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Sudáfrica 2019

La Comisión de Investigación sobre las Denuncias de Secuestro del Estado continuó oyendo testimonios relacionados con denuncias de “secuestro del Estado” durante el gobierno del expresidente Jacob Zuma, formuladas tras su destitución del cargo en febrero de 2018 por el partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano (ANC). Persistieron profundas desigualdades que debilitaron aún más los derechos económicos, sociales y culturales, también en el ámbito de los servicios de salud, con escasez de medicamentos, como antirretrovirales para las personas que vivían con el VIH/sida. La sequía, agravada por el cambio climático, continuó amenazando el derecho de millones de personas a sus medios de vida, mientras que el precio de los alimentos no dejó de crecer en todo el año debido a las subidas del combustible.

Información general

El ANC ganó las elecciones del 8 de mayo. Continuó la mortal violencia xenófoba ejercida sistemáticamente contra las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, debido en parte a años de impunidad de los delitos xenófobos cometidos en el pasado. En los violentos disturbios de los meses de agosto y septiembre murieron al menos 12 personas, sudafricanas y extranjeras, y también se saquearon comercios propiedad de personas sudafricanas y extranjeras y se incendiaron y destrozaron sus bienes. La Comisión de Investigación sobre las Denuncias de Secuestro del Estado continuó oyendo declaraciones de testigos en relación con las denuncias de “secuestro del Estado” durante el gobierno de Jacob Zuma, así como testimonios escalofriantes de presunta corrupción en procesos gubernamentales para beneficiar a unas cuantas personas aparentemente vinculadas al expresidente. Persistía la brutalidad policial, que causó la muerte bajo custodia de un hombre detenido por el Departamento de Policía Metropolitana de Johannesburgo por saltarse presuntamente un semáforo en rojo.

Uso excesivo de la fuerza

La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía, organismo de vigilancia de la actuación policial, documentó 393 casos de muerte a causa de la actuación de la policía y 214 de muerte bajo custodia policial en su informe anual 2018/19. También se registraron 124 casos de violación por agentes de policía y 270 casos de tortura.

En febrero, la ONG Coalición para la Justicia Social presentó una denuncia formal ante este organismo, a raíz de que su secretario general, Axolile Notywala, hubiese sido presuntamente atacado por la policía y puesto bajo custodia durante una protesta pacífica en el exterior del Centro Cívico de Ciudad del Cabo. Notywala denunció que en el momento de su detención había sufrido malos tratos, como ser abofeteado en cinco ocasiones y permanecer dos horas esposado antes de ser acusado formalmente de interferir en el trabajo de la policía e incitar a la protesta. Posteriormente se archivó su caso, al no presentar la policía el expediente.

El 18 de agosto, Tshegofatso Selahle murió bajo custodia de la policía en Johannesburgo como consecuencia de las lesiones sufridas durante presuntas palizas. La víspera había sido detenido por la policía metropolitana, acusado de saltarse un semáforo en rojo en Johannesburgo. La policía afirmó que era violento y se había resistido a la detención.

En agosto, la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía confirmó la muerte de un ciudadano nigeriano de 46 años, presuntamente a manos de miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica, en King William’s Town, provincia de Cabo Oriental, e informó de que la policía estaba llevando a cabo redadas contra el tráfico de drogas y que el hombre había muerto durante una entrevista con los agentes. Al final del año, el organismo continuaba su investigación sobre el asunto.

Violencia de género

Continuó recrudeciéndose la violencia de género en el país, con casos como el asesinato de Uyinene Mrwetyana, alumna de la Universidad de Ciudad del Cabo, ocurrido a finales de agosto. El presunto asesino era un empleado de correos de 42 años que trabajaba en la oficina de Clareinch, en Ciudad del Cabo. El hombre la había engañado para que acudiera a la oficina de correos después del horario laboral con el pretexto de ayudarla con la recogida de un paquete. Fue detenido tras confesarse autor del asesinato y acusado formalmente de violación, asesinato y obstrucción a la justicia. El 15 de noviembre fue declarado culpable y condenado a tres penas de cadena perpetua, una por asesinato y dos por violación, y a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia. Durante la comparecencia judicial del acusado, la fiscal había explicado al tribunal que Mrwetyana había sido violada y asesinada a golpes con una báscula en el interior de la oficina de correos.

Después de este caso, los medios de comunicación informaron de una serie de asesinatos y desapariciones de mujeres en diversas partes de Sudáfrica, poniendo de manifiesto la magnitud del problema en el país.

La Comisión para la Igualdad de Género, institución nacional de carácter constitucional e independiente, expresó en septiembre su preocupación por la impunidad de los feminicidios y la violencia de género, mencionando una “ausencia generalizada de medidas decisivas por parte del Estado” y “largos retrasos en el procesamiento de los casos de violencia de género”. La Comisión pidió que se consideraran prioritarios estos delitos en el sistema de justicia penal del país y se ofreciera mayor apoyo a las supervivientes de violación y de violencia de género. Sin embargo, grupos de la sociedad civil denunciaron falta de personal en los centros de atención “Thuthuzela” —destinados a ofrecer apoyo médico, forense, jurídico y psicológico a las supervivientes de violación— debido a la escasa financiación que les asignaba el gobierno tras haber dejado de recibir ayuda internacional. Miembros del Parlamento denunciaron escasez y agotamiento de los recursos para atender a víctimas de violación en numerosas comisarías de policía.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres y las niñas continuaban encontrando dificultades para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. De noviembre de 2018 a febrero de 2019, Amnistía Internacional visitó comunidades de las provincias de KwaZulu-Natal y Mpumalanga, donde las mujeres denunciaban escasez y agotamiento de medicamentos anticonceptivos y antirretrovirales  Las mujeres continuaban sin tener acceso a servicios de aborto legal y sin riesgos debido a que el gobierno avanzaba muy despacio a la hora de aumentar el número de centros de salud pública que proporcionaran ese tipo de servicio y, además, no facilitaba información sobre el aborto en el sitio web del Ministerio de Salud. Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional contaron que aún tenían que recorrer grandes distancias y asumir los gastos de transporte para que se les practicara un aborto en hospitales públicos, lo cual causaba retrasos, con el consiguiente riesgo de que les denegaran el servicio si el proceso se alargaba más allá del límite gestacional legalmente establecido. La escasez de transporte médico urgente (ambulancias) continuaba siendo una crisis nacional. En Mpumalanga y Kwazulu-Natal, los miembros de las comunidades seguían denunciando que tenían que pagarse un medio de transporte privado en caso de urgencia. Si bien continuaron los avances en la reducción de los índices de mortalidad materna, los datos publicados en 2019 indicaban que, respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el país progresaba con demasiada lentitud.

A principios de 2019, las autoridades de salud nacionales y las de Gauteng emitieron sendas directivas que obligaban a las personas extranjeras a cubrir íntegramente los gastos de su asistencia médica en centros públicos de salud. Las tasas de los servicios de salud pública estaban sujetas a la comprobación de los ingresos de quienes los solicitaban, pese a que servicios básicos como la asistencia médica primaria, la atención a la salud materna, los servicios de aborto y el tratamiento de urgencia deberían ser gratuitos y universales. El derecho a la salud, incluida la salud reproductiva, estaba protegido por el artículo 27 de la Constitución. Aunque las directivas se retiraron posteriormente, la confusión aumentó los obstáculos para acceder a los servicios de salud. En agosto, según informes, una mujer dio a luz un bebé muerto en un hospital público de Mamelodi, Pretoria, después de que el personal hospitalario se negara a asistirla en el parto, al parecer porque era de Zimbabue.

Libertad de expresión

Actores no oficiales y determinadas figuras políticas continuaron sometiendo a amenazas, hostigamiento e intimidación a periodistas que intentaban informar sobre la corrupción y sobre determinados asuntos políticos.

En julio, el  Foro Nacional de Editores de Sudáfrica y un grupo de periodistas denunciaron al líder del partido Combatientes por la Libertad Económica, Julius Malema, ante el Tribunal de Igualdad por discurso de odio a raíz de una serie de ataques que, en su opinión, tenían como fin hostigar e intimidar a periodistas para que no criticaran al partido ni a sus dirigentes en su labor informativa. La denuncia tenía su origen en diversos casos en los que Malema había señalado a periodistas por su nombre en mítines políticos y a través de redes sociales y había exhortado a sus seguidores a “encargarse de ellos”. El 24 de octubre, el tribunal falló en contra del Foro, aduciendo, entre otras cosas, que las opiniones impopulares, ofensivas o controvertidas no constituían necesariamente discurso de odio. El 5 de marzo, Malema difundió el número del teléfono móvil personal de la periodista Karima Brown en su cuenta de Twitter, exponiéndola a recibir mensajes insultantes y llamadas telefónicas amenazadoras de sus seguidores.

El tribunal oyó cómo Malema había actuado contra los periodistas en general por su labor informativa crítica sobre el partido durante el periodo previo a las elecciones del 8 de mayo. Posteriormente, el Tribunal Superior de Gauteng Meridional falló a favor de Brown.

El 12 de septiembre, Malema anunció que se prohibía asistir a los actos políticos de su partido a amaBhungane, entidad de periodismo de investigación independiente, y a Scorpio, sección de investigación del periódico Daily Maverick. Durante un acto conmemorativo celebrado por el partido en Soweto en honor del difunto presidente de Zimbabue Robert Mugabe, Malema dijo a sus seguidores que había que tratar “como enemigos” a estos dos periódicos online. Ambos eran conocidos por publicar información crítica sobre las finanzas de Malema y otros dirigentes del partido, como que presuntamente se beneficiaban de generosas inyecciones de capital realizadas por los directivos del VBS Mutual Bank, banco presuntamente expoliado y al final quebrado.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Continuó la mortal violencia xenófoba ejercida sistemáticamente contra las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, en parte debido a años de impunidad de los ataques cometidos en el pasado y a las deficiencias del sistema de justicia penal, que dejaba expuestas y desprotegidas a estas personas ya vulnerables.[1] Los disturbios de agosto y septiembre fueron uno de los periodos de violencia de mayor duración desde 2008 y en ellos murieron al menos 12 personas, sudafricanas y extranjeras, y también se saquearon comercios de personas sudafricanas y extranjeras y se incendiaron y destrozaron sus bienes.

Quienes desataron la violencia fueron nacionales que culpaban a la población extranjera de traficar con drogas y usurpar sus oportunidades económicas, como los puestos de trabajo y las empresas.

En las dos ciudades donde se produjeron estos disturbios, Johannesburgo y Pretoria, fueron atacadas empresas propiedad de personas de Nigeria y de otros países, y se redujeron a cenizas mercancías y otros bienes por valor de millones. El estallido de los enfrentamientos entre nacionales y extranjeros, caracterizados por terribles ataques y asesinatos, fue seguido de una enorme escalada de la violencia en la primera semana de septiembre.

El gobierno casi no había tomado medidas respecto a los anteriores estallidos de violencia xenófoba en todo el país; por el contrario, solía utilizar a las personas extranjeras como chivos expiatorios, acusándolas de los altos índices de delincuencia, de sobrecargar los servicios públicos y de dirigir negocios ilegales.

Empresas y derechos humanos

Siete años después de la huelga de la minería de 2012, en la que 34 hombres murieron el 16 de agosto por disparos de agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica en la mina de Marikana, de la empresa Lonmin, víctimas y familiares directamente afectados por la tragedia seguían esperando justicia y reparación, incluida una indemnización adecuada.[2] Más de 70 personas habían resultado heridas de gravedad en el incidente, y posteriormente algunas perdieron su trabajo debido a discapacidades permanentes.

Derecho al agua

La población de Giyani y sus inmediaciones, en la provincia de Limpopo, continuaba sin tener acceso al agua, debido al colapso de la infraestructura hídrica como consecuencia del cese de la actividad de la empresa encargada por licitación pública de suministrar agua a 55 pueblos. A pesar de los más de 148 millones de dólares estadounidenses pagados por el gobierno a las contratas LTE Consulting, Khato Civils y South Zambezi, aún no había suministro básico de agua al terminar el año.

Más adelante, la Unidad Especial de Investigación ordenó la comparecencia de las tres empresas, con la intención de que reembolsaran el dinero recibido del Estado.


[1] Sudáfrica: Years of impunity for xenophobic crimes driving the latest attacks (noticia, 4 de septiembre de 2019)

[2] Sudáfrica: Cinco años después, las víctimas de Marikana esperan aún justicia (noticia, 14 de agosto de 2017)

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