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Nigeria

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

El conflicto entre las fuerzas armadas y el grupo armado Boko Haram continuó y generó una crisis humanitaria que afectó a más de 14 millones de personas. Las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando graves violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La policía y las fuerzas armadas continuaron cometiendo actos de tortura y otros malos tratos. Las condiciones en los centros militares de detención eran duras. Hubo violencia entre comunidades en muchas partes del país. Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares.

Boko Haram

Boko Haram siguió cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el nordeste del país que afectaron a 14,8 millones de personas. El grupo continuó llevando a cabo ataques e incursiones de pequeña escala durante todo el año. Las fuerzas armadas regionales y nacionales recuperaron importantes ciudades que estaban bajo el control de Boko Haram.

En su respuesta a los ataques de Boko Haram, las fuerzas armadas siguieron sometiendo a detención arbitraria, reclusión, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales a presuntos combatientes del grupo armado. Estos actos constituían crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

En mayo, 737 hombres detenidos por el ejército como sospechosos de pertenecer a Boko Haram fueron trasladados a la prisión de Maiduguri, capital del estado de Borno. Fueron acusados de ser “vagabundos incorregibles”, delito punible con hasta dos años de prisión o el pago de una multa.

En abril, el Ministerio de Defensa inició la Operación Corredor Seguro para “rehabilitar [en un campamento] a combatientes de Boko Haram rendidos y arrepentidos”.

El 13 de octubre, 21 alumnas de una escuela de Chibok secuestradas en 2014 fueron liberadas por combatientes de Boko Haram a raíz de unas negociaciones. En noviembre se encontró a otra niña; alrededor de 195 niñas de Chibok continuaban desaparecidas al concluir el año.

Continuaba habiendo al menos dos millones de personas internamente desplazadas en el norte de Nigeria. El 80% de ellas residían en comunidades de acogida, mientras que el resto vivían en campos para la población internamente desplazada. Los campos de Maiduguri continuaban abarrotados, sin acceso suficiente a alimentos, agua potable y servicios de saneamiento.

En los llamados “territorios inaccesibles” del estado de Borno, decenas de miles de personas desplazadas estaban recluidas en campos bajo la vigilancia armada del ejército de Nigeria y la Fuerza Civil Especial Conjunta, milicia civil respaldada por el Estado para combatir a Boko Haram. A la mayoría de las personas desplazadas no se les permitía salir de los campamentos y no se les proporcionaba comida, agua ni atención médica suficientes. Miles de personas habían muerto en estos campos por desnutrición severa. En junio, la ONG Médicos Sin Fronteras informó de que en un campo vigilado de Bama (estado de Borno) se habían enterrado más de 1.200 cadáveres durante 2015.

Tanto la Fuerza Civil Especial Conjunta como el ejército fueron acusados de explotar sexualmente a mujeres en los campos para personas internamente desplazadas a cambio de dinero, alimentos o permitirles salir de los recintos.

Las fuerzas armadas detuvieron arbitrariamente a miles de hombres jóvenes, mujeres, niños y niñas que huían buscando seguridad a las ciudades cuyo control se había recuperado, como Banki y Bama (estado de Borno). Esas detenciones se basaban en gran medida en la aplicación aleatoria de perfiles a los hombres, especialmente a los jóvenes, más que en la sospecha razonable de que hubieran cometido un delito común reconocible. En la mayoría de los casos, las detenciones se realizaban sin la suficiente investigación. Otras personas fueron detenidas arbitrariamente cuando trataban de huir de Boko Haram. Los detenidos por las fuerzas armadas no tenían acceso a sus familiares ni a sus abogados, y no comparecían ante un tribunal. Durante el año quedaron en libertad más de 1.500 detenidos.

Las detenciones masivas de personas que huían de Boko Haram llevadas a cabo por las fuerzas armadas causaron hacinamiento en centros militares de detención. En el centro militar de detención del cuartel de Giwa, en Maiduguri, las celdas estaban atestadas, y las enfermedades, la deshidratación y el hambre eran muy comunes. Al menos 240 personas detenidas murieron durante el año. Los cadáveres fueron enterrados en secreto en el cementerio de Maiduguri por personal de la agencia de protección ambiental del estado de Borno. Entre las víctimas había al menos 29 bebés y niños y niñas de hasta cinco años.

En el cuartel de Giwa, los niños y niñas menores de cinco años estaban recluidos en tres celdas de mujeres atestadas e insalubres, en cada una de las cuales había al menos 250 mujeres y muchachas adolescentes. Algunos niños y niñas habían nacido bajo custodia.

Persistía la falta de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad. No se habían llevado a cabo investigaciones imparciales e independientes de delitos perpetrados por las fuerzas armadas, a pesar de las reiteradas promesas realizadas por el presidente en mayo. Además, altos mandos militares que presuntamente habían perpetrado crímenes previstos por el derecho internacional siguieron sin ser sometidos a investigaciones, y el general de división Ahmadu Mohammed fue readmitido en el ejército en enero. Ahmadu Mohammed estaba al mando de las operaciones cuando las fuerzas armadas ejecutaron a más de 640 personas detenidas tras un ataque de Boko Haram contra el centro de detención del cuartel de Giwa el 14 de marzo de 2014.

En su informe preliminar de noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que seguiría analizando todas las nuevas denuncias de crímenes cometidos en Nigeria y evaluando la admisibilidad de los ocho posibles casos identificados en 2015, con el propósito de determinar si se cumplían o no los criterios necesarios para abrir una investigación.

En junio, el gobierno puso en marcha un programa para limpiar la contaminación provocada por los vertidos de petróleo y recuperar el medio ambiente en la región de Ogoniland, en el delta del Níger. Durante el año hubo cientos de derrames.

El gobierno siguió sin hacer rendir cuentas a las empresas petroleras, entre ellas Shell. No ejerció la supervisión necesaria para garantizar que las empresas evitaran los vertidos de petróleo ni dio respuesta a los que ya se habían producido. La Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo, que certificó como limpias zonas que seguían contaminadas, continuó siendo ineficaz.

En marzo, dos comunidades del delta del Níger afectadas por vertidos de petróleo presentaron una nueva demanda contra Shell en los tribunales de Reino Unido.

Las empresas petroleras continuaban achacando a sabotajes y robos su inacción en cuanto a evitar los vertidos o recuperar las zonas contaminadas. Sus afirmaciones se basaban en una deficiente investigación de los vertidos de petróleo realizada por las compañías petroleras y no por la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo.

Delta del Níger

En enero, el grupo armado Vengadores del Delta del Níger empezó a atacar y volar oleoductos en la región del delta del Níger. El gobierno respondió aumentando de forma significativa la presencia militar en la región. Las actividades del grupo armado provocaron una desaceleración de la producción de petróleo.

El 23 de diciembre se ejecutó a tres hombres en secreto en la prisión de Benín (estado de Edo). Uno de ellos había sido condenado a muerte por un tribunal militar en 1998, lo que significaba que no tenía derecho a recurrir la sentencia. Los jueces siguieron imponiendo condenas a muerte durante todo el año. El 4 de mayo, a raíz de un aumento de los raptos en todo el país, el Senado decidió promulgar una ley que prescribía la pena de muerte como castigo para el secuestro. Varios estados habían promulgado o propuesto legislación similar.

El gobierno detuvo y recluyó, en algunos casos sin juicio, a al menos 10 periodistas y blogueros.

En agosto, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros —organismo gubernamental contra la corrupción— detuvo en la capital, Abuja, al destacado bloguero Abubakar Usman y lo acusó de infringir la Ley de Delitos Cibernéticos. La Comisión no señaló las disposiciones concretas infringidas por el bloguero, que quedó en libertad sin cargos. En septiembre, la policía detuvo y recluyó a Jamil Mabai por publicar comentarios en Facebook y Twitter en los que criticaba al gobierno del estado de Katsina.

A principios de septiembre, el editor Emenike Iroegbu fue detenido en Uyo (estado de Akwa Ibom) por presunta difamación.

El 5 de septiembre, las fuerzas armadas ordenaron la búsqueda de Ahmed Salkida, periodista nigeriano radicado en Emiratos Árabes Unidos, que después fue detenido por los servicios de seguridad del Estado a su llegada a Nigeria. Salkida fue una de las tres personas detenidas y recluidas durante un breve periodo por sus presuntos vínculos con Boko Haram y por facilitar la difusión de un vídeo de Boko Haram sobre las niñas de Chibok secuestradas. Posteriormente quedó en libertad; su pasaporte seguía confiscado.

Las fuerzas de seguridad interrumpieron protestas y reuniones pacíficas, en algunos casos con violencia y uso excesivo de la fuerza. El 6 de septiembre, la policía interceptó a miembros del movimiento Devuélvannos a Nuestras Niñas que habían notificado la protesta y se habían congregado pacíficamente ante la oficina y residencia del presidente en Abuja para pedir la liberación de las niñas de Chibok secuestradas.

El 22 de septiembre, la policía lanzó botes de gas lacrimógeno para dispersar una protesta pacífica del Movimiento Islámico de Nigeria que se desarrollaba en Abuja, causando algunas lesiones leves.

Varias personas partidarias de la independencia de Biafra estaban privadas de libertad —en muchos casos desde finales de enero— por intentar celebrar reuniones pacíficas o participar en ellas. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad hicieron uso de la fuerza contra activistas pro-Biafra en el sureste de Nigeria.

El ejército estaba desplegado en 30 de los 36 estados de Nigeria y en la Unidad Territorial de la Capital Federal de Abuja, donde llevaba a cabo funciones policiales rutinarias tales como responder a manifestaciones no violentas. El despliegue militar para controlar las reuniones públicas contribuyó a que aumentara el número de ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos. Desde enero, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente y mataron a al menos 100 miembros y simpatizantes del grupo Pueblo Indígena de Biafra en respuesta a la constante agitación instigada por activistas pro-Biafra. Algunas de las personas detenidas fueron víctimas de desaparición forzada.

El 9 de febrero, soldados y agentes policiales dispararon contra unos 200 miembros del grupo Pueblo Indígena de Biafra que se habían reunido para orar en la Escuela Secundaria Nacional de Aba (estado de Abia). Unas imágenes de vídeo mostraron a soldados disparando contra miembros desarmados y pacíficos del grupo. Al menos 17 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas.

El 29 y 30 de mayo, al menos 60 personas perdieron la vida en una operación conjunta llevada a cabo por el ejército, la policía, el Departamento de Seguridad del Estado y la fuerza naval. Unos activistas pro-Biafra se habían reunido en Onitsha para celebrar el Día del Recuerdo de Biafra. Al final del año no se había iniciado investigación alguna sobre estos episodios.

El 3 de abril, Chijioke Mba fue detenido por la unidad antisecuestros de las fuerzas policiales de Enugu por pertenencia a una asociación ilegal. Su familia y su abogado no lo habían vuelto a ver desde mayo.

El 16 de agosto, Sunday Chucks Obasi fue secuestrado en su casa de Amuko Nnewi, en el estado de Anambra, por cinco hombres armados que presuntamente eran agentes de seguridad nigerianos que utilizaban un vehículo con número de matrícula del gobierno. Según testigos, Sunday Chucks Obasi resultó herido durante el incidente. Continuaba sin conocerse su paradero.

La policía y las fuerzas armadas seguían cometiendo actos de tortura y otros malos tratos para obtener información y confesiones durante los interrogatorios de personas sospechosas o detenidas. La Unidad Especial Antirrobos de la Policía cometía con frecuencia actos de tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios.

En septiembre, el inspector general de la Policía advirtió a la Unidad Especial Antirrobos que no cometiera actos de tortura y le instó a que siguiera el debido proceso legal.

El 18 de mayo, Chibuike Edu murió en Enugu bajo custodia policial después de que la Unidad Especial Antirrobos lo detuviera por robo y lo recluyera durante dos semanas. Las autoridades policiales estaban investigando el incidente; nadie había rendido cuentas por su muerte al concluir el año.

La Asamblea Nacional seguía sin aprobar el proyecto de ley contra la tortura que desarrollaba su prohibición y penalizaba su comisión. El texto, ya aprobado por la Cámara de Representantes, fue aprobado en junio por el Senado en primera lectura y revisado posteriormente por la Comisión de Reforma Legislativa de Nigeria. La versión revisada aún debía debatirse en el Senado.

Hubo actos de violencia entre comunidades en muchas partes del país. Muchos incidentes guardaban relación con los continuos enfrentamientos entre ganaderos y comunidades agrícolas.

En febrero, al menos 45 personas perdieron la vida en Agatu (estado de Benue), en unos ataques efectuados por presuntos ganaderos. En abril, al menos nueve personas murieron a manos de presuntos ganaderos en la comunidad de Ukpabi-Nimbo (estado de Enugu). La comunidad dijo que había alertado a las autoridades del inminente ataque, pero los servicios de seguridad no lo habían impedido. Aún no se había juzgado a cinco personas detenidas por la policía en relación con los homicidios.

En mayo, al menos dos personas perdieron la vida en la comunidad de Oke-Ako (estado de Ekiti) a manos de presuntos ganaderos. En respuesta a ello, el gobierno de Ekiti promulgó en agosto una ley que prohibía la presencia de ganado en las tierras del estado que no estuvieran demarcadas.

Ibrahim el Zakzaky, líder del Movimiento Islámico de Nigeria, permanecía recluido en régimen de incomunicación sin juicio desde su detención en diciembre de 2015. Entre el 12 y el 14 de diciembre de 2015, unos soldados mataron a más de 350 manifestantes y simpatizantes de esta organización en dos lugares de Zaria (estado de Kaduna).

Se detuvo a cientos de miembros del Movimiento Islámico de Nigeria; al concluir el año, seguían recluidos en centros de detención de los estados de Kaduna, Bauchi, Plateau y Kano.

El 11 de abril, las autoridades del estado de Kaduna admitieron ante una comisión de investigación judicial que habían enterrado en secreto 347 cadáveres en una fosa común dos días después de la masacre de diciembre de 2015.

El 15 de julio, la comisión presentó un informe al gobierno del estado en el que se acusaba a las fuerzas armadas nigerianas de homicidios ilegítimos. En diciembre, el gobierno del estado de Kaduna hizo públicas sus conclusiones al informe rechazando la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Comisión.

El 22 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que se acusaba al Movimiento Islámico de Nigeria de haber provocado los enfrentamientos que habían dado lugar a los homicidios de miembros de su organización, y a las fuerzas armadas de haber matado a miembros del Movimiento Islámico de Nigeria. El mismo día, la policía cerró el paso a manifestantes del Movimiento Islámico de Nigeria y lanzó botes de gas lacrimógeno contra miembros de la organización durante una protesta en la que se pedía la puesta en libertad de su líder. El 6 de octubre, el gobernador del estado de Kaduna declaró ilegal el Movimiento Islámico de Nigeria. A raíz de la declaración, miembros de esta organización sufrieron agresiones violentas en varios estados del país, especialmente Kaduna, Kano, Katsina y Plateau. Además, varios miembros de la organización fueron detenidos por las fuerzas armadas.

Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares —lo que afectó a varios de sus derechos— en al menos dos estados y en la Unidad Territorial de la Capital Federal de Abuja.

En febrero, una comisión de investigación creada por el gobierno del estado de Lagos concluyó que el gobierno no había realizado una consulta verdadera y adecuada, indemnizado ni proporcionado el reasentamiento prometido a las comunidades agrícolas que habían sido desalojadas por la fuerza de sus hogares y tierras de cultivo entre 2006 y enero de 2016.

Entre el 2 y el 5 de julio, el gobierno del estado de Rivers desalojó por la fuerza a más de 1.600 residentes de Eagle Island aduciendo que lo hacía para combatir la delincuencia.

Tras los desalojos forzosos efectuados en marzo y septiembre, el gobernador del estado de Lagos anunció el 9 de octubre que se tenía previsto comenzar la demolición de todos los asentamientos ilegales de las zonas ribereñas del estado. La justificación que se dio fue la necesidad de hacer frente a los incidentes de secuestro que tenían lugar en el estado. No se anunciaron intenciones de consultar a las comunidades antes del desalojo.

El 15 de octubre, cientos de personas que residían en la comunidad ribereña de Ilubirin fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares. Entre el 9 y el 10 de noviembre, las autoridades del estado de Lagos desalojaron por la fuerza a más de 30.000 residentes de la comunidad ribereña de Otodo Gbame, incendiando sus viviendas y demoliéndolas con una excavadora. El 11 de noviembre, cientos de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en otra comunidad ribereña cercana, Ebute-Ikate, del estado de Lagos.

En septiembre, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley sobre Género e Igualdad de Oportunidades para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aunque Nigeria había ratificado en 1985 la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, seguía sin incorporar la Convención en su legislación nacional.

Continuaba en vigor la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La policía seguía deteniendo a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). Los hombres considerados gays sufrían ataques de muchedumbres y eran sometidos a chantaje y extorsión.

En mayo, el estado de Bayelsa aprobó la Ley de Derechos de la Infancia, lo que elevó a 23 el número de estados que la habían promulgado. En agosto, la Asamblea Legislativa del estado de Enugu también aprobó la ley, que aún no había sido sancionada por el gobernador.

República Federal de Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno: Muhammadu Buhari
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