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Níger

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Los grupos armados siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. El Estado Islámico en el Gran Sáhara lanzó varios ataques contra la población civil en la región de Tillabéri, y se utilizaron medidas administrativas para restringir el acceso humanitario a las comunidades. La falta de seguridad afectó aún más a los derechos de las mujeres y de la infancia, al derecho a la educación y al derecho a la salud, y siguieron violándose los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Se documentaron cierres de Internet y otras violaciones de la libertad de expresión.

Información general

Tras la elección del presidente Mohamed Bazoum en febrero se sucedieron varios días de protestas generalizadas, en algunos casos violentas.

Surgieron grupos de autodefensa en Tillabéri, en el norte, y Tahoua (comuna de Tillia), en el este, en respuesta a homicidios cometidos por el Estado Islámico en el Gran Sáhara.

La situación humanitaria seguía siendo crítica, debido a la persistencia de situaciones de conflicto armado principalmente en la zona del lago Chad y la región de Tillabéri. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estableció en diciembre que había 264.257 personas internamente desplazadas debido a la violencia, además de 249.816 personas refugiadas de países vecinos.

Abusos cometidos por grupos armados

El conflicto en el oeste de Níger se intensificó, y aumentaron los ataques del Estado Islámico en el Gran Sáhara y otros grupos armados contra la población civil en la región de Tillabéri. Los ataques dirigidos contra civiles o realizados de forma indiscriminada constituían crímenes de guerra.1

El 2 de enero, el Estado Islámico en el Gran Sáhara atacó las localidades de Tchoma Bangou y Zaroum Darey (región de Tillabéri) y mató al menos a 103 civiles. Este grupo lanzó otro ataque el 15 de marzo contra comerciantes entre Banibangou y Sinégodrar (región de Tillabéri) que se saldó con 58 víctimas mortales. A este incidente le siguieron el 21 de marzo otros ataques contra residentes y personas refugiadas malienses en la comuna de Tillia (región de Tahoua), en los que murieron 137 personas, según el gobierno. De las 29 víctimas infantiles, 3 eran niñas.

El Estado Islámico en el Gran Sáhara reivindicó oficialmente la autoría de estos ataques en mayo y los justificó por la aparición de milicias progubernamentales en esas comunas. Según la organización Proyecto de Localización de Conflictos Armados y Datos de los Hechos (ACLED, por sus siglas en inglés), el Estado Islámico en el Gran Sáhara fue responsable del 66% de las muertes causadas por la violencia organizada en Níger y del 79% de los ataques dirigidos contra civiles en el primer semestre del año.

En agosto, unos hombres armados no identificados atacaron la localidad de Darey Dey (región de Tillabéri) y mataron a 37 personas, 14 de ellas menores de edad.

Los grupos armados también destruyeron infraestructuras e incendiaron graneros.

Derechos de la infancia

Los derechos de la infancia se vieron gravemente afectados en Níger debido a la falta de seguridad, entre otros factores. En septiembre, al menos 60 niños y niñas habían muerto en ataques perpetrados por el Estado Islámico en el Gran Sáhara y otros grupos armados contra núcleos de población. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes reclutó niños y niñas en varias comunidades del departamento de Torodi (región de Tillabéri).

En mayo, un ataque de una facción del Estado Islámico en el Gran Sáhara en Tillia (región de Tahoua) provocó un desplazamiento masivo y el secuestro de cuatro niños.

Derecho a la educación

Los grupos armados entre ellos Boko Haram, el Estado Islámico en el Gran Sáhara y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes seguían prohibiendo la educación “occidental” y cometiendo crímenes de guerra en forma de ataques a escuelas, negando de ese modo a los niños y niñas el derecho a la educación. En mayo, unos 700 docentes habían abandonado sus puestos en la región de Tillabéri, y en junio se habían cerrado 377 escuelas en el país. Al menos 31.728 estudiantes —de los que 15.518 eran niñas— no asistían a la escuela, según UNICEF y fuentes gubernamentales.

En junio, según UNICEF, en junio, más del 50% de los niños y niñas de entre 7 y 16 años estaban sin matricular en centros escolares en Níger.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Seguían violándose de forma habitual los derechos de las mujeres y las niñas, sobre todo en el contexto del conflicto armado. La influencia del derecho consuetudinario hacía que el matrimonio precoz siguiera siendo una práctica muy extendida.

En abril, unos miembros del contingente chadiano del grupo de países G5 Sahel amenazaron a varias mujeres y niñas y violaron a tres de ellas, incluida una niña de 11 años en Tera (región de Tillabéri). Los soldados fueron repatriados y el G5 Sahel anunció una investigación.

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes y el Estado Islámico en el Gran Sáhara seguían restringiendo la libertad de circulación de las mujeres y las niñas en los departamentos de Níger fronterizos con Malí y Burkina Faso, a las que también presionaban para que se casaran.

Uso excesivo de la fuerza

En noviembre, un convoy militar francés fue interceptado en Tera por manifestantes que cuestionaban la presencia militar francesa en el Sahel. Al menos 3 manifestantes murieron y más de 12 resultaron heridos al efectuarse disparos para dispersar a la multitud. Las autoridades de Níger anunciaron una investigación tras el incidente.

Impunidad

Las autoridades judiciales no investigaron ni enjuiciaron las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 72 civiles perpetradas por las fuerzas armadas en el departamento de Ayorou (región de Tillabéri) en marzo y abril de 2020. Esto fue así a pesar de que una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que las fuerzas armadas eran responsables de esos crímenes.

Negación de acceso humanitario

Las autoridades impusieron escoltas militares a los convoyes humanitarios, especialmente en los departamentos fronterizos con Malí y Burkina Faso. En algunos casos, las autoridades ordenaron regresar a los convoyes aduciendo motivos de seguridad.

En mayo se promulgó un nuevo decreto que concedía a las autoridades regionales más poderes para determinar las condiciones de acceso humanitario y entrega de ayuda en los departamentos donde operaban grupos armados, y que contribuyó a mejorar la prestación de ayuda humanitaria.

En mayo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU afirmó que 500.000 personas necesitaban asistencia humanitaria en la región de Tillabéri.

Derechos de las personas refugiadas y desplazadas internamente

Las partes en el conflicto violaban los derechos de las personas refugiadas e internamente desplazadas. En marzo, el Estado Islámico en el Gran Sáhara atacó unos asentamientos habitados por personas refugiadas malienses en Intikane (región de Tahoua) y mató a decenas de ellas.

En mayo, unas 10.000 personas que se habían desplazado del departamento de Anzourou a la ciudad de Tillabéri debido a las amenazas del Estado Islámico en el Gran Sáhara recibieron presiones de las autoridades para que regresaran a sus asentamientos. Según fuentes humanitarias, las autoridades las amenazaron con negarles la ayuda humanitaria si se quedaban.

Derecho a la salud

El conflicto menoscabó de modo considerable el acceso de la población a la atención de la salud en la región de Tillabéri. Los grupos armados saquearon instalaciones sanitarias y las autoridades restringieron la circulación de la población civil, lo que dificultó su acceso a ayuda humanitaria. Las tasas de inmunización disminuyeron drásticamente y enfermedades como el sarampión fueron en aumento, según fuentes humanitarias.

En diciembre se habían administrado un total de 971.636 dosis de vacunas contra la COVID-19, y 464.000 personas (el 1,9% de la población) habían recibido dos dosis.

Libertad de expresión y de reunión pacífica

Como reacción a las protestas de la oposición que tuvieron lugar en Niamey después de las elecciones, las autoridades impusieron un cierre de Internet durante varias semanas en febrero y marzo.

Las autoridades siguieron hostigando judicialmente a periodistas que informaban sobre asuntos públicos. Moussa Aksar, periodista de investigación y director editorial del periódico L’Évènement, fue declarado culpable de difamación en mayo por una serie de artículos publicados en septiembre de 2020 en los que se informaba de la apropiación indebida de fondos públicos del Ministerio de la Defensa entre 2017 y 2019. Fue sancionado con una multa de 200.000 francos CFA (362 dólares estadounidenses) y condenado a pagar un millón de francos (1.810 dólares) en concepto de indemnización.

Las autoridades siguieron actuando contra la periodista Samira Sabou tras compartir ésta un informe de marzo de Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el que se afirmaba que una remesa de drogas incautada por las autoridades en Níger había sido devuelta a miembros de un cártel de narcotraficantes unas semanas más tarde. La periodista fue procesada en septiembre por “difamación” y “difusión de información para alterar el orden público” en virtud de la Ley sobre Ciberdelincuencia de 2019.

En diciembre, cinco miembros de la organización de la sociedad civil Pasemos Página Níger fueron detenidos por concentración ilegal tras haber organizado el grupo una caravana de taxis para sensibilizar sobre la situación de los derechos humanos en el país. Los cinco quedaron en libertad provisional dos días más tarde.

  1. “I have nothing left except myself”: The worsening impact on children of conflict in the Tillabéri region of Niger (Índice: AFR 43/4627/2021), 13 de septiembre

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Níger
Jefe del Estado: Mohamed Bazoum (sustituyó a Mahamadou Issoufou en abril)
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