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Níger

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se vulneraban de forma habitual las libertades de expresión y de reunión pacífica y se atacó a miembros de la sociedad civil y periodistas que criticaban la política del gobierno. Una nueva ley permitía a las autoridades interceptar las comunicaciones electrónicas sin la debida supervisión de un órgano independiente. Los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos de la población. Al menos 72 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, y decenas fueron objeto de desaparición forzada a manos del ejército en Tillabéry.

Información general

En diciembre se celebraron elecciones presidenciales y legislativas. La Comisión Nacional para el Diálogo Político accedió a las demandas de la oposición y fijó para diciembre las elecciones locales, pero persistieron las diferencias respecto a la composición de la Comisión Electoral Nacional Independiente y a la inscripción en el censo electoral de nacionales de Níger residentes en el extranjero.

En febrero se filtró una auditoría del Ministerio de Defensa sobre contratos gubernamentales y quedaron al descubierto supuestos casos de uso indebido de fondos de defensa dentro del Ministerio. Miembros de la oposición y de la sociedad civil respondieron exigiendo que los presuntos implicados rindieran cuentas.

El gobierno declaró el estado de emergencia el 27 de marzo para responder a la pandemia de COVID-19. El 30 de marzo, las autoridades pusieron en libertad a 1.540 personas presas para aliviar el hacinamiento y reducir así el riesgo de infección por COVID-19. Uno de los presos excarcelados fue el líder opositor Hama Amadou.

Libertad de expresión

Se detuvo a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil que habían reclamado que el gobierno rindiera cuentas en relación con la auditoría del Ministerio de Defensa filtrada o criticado las medidas gubernamentales para controlar la propagación de la COVID-19. Las autoridades utilizaron la Ley de Delitos Informáticos de 2019 para detener a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En marzo, la policía detuvo al periodista Mamane Kaka Touda por “difusión de datos susceptibles de alterar el orden público” tras haber publicado en Facebook un mensaje en el que advertía de un posible caso de COVID-19 en el Hospital General de Niamey. Ese mismo mes, el periodista fue declarado culpable por un tribunal de la capital, Niamey, que le impuso una condena condicional de tres meses. En abril se emplearon los mismos cargos contra Mahaman Lawali Mahaman Nassourou, miembro de la Red de Organizaciones para la Transparencia y el Análisis Presupuestario (ROTAB), tras haber compartido en WhatsApp un mensaje de una organización religiosa que denunciaba el cierre de lugares de culto en respuesta a la pandemia de COVID-19. Estuvo detenido durante un mes y quedó en libertad provisional el 25 de mayo.

También en abril, Ali Idrissa, coordinador de ROTAB, fue detenido y acusado de difamación y de “difusión de datos susceptibles de alterar el orden público” por publicar en Facebook un mensaje sobre la implicación de mandos militares en el uso indebido de fondos de defensa. Quedó en libertad sin cargos al cabo de cinco días.

En junio se formularon los mismos cargos contra la periodista Samira Sabou, tras denunciar el hijo del presidente que se lo había relacionado con el presunto uso indebido de fondos de defensa en un comentario que otro usuario había hecho en la página de Facebook de la periodista. En julio, el Tribunal Superior de Niamey desestimó los cargos y Samira Sabou quedó en libertad después de haber estado 48 días privada de libertad.

Vigilancia masiva

En mayo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas, que autorizaba al gobierno a intervenirlas comunicaciones electrónicas con fines de seguridad nacional y amenazaba con menoscabar gravemente los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión. La ley no establecía una autoridad independiente con el cometido de refrendar las solicitudes de vigilancia ni un organismo responsable de supervisar de forma adecuada las interceptaciones.

Libertad de reunión

El 13 de marzo, el gobierno prohibió todas las reuniones de más de 1.000 personas como medida para controlar la propagación de la pandemia de COVID-19. El 15 de marzo, las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente una manifestación convocada en Niamey por organizaciones de la sociedad civil que reclamaban una investigación sobre la auditoría que había revelado el uso indebido de fondos por el Ministerio de Defensa. Las fuerzas de seguridad impidieron el acceso de los manifestantes a un lugar donde iban congregarse y dispararon gas lacrimógeno para dispersarlos, lo que ocasionó un incendio en el mercado de Tagabati en el que murieron tres personas.

Seis de los organizadores fueron detenidos en los días siguientes por cargos falsos, entre otros complicidad en daños causados a bienes públicos, incendio provocado y homicidio sin premeditación. El 1 de mayo, tres de ellos —Moussa Tchangari, secretario general de Alternativa Espacios Ciudadanos; Habibou Soumaila, miembro de Pasemos Página Níger (TLP-Niger), y Sani Chekaraou, presidente de la Asociación de Comerciantes de Niamey— quedaron en libertad provisional. El 29 de septiembre, los tres restantes —Maikoul Zodi, coordinador de TLP-Niger; Halidou Mounkaila, miembro del sindicato de docentes SYNACEB, y Moudi Moussa, periodista— también quedaron en libertad provisional.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Níger no puso en práctica las observaciones finales formuladas en 2019 por el Comité de Derechos Humanos en las que se recomendaban cambios en la legislación para permitir el acceso seguro al aborto a las mujeres y niñas. El aborto seguía penalizado en Níger, salvo en los casos en que corriera peligro la vida de la madre.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En enero, el Tribunal Superior de Agadez determinó que las acampadas de solicitantes de asilo ante la oficina del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, eran ilegales. Los solicitantes de asilo protestaban contra las condiciones de vida en los campos de refugiados y los retrasos en los reasentamientos. Tras el fallo judicial, la policía dispersó las acampadas con violencia y obligó a los participantes a volver al campo del ACNUR, parte del cual fue destruido por algunos de ellos. Posteriormente, la policía detuvo a 336 solicitantes de asilo, que fueron acusados formalmente de “rebelión organizada” e “incendio provocado”. El 10 de febrero, el Tribunal Superior de Agadez declaró culpables de estos cargos a 111 de ellos, incluida una mujer. Estas personas quedaron en libertad tras serles impuestas sendas condenas condicionales de entre 6 y 12 meses.

Abusos cometidos por grupos armados

En varios departamentos de Diffa, Tahoua y Tillabéry continuaron los ataques armados y se mantuvo la legislación de emergencia, y durante el año la situación se hizo extensiva a Kollo y Balléyera (también en la región de Tillabéry).

Los grupos armados, entre ellos el Estado Islámico en el Gran Sáhara y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental, perpetraron abusos contra los derechos humanos tales como secuestros y homicidios ilegítimos.

El 9 de mayo, unos atacantes armados no identificados mataron a 20 hombres en las localidades de Gadabo, Zibane-Koira y Zibane-Tegui (región de Tillabéry).

El 25 de junio, 10 trabajadores de la ONG APIS fueron secuestrados por hombres armados en Bossey Bangou (región de Tillabéry) cuando distribuían alimentos a la población. El 9 de agosto, el Estado Islámico en el Gran Sáhara mató a ocho visitantes de la reserva de jirafas de Kouré (Tillabéry), siete de los cuales eran cooperantes.

Desapariciones forzadas

Entre el 27 de marzo y el 3 de abril, al menos 115 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas militares desplegadas en Tillabéry en el marco de la operación Almahou. Las autoridades negaron toda responsabilidad del ejército.

El 4 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su informe sobre estos incidentes y concluyó que las fuerzas militares eran responsables de las desapariciones forzadas y que 72 de las personas desaparecidas habían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados y sus cuerpos enterrados al menos en seis fosas comunes. Al terminar el año seguía sin conocerse la suerte o el paradero de las demás personas.

Derecho a la salud y condiciones de trabajo del personal sanitario

Las autoridades no proporcionaron equipos de protección individual adecuados al personal sanitario que se ocupaba de pacientes de COVID-19, pese al anuncio de la contratación de 1.500 profesionales de la salud adicionales, que se incorporaron a partir de julio.

La prohibición de circular en motocicleta debido a la legislación de emergencia en varios departamentos también afectó negativamente a la accesibilidad de la población a los centros de salud.

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República de Níger
Jefe del Estado: Mahamadou Issoufou
Jefe del gobierno: Brigi Rafini

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