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Sudáfrica

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las profundas desigualdades seguían menoscabando los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Las deficiencias del sistema de justicia penal obstruían el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes de odio y de violencia de género. Había investigaciones en curso sobre la conducta policial en relación con el uso excesivo de la fuerza en protestas.

Las protestas contra la corrupción eran generalizadas. Las tensiones políticas aumentaron después de que el presidente Zuma introdujese en marzo cambios sustanciales en la composición del gobierno, entre ellos la destitución del ministro de Economía, Pravin Gordhan.

Pese al aumento del gasto público en salud, educación y servicios esenciales, el servicio nacional de estadísticas informó de que el país no pudo reducir la pobreza y la desigualdad.

La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía informó de un aumento de los abusos de poder por parte de la policía, incluidas 394 muertes como consecuencia de acciones policiales y 302 muertes bajo custodia policial en el periodo 2016/2017, cifras superiores en ambos casos a las del año anterior. También informó de 173 casos de tortura, 112 de violación cometida por agentes de policía —incluidos 35 casos cuyos autores fueron agentes de servicio— y 3.827 casos de agresiones cometidas por la policía. Al concluir el año, la Dirección General finalizó su investigación sobre los disparos de agentes policiales que acabaron con la vida del periodista Godknows Nare en Johannesburgo en abril, y remitió el caso al director de la Fiscalía General. Según informes, los agentes, que pensaron que había robado un automóvil, dispararon contra él cuando salió de su vehículo con los brazos en alto.

El 23 de mayo, Leonaldo Peterson, de 17 años, recibió el impacto de una bala de goma disparada por agentes de policía a corta distancia en la provincia de Gauteng, durante una protesta en el vecindario. Las lesiones sufridas en una mano requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas.

El 27 de mayo, Samuel Mabunda, migrante de Mozambique, murió como consecuencia de las heridas sufridas tras una paliza propinada por personal de Red Ants (Hormigas Rojas), empresa de seguridad privada contratada por la policía para llevar a cabo desalojos en Ivory Park (Johannesburgo). Al terminar el año proseguía la investigación policial del caso.

El 12 de septiembre, Ona Dubula, de 14 años, recibió en la cara y en las costillas el impacto de balas de goma disparadas por agentes de policía a corta distancia en un asentamiento informal de la localidad de Hout Bay (provincia de Cabo Occidental) durante unas protestas relacionadas con las licencias de pesca; las lesiones le dejaron como secuelas dificultades para hablar. Al terminar el año proseguía la investigación de la Dirección General sobre el incidente.

El Departamento de Policía afirmó que los homicidios de concejales persistían, al igual que los asesinatos y los intentos de asesinato en el complejo de albergues Glebelands, en Durban, lo que había dado lugar a varias detenciones. La comisión de investigación sobre las causas fundamentales de los homicidios políticos en la provincia de KwaZulu-Natal inició sus audiencias en marzo; su mandato se prorrogó hasta marzo de 2018.

La violencia contra mujeres y niñas, incluidos los homicidios por motivos de género, seguía siendo generalizada. Entre abril de 2016 y marzo de 2017 se denunciaron a la policía más de 39.000 violaciones, aunque se creía que un gran número de casos de esta naturaleza no se denunciaban. En septiembre, el Consejo Sudafricano de Investigación Médica afirmó que sólo el 8,6% de las causas por violación incoadas por la policía en 2012 habían culminado en sentencias condenatorias, y adujo la falta de recursos y de formación de los agentes de policía, así como la ausencia de investigación de los delitos y de recopilación de pruebas forenses.

En mayo, el Departamento de Justicia publicó el informe sobre prostitución adulta elaborado por la Comisión para la Reforma Legislativa de Sudáfrica. La Comisión recomendó continuar penalizando la venta y la compra de sexo, lo que se contradecía con los testimonios y las recomendaciones de las trabajadoras y los trabajadores y activistas sexuales, de la Comisión para la Igualdad de Género de Sudáfrica y de expertos en derechos humanos y salud pública. En junio, Zwelethu Mthethwa fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de la trabajadora sexual Nokuphila Kumalo en 2013. El caso puso de relieve las demoras en el acceso a la justicia que sufrían las personas que ejercían el sexo como profesión.

Persistían las desigualdades flagrantes en el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva; menos del 7% de los 3.880 centros de salud del país ofrecían servicios de aborto. El gobierno no abordó la negativa de los profesionales de atención de la salud a prestar servicios de aborto y facilitar información sobre el emplazamiento de esos servicios, en contra de las normas internacionales de derechos humanos. La falta de acceso a información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos —lo que incluía cómo y dónde acceder a servicios de aborto legal— y las desigualdades en el acceso a esos servicios que sufrían los grupos marginados de mujeres y niñas agravaban las barreras existentes para el aborto sin riesgos.

Según estadísticas oficiales, casi uno de cada tres niños y una de cada cuatro niñas sufrían retraso en el crecimiento.

A pesar de las políticas oficiales destinadas a reducir la propagación del VIH, la incidencia seguía siendo especialmente alta entre mujeres y niñas, con unas 2.000 nuevas infecciones por VIH semanales entre las mujeres jóvenes y las niñas de entre 15 y 24 años.

En una comparecencia en el Parlamento en septiembre, el ministro de Salud destacó que la politización de los departamentos provinciales de salud y la deficiente gestión habían dado lugar a “escasez de personal médico, medicinas, equipos y otro material médico necesario” en los centros de salud públicos. Se informó de que la presidenta de la Comisión Parlamentaria sobre Función Pública y Administración había recibido amenazas de muerte en marzo, tras haber investigado el desempeño deficiente de los centros de salud en la provincia de Mpumalanga. En junio, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica reveló que el Departamento de Salud de la provincia de KwaZulu-Natal había violado el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana de pacientes de cáncer, debido a la falta de oncólogos y de equipos en buen estado de funcionamiento para evaluar y tratar a los pacientes.

En octubre se inició una audiencia de arbitraje en relación con la muerte de más de 118 pacientes aquejados de enfermedades mentales después de que el Departamento de Salud de la provincia de Gauteng trasladara a más de 1.300 pacientes desde el centro de atención de la salud Life Esidimeni a instalaciones gestionadas por ONG, debido a limitaciones de recursos. No obstante, la Comisión destacó que “las 27 ONG donde se reubicó a los pacientes carecían de licencia, de recursos suficientes y no tenían capacidad para hacerse cargo de personas con enfermedades mentales”. En febrero, el Defensor de la Salud concluyó que la reubicación había vulnerado los derechos de los pacientes y sus familias, entre ellos el derecho a la vida y a la dignidad humana.

El 6 de julio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional falló que Sudáfrica debía haber ejecutado la orden de detención dictada contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, durante la visita de éste al país en junio de 2015. En marzo de 2016, el Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica había declarado ilegítimo el hecho de que el gobierno no hubiera tomado medidas para detener al presidente Al Bashir.1

Una vez concluidos los procesos judiciales nacionales de Sudáfrica, la Sala de Cuestiones Preliminares convocó una audiencia judicial en abril de 2017.

A principios de diciembre se presentó en el Parlamento un proyecto de ley para revocar la Ley de Incorporación del Estatuto de Roma al Derecho Sudafricano, lo que señalaba la intención del gobierno de persistir en su decisión de abandonar la CPI.

El 7 de julio, el Tribunal Superior de Gauteng Meridional concedió al Foro Nacional de Editores de Sudáfrica (SANEF, por sus siglas en inglés) y a 11 periodistas una orden prohibitoria contra el partido político Black First Land First (BLF) (Los negros y la tierra primero) y su líder, Andile Mngxitama, tras denunciar amenazas y hostigamiento los periodistas que informaban sobre las denuncias de corrupción que afectaban al presidente Zuma y a la familia Gupta, de origen indio. El 17 de julio, Micah Reddy, periodista del Centro para el Periodismo de Investigación amaBhungane, afirmó que había sido hostigado por un grupo de simpatizantes y miembros de BLF tras participar en un debate con Mngxitama en la Corporación Sudafricana de Difusión Audiovisual.

El 27 de julio, amaBhungane organizó un acto público en Johannesburgo para debatir sobre los correos electrónicos de Gupta Leaks, que desvelaban presunta corrupción de la élite política. La reunión fue interrumpida por miembros de BLF y un grupo de unas 20 personas, al parecer pertenecientes a la asociación de veteranos Fundación MK Inkululeko, una . El 11 de agosto, el Tribunal Superior de Gauteng Meridional resolvió que BLF y Mngxitima no habían acatado la orden del tribunal de 7 de julio solicitada por los periodistas Sam Sole y Ferial Haffajee y la SANEF. El tribunal ordenó también la ampliación de la orden prohibitoria para abarcar a todos los periodistas. El 29 de septiembre, BLF y Mngxitama presentaron un recurso, al que SANEF y los periodistas se opusieron.

Las personas LGBTI seguían siendo objeto de hostigamiento, discriminación y violencia.

El 4 de abril se descubrió en Kroonstad (provincia de Estado Libre), el cuerpo quemado de Matiisetso Alleta Smous, una mujer lesbiana. Un testigo presencial dijo que la habían violado, apuñalado en el pecho y después quemado hasta la muerte. El 5 de abril se detuvo a tres sospechosos, que quedaron en libertad ese mismo mes al considerarse que no había suficientes pruebas en su contra. Al concluir el año continuaba en curso una investigación sobre el asesinato.

El 15 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Lerato Moloi, una mujer lesbiana, en un campo de Soweto (provincia de Gauteng). La autopsia reveló que había sido violada y apuñalada en el cuello. En mayo se detuvo a dos sospechosos. El Ministerio Fiscal Nacional remitió el caso al Tribunal Superior de Johannesburgo.

El 11 de agosto, el Tribunal Superior de Potchefstroom condenó a cadena perpetua a David Shomolekae por estrangular a Lesley Makousa, estudiante gay de 16 años, en agosto de 2016. Shomolekae fue declarado culpable de asesinato, robo y violación de domicilio.

El Proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra los Crímenes de Odio y la Apología del Odio, que incluía los delitos homófobos, introducido en octubre de 2016, continuaba pendiente de aprobación por los miembros del gobierno antes de ser remitido a la Asamblea Nacional.

El 6 de septiembre, el Tribunal Superior de Cabo Occidental dictaminó que la negativa del Departamento del Interior a permitir el cambio de la mención del sexo que figuraba en los documentos oficiales de las personas transgénero que habían realizado la transición después del matrimonio vulneraba el derecho de las parejas a la igualdad y a la dignidad humana. Anteriormente el Departamento del Interior exigía que las parejas transgénero se divorciaran para poder cambiar la mención del sexo en sus documentos oficiales.

Continuaron las violaciones de derechos humanos y la discriminación contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

El 29 de junio, el Tribunal Constitucional declaró los apartados 34.1.b y 34.1.d. de la Ley de Inmigración 13 de 2002 —incluida la disposición de mantener al “extranjero ilegal” bajo custodia durante un máximo de 120 días sin vista judicial— incompatibles con los apartados 12.1 y 35.2.d de la Constitución, y por tanto carentes de validez. Sin embargo, la declaración quedó en suspenso durante dos años para que el Parlamento pudiera aprobar legislación correctora.

En julio, el Departamento del Interior publicó un informe sobre migración internacional con objeto de actualizar la política migratoria. El informe planteaba la creación en las fronteras de Sudáfrica de centros de detención que albergarían a las personas solicitantes de asilo durante la tramitación de sus solicitudes, y la limitación de su derecho al trabajo y a la libertad de circulación mientras esperaban a conocer la decisión sobre su solicitud. También proponía el establecimiento de una Autoridad de Gestión de Fronteras —un órgano centralizado para el control de las fronteras— que incluiría a policía y aduanas. La Asamblea Nacional aprobó el 8 de junio el correspondiente Proyecto de Ley sobre la Autoridad de Gestión de Fronteras, que se remitió al Consejo Nacional de Provincias para su examen.

En julio, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica condenó con firmeza unos comentarios vertidos por el viceministro de la Policía por considerarlos “irresponsables” y “xenófobos”, tras haber afirmado éste que la mayoría de los ciudadanos extranjeros en Johannesburgo estaban implicados en diversos delitos.

El 29 de septiembre, el Tribunal Supremo de Apelaciones declaró ilegal la decisión adoptada en 2012 por el Departamento del Interior de cerrar la Oficina de Recepción de Refugiados de Ciudad del Cabo, y ordenó su reapertura a más tardar en marzo de 2018.

El 30 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Refugiados, que modificaba la Ley de Refugiados 130 de 1998 y restringía el derecho de las personas refugiadas a buscar y disfrutar de asilo frente a la persecución. En diciembre, el presidente Zuma sancionó la Ley de Refugiados 11 de 2017 (Reforma).

  1. La CPI falla en contra de Sudáfrica por la vergonzosa falta de medidas para detener al presidente Al Bashir (noticia, 6 de julio)
República de Sudáfrica
Jefe del Estado y del gobierno: Jacob G. Zuma
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