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Sudáfrica

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Los casos de violencia de género y de embarazo precoz siguieron en aumento. El cambio climático y la mala gestión de las infraestructuras por el Estado agravaron los efectos de dos inundaciones en la provincia de KwaZulu-Natal. Las personas desplazadas por las inundaciones no pudieron acceder a medicamentos y atención de la salud, y el abastecimiento de agua se interrumpió. Las condiciones de saneamiento en las escuelas públicas eran deficientes. El número de familias que vivían en asentamientos informales aumentó. El movimiento contra las personas migrantes Operación Dudula se extendió a tres provincias más. La violencia xenófoba dio lugar a lesiones y pérdidas de vidas. La policía siguió empleando fuerza excesiva en sus intentos de sofocar protestas; se violó el derecho a la vida y a la seguridad de la persona. Las autoridades no garantizaron el cumplimiento por parte de la industria minera de normas para evitar violaciones de derechos humanos. No existía legislación para que el gobierno y las empresas rindieran cuentas de sus compromisos climáticos.

Información general

La rendición de cuentas seguía siendo casi inexistente 10 años después de la matanza de Marikana, en la que 34 personas habían muerto al haber abierto fuego la policía contra mineros que se manifestaban.

Se publicó el informe de la Comisión de Investigación sobre Captura del Estado, en el que se ponían de relieve denuncias de corrupción y otros abusos conocidos como “captura del Estado”. Se estableció un grupo de trabajo independiente para evaluar si existían motivos para destituir al presidente Cyril Ramaphosa por las denuncias de que había encubierto un robo de millones de rands (al menos 580.000 dólares estadounidenses) en su granja de Phala Phala. En diciembre, Cyril Ramaphosa fue reelegido presidente del partido gobernante, Congreso Nacional Africano.

Violencia por motivos de género

Las estadísticas oficiales de carácter trimestral sobre delincuencia publicadas en noviembre indicaron un aumento de todas las formas de violencia de género, en comparación con el mismo trimestre de 2021. Los asesinatos de mujeres aumentaron un 10,3%; entre julio y septiembre perdieron la vida 989 mujeres. Los delitos sexuales aumentaron un 11%, y la violación, un 10,8%.

A pesar de la adopción en 2019 del Plan Estratégico Nacional sobre Violencia de Género y Femicidio, aún no se había establecido un consejo nacional con el mandato de garantizar la implementación del plan. Una revisión del primer año transcurrido desde la adopción del plan indicó que el 55% de los objetivos no se habían cumplido. El 1 de diciembre seguían pendientes de realizarse 64.911 pruebas de ADN, fundamentales para el enjuiciamiento de casos de violencia por motivos de género. Las denuncias de “violaciones cometidas por un agente de policía” presentadas ante la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía aumentaron un 24% (99 casos), según el informe anual 2021-2022 de esta institución. Sólo se recomendaron 64 casos para enjuiciamiento, lo que suscitó preocupación por el debilitamiento de la rendición de cuentas de la policía.

El julio, la violación en grupo y el robo sufridos por ocho mujeres en Krugersdorp, provincia de Gauteng, pusieron de relieve el aumento de los delitos sexuales y de la violencia contra las mujeres. Un total de 14 hombres fueron relacionados inicialmente con las violaciones y acusados al respecto, pero los cargos de retiraron en octubre por falta de pruebas.

Derechos sexuales y reproductivos

Sudáfrica seguía registrando un número alarmante de embarazos precoces. Entre abril de 2021 y marzo de 2022, 90.037 niñas de entre 10 y 19 años dieron a luz. El limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la falta de existencias de anticonceptivos, la falta de educación sexual integral, la pobreza y la violencia de género contribuían a los embarazos precoces.

Derecho a la educación

El sistema de educación pública seguía caracterizándose por el deterioro de sus infraestructuras, que llegaban a ser peligrosas. El informe anual 2021-2022 del Departamento de Educación Básica señaló que 2.982 escuelas seguían usando letrinas de pozo que violaban el derecho a la salud, a la dignidad, a la seguridad y a la vida. Este departamento incumplió varios plazos para erradicarlas y sustituirlas, pero en enero prometió que lo haría para 2023. Sin embargo, en junio se presentaron propuestas de modificación de la normativa relativa a las Normas y Criterios Uniformes Mínimos para Infraestructuras de Escuelas Públicas; la propuesta legislativa eliminaba todos los plazos, lo que permitía que el departamento eludiera la rendición de cuentas y ponía en peligro la salud y la seguridad del alumnado.1

Derecho a la salud

En abril, el Departamento de Salud propuso modificar la Normativa Relativa a Vigilancia y Control de Afecciones Médicas Notificables para impedir la propagación de la COVID-19 y otros problemas médicos de notificación obligatoria. Las modificaciones quedaban fuera del ámbito de las disposiciones impuestas en virtud del estado de desastre nacional que se había declarado para responder a la pandemia de COVID-19 y que se retiró también en abril. Además, la normativa propuesta corría el riesgo de menoscabar los derechos humanos en cuanto a su posible carácter permanente; la criminalización de quienes no cumplieran las normas; la imposición de exámenes médicos y profilaxis obligatorios, incluidos el aislamiento y la cuarentena, y el posible estímulo del uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con el pretexto de cumplir con su deber, tal como había ocurrido durante los confinamientos asociados a la COVID-19.2 A raíz de unas protestas generalizadas, el plazo para presentar alegaciones se prorrogó hasta el 31 de julio, pero el departamento no hizo pública información actualizada a partir de abril.

El desplazamiento causado por las inundaciones que tuvieron lugar en la provincia de KwaZulu-Natal en abril y mayo impidió que algunas personas tuvieran acceso a medicamentos o servicios de atención de la salud necesarios durante periodos de hasta nueve días (véase infra).

Derecho al agua y al saneamiento

En abril, las provincias de KwaZulu-Natal y el Cabo Oriental registraron lluvias extremas e inundaciones. Los daños sufridos por las infraestructuras hídricas causaron problemas generalizados en el abastecimiento de agua en las dos provincias y dejaron a las comunidades sin suministro o con el servicio interrumpido durante meses. El gobierno no realizó ningún esfuerzo sistemático para garantizar el acceso de la población al agua que necesitaba durante este periodo. Todo ello, unido a los daños causados en las casas, avivó una crisis en materia de saneamiento al destruir las inundaciones algunos retretes comunitarios y verse obligada la gente a hacer sus necesidades entre la maleza. En varias instalaciones de salud de Kwazulu-Natal el abastecimiento de agua era insuficiente. Aunque, según medios científicos, la intensidad de las precipitaciones aumentó debido al cambio climático, las deficiencias en cuanto a planificación espacial y mantenimiento de las infraestructuras por parte del gobierno local empeoraron la situación.

También hubo grave escasez de agua en el Municipio Metropolitano de Nelson Mandela Bay (provincia del Cabo Oriental), que padecía sequía desde 2016. La última de las crisis hídricas se agravó debido a la inacción de las autoridades locales a la hora de reparar las filtraciones, y se calculaba que la ciudad perdía el 29% de su abastecimiento de agua.

Derecho a la vivienda

Las inundaciones en la provincia de Kwazulu-Natal destruyeron al menos 8.584 casas y causaron desperfectos en 13.536. Según la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), 40.000 personas se vieron desplazadas y sin hogar. Las viviendas de quienes residían en el campamento de tránsito de Isipingo, en Kwazulu-Natal, se inundaron una vez más, un problema habitual cuando llovía. Estas personas habían sido trasladadas en 2009 al campamento, situado en una zona de Isipingo propensa a las inundaciones, desde asentamientos informales en las inmediaciones de la ciudad de Durban en el periodo previo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Las promesas de que recibirían viviendas permanentes en el plazo de seis meses seguían sin cumplirse.

Según el Departamento de Estadística de Sudáfrica, organismo de carácter gubernamental, el porcentaje de familias que vivían en asentamientos informales aumentó al 11,7% frente al 11,4% registrado el año precedente.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Los ataques xenófobos esporádicos, que continuaron durante todo año, causaron la muerte en abril de Elvis Nyathi, ciudadano de Zimbabue que murió quemado en Diepsloot (barriada del norte de Johannesburgo) tras no presentar un documento acreditativo de su identidad a unos grupos parapoliciales que se lo requirieron. Se detuvo a siete hombres en relación con su muerte, y a los siete se les concedió la libertad bajo fianza. El caso siguió aplazándose. Las personas migrantes de la zona denunciaron que vivían con miedo constante. Un movimiento contra las personas migrantes, Operación Dudula, que había surgido en la provincia de Gauteng en 2021 se extendió a las provincias de Cabo Occidental, Kwazulu-Natal y Noroeste.

Uso excesivo de la fuerza

La policía sudafricana siguió empleando fuerza excesiva que causó muertes y heridas. El informe anual 2021-2022 de la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía señaló 5.295 nuevos casos, de los que 3.407 eran casos de agresión, 744 de disparos de un arma de fuego oficial, y 223 de muertes bajo custodia policial denunciadas. Se informó de 410 muertes como consecuencia de actuaciones policiales, cifra que representaba un incremento con respecto a las 353 del año anterior.

Homicidios ilegítimos

En agosto, cuatro personas murieron durante una protesta contra la inacción de las autoridades, que no prestaban servicios en el municipio de Tembisa (provincia de Gauteng). La investigación de la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía sobre los homicidios, de los que la policía era presuntamente responsable, continuaba al terminar el año.

En julio, cuatro agentes de policía fueron absueltos en relación con la muerte en 2021 de Mthokozisi Ntumba, que había fallecido cuando pasaba al lado de una protesta encabezada por estudiantes en Braamfontein (Johannesburgo).

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Las estadísticas sobre delincuencia para el periodo entre julio y septiembre, publicadas en noviembre, indicaron un aumento del 13,6% de los asesinatos respecto al mismo trimestre de 2021. Los asesinatos de niños y niñas aumentaron un 9,8%. Los casos de secuestro aumentaron más del 100%, con 4.028 casos comunicados, en su mayor parte relacionados con secuestros, robos y violaciones.

Se registró una oleada de tiroteos masivos en todo el país. En junio, en la Cumbre de Respuesta a la Crisis de Khayelitsha se reveló que en Khayelitsha, una barriada de Ciudad del Cabo, habían muerto 26 personas en tiroteos masivos desde marzo. En julio, más de 20 personas murieron en dos tiroteos en sendas tabernas de Soweto (Johannesburgo) y Pietermaritzburg (Kwazulu-Natal).

Abahlali baseMjondolo, el mayor movimiento después del apartheid en el país, que defendía la prestación de servicios básicos para las comunidades pobres, perdió a cuatro activistas víctimas de homicidios ilegítimos en Kwazulu-Natal, presuntamente en relación con su trabajo. Se practicaron tres detenciones en relación con sólo uno de los homicidios.

Rendición de cuentas de las empresas

Las actividades de las empresas mineras tenían efectos negativos para los derechos humanos, concretamente en relación con el derecho a la salud, la educación, el agua y el sustento en la región de Sekhukhune. El Departamento de Recursos Minerales y Energía seguía sin obligar a las empresas mineras a rendir cuentas respecto a la aplicación de los Planes Sociales y Laborales, un mecanismo jurídicamente vinculante cuya observancia contribuiría a que se remediaran las repercusiones socioeconómicas negativas de la minería y se impidieran violaciones de derechos humanos contra las comunidades locales.3

Actuación deficiente contra la crisis climática

Sudáfrica seguía careciendo de legislación para hacer rendir cuentas al gobierno y las empresas en relación con sus compromisos climáticos. En febrero se presentó en el Parlamento el proyecto de Ley sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo era posibilitar el desarrollo de una respuesta eficaz al cambio climático y una transición justa a largo plazo a una economía y una sociedad bajas en emisiones de carbono y resilientes al clima en el contexto del desarrollo sostenible. Preocupaba que el proyecto de ley, tal como estaba redactado, no fuera lo bastante ambicioso en cuanto a abordar la gravedad, la urgencia y los imperativos transversales de la crisis climática. Al finalizar el año, el proyecto de ley seguía en fase de estudio en la Asamblea Nacional.

Sudáfrica había adoptado una contribución determinada a nivel nacional revisada en 2021 y actualizado su objetivo para la reducción de emisiones en 2030, con una reducción del 12% y el 32% en los márgenes objetivo inferior y superior, respectivamente. Estas cifras eran inferiores a las necesarias para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.

Mientras tanto, medios científicos determinaron que el cambio climático duplicaba las probabilidades de inundaciones como las que se registraron en Kwazulu-Natal en abril y mayo, en las que murieron 461 personas.

En la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el presidente Ramaphosa presentó su Plan de Inversiones para una Transición Energética Justa, un plan quinquenal con el que se proporcionaban al país 8.500 millones de dólares estadounidenses como parte de la asociación establecida con Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea en la COP26. Las consultas sobre el plan comenzaron a finales de 2022, y las comunidades afectadas por la minería en la provincia de Mpumalanga ya lo rechazaban debido a la falta de consulta.

  1. South Africa: Submission on the amendments to the regulations relating to Minimum Uniform Norms and Standards for Public School Infrastructure, 5 de julio
  2. South Africa: Submission on the Regulations Relating to the Surveillance and the Control of Notifiable Medical Conditions, 14 de abril
  3. Unearthing the Truth. How the Mines Failed Communities in the Sekhukhune Region of South Africa, 22 de febrero
República de Sudáfrica
Jefe del Estado y del gobierno: Matamela Cyril Ramaphosa