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Gambia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El nuevo gobierno se comprometió a reformar varias leyes represivas y a reformar también las fuerzas de seguridad. Se tomaron medidas para iniciar un proceso de justicia transicional.

Tras la mediación de líderes regionales y la amenaza de una intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO),1 el expresidente Yahya Jammeh aceptó los resultados de las elecciones presidenciales de diciembre de 2016 y, el 21 de enero, salió de Gambia con destino a Guinea Ecuatorial.2 La CEDEAO tenía una fuerza de la coalición destacada en Gambia cuya retirada estaba prevista para mediados de 2018. El 19 de enero, durante la situación de estancamiento, Adama Barrow fue investido presidente en la capital de Senegal, Dakar.

El 10 de febrero, el gobierno canceló la retirada prevista del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, anunciada durante el gobierno del presidente Jammeh.3

El 21 de septiembre, Gambia firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que parecía ser una medida encaminada a abolir la pena de muerte.

Se pusieron en marcha planes para comenzar un proceso de reforma constitucional y para reformar otras leyes represivas implementadas durante el gobierno del anterior presidente.

El 13 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó los proyectos de ley sobre la Comisión de Revisión de la Constitución y sobre la Comisión de Derechos Humanos.

Entre diciembre de 2016 y enero de 2017, decenas de personas presas por motivos políticos y de conciencia —entre ellas los presos de conciencia Amadou Sanneh y Ousainou Darboe— quedaron en libertad. El 30 de enero, el presidente Barrow indultó a Ousainou Darboe y a muchas otras personas detenidas por haber participado en una protesta pacífica en abril de 2016.

Las condiciones penitenciarias no cumplían las normas internacionales debido al deficiente saneamiento, la mala alimentación y la falta de acceso a atención médica. En febrero, 174 personas presas fueron puestas en libertad con motivo de las celebraciones de la independencia del país y, en marzo, otras 84 fueron excarceladas con el propósito de reducir el hacinamiento en las prisiones. La prestación de asistencia letrada gratuita era escasa, sobre todo fuera de la capital, Banjul. Se nombraron nuevos jueces y juezas para abordar la necesidad de contar con un poder judicial más independiente.

El gobierno se comprometió a reformar varias leyes represivas sobre los medios de comunicación. Regresaron al país varios periodistas que habían optado por el exilio debido al hostigamiento o las amenazas de encarcelamiento sufridos bajo el anterior gobierno.

El 19 de febrero, una mujer fue detenida por perturbación de la paz tras haber insultado presuntamente al presidente Barrow. Quedó en libertad con fianza el 2 de marzo, y el tribunal de primera instancia de Brikama desestimó el caso el 3 de abril.

En noviembre, en un simposio que tuvo lugar con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el gobierno anunció que cumpliría las sentencias del Tribunal de Justicia de la CEDEAO sobre la implicación del Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas contra tres periodistas: Deyda Hydara, Chief Ebrima Manneh y Musa Saidykhan. Esto incluiría negociar compensaciones económicas con las familias de las víctimas.

Todavía no se había modificado la restrictiva legislación sobre la libertad de reunión pacífica. El 23 de noviembre, el Tribunal Supremo de Gambia determinó que el artículo 5 de la Ley de Orden Público de 1961 —que obligaba a obtener autorización policial para llevar a cabo reuniones pacíficas— no vulneraba la Constitución.

El 2 de junio, una persona murió y al menos seis resultaron heridas cuando la fuerza de coalición de la CEDEAO utilizó munición real para dispersar a quienes se manifestaban cerca de la vivienda del expresidente Yahya Jammeh en el pueblo de Kanilai. El gobierno se comprometió a emprender una investigación, pero al final del año no se había hecho pública ninguna información al respecto.

El movimiento de protesta ciudadana Ocupa Westfield había recibido inicialmente autorización para protestar de forma pacífica contra la escasez de agua y de electricidad, pero el 11 de noviembre se le denegó el permiso. El 12 de noviembre, la policía antidisturbios dispersó la protesta.

A través de una decisión normativa del gobierno, en febrero se cambió el nombre de la Agencia Nacional de Inteligencia —que había llevado a cabo torturas y detenciones arbitrarias durante el gobierno anterior— a Servicios Estatales de Inteligencia, y se puso fin a sus facultades de detener. Sin embargo, los cambios no fueron respaldados por una nueva legislación. En los meses siguientes se sustituyó a quienes ocupaban los cargos de máxima responsabilidad de la policía, las prisiones, la agencia de inteligencia y el ejército, pero no se llevó a cabo una reforma sistémica de estas instituciones ni se investigó a las personas que habían cometido abusos graves contra los derechos humanos. Hubo grupos de la sociedad civil que manifestaron preocupación por que el gobierno no hubiera tomado medidas para conservar las pruebas materiales y documentales de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, en particular por la Agencia Nacional de Inteligencia.

En julio, 12 miembros de las fuerzas armadas fueron detenidos por acusaciones relacionadas con publicaciones “rebeldes y sediciosas” de apoyo al expresidente Jammeh en las redes sociales. Permanecieron recluidos sin cargos bajo custodia militar hasta que comparecieron ante un tribunal el 17 de noviembre, periodo que vulneraba los plazos de detención establecidos en la Constitución. El 27 de noviembre, 10 de ellos fueron acusados de traición y amotinamiento y otros 2 de interferencia imprudente en la custodia legal.

Diez miembros de las fuerzas armadas fueron detenidos en enero, acusados de haber participado en desapariciones forzadas y homicidios, pero al concluir el año permanecían recluidos sin que se les hubieran imputado cargos formales.

En febrero se iniciaron actuaciones penales contra nueve altos cargos de la Agencia Nacional de Inteligencia, entre ellos su exdirector, acusados de haber asesinado al activista de la oposición Solo Sandeng en abril de 2016.

En octubre se formó una coalición de víctimas de abusos contra los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y grupos internacionales de derechos humanos con el fin de hacer campaña en favor de que Yahya Jammeh y otras personas que habían cometido abusos graves contra los derechos humanos durante su gobierno comparecieran ante la justicia.

Ousmane Sonko, ministro del Interior desde 2006 hasta su huida del país en septiembre de 2016, fue sometido a investigación en Suiza por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente Jammeh.

El 13 de diciembre, tras haber mantenido consultas con actores nacionales e internacionales, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley sobre la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación para examinar los hechos ocurridos durante el gobierno del presidente Jammeh.

El 10 de agosto se creó la Comisión de Investigación para investigar la presunta mala gestión de los fondos públicos y el abuso de poder cometidos por Yahya Jammeh. El gobierno también congeló activos que se creía que pertenecían al expresidente.

En febrero se creó el Grupo sobre Personas Desaparecidas, una unidad especializada de la policía que investigaba las desapariciones forzadas ocurridas durante el gobierno del presidente Yahya Jammeh. En marzo se exhumaron los cadáveres de cuatro posibles víctimas de desaparición forzada, entre ellos el de Solo Sandeng. Se esperaba que el Grupo presentara la lista de personas desaparecidas que la Comisión debía investigar.

Las relaciones homosexuales seguían estando tipificadas como delito. Por ejemplo, una ley aprobada en octubre de 2014 contemplaba penas de hasta cadena perpetua por delitos de “homosexualidad agravada”. Las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación y amenazas por parte de actores no estatales.

En noviembre, el gobierno y los países socios en materia de desarrollo pusieron en marcha el programa de educación sexual integral que debía impartirse en los colegios.

La mutilación genital femenina seguía siendo generalizada a pesar de la legislación que la penalizaba. El gobierno y los países socios en materia de desarrollo elaboraron una estrategia de comunicación para concienciar a las comunidades sobre los daños de este tipo de mutilación.

El aborto continuaba siendo delito, excepto en los casos en que peligraba la vida de la mujer embarazada.

  1. Gambia: Adama Barrow must not forget his big promises (noticia, 19 de enero); Gambia: El estado de excepción no es una licencia para la represión (noticia, 18 de enero)
  2. Gambia: Response to the departure of Yahya Jammeh (noticia, 22 de enero)
  3. Gambia: Progress in first 100 days of Barrow government requires major reform to break with brutal past (noticia, 27 de abril)
República de Gambia
Jefe del Estado y del gobierno: Adama Barrow (sustituyó a Yahya Jammeh en enero)
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