Angola

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Se detuvo y recluyó arbitrariamente a sindicalistas, miembros de la oposición, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas a quienes, en algunos casos, se les negó el acceso a asistencia letrada. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de la fuerza, lo que socavó gravemente el derecho a la libertad de reunión pacífica. Se vulneró el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa. No se llevó a cabo aparentemente ninguna investigación sobre el homicidio de un hombre a manos de agentes de la Policía de Intervención Rápida.

Información general

En Angola, muchas personas, en particular jóvenes, sufrían pobreza y hambre debido a los bajos salarios y al elevado desempleo. Estas dificultades se agravaron el 4 de julio, cuando el gobierno aumentó los precios del combustible y se duplicaron las tarifas del transporte público. Ante esta situación, activistas de la sociedad civil convocaron protestas contra las subidas a partir del 12 de julio y las asociaciones de taxistas convocaron una huelga de tres días entre el 28 y el 30 de julio. Durante las protestas se produjeron enfrentamientos violentos y hubo denuncias de actos de vandalismo y saqueos en Luanda, la capital. Más de 30 personas murieron, más de 200 resultaron heridas y unas 1.214 fueron detenidas.

Detención y reclusión arbitrarias

Se sometió a sindicalistas, miembros de la oposición, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil a detención y reclusión arbitrarias.

Durante una manifestación pacífica celebrada el 16 de febrero en Ndalatando, la Policía Nacional de Angola detuvo a los parlamentarios Francisco Fernandes Falua y João Quipipa Dias, del partido opositor Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, junto con otras personas que se manifestaban. También fue detenido António Domingos, periodista que cubría las protestas. La manifestación exigía que se investigaran los múltiples asesinatos de mujeres en la provincia de Cuanza Norte. Según el periódico Diário Independente, no se habían investigado los asesinatos de unas 16 mujeres, cometidos entre febrero de 2024 y enero de 2025. Días antes de su detención, los parlamentarios se habían reunido con el gobernador de Cuanza Norte y con la Fiscalía para exigir investigaciones y que se llevara a los presuntos autores ante la justicia. Todas las personas detenidas quedaron en libertad sin cargos horas más tarde.

El 4 de mayo, el Servicio de Investigación Criminal detuvo a António Frederico Gonçalves en su domicilio de Luanda. Gonçalves permaneció detenido sin cargos y sin comparecer ante un juez, y sin que se le permitiera el acceso a asistencia letrada y a sus familiares. Su reclusión se debía a unas denuncias que le atribuían la autoría y publicación en redes sociales de un vídeo en el que pedía a la población angoleña que mostrara su solidaridad con Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso. En el vídeo afirmaba que el gobierno respaldaba un plan estadounidense para asesinar al presidente Traoré y pedía que se atacara e incendiara la embajada de Estados Unidos en Luanda. António Frederico Gonçalves quedó en libertad el 11 de octubre, con la obligación de comparecer semanalmente ante la Fiscalía y la prohibición de abandonar la provincia de Luanda.

El 28 de julio, agentes del Servicio de Investigación Criminal detuvieron a André Miranda, activista político y defensor de los derechos humanos, mientras filmaba el primero de los tres días de huelga en Luanda (véase “Información general” supra). Miranda fue trasladado a la comisaría de policía número 19 de Mayanga y, el 7 de septiembre, a la prisión de Comarca de Viana, donde quedó recluido a la espera de juicio por cargos de vandalismo y asociación criminal.

También el 28 de julio, presuntos miembros del Servicio de Investigación Criminal dispararon al activista Serrote José de Oliveira en la pierna mientras retransmitía la huelga en directo. Lo detuvieron y lo recluyeron en régimen de incomunicación hasta el 1 de agosto, cuando compareció ante un tribunal de Luanda, aunque no se le imputaron cargos. El 6 de agosto fue trasladado a la prisión Comarca Central de Luanda sin que se informara de ello a sus abogados. Allí pasó varias horas antes de ser puesto de nuevo bajo custodia del Servicio de Investigación Criminal. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Calomboloca, en la provincia de Ícolo e Bengo, donde permanecía recluido al concluir el año. Pese a su lesión y al deterioro de su salud, se le negó el acceso a tratamiento médico.

Tras las protestas del 31 de julio, el Servicio de Investigación Criminal detuvo y recluyó al vicepresidente de la Asociación Nacional de Taxistas de Angola, Rodrigo Luciano Catimba, y el 8 de agosto, a su presidente, Francisco Paciente. El 11 de agosto detuvo a cuatro hombres: Francisco Eduardo, presidente de la Asociación de Taxistas de Angola; Rafael Ginga Inácio, presidente de la Cooperativa de Taxistas Comunitarios de Angola; António Alexandre Freitas, presidente de la Cooperativa de Mototaxistas de Angola, y Pedro Fernandes, presidente de la Cooperativa 2 PN. El 13 de ese mismo mes fue detenido Leonardo Lopes, presidente de la Asociación de Taxistas y Operadores de Minibús de Angola. Al terminar el año, cinco de estos hombres permanecían recluidos, acusados de incitación a la violencia, terrorismo, asociación ilícita y vandalismo. Pedro Fernandes quedó en libertad el 20 de agosto por falta de pruebas.

Libertad de reunión pacífica

El 29 de marzo, la Policía Nacional de Angola, armada con pistolas y porras, hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza para reprimir una protesta pacífica contra la violencia de género convocada por el movimiento Unidas Somos Más Fuertes (Unidas Somos Mais Fortes) en Luanda. Al menos 10 hombres y mujeres fueron objeto de detención arbitraria, con el argumento de que la protesta no estaba autorizada. La policía obligó a quienes se manifestaban a quitarse las camisetas que exhibían lemas contra la violencia de género y les confiscó los teléfonos móviles. Entre las personas detenidas se encontraban algunas de las que habían organizado la protesta: Leonela Massocolo, Marisa Sofá, Marcela Mateus y Sávio Gonga. En torno a las cinco de la tarde de ese mismo día, tras la intervención de sus abogados, quedaron en libertad y recuperaron los teléfonos móviles.

El 15 de abril, la Policía Nacional prohibió una protesta pacífica organizada por agricultores y mototaxistas contra la decisión del gobierno provincial de Uíge de prohibir los mototaxis y los autobuses en varias rutas, especialmente la que unía Uíge y Quitexe. El gobierno provincial afirmó que la prohibición tenía por objeto evitar los frecuentes accidentes que se producían en esa ruta. Pese a la prohibición, la manifestación siguió adelante y, según informes, la policía disparó balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno, lo que provocó decenas de heridos.

El 26 de abril, la Policía Nacional detuvo a unas 162 personas que participaban en una protesta estudiantil organizada en Luanda por dirigentes del Movimiento de Estudiantes Angoleños para exigir mejoras en la educación pública, en particular la contratación de profesorado mejor cualificado. Entre las personas detenidas se encontraban al menos cuatro periodistas que cubrían el evento, unos 150 estudiantes y ocho dirigentes del Movimiento. La mayoría quedaron en libertad sin cargos ese mismo día. Los dirigentes del Movimiento —entre ellos Joaquim Lutambi, vicepresidente, Jones Sebastião Damião, secretario provincial de Luanda, Simão Formiga, secretario provincial de Ícolo e Bengo, y Nsimba Matamba, secretario nacional de educación primaria— permanecieron detenidos hasta el 28 de abril, cuando el Tribunal de Luanda los absolvió de los cargos de desobediencia por falta de pruebas.

Las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas de julio contra el aumento del precio del combustible (véase supra) con detenciones y uso excesivo de la fuerza. La policía utilizó gas lacrimógeno, perros y porras para dispersar la protesta del 12 de julio. Se detuvo al menos a 17 manifestantes, entre ellos Osvaldo Caholo, defensor de los derechos humanos. Uno de ellos sufrió los efectos del gas lacrimógeno. El 19 de julio, las fuerzas de seguridad hirieron a nueve manifestantes y detuvieron a otros 17, a los que se acusó de incitación a la rebelión. Todos excepto uno quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.

Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 10 activistas y a un abogado antes de las protestas contra el desempleo y la pobreza convocadas el 11 de noviembre. Ese día, las fuerzas de seguridad rodearon el cementerio de Santa Ana, en Luanda, el lugar designado para el inicio de la protesta, y detuvieron a 18 activistas, 16 de los cuales quedaron en libertad sin cargos horas más tarde. Los otros dos —Sebastião Neto y Armando Alberto— permanecían recluidos al concluir el año.

Homicidios ilegítimos

El 17 de mayo, la Policía de Intervención Rápida mató a Pedro Sebastião Mukengo al intentar dispersar a una multitud que se había reunido con ocasión de una fiesta callejera en la calle B de Luanda, en el barrio de Vila Flor. Los agentes que llegaron al lugar dispararon gas lacrimógeno, lo que desató el pánico entre los asistentes a la fiesta. Como la multitud no se dispersaba, los agentes utilizaron munición real y dispararon a Pedro Sebastião Mukengo, que murió allí mismo. La autopsia confirmó que había muerto por herida de bala, lo que contradecía la declaración de las autoridades de que había sido apuñalado. No se facilitó ninguna información que indicara que se estaba investigando su homicidio.