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Nigeria

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Los grupos armados y las fuerzas de seguridad seguían cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos en el nordeste del país. Los grupos armados secuestraron y mataron a cientos de civiles. Las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques indiscriminados contra civiles durante sus operaciones de contrainsurgencia. Durante el año, el gobernador del estado de Borno llevó a cabo reasentamientos forzosos de personas internamente desplazadas y cierres de campos de acogida. Más de 3.494 personas murieron en actos de violencia entre comunidades y en ataques de bandidos, y más de 5.290 fueron secuestradas por bandidos y otros hombres armados para pedir rescate por ellas. Se vulneraba de forma habitual el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Se detuvo o interrogó a periodistas y activistas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas, a veces con consecuencias letales. Cientos de personas que se habían manifestado contra las fuerzas de seguridad en 2020 permanecían detenidas. Las autoridades menoscabaron el derecho a la salud, y el personal sanitario recurrió a la huelga. Las autoridades desalojaron por la fuerza a miles de personas de sus hogares.

Información general

Los grupos armados Boko Haram y Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) tendieron emboscadas e hirieron y mataron a numerosos miembros de las fuerzas de seguridad de Nigeria. El 26 de abril, el ISWAP mató al menos a 31 soldados en Mainok (estado de Borno).

La violencia entre comunidades —sobre todo entre las campesinas y las dedicadas al pastoreo— y los ataques de bandidos aumentaron y se saldaron con más de 3.494 muertes y miles de desplazamientos. Más de 5.290 personas, entre ellas nacionales de otros países que trabajaban en canteras, fueron secuestradas por bandidos y otros hombres armados para pedir rescate por ellas. Más de 93 personas murieron el 12 de junio a manos de hombres armados que atacaron el pueblo de Kadawa, en la zona de gobierno local de Zurmi (estado de Zamfara).

Los hombres armados también atacaron instituciones educativas, lo que obligó al cierre de escuelas en el norte del país. Al menos 855 estudiantes fueron secuestrados para pedir rescate en 7 estados y en 10 ataques distintos. La mayoría quedaron libres tras el pago del rescate, pero algunos murieron a manos de sus secuestradores y otros cayeron en el fuego cruzado durante los ataques.

Durante el año se mantuvieron algunas restricciones relacionadas con la COVID-19.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados, entre los que figuraban Boko Haram y el ISWAP, continuaron perpetrando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el nordeste del país, con acciones tales como matar y secuestrar a civiles, saquear bienes, y cometer violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Llevaron a cabo al menos 30 ataques, que se saldaron con más de 123 muertes de civiles.

El 3 de enero, al menos 50 personas entre ellas un trabajador de ayuda humanitaria fueron secuestradas cuando viajaban por la carretera que unía Maiduguri y Damaturu. El 23 de febrero, al menos 16 personas murieron y 47 resultaron heridas cuando Boko Haram lanzó granadas propulsadas por cohetes sobre zonas de Maiduguri (estado de Borno).

El 30 de agosto, Boko Haram atacó a familias recientemente reasentadas y mató al menos a 8 personas retornadas e hirió a otras 14 en Ajiri, en la zona de gobierno local de Mafa (estado de Borno).

Los grupos armados incluyeron como blanco de sus ataques a personal e instalaciones humanitarios. El 3 de marzo, el ISWAP secuestró al menos a siete miembros del personal de ayuda humanitaria e incendió sus oficinas en la zona de gobierno local de Dikwa (estado de Borno). Las personas secuestradas fueron liberadas el 14 de junio junto con otros civiles.

El 11 de abril, la ONU suspendió sus operaciones de ayuda humanitaria en Damasak (estado de Borno) a causa de los ataques contra personal e instalaciones humanitarios. Aproximadamente 65.000 personas, tanto internamente desplazadas como de la población local, huyeron de Damasak tras la reanudación de los ataques del ISWAP en abril.

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad nigerianas intensificaron las operaciones de contrainsurgencia en el nordeste del país. Durante la respuesta de las fuerzas de seguridad a las amenazas de Boko Haram y el ISWAP se cometieron violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y detenciones en régimen de incomunicación.

El 15 de septiembre, nueve personas murieron y varias resultaron heridas durante un ataque militar aéreo que tuvo lugar en el pueblo de Buwari, en la zona de gobierno local de Yunusari (estado de Yobe). El ejército alegó que había atacado el pueblo accidentalmente.

El 14 de julio, 1.009 presuntos miembros de Boko Haram que habían permanecido detenidos en régimen de incomunicación fueron absueltos y entregados al gobierno del estado de Borno en espera de su reasentamiento.

Tras la muerte el 19 de mayo del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, miles de integrantes de ese grupo armado incluidos adolescentes se entregaron voluntariamente a las fuerzas de seguridad junto con sus familias. El 28 de julio, una de las alumnas de Chibok secuestradas en 2014 y que seguía cautiva volvió a estar bajo la custodia del ejército nigeriano junto con su esposo y sus hijos. El 14 de agosto regresó otra alumna de Chibok secuestrada, también acompañada de sus hijos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El 4 de junio, las autoridades suspendieron Twitter después de que el sitio borrara un controvertido tuit del presidente Buhari por infringir las normas de la plataforma. El presidente Buhari había amenazado con tratar a los alborotadores en Nigeria con “el lenguaje que ellos ent[endía]n”, en referencia a la guerra civil (1967-1970) en la que habían muerto millones de personas nigerianas. Acto seguido se ordenó a Twitter y otras plataformas de redes sociales que se inscribieran en un registro en Nigeria y que cumplieran con las normativas locales para poder obtener una licencia para operar.

Al menos ocho personas resultaron muertas el 28 de septiembre en la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad contra miembros del Movimiento Islámico de Nigeria que participaban en la marcha del Arbaín, una procesión religiosa simbólica anual, en la capital, Abuya.

En septiembre, el gobierno del estado de Ebonyi firmó la entrada en vigor de la Ley de Prohibición de los Ciberdelitos. En octubre, la policía arrestó al periodista Godfrey Chikwere por unas publicaciones en redes sociales en las que presuntamente había vulnerado dicha ley.

Activistas y manifestantes

El 12 de junio, la policía disparó gas lacrimógeno y munición real al aire para dispersar a manifestantes en Lagos y Abuya.

El 4 de julio, el Departamento de Servicios del Estado (DSS) —la policía secreta de Nigeria— arrestó y recluyó arbitrariamente durante 30 días a los activistas Larry Emmanuel, Anene Victor Udoka, Samuel Gabriel, Henry Nwodo y Ben Mannaseh. Unos guardias de seguridad privada habían golpeado a esos hombres en una iglesia en Abuya por llevar camisetas con el lema #BuhariMustGo (“Buhari debe irse”), y después los habían entregado al DSS.

Los presos de conciencia Agba Jalingo, Omoyele Sowore y Olawale Bakare siguieron haciendo frente a cargos falsos y prolongados juicios por organizar protestas pacíficas para pedir una buena gobernanza en Nigeria.

El presidente de la Asociación Humanista de Nigeria, Mubarak Bala, permanecía detenido tras haber sido arrestado en 2020 por agentes de la Jefatura de policía del estado de Kano y haber sido acusado de insultar al profeta Mahoma en Facebook. El músico Yahaya Sharif-Aminu permanecía detenido después de que en 2020 el Tribunal Superior de la Sharia en Kano le condenara a muerte por blasfemia.

Periodistas

El 7 de julio, la Comisión Nacional de Radiodifusión —organismo regulador de los medios de comunicación en Nigeria— pidió a las emisoras del país que no informaran sobre los ataques de bandidos e insurgentes en el territorio nacional. El 12 de julio, varios medios de comunicación nigerianos organizaron una campaña bajo el lema “Apagón informativo” para protestar contra el Proyecto de Ley del Consejo Nacional de la Prensa y la aplicación de algunas disposiciones de la Ley de Comisión Nacional de Radiodifusión (Medios de Comunicación), que estaba en vigor. Ambos instrumentos legales, que la Asamblea Nacional estaba examinando, amenazaban con endurecer la normativa y menoscabar el acceso a la información.

El 28 de agosto, el DSS citó a los presentadores de televisión Chamberlain Usor y Kayode Okikiolu para interrogarlos sobre los comentarios realizados por Samuel Ortom, gobernador del estado de Benue, durante una entrevista en directo para Channels Television. Las autoridades afirmaban que los comentarios del gobernador eran “agitadores, divisivos e injustos”.

Detención y reclusión arbitrarias

Al menos 300 manifestantes permanecían detenidos un año después de la protesta del movimiento #EndSARS (“Acaben con la Unidad Especial Antirrobos de la policía”) contra las fuerzas de seguridad nigerianas. Kemisola Ogunniyi, una joven de 18 años que dio a luz durante sus ocho meses de reclusión, quedó en libertad bajo fianza el 25 de junio.

Tres cineastas israelíes —Rudy Rochman, Noam Leibman y David Benaym— fueron arrestados y recluidos por el DSS durante 20 días sin juicio y en condiciones inhumanas tras ser acusados de tener vínculos con el grupo prohibido Pueblo Indígena de Biafra.

A pesar de que una resolución judicial le había concedido la libertad bajo fianza, Gloria Okolie permanecía recluida tras haber sido arrestada por la policía el 17 de junio como sospechosa de ser amiga de un hombre buscado. Sus abogados y familiares afirmaban que sufría malos tratos bajo custodia.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en el sistema de justicia penal. La policía, el ejército y el DSS continuaron sometiendo a las personas detenidas a tortura, así como a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Kubiat Akpan murió por torturas pocas horas después de que la policía lo arrestara el 29 de agosto en Uyo (estado de Akwa Ibom).

Desapariciones forzadas

Durante el año, Amnistía Internacional recibió información verosímil según la cual los organismos de seguridad, incluidos los agentes de la policía y del DSS, llevaban a cabo detenciones arbitrarias y mantenían a personas detenidas en régimen de incomunicación. Se creía que durante el año fueron objeto de desapariciones forzadas sin resolver al menos 200 personas, entre las que figuraban exradicales de la región del delta del Níger, miembros del Pueblo Indígena de Biafra, manifestantes de #EndSARS y personas sospechosas por razones de seguridad.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Los organismos de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y reuniones pacíficas. El 20 de septiembre, Davou Bulus Bashi murió por disparos de agentes de seguridad mientras protestaba pacíficamente junto a otros estudiantes de la Escuela Politécnica del estado de Plateau, en la zona de gobierno local de Barkin Ladi, contra el aplazamiento de sus exámenes.

El 13 de febrero, la policía arrestó a unos 20 manifestantes en el área de peaje de Lekki, en Lagos, después de que unos activistas realizaran una protesta contra la reapertura del peaje tras las muertes violentas de manifestantes en ese lugar sucedidas en octubre de 2020.

Ejecuciones extrajudiciales

Las fuerzas de seguridad nigerianas mataron al menos a 115 personas y cometieron otras numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional como respuesta al aumento de la violencia y los homicidios de agentes suyos en el sureste de Nigeria. Su campaña de represión también incluyó detenciones masivas, uso excesivo e ilegítimo de la fuerza, y tortura y otros malos tratos a personas detenidas.

En mayo, unos agentes del DSS irrumpieron en la vivienda de Sunday Ighoho, activista yoruba, donde mataron a dos de sus simpatizantes y arrestaron a otras 13 personas.

Desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos a pesar de la pandemia de COVID-19. Los días 10 y 13 de julio, más de 400 hogares de la comunidad de Iddo Sarki (Abuya), fueron demolidos por personal de la Autoridad de Urbanismo de la Capital Federal y por miembros de la policía, el ejército, los cuerpos de seguridad y protección civil, y otros agentes de seguridad. Los agentes de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra las personas que residían allí. Al volver de clase, algunos estudiantes de la Universidad de Abuya que vivían de alquiler en apartamentos de esa comunidad se encontraron con que sus alojamientos y pertenencias habían sido reducidos a escombros. Las casas se demolieron sin que hubiera mediado una verdadera consulta con las comunidades afectadas, sin aviso previo adecuado y por escrito, y sin proporcionar alojamientos alternativos.

Los días 11 y 12 de agosto, cientos de casas de la comunidad de Mpape (Abuya) fueron demolidas por personal del Comité Ministerial de Saneamiento Urbano de la Unidad Territorial de la Capital Federal, miembros de la policía, el ejército, los cuerpos de seguridad y protección civil, y otros agentes de seguridad, sin cumplir con las salvaguardias de derechos humanos y de procedimiento en materia de desalojos. Estas demoliciones no sólo vulneraron el derecho de la población a una vivienda adecuada, sino que además afectaron negativamente a sus medios de vida. Las autoridades continuaron amenazando con más desalojos forzosos a comunidades de todo el país.

Derechos laborales

Personal sanitario

El personal médico residente de hospitales públicos fue a la huelga por su falta de protección social, su injusta remuneración, sus deficientes condiciones laborales, las inadecuadas infraestructuras y equipos, y el impago de salarios, entre otros motivos de preocupación.

El 24 de junio, los profesionales de la medicina de los hospitales públicos del estado de Ondo iniciaron una huelga colectiva de tres meses de duración. El 2 de agosto, el personal médico residente inició una huelga colectiva en todo el país que se suspendió el 4 de octubre.

Derechos de la infancia

Decenas de miles de niños y niñas veían limitado su acceso a la educación debido a que las autoridades no protegían las escuelas de los ataques de insurgentes y de otros grupos armados. Hubo nuevos secuestros masivos de escolares en los que centenares de ellos murieron o fueron objeto de violación o “matrimonio” forzado, u obligados a unirse a Boko Haram. Se secuestró a niños y niñas en Kagara, Jangebe, Afaka, Kasarami, Tegina y otras comunidades de todo el norte de Nigeria, lo que dio lugar al cierre de cientos de escuelas, con graves consecuencias para la población joven de una región que ya afrontaba una inseguridad extrema.

Violencia contra mujeres y niñas

En agosto, un Tribunal Superior Federal de Abuya dictó una sentencia favorable a mujeres que habían sido sometidas a violencia sexual y de género por agentes de la Administración de la Unidad Territorial de la Capital Federal en las denominadas “redadas de Abuya”, y se concedieron indemnizaciones a las supervivientes. El tribunal también dictó una orden que pedía a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que se abstuvieran de cometer más actos de violencia contra las mujeres.

En septiembre, el gobernador del estado de Adamawa, Ahmad Fintiri, firmó la entrada en vigor en su territorio de la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas. En diciembre, los gobernadores de Imo y Cross River firmaron la entrada en vigor de la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas en sus respectivos estados.

La Asamblea Legislativa del estado de Akwa Ibom aprobó un proyecto de ley para proporcionar atención médica gratuita a las personas sobrevivientes de abusos sexuales.

El gobernador de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, actualizó el Equipo de Respuesta a la Violencia Intrafamiliar y de Género de ese estado, y lo convirtió en la agencia encargada de la lucha contra la violencia sexual e intrafamiliar en Lagos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La Asamblea Legislativa del estado de Taraba aprobó el Proyecto de Ley de Prohibición de la Violencia y la Discriminación contra las Personas (2021), que incluía una disposición sobre la cadena perpetua para las personas transgénero.

Derechos de las personas internamente desplazadas

En octubre, el gobernador del estado de Borno anunció un plan para cerrar antes del 31 de diciembre todos los campos de personas internamente desplazadas. Durante el año se cerraron por la fuerza algunos campos de acogida en Maiduguri y se reasentó a personas internamente desplazadas en zonas que seguían siendo objeto de ataques de Boko Haram.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. En febrero, el gobernador del estado de Jigawa firmó la entrada en vigor de una ley que permitía la imposición de condenas a muerte en los casos de violación. La recién aprobada Ley de Prohibición de la Violencia y la Discriminación contra las Personas, del estado de Taraba, incluía disposiciones que imponían la pena de muerte por la violación de menores.

Como parte de las medidas para reducir la población reclusa en todo el país, el ministro del Interior pidió en julio a los gobernadores de los estados que firmaran las órdenes de ejecución de 3.008 presos que se hallaban en el corredor de la muerte.

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República Federal de Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno: Muhammadu Buhari

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