1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

República Centroafricana

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Los grupos armados continuaron cometiendo crímenes de guerra y otros abusos contra los derechos humanos. La violencia sexual seguía siendo generalizada. El sistema de justicia realizó avances importantes, pero limitados, en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional. El derecho a la salud adolecía de graves restricciones. Algunas empresas extranjeras provocaron degradación medioambiental de la tierra y el agua de poblaciones locales.

Información general

Tras el Acuerdo de Paz de Jartum, firmado por el gobierno y 14 grupos armados en febrero de 2019, la situación en materia de seguridad continuó siendo precaria. Los grupos armados, incluidos ex-Seleka y antibalaka, siguieron controlando la mayor parte del territorio del país. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año su embargo de armas al país. En noviembre se renovó también por un año el mandado de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).

El 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional rechazó varias candidaturas a las elecciones presidenciales del 27 de diciembre, entre ellas la del expresidente François Bozizé. El 17 de diciembre, varios grupos armados formaron la Coalición de Patriotas por el Cambio para oponerse a las elecciones presidenciales y lanzaron varios ataques en el oeste y el sur del país.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados fueron responsables de crímenes de guerra y otros abusos contra los derechos humanos, como homicidios, violencia sexual contra civiles y ataques contra personal de ayuda humanitaria. Entre los principales implicados figuraban el Frente Popular para el Renacimiento de República Centroafricana; el Movimiento Patriótico de República Centroafricana; Retorno, Reclamación y Rehabilitación (conocido como 3R); la Unión por la Paz en República Centroafricana, y antibalaka.

Según el Consejo de Seguridad de la ONU, 18 civiles perdieron la vida en la ciudad de Ndélé, en el nordeste del país, en un ataque de grupos armados perpetrado en marzo. Entre junio y octubre, el secretario general de la ONU informó de 271 casos de abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios, violaciones y saqueos. Durante el mismo periodo, la ONU registró 60 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, incluidas 55 violaciones o intentos de violación que se saldaron con la muerte de una víctima, cuatro matrimonios forzados y un caso de esclavitud sexual. El país seguía siendo uno de los lugares más peligrosos para el personal de las organizaciones humanitarias. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) registró 424 casos de ataque —principalmente en forma de robo, hurto o amenaza— contra personal de ayuda humanitaria y sus instalaciones, 59 de ellos en diciembre. Tres cooperantes perdieron la vida y 29 resultaron heridos.

Según el informe de junio del Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Centroafricana, los grupos armados seguían beneficiándose del aumento de la producción del oro. Por ejemplo, en las prefecturas de Nana-Mambéré y Mambéré-Kadéï , el grupo armado 3R gravó con impuestos a los mineros. El Grupo de Expertos expresó también preocupación por los informes sobre redes de tráfico internacional ilegal que financiaban y abastecían a los grupos armados.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La impunidad de los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada. Varios dirigentes de grupos armados desempeñaban cargos en el gobierno mientras los miembros de esos grupos cometían abusos contra los derechos humanos.

En febrero, el tribunal penal de Bangui declaró a 5 dirigentes antibalaka culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con el ataque de Bangassou de 2017, en el que habían muerto al menos 62 civiles y 10 miembros de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Fue la primera sentencia condenatoria por crímenes de derecho internacional dictada desde el comienzo del conflicto. Sin embargo, durante el juicio surgieron graves motivos de preocupación en relación con los derechos de los encausados y la protección de víctimas y testigos. El trabajo de los tribunales penales se vio obstaculizado en marzo al suspenderse las vistas para el resto del año a causa de la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Penal Especial, tribunal híbrido respaldado por la ONU y con el mandato de investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país desde 2003, confirmó en septiembre que se estaban investigando 10 casos. Al menos 21 personas fueron arrestadas en 2019 y 2020 como consecuencia de las investigaciones, y al terminar el año estaban detenidas en espera de juicio. Sin embargo, los procedimientos carecían de transparencia y no se reveló públicamente la identidad de los detenidos. También se observaron demoras en la selección de jueces internacionales y en el establecimiento del sistema de asistencia letrada del tribunal.

Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona, líderes antibalaka, continuaron en espera de juicio ante la Corte Penal Internacional, donde el comienzo de las vistas estaba previsto para febrero de 2021. Habían sido detenidos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y trasladados a La Haya en 2018 y 2019, respectivamente.

Violencia por motivos de género

El Sistema de Gestión de la Información sobre Violencia por Motivos de Género registró 2.904 incidentes de violencia de género —incluidos 668 casos de violencia sexual— entre abril y junio, frente a los 1.299 del trimestre anterior. La violencia se había perpetrado contra mujeres y niñas en el 92% de los casos, el 52% de las agresiones habían tenido lugar en el domicilio de la víctima y el 63% de los actos violentos habían sido cometidos por conocidos de las víctimas. Sin embargo, algunas víctimas no denunciaban los delitos por temor a sufrir represalias o estigma.

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico del país y expresó en ellas preocupación por diversas disposiciones del Código Penal, como el artículo 105 “que permit[ía] al autor de un secuestro contraer matrimonio con su víctima, privándola del derecho a presentar una denuncia contra él”. El Comité recomendó al gobierno la supresión del artículo 105 y la aprobación de legislación integral contra la discriminación.

Derecho a la salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las organizaciones humanitarias prestaban el 70% de los servicios de salud y el país era uno de los peor preparados para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En octubre, la OMS informó de que el personal sanitario cubría menos de un tercio de las necesidades estimadas, y sólo había dos respiradores disponibles en el país. Sólo había cuatro centros para el tratamiento de la COVID-19, radicados en la capital (Bangui). Fuera de la capital había siete centros para el tratamiento de casos leves y moderados que ofrecían instalaciones para cuarentena.

Según la OCAH, más de la mitad de la población —2,6 millones de personas— necesitaba asistencia humanitaria y protección, en especial las 660.000 personas que, a fecha 31 de julio, se habían visto internamente desplazadas por la violencia. Los niños y las niñas estaban especialmente afectados por la grave situación humanitaria. Uno de cada 18 corría un riesgo elevado de morir de malnutrición aguda severa y sólo uno de cada 10 tenía acceso a instalaciones de higiene, mientras que sólo un tercio de la población tenía acceso a agua apta para el consumo.

Degradación medioambiental

En abril, siete personas murieron en una semana en la región de Bozoum, como consecuencia según informes de los extensos daños medioambientales causados por cuatro empresas de la minería de oro que abandonaron sus minas a finales del mes.

En 2018, las empresas habían talado árboles, desviado un tramo del río Ouham y excavado el cauce, que quedó destruido. El análisis de muestras de agua mostró indicios de una contaminación por mercurio que superaba ampliamente las normas de seguridad internacionales. La población local denunció que el agua estaba sucia y los bancos de peces habían disminuido. Los habitantes la localidad de Boyele debían recorrer 10 kilómetros para encontrar agua apta para el consumo. La gente de la zona informó de que algunas personas habían desarrollado erupciones cutáneas, y se tuvo también noticia de que las tasas de aborto espontáneo eran desproporcionadamente altas y varios bebés habían nacido con deformidades físicas.

Según la población local, no se le había consultado sobre el proyecto minero ni se habían realizado estudios para determinar el impacto medioambiental y social antes de iniciarse el proceso de excavación, como exigía el artículo 34 del Código de Medioambiente. No había un sistema establecido para que los habitantes reclamasen indemnizaciones por la apropiación de tierras.

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