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Nigeria

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

El grupo armado Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas seguían cometiendo graves delitos en el nordeste del país, incluidos crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad. Boko Haram mató a cientos de civiles y llevó a cabo secuestros selectivos de mujeres y niñas. Las fuerzas gubernamentales realizaron ataques indiscriminados contra poblados y continuaron recluyendo a miles de personas en condiciones inhumanas. En las regiones noroccidental y septentrional-central, más de 1.500 personas murieron en actos de violencia entre comunidades y ataques de bandidos. En todas partes, el uso excesivo de la fuerza dio lugar a homicidios ilegítimos, y la tortura y otros malos tratos eran prácticas muy extendidas. Seguía sin conocerse la suerte de miembros del Movimiento Islámico de Nigeria desaparecidos en 2015. Mientras tanto, persistía la impunidad por estos crímenes. Se vulneró de forma habitual el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y asociación. En el contexto de la COVID-19, aumentó la violencia de género y se menoscabó el derecho a la salud. Miles de personas fueron objeto de desalojo forzoso de sus viviendas.

Información general

En enero, Chad retiró sus tropas del territorio nigeriano tras haber formado parte de la Fuerza Multinacional Conjunta, una iniciativa regional establecida para contrarrestar los ataques de grupos armados en la región. En marzo, al menos 50 soldados murieron en una emboscada de Boko Haram en el estado de Yobe.

En marzo, el gobierno introdujo medidas para controlar la propagación de la COVID-19, entre ellas un cierre inicial de las actividades no esenciales, el toque de queda, cierres de escuelas y la prohibición de los vuelos nacionales. Las restricciones se suavizaron gradualmente y se levantaron en septiembre.

Abusos cometidos por grupos armados

Boko Haram siguió cometiendo abusos graves contra los derechos humanos en el nordeste del país, como homicidios y secuestros de civiles, que constituían crímenes de guerra y podían ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Más de 420 civiles murieron en unos 45 ataques, muchos de ellos en el estado de Borno, pero también en Adamawa y Yobe. Simultáneamente, Boko Haram siguió reclutando a niños soldados.

En el estado de Adamawa, unos miembros de Boko Haram decapitaron al reverendo Lawan Andimi el 20 de enero, 18 días después de secuestrarlo en Michika (una localidad de ese estado). El mismo mes, Daciya Dalep, un estudiante de 22 años, fue ejecutado por un niño soldado.

Al menos 30 civiles murieron en febrero cuando unos miembros de Boko Haram atacaron a personas que intentaban entrar en la ciudad de Auno. En junio, unas 81 personas murieron y varias fueron secuestradas durante un ataque a la localidad de Faduma Kolomdi. En octubre, unos 20 agricultores murieron en ataques de Boko Haram en las localidades de Ngwom y Moromti.

Durante todo el año, Boko Haram secuestró y sometió a violación y matrimonio forzado a cientos de mujeres y niñas, 20 de las cuales fueron secuestradas en julio cuando buscaban leña cerca del campo para personas internamente desplazadas de Gamboru (estado de Borno).

Personal de ayuda humanitaria

En junio, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico —una facción de Boko Haram— amenazó con actuar contra personal e instalaciones humanitarios y cualquier persona que a su juicio hubiera “ayudado” a las fuerzas armadas.

El 15 de enero, después de negociaciones con las autoridades, el grupo liberó a cinco cooperantes —dos mujeres y tres hombres— secuestrados cerca de Maiduguri un mes antes. El 22 de julio, el mismo grupo ejecutó a cinco trabajadores de ayuda humanitaria a los que había secuestrado en junio en la carretera Monguno-Maiduguri (estado de Borno).

Ataques ilegítimos

Más de 1.531 personas murieron y miles se vieron desplazadas por la violencia entre comunidades, la mayoría entre poblaciones de pastores y de agricultores, así como por ataques de bandidos, en las regiones septentrional-central y noroccidental. Más de 1.015 personas fueron tomadas como rehenes por hombres armados no identificados; en diciembre, más de 300 estudiantes de la Escuela Pública Secundaria de Ciencias de Kankara (estado de Katsina) fueron secuestrados en sus residencias escolares, aunque quedaron en libertad unos días después. La violencia obligó a muchas familias de agricultores a huir a zonas urbanas o campos para personas desplazadas.

Entre enero y julio, al menos 366 personas murieron en localidades del estado de Kaduna a manos de presuntos pastores. En mayo, según informes, unas 74 personas fueron asesinadas en el estado de Sokoto en ataques de hombres armados en la zona de gobierno local de Sabon Birni.

También hubo víctimas mortales entre la población civil cuando las fuerzas gubernamentales emprendieron ataques indiscriminados contra Boko Haram. El 13 de abril, al menos 10 niños y niñas y 7 mujeres perdieron la vida cuando la Fuerza Aérea bombardeó accidentalmente la localidad de Sakotoku, en la zona de gobierno local de Damboa (estado de Borno).

Personas internamente desplazadas

Miles de personas se vieron internamente desplazadas por la violencia entre comunidades y los ataques de grupos armados en las regiones septentrionales. Los ataques militares contra Boko Haram también causaron muchos desplazamientos. El 3 de enero, los soldados arrasaron las localidades de Bukarti, Ngariri y Matiri, y cientos de residentes tuvieron que huir a un campamento cerca de Maiduguri (estado de Borno). En septiembre, el gobernador de este estado medió para facilitar el retorno de unas 1.000 personas —que llevaban años desplazadas— a sus hogares en la ciudad de Baga.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad cometieron violaciones graves de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos y uso de fuerza excesiva, que en algunas ocasiones dieron lugar a homicidios ilegítimos.

En enero, los agentes de seguridad hirieron de bala a cinco miembros del Movimiento Islámico de Nigeria durante un acto de protesta para reclamar la liberación de su líder, Ibraheem El Zakzaky, y su esposa, Zeenah, en Abuya.

Las autoridades reprimieron los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y a la libertad de circulación. Estas violaciones de derechos humanos fueron frecuentes en el contexto de la aplicación de las medidas relacionadas con la COVID-19, y al menos 18 personas murieron entre el 30 de marzo y el 13 de abril a manos del Servicio Penitenciario, la policía y las fuerzas armadas de Nigeria. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 105 denuncias de violaciones de derechos humanos entre marzo y mediados de abril, incluido el uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad en 24 de los 36 estados del país y en la Unidad Territorial de la Capital Federal, Abuya.

El 23 de agosto, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra miembros desarmados del grupo separatista Pueblo Indígena de Biafra que celebraban una reunión en una escuela de Emene (estado de Enugu) y mataron al menos a cuatro personas. Según testigos, en el lugar de los hechos había agentes del Departamento de Servicios del Estado (DSS, por sus siglas en inglés), la policía y las fuerzas armadas, y algunos dispararon directamente contra miembros de Pueblo Indígena de Biafra que llevaban piedras y palos. Las autoridades afirmaron que dos agentes de las fuerzas de seguridad también habían perdido la vida en el incidente.

En octubre, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar protestas y reuniones pacíficas, incluidas manifestaciones del movimiento #EndSARS (la SARS —Unidad Especial Antirrobos— era una unidad de la policía encargada de luchar contra la delincuencia violenta), y causaron la muerte de 56 manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad .

Detención y reclusión arbitrarias

Las fuerzas armadas continuaron practicando miles de detenciones. Detenían y recluían arbitrariamente a las personas sospechosas de estar vinculadas a Boko Haram y les negaban el acceso a familiares y abogados y la comparecencia ante un tribunal. También se detuvo a niños y niñas que habían huido de zonas controladas por Boko Haram y se los recluyó en centros de detención militares, como el cuartel de Giwa situado en Maiduguri y la base militar de Kainji (estado de Níger). En junio, 602 presuntos miembros de Boko Haram fueron entregados al gobierno del estado de Borno para su reasentamiento.

Las fuerzas armadas incumplieron en julio una orden del Tribunal Superior de Abuya por la que debían poner en libertad a Martins Idakpini, un oficial del ejército detenido en junio tras condenar públicamente la gestión por las fuerzas armadas de la lucha contra los insurgentes de Boko Haram.

Tortura y otros malos tratos

El uso de la tortura y otros malos tratos seguía siendo generalizado en todo el sistema de justicia penal a manos de la policía —sobre todo la SARS—, el DSS y las fuerzas armadas.

Desapariciones forzadas

Durante todo el año, los organismos de seguridad, incluidos agentes de la policía, las fuerzas armadas y el DSS, llevaron a cabo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Los organismos de seguridad seguían sin dar explicaciones sobre unos 600 miembros del Movimiento Islámico de Nigeria desaparecidos en 2015 tras un incidente en el que al menos 347 miembros de este grupo habían muerto a manos de las fuerzas armadas en el estado de Kaduna.

No hubo noticias de Abubakar Idris (alias Abu Hanifa Dadiyata), un activista y crítico del gobierno secuestrado en agosto de 2019 en su domicilio de Kaduna por hombres armados no identificados.

Impunidad

El gobierno no investigó de forma inmediata, exhaustiva y efectiva las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos ni puso a sus presuntos autores a disposición de la justicia. En concreto, no se tomaron medidas serias para investigar o enjuiciar crímenes de derecho internacional cometidos por Boko Haram o las fuerzas armadas nigerianas en el contexto del conflicto presente en el nordeste del país.

El gobierno seguía sin publicar su informe sobre las conclusiones de un grupo de expertos presidencial que había dicho estar investigando el cumplimiento por las fuerzas armadas de sus obligaciones en materia de derechos humanos y de las reglas de combate. En diciembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció el cierre del examen preliminar y afirmó que solicitaría autorización a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir investigaciones.

Las autoridades hicieron caso omiso sistemáticamente de las órdenes judiciales y menoscabaron el Estado de derecho. En marzo, el fiscal general incumplió una orden del Tribunal Superior Federal de Abuya por la que se le requería para que entregara a los soldados presuntamente responsables de la muerte de tres policías en el estado de Taraba en agosto de 2019.

Libertad de expresión

Las autoridades hicieron uso de leyes represivas para hostigar, intimidar, arrestar y detener a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, profesionales de los medios de comunicación y personas consideradas críticas. Los actores no estatales también sometieron a intimidación y hostigamiento y propinaron palizas a periodistas.

Al terminar el año continuaban pendientes de tramitación en el Senado los proyectos de ley sobre redes sociales y discurso de odio. En caso de ser aprobados, podría aumentar el riesgo de represión de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.

En abril, en el estado de Ebonyi, la policía detuvo al corresponsal del periódico The Sun Chijioke Agwu después de que publicara un artículo sobre un brote de fiebre de Lassa. Peter Okutu, del periódico Vanguard, fue detenido por informar sobre un ataque militar contra la comunidad umuogodoakpu-ngbo en la zona de gobierno local de Ohaukwu. Los dos hombres quedaron en libertad unas horas después del arresto.

También en abril, Mubarak Bala, presidente de la Asociación Humanista de Nigeria, fue detenido por agentes de la Jefatura de policía del estado de Kano presuntamente por haber insultado al profeta Mahoma en Facebook. Al terminar el año continuaba detenido, sin cargos ni acceso a representación letrada, a pesar de que una orden del Tribunal Superior Federal de Abuya emitida el 21 de diciembre disponía su liberación.

Las autoridades tomaron medidas para limitar la capacidad de los medios de comunicación audiovisuales para cumplir con su función constitucional de vigilancia. En agosto, el gobierno federal modificó el Código de Radiodifusión de Nigeria y aumentó la multa por “discurso de odio” de 500.000 nairas (1.300 dólares estadounidenses) a 5 millones de nairas (13.000 dólares). La Comisión Nacional de Radiodifusión multó a Channels TV, Arise TV y African Independence Television por informar sobre las protestas de #EndSARS en octubre, aduciendo presunta violación del Código de Radiodifusión, entre otras cosas por el uso de “material videográfico online no verificado”.

En noviembre, Amnistía Internacional Nigeria fue objeto de amenazas y hostigamiento por parte de un grupo autodenominado Centro para la Liberación de África y los Derechos Socioeconómicos tras la publicación de una declaración sobre informes de homicidios de manifestantes pacíficos en el área de peaje de Lekki (estado de Lagos). El grupo dio un ultimátum para que Amnistía Internacional saliera del país en el plazo de siete días. La portavoz del grupo también amenazó con atacar a miembros del personal, simpatizantes y oficinas de Amnistía Internacional.

Derecho a la salud

Condiciones de reclusión

Las prisiones seguían adoleciendo de hacinamiento crónico, y aproximadamente el 70% de la población reclusa se hallaba en detención en espera de juicio, en algunos casos desde hacía más de cinco años. En abril, el gobierno federal anunció la liberación de 2.600 personas presas en aplicación de una amnistía para reducir el hacinamiento y controlar la propagación de la COVID-19. El 31 de marzo, seis reclusos del centro penitenciario de Kaduna murieron a manos de guardias de prisiones tras una protesta desencadenada por el temor a la propagación de la COVID-19.

Personal sanitario

No se protegió de forma adecuada al personal sanitario contra la infección por COVID-19. Las condiciones de trabajo eran peligrosas como consecuencia de la escasez de equipos de protección individual, el deterioro y la sobrecarga de los centros de salud, los bajos salarios y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Estos fueron algunos de los motivos de la huelga de la Asociación Nacional de Médicos Residentes que tuvo lugar en junio.

Violencia por motivos de género

La violencia de género, incluida la violencia sexual, contra mujeres y niñas era generalizada.

En febrero, más de 200 grupos de mujeres salieron a las calles de Abuya para protestar contra el ataque físico perpetrado por la policía del estado de Enugu contra Goodness Ibangha, abogada de la ONG Colectivo de Ayuda a las Mujeres (WDCOL, por sus siglas en inglés).

Según estadísticas oficiales, se registraron más de 3.600 violaciones durante el confinamiento por la COVID-19. Barakat Bello, de 18 años, y Uwaila Omozuwa, de 22, fueron violadas y asesinadas en dos incidentes distintos en mayo y junio.

En junio, los gobernadores de todos los estados anunciaron su intención de declarar el estado de emergencia para abordar la violación y otros actos de violencia de género contra mujeres, niñas y niños, y acordaron imponer sanciones más severas a los responsables.

En septiembre, un comisario del estado de Kogi fue procesado por violación, y un Tribunal Superior Federal de Abuya ordenó que un senador pagara 50 millones de nairas (130.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a una mujer a la que había agredido física y verbalmente en 2019. Al terminar el año seguía pendiente de resolución el recurso interpuesto por el senador contra este fallo.

Un total de 17 de los 36 estados habían adoptado al concluir el año legislación que proporcionaba protección contra la violencia por motivos de género.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas gays, lesbianas y bisexuales seguían siendo detenidos por agentes de seguridad a causa de su sexualidad, y los gays eran objeto de chantaje y extorsión por turbas e individuos.

En octubre, un tribunal de Lagos sobreseyó una causa contra 47 hombres enjuiciados por exhibición pública de afecto con personas del mismo sexo en un hotel de Lagos en 2018.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

Las autoridades de la Unidad Territorial de la Capital Federal y de los estados de Lagos y Benue ejecutaron el desalojo forzoso de miles de personas sin aviso previo adecuado y sin proporcionar indemnización ni alojamiento alternativo. En enero, unos efectivos de la marina de guerra usaron munición real durante dos días para ejecutar el desalojo forzoso de cientos de familias de sus tierras en Tarkwa Bay (estado de Lagos). Algunos residentes afirmaron que sus hijos e hijas habían desaparecido durante el incidente.

En abril, las autoridades del estado de Lagos demolieron unas 10 casas durante un desalojo forzoso en Yaya Abatan (Ogba).

En mayo, más de 20 casas fueron destruidas en la zona de Logo 1, en Makurdi (estado de Benue), bajo la supervisión de policías armados. El gobernador del estado de Benue negó toda implicación en la demolición y no investigó el incidente.

En agosto se procedió a la demolición de cientos de casas, y miles de personas se vieron desplazadas en el asentamiento de Nepa Junction, en Apo (Unidad Territorial de la Capital Federal), mientras policías armados dispersaban con gas lacrimógeno a los residentes, algunos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados.

El 31 de diciembre, los residentes de Monkey Village, en la zona de Opebi (estado de Lagos), fueron objeto de desalojo forzoso al ser demolidas casas y otras edificaciones por excavadoras con la ayuda de policías y matones.

Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. En agosto, el Tribunal Superior de la Sharia en Kano condenó al músico Yahaya Sharif-Aminu a morir ahorcado por blasfemia.

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