificación y uso de documentos falsos, apropiación indebida de fondos públicos, fraude y blanqueo de dinero. Se le denegó la libertad con fianza en varias ocasiones. En julio, mientras estaba detenido, fue elegido miembro del Parlamento. En noviembre, la Asamblea Nacional le levantó la inmunidad parlamentaria a petición de la fiscalía. Los abogados de Khalifa Sall y grupos de la sociedad civil expresaron preocupación por la falta de independencia mostrada por la judicatura en su causa, en la que se presentaron cargos contra otras siete personas; cinco de ellas permanecían recluidas sin juicio, junto con Khalifa Sall, en la prisión de Rebeuss, en Dakar.

Las autoridades prohibieron manifestaciones pacíficas y detuvieron a manifestantes, sobre todo en el periodo previo a las elecciones de julio.

En junio, las fuerzas de seguridad hirieron de bala a dos mujeres y golpearon a varias personas durante una protesta en la ciudad de Touba contra los malos tratos infligidos a un niño de 14 años por miembros de una asociación religiosa a la que con frecuencia se describía como la “policía religiosa”. La policía negó que hubiera abierto fuego contra las personas que se manifestaban, pero inició una investigación sobre el incidente.

Unos 20 miembros del “colectivo de 1.000 jóvenes por la liberación de Khalifa Sall” fueron detenidos en junio y noviembre por “alteración del orden público” tras celebrar manifestaciones pacíficas en Dakar para pedir la liberación de Khalifa Sall. Todas las personas detenidas, excepto una, quedaron en libertad el mismo día.

En julio, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y porras para reprimir una manifestación pacífica organizada por el expresidente y líder opositor Abdoulaye Wade. Las autoridades impidieron la protesta en aplicación de un decreto de 2011 que prohibía las reuniones en las zonas céntricas de las ciudades.

Se detuvo arbitrariamente a periodistas, artistas, usuarios de medios sociales y otras personas que expresaban disidencia.

El 30 de junio, la periodista Ouleye Mané y otras tres personas fueron detenidas por “difusión de imágenes contrarias a las buenas costumbres” y “asociación ilícita” tras compartir fotografías del presidente en WhatsApp. Quedaron en libertad con fianza el 11 de agosto.

La cantante Ami Collé Dieng fue detenida en Dakar el 8 de agosto y acusada formalmente de “ofensa al jefe del Estado” y “difusión de noticias falsas” tras enviar a través de WhatsApp una grabación de audio en la que criticaba al presidente. Quedó en libertad con fianza el 14 de agosto.

En agosto, la fiscalía advirtió formalmente de que quien publicara comentarios o imágenes “ofensivos” en Internet, así como los administradores de sitios, podrían ser enjuiciados por ciberdelitos en virtud del Código Penal.

El nuevo Código de Prensa, adoptado por la Asamblea Nacional en junio, estaba redactado de forma imprecisa y preveía penas privativas de libertad por delitos de prensa. Permitía a los ministros del Interior y de Comunicación prohibir diarios y otras publicaciones periódicas extranjeros, y establecía penas de prisión y multas para quien desafiara la prohibición. Su artículo 192 facultaba a las autoridades administrativas para ordenar la confiscación de bienes utilizados para publicar o emitir información, para suspender o impedir la emisión de un programa de radio o televisión y para cerrar provisionalmente un medio de comunicación por motivos de seguridad nacional o territorial, entre otras cosas. El Código establecía penas de cárcel por delitos como “ofensa” al jefe del Estado, difamación, insultos, difusión o distribución de imágenes contrarias a las buenas costumbres, y difusión de noticias falsas. Tipificaba como delito varias técnicas utilizadas por quienes denunciaban irregularidades, por las que se podrían imponer penas de cárcel. El artículo 227 preveía la restricción del acceso a los contenidos online que se considerasen “contrarios a las buenas costumbres”, que “menoscab[as]en el honor” o fueran “manifiestamente ilegales”, en determinados casos.

Las condiciones de reclusión seguían caracterizándose por la dureza y el hacinamiento. Al menos cuatro hombres murieron bajo custodia; se creía que dos de ellos se habían ahorcado.

Decenas de personas continuaban en situación de detención prolongada en espera de juicio por cargos relacionados con el terrorismo. El imán Ndao llevaba más de dos años detenido por cargos de “actos de terrorismo” y “apología del terrorismo” cuando se lo enjuició el 27 de diciembre. Se le negaba el tratamiento médico adecuado para el deterioro de su salud.

El Código Penal seguía tipificando como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Las personas LGBTI sufrían discriminación, especialmente en el acceso a los servicios de salud y a la justicia.

En julio, Human Rights Watch informó de que más de 1.000 de los aproximadamente 1.500 niños sacados de las calles entre julio de 2016 y marzo de 2017 habían regresado a sus internados coránicos tradicionales, tras haber sido retirados de ellos en aplicación de una iniciativa del gobierno de 2016 que pretendía protegerlos de la obligación de mendigar y de otros abusos infligidos por los maestros coránicos. En la mayoría de estas escuelas no se llevaban a cabo inspecciones oficiales, y se obligaba a muchos niños a mendigar de nuevo en las calles. Se llevaron a cabo escasas investigaciones o enjuiciamientos de los responsables de los abusos.

En abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada hizo públicas sus observaciones finales sobre Senegal. Recomendó adecuar la legislación penal y los procedimientos de investigación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y fortalecer el Comité de Derechos Humanos de Senegal con arreglo a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París).

En abril, las Salas Africanas Extraordinarias en Senegal confirmaron la sentencia condenatoria y la condena a cadena perpetua del expresidente de Chad, Hissène Habré, por cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y tortura en Chad entre 1982 y 1990.

República de Senegal
Jefe del Estado: Macky Sall
Jefe del gobierno: Mahammed Dionne
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