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Nigeria

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El grupo armado Boko Haram continuó efectuando ataques que causaron cientos de muertes. Siguieron recibiéndose noticias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos que, en algunos casos, dieron lugar a muertes bajo custodia. Las condiciones en los centros militares de detención eran duras. Hubo violencia entre comunidades en todo el país. Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares.

Boko Haram

Boko Haram efectuó al menos 65 ataques que causaron la muerte a 411 civiles y secuestró al menos a 73 personas. En junio secuestró a 16 mujeres —entre ellas 10 policías— en una emboscada a un convoy escoltado por el ejército en la carretera entre Maiduguri y Damboa. En julio tendió una emboscada a un equipo de prospectores petroleros en un pueblo de Magumeri en la que secuestró a 3 trabajadores del petróleo y mató al menos a 40 personas, entre ellas soldados y miembros de la Fuerza Civil Especial Conjunta. El 6 de mayo, 82 alumnas de una escuela de Chibok secuestradas en 2014 fueron liberadas por combatientes de Boko Haram en un canje de prisioneros; 113 niñas continuaban en cautiverio. En noviembre, el grupo armado secuestró y decapitó a 6 campesinos del pueblo de Dimge (Mafa).

Continuaba habiendo al menos 1,7 millones de personas internamente desplazadas en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en el norte del país. El 39% vivía en campos para la población internamente desplazada o lugares parecidos, y el 61% residía en comunidades de acogida. La ONU afirmó que en el nordeste del país había 5,2 millones de personas con necesidad de ayuda alimentaria urgente y 450.000 niños y niñas menores de cinco años con necesidad apremiante de nutrición. En julio, Médicos Sin Fronteras informó de que 240 niños y niñas habían muerto de desnutrición en el estado de Borno.

El 17 de enero, la Fuerza Aérea Nigeriana bombardeó un campo para personas internamente desplazadas en Rann, sede del gobierno local de Kala Balge (estado de Borno), y mató al menos a 167 civiles, entre ellos muchos niños y niñas. Las fuerzas armadas dijeron que el bombardeo había sido un accidente puesto que Rann no estaba identificada como campo humanitario.

Las fuerzas armadas detuvieron y recluyeron arbitrariamente a miles de hombres jóvenes, mujeres, niños y niñas en centros de detención de todo el país. A las personas detenidas se les negaba el acceso a asistencia letrada y a familiares. Las fuerzas armadas pusieron en libertad a 593 personas en abril y a otras 760 en octubre.

El centro militar de detención del cuartel de Giwa, en Maiduguri, albergaba en abril a más de 4.900 personas en celdas sumamente atestadas. Las enfermedades, la deshidratación y el hambre eran muy comunes, y al menos 340 personas detenidas murieron durante el año. Al menos 200 niños y niñas de no más de cuatro años estaban recluidos en una celda sucia y atestada. Algunos niños y niñas habían nacido bajo custodia.

Las fuerzas armadas detuvieron y recluyeron de manera ilegítima —sin cargos— a cientos de mujeres, en algunos casos porque se creía que eran familiares de miembros de Boko Haram. Entre ellas había mujeres y niñas que afirmaban ser víctimas de Boko Haram. Las mujeres denunciaban condiciones de reclusión inhumanas como, por ejemplo, la falta de atención a la salud para las que daban a luz en las celdas.

El 24 de septiembre, el ministro de Justicia anunció que había comenzado el juicio masivo de las personas sospechosas de pertenecer a Boko Haram recluidas en diversos centros de detención. Entre el 9 y el 12 de octubre tuvo lugar la primera fase de los juicios, de la que se encargaron 4 jueces en secreto. Se impusieron penas de prisión a un total de 50 personas acusadas y, según un informe provisional del fiscal general, se dejó en libertad a 468 y se aplazó hasta enero de 2018 el juicio del resto.

En junio, la Junta Especial de Investigación —creada por el jefe del Estado Mayor para investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos— determinó que el cuartel de Giwa estaba sumamente atestado y tenía servicios de saneamiento deficientes y una ventilación insuficiente, lo que había causado la muerte de personas detenidas. La Junta absolvió del cargo de conducta indebida a altos mandos militares que presuntamente habían perpetrado crímenes de derecho internacional.

En agosto, el presidente en funciones Yemi Osinbajo creó un comité presidencial de investigación para examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas. Entre el 11 de septiembre y el 8 de noviembre, el comité se reunió en la capital, Abuja, y en las ciudades de Maiduguri, Enugu, Port Harcourt, Lagos y Kaduna.

En su informe preliminar de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que seguiría analizando la admisibilidad de los ocho posibles crímenes supuestamente cometidos en Nigeria que ya había identificado.

La policía y el Servicio de Seguridad del Estado continuaban utilizando tortura y otros malos tratos y detenciones ilegítimas. En febrero, agentes de la Unidad Especial Antirrobos detuvieron a Nonso Diobu y otros ocho hombres en Awkuzu (estado de Anambra). Los torturaron, y todos, excepto Nonso Diobu, murieron bajo custodia. Nonso Diobu fue acusado de robo y quedó en libertad cuatro meses después de la detención.

En mayo, un Tribunal Superior ordenó al Servicio de Seguridad del Estado que pusiera en libertad a Bright Chimezie, miembro del grupo Pueblo Indígena de Biafra. En lugar de hacerlo, el Servicio incorporó su nombre a otra causa. Al concluir el año, Bright Chimezie no había comparecido ante un tribunal y llevaba más de un año detenido en régimen de incomunicación por el Servicio.

Ibrahim el Zakzaky, líder del Movimiento Islámico de Nigeria, y su esposa llevaban recluidos en régimen de incomunicación sin juicio desde su detención en diciembre de 2015, pese a que un tribunal había ordenado que fueran puestos en libertad y se les concediera una indemnización.

En septiembre, la policía nigeriana presentó la Orden 20, con la que pretendía reducir el uso excesivo de la detención previa al juicio mediante la prestación de asesoramiento jurídico gratuito a las personas detenidas en las comisarías de policía. En diciembre se promulgó el Proyecto de Ley contra la Tortura, cuya finalidad era prohibir y tipificar como delito el uso de la tortura.

El 14 de septiembre, unos soldados mataron al menos a 10 miembros del grupo Pueblo Indígena de Biafra e hirieron a otros 12 en Umuahia (estado de Abia). El ejército aseguró que éstos habían muerto cuando trataban de oponer resistencia a la detención del líder Nnamdi Kanu en su domicilio. Hubo testigos que dijeron que los soldados habían disparado además contra al menos otros 10 miembros de Pueblo Indígena de Biafra y se los habían llevado. Posteriormente, el gobierno prohibió el grupo.

El 9 de marzo, un tribunal de Abuja condenó a muerte a dos agentes de policía por su participación en 2005 en la ejecución extrajudicial de seis comerciantes en Apo (Abuja). El tribunal absolvió a otros tres agentes de policía, entre ellos el jefe del equipo. En 2005, una comisión de investigación judicial había acusado a seis agentes de policía de los asesinatos y recomendado su enjuiciamiento, así como el pago de una indemnización a las familias de las víctimas. Según se había afirmado, uno de ellos había escapado de la custodia en 2015.

En septiembre, el Tribunal Superior de Port Harcourt declaró culpables de las ejecuciones extrajudiciales de Michael Akor y Michael Igwe, cometidas en 2009, a cinco policías de la Unidad Especial Antirrobos. El Tribunal también concedió a las familias de las víctimas 50 millones de nairas (unos 143.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización.

En diciembre, tras la enorme presión ejercida en las redes sociales, el inspector general de la Policía aceptó reformar la Unidad.

La violencia entre comunidades relacionada con los continuos enfrentamientos entre ganaderos y comunidades agrícolas dio lugar a más de 549 muertes y al desplazamiento de miles de personas en 12 estados. En febrero, 21 campesinos perdieron la vida en un ataque efectuado por presuntos ganaderos en tres comunidades del distrito de Atakad, en Kaura (estado de Kaduna). Hubo testigos que dijeron que los ganaderos habían matado, saqueado e incendiado las casas de los campesinos. En junio, un enfrentamiento entre comunidades en la meseta de Mambilla (estado de Taraba) se saldó con la muerte de decenas de personas, en su mayoría ganaderos y sus familias. En septiembre, al menos 20 personas murieron violentamente cuando unos presuntos ganaderos invadieron el pueblo de Ancha, en el distrito de Miango, situado en Jos (estado de Plateau), tras un malentendido entre campesinos y ganaderos que vivían en la comunidad. En octubre, unos presuntos ganaderos mataron a 27 personas que se habían refugiado en un aula tras tres días de ataques en la comunidad de Nkyie-Doghwro, en Bassa (estado de Plateau). En diciembre, unos ganaderos atacaron al menos cinco pueblos de la zona de gobierno local de Demsa (estado de Adamawa) como venganza por la masacre de hasta 57 personas —en su mayoría niños y niñas— que había tenido lugar en noviembre en la cercana comunidad de Kikan. Los habitantes contaban que un avión de combate y un helicóptero militar los habían atacado cuando trataban de huir. Al menos 86 personas murieron por los ataques de los ganaderos y el bombardeo de la fuerza aérea.

Las autoridades de los estados de Lagos, Imo y Rivers seguían desalojando por la fuerza a miles de habitantes sin aviso previo ni indemnización adecuada, y sin ofrecerles alojamiento alternativo ni reasentamiento.

En el estado de Lagos, al menos 5.000 personas de las comunidades ribereñas de Otodo-Gbame e Ilubirin fueron desalojadas por la fuerza entre marzo y abril en contra de unas órdenes anteriores del Tribunal Superior del estado. Las órdenes impedían a las autoridades estatales derribar las viviendas de las comunidades afectadas, cuya población era de al menos 300.000 personas, y las conminaban a consultar a la población. En marzo, el gobierno estatal se retiró de las consultas aduciendo que la exigencia de reasentamiento por parte de las comunidades era excesiva.

Durante el desalojo forzoso de la comunidad de Otodo-Gbame el 9 de abril, al menos dos hombres recibieron disparos —uno de ellos falleció— cuando la policía abrió fuego contra residentes desarmados. No se llevó a cabo investigación alguna sobre los disparos. El 13 de junio, las autoridades del estado de Lagos desalojaron forzosamente a cientos de personas de la comunidad de Ijora-Badia.

El 15 de junio, las autoridades del estado de Rivers desalojaron forzosamente a cientos de personas de la comunidad ribereña de Ayagologo, en Port Harcourt.

El 15 de noviembre, la policía de Lagos detuvo a 158 habitantes —entre ellos 6 mujeres, una de ellas embarazada— que protestaban por los desalojos forzosos que tenían lugar en el estado.

El 2 de febrero, el Tribunal Superior de Abuja declaró ilegales las notificaciones de desalojo forzoso sin la presentación de los avisos establecidos por la ley. El Tribunal instó a las autoridades del estado a tomar medidas para conferir seguridad de tenencia a la población afectada. La sentencia impidió que las autoridades de Abuja desalojaran por la fuerza a cientos de miles de habitantes de la comunidad de Mpape. El 21 de junio, un tribunal superior del estado de Lagos determinó que los desalojos forzosos y las notificaciones sin preaviso de llevarlos a cabo eran inconstitucionales y constituían trato cruel, inhumano o degradante.

El Parlamento federal de Nigeria y los de los estados de Adamawa y Gombe seguían debatiendo el Proyecto de Ley sobre Género e Igualdad de Oportunidades. En octubre, el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) resolvió que Nigeria había vulnerado el derecho a la dignidad de tres mujeres al acusarlas injustamente de ser trabajadoras sexuales, detenerlas ilegítimamente e insultarlas.

En el nordeste del país, las mujeres y niñas desplazadas internamente denunciaban sufrir violencia de género —incluidas violaciones y explotación sexual— a manos de militares y miembros de la Fuerza Civil Especial Conjunta, a menudo a cambio de alimentos y otros artículos de primera necesidad. En algunos lugares, las familias encabezadas por mujeres denunciaban sufrir discriminación en el acceso a ayuda alimentaria y a oportunidades de subsistencia.

Un grupo de mujeres que habían estado confinadas en el campo para personas internamente desplazadas de Bama hicieron campaña en favor de la puesta en libertad de sus esposos, que estaban bajo custodia militar, y pidieron justicia por las violaciones y otros abusos que habían sufrido durante su estancia en el campo entre 2015 y 2016. Según informes, el jefe del Estado Mayor ordenó en junio una investigación sobre la conducta indebida de los soldados en ese campo.

Se seguía intimidando a defensores y defensoras de los derechos humanos a consecuencia de su trabajo. El Parlamento sometió a debate un proyecto de ley para regular y restringir el trabajo de las ONG. En caso de ser aprobado, el proyecto de ley crearía una Comisión Reguladora de ONG, que llevaría un registro de todas las ONG, coordinaría sus actividades y haría un seguimiento de sus presupuestos y su financiación. En diciembre se celebró una audiencia pública sobre esta iniciativa legislativa.

El 19 de julio, la policía detuvo a Maurice Fangnon y lo mantuvo recluido durante seis días por pedir que se investigaran los presuntos asesinatos y agresiones contra habitantes de la comunidad de Otodo-Gbame. El 12 de diciembre lo arrestaron de nuevo junto con Bamidele Friday, y el 22 de diciembre pusieron a ambos en libertad con fianza. Raymond Gold se enfrentaba a cargos que comportaban una pena máxima de hasta tres años de prisión por exigir que una empresa petrolera llevara a cabo una evaluación del impacto ambiental de actividades perjudiciales para el medio ambiente. El 6 de junio, unos agentes de policía hostigaron, golpearon e hirieron a Justus Ijeoma en la jefatura de zona de Onitsha. En octubre, la jefatura de zona le envió una disculpa por escrito.

Se hostigaba, intimidaba y detenía a periodistas. El 19 de enero, la policía irrumpió en las oficinas de Premium Times y detuvo durante varias horas al editor Dapo Olorunyomi y a la corresponsal Evelyn Okakwu. El jefe del Estado Mayor había acusado previamente al periódico de publicaciones ofensivas.

El 19 de abril, la policía del estado de Kaduna detuvo a Midat Joseph, periodista del diario Leadership, por un comentario publicado en WhatsApp. Al día siguiente, el periodista compareció ante un tribunal por los cargos de conspiración delictiva, incitación a causar disturbios y falsedad injuriosa. El 31 de julio, el tribunal desestimó la causa por falta de diligencia en el enjuiciamiento.

El 19 de septiembre, la policía del estado de Katsina detuvo a tres blogueros —Jamil Mabai, Bashir Dauda y Umar Faruq— por criticar al gobernador. Bashir Dauda y Umar Faruq quedaron en libertad una semana después, y Jamil Mabai estuvo detenido durante 22 días.

El 27 de octubre se concedieron 40 millones de nairas (unos 112.700 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización por detención y reclusión ilegítimas a Audu Maikori, que había sido detenido por publicar información falsa en Internet.

Las fuerzas de seguridad interrumpían protestas y reuniones pacíficas, en algunos casos con violencia y fuerza excesiva.

La policía seguía negando al Movimiento Islámico de Nigeria, prohibido en 2016 por el gobierno del estado de Kaduna, el derecho a protestar de manera pacífica. El 25 de enero, la policía de Abuja detuvo a nueve miembros de esta organización en relación con una manifestación pacífica en la que se pedía la puesta en libertad de Ibrahim el Zakzaky.

El 25 de julio, la policía de la ciudad de Kano impidió a un grupo de mujeres protestar por las continuas violaciones de mujeres, niñas y niños que tenían lugar en el estado. El 8 de agosto, la policía dispersó con violencia una manifestación pacífica en la que se pedía el regreso del presidente Buhari, que estaba en Reino Unido para recibir tratamiento médico.

En junio, las viudas de cuatro hombres de Ogoniland (delta del Níger) que habían sido ejecutados tras un juicio injusto en 1995 presentaron una demanda en Países Bajos contra Shell en la que exigían indemnización y una disculpa pública. Acusaban a Shell de complicidad en la detención y reclusión ilegítimas de sus esposos durante la brutal represión del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni ejercida por las entonces autoridades militares. Hubo organizaciones internacionales que pidieron que se investigara a Shell por su participación en estos crímenes.

La contaminación medioambiental vinculada a la industria petrolera seguía socavando los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades del delta del Níger.

El gobierno realizó modestos avances para abordar la contaminación en Ogoniland (delta del Níger), conforme había recomendado el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) en 2011. No obstante, las comunidades locales expresaron su frustración por la lentitud con que evolucionaba la iniciativa y porque las actividades sobre el terreno no habían empezado. Shell no había cumplido algunas de las principales recomendaciones del PNUMA.

En septiembre comenzaron las actividades en la comunidad de Bodo (Ogoniland) para limpiar la contaminación provocada por dos grandes vertidos de petróleo en 2008.

En varias partes del país se denunciaron detenciones, humillaciones públicas, extorsiones y discriminación de personas por su orientación sexual. En abril, la policía nigeriana denunció a 53 hombres ante un tribunal de primera instancia de Zaria (estado de Kaduna) por conspiración y reunión ilegal, y por pertenencia a una asociación ilegal. Se les acusó de asistir a una boda gay y se les concedió la libertad con fianza.

En agosto, unos 42 hombres y niños de entre 12 y 28 años fueron detenidos en un hotel de Lagos mientras asistían a un programa de intervención sobre el VIH organizado por una ONG. Se les acusó de “participar en actividades gays”. La policía exhibió a las víctimas ante los medios de comunicación.

Seguían imponiéndose condenas a muerte, pero no se registró ninguna ejecución. En julio, en el Consejo Económico Nacional, los gobernadores estatales acordaron firmar órdenes de ejecución o conmutar las condenas a muerte como forma de abordar el hacinamiento en las prisiones. Las personas condenadas a muerte denunciaban que se estaban haciendo preparativos en patíbulos para efectuar ejecuciones en las prisiones de Benín y Lagos.

En agosto, el gobierno del estado de Ogun anunció que dejaría de mantener su compromiso informal de abstenerse de autorizar ejecuciones.

En septiembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que prescribía la pena de muerte por secuestro.

República Federal de Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno: Muhammadu Buhari
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