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Angola

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

El historial de Angola en materia de derechos humanos seguía siendo terrible. Los periodos previo y posterior a las elecciones estuvieron plagados de violaciones de derechos humanos, tales como la represión del derecho de reunión pacífica y a la protesta, y la detención y la tortura de activistas. En el sur, las condiciones meteorológicas extremas, que eran un síntoma del cambio climático, continuaron afectando al derecho a la alimentación y al agua, y la crisis humanitaria asociada seguía sin mitigarse. La ocupación ilegal de tierras de pastoreo comunitarias en la región agravó las terribles condiciones en las que vivían las comunidades de pastores.

Información general

El 24 de agosto se celebraron elecciones generales en un clima de descontento general por el elevado costo de la vida y por la creciente impopularidad del gobierno. Las personas jóvenes se encontraban entre las más insatisfechas, enfurecidas por el aumento del desempleo y por el hecho de que el gobierno no hubiera cumplido la promesa de crear 500.000 empleos formulada en la campaña electoral de 2017. En el periodo anterior a las elecciones aumentó la represión de las reuniones pacíficas y las protestas de jóvenes. La apatía sin precedentes del electorado (sólo votó el 46%) contribuyó a que el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) ganara las elecciones con el 51% de los votos, el margen más bajo jamás registrado. El MPLA perdió por primera vez en Luanda, la capital y mayor circunscripción electoral del país, frente a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Como las denuncias de irregularidades electorales arrojaban dudas sobre le legitimidad de la victoria del MPLA, el presidente Lourenço tomó posesión de su cargo con una demostración de poderío militar en las calles y el cielo de Luanda.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Aunque no hubo denuncias de que se produjeran violaciones de derechos humanos en los colegios electorales el día de las elecciones, durante los periodos anterior y posterior a los comicios se registraron numerosos casos de represión, por parte de las fuerzas de seguridad, de los derechos a la libertad de reunión pacífica, a la protesta y a la libertad de expresión. Los agentes de seguridad gozaban de impunidad por esos delitos.

La policía continuaba manteniendo recluido a António Tuma, vicesecretario técnico de información del Movimiento Independentista de Cabinda (MIC), acusado de “asociación criminal y rebelión”. Él y otro activista del MIC, Alexandre Dunge, habían sido arrestados en sus domicilios al amanecer del 6 de octubre de 2021 y permanecieron recluidos en el centro penitenciario civil de Cabinda hasta el 1 de julio, día en que el Tribunal de Distrito de Cabinda los absolvió y dejó en libertad. Horas después, António Tuma fue arrestado de nuevo junto con otros seis activistas del MIC —Sebestão Macaia Bungo, Joaquim do Nascimento Sita, Jorge Gomes, Teofilo Gomes, Marcos Futi Poba Polo y José Isamo— que se habían reunido para celebrar la liberación de sus colegas. No obstante, el Servicio de Investigación Criminal (SIC) afirmó que los detenidos tenían la intención de participar en una marcha para generar inestabilidad pública.

En marzo, el SIC detuvo a 10 activistas de la sociedad civil por planear la celebración de un seminario sobre desarrollo regional sostenible en la escuela de primaria Agostinho Neto, en la provincia de Malanje. Los agentes del SIC torturaron bajo custodia a los activistas.

En abril, la policía detuvo y recluyó a 22 activistas juveniles, incluidas 3 mujeres, en Luanda. Los 22 fueron acusados de participar en una “manifestación no autorizada que incumpl[ía] las disposiciones legales sobre el derecho de reunión y de manifestación”. El grupo de activistas pretendía protestar contra Indra, la empresa contratada para gestionar el proceso electoral, y pedir la puesta en libertad de presos políticos. Tras juicios sumarios, 20 de estas personas fueron absueltas y a 2 se les impuso el pago de multas equivalente a una pena de 40 días de prisión.

Las autoridades reforzaron su control sobre el derecho a la libertad de asociación impidiendo la celebración de reuniones de la sociedad civil antes de las elecciones generales. El 21 de mayo, la policía impidió a dos organizaciones de la sociedad civil —Omunga y la Asociación para el Desarrollo de la Cultura y los Derechos Humanos— celebrar una conferencia sobre consolidación de la paz.1

Tras las elecciones se llevaron a cabo detenciones masivas. El 26 de agosto, decenas de jóvenes, incluidos niños y niñas, salieron a las calles en la ciudad de Lobito, provincia de Benguela, para protestar pacíficamente contra los resultados electorales provisionales. La policía nacional los dispersó con gas lacrimógeno y armas de fuego, y arrestó a 8 activistas y 11 transeúntes. Al día siguiente, la policía dispersó a un grupo de jóvenes que trataba de celebrar una manifestación pacífica contra los resultados provisionales. Fueron arrestados 22 miembros del grupo —entre ellos los activistas Avisto Mbota, Albino Elavoko, António Gomes, Maria Do Carmo Correia y Mário Hulunda Raúl— que estaban reunidos en el interior de una vivienda en la que la policía los sorprendió con disparos, detenciones y golpes. Hasta el 29 de agosto, un total de 40 jóvenes habían sido llevados ante el Tribunal de Distrito de Lobito acusados de desobediencia pública. Los agentes que intervinieron en la detención no comparecieron ante el tribunal y la causa se desestimó por falta de pruebas.

El 15 de septiembre, mientras el presidente Lourenço tomaba posesión de su cargo, la policía detuvo al activista de la sociedad civil Osvaldo Caholo durante siete horas y después lo dejó en libertad sin cargos. Tres días antes, el activista había concedido una entrevista a Deutsche Welle en la que afirmó que durante los siguientes cinco años el MPLA iba a convertir a Angola en un Estado terrorista contra su propio pueblo. Ese mismo mes, 12 activistas de la sociedad civil fueron recluidos en dependencias del SIC en Luanda, acusados de difundir vídeos en las redes sociales para “sembrar inseguridad, odio y pánico”. Todos quedaron en libertad sin cargos el 28 de septiembre tras pasar 4 días detenidos.

El 20 de septiembre, también en Luanda, unos hombres con el rostro oculto y no identificados irrumpieron en el domicilio del locutor de radio Claudio Emmanuel y mantuvieron a su familia como rehén después de que una de las personas invitadas a su programa criticara en directo a los servicios de inteligencia. Los hombres torturaron a la esposa del locutor atándola, golpeándola y empleando un cuchillo caliente para realizarle más de 30 cortes en las extremidades. También amenazaron con matar a su bebé si ella gritaba. Aunque el caso se denunció a la policía, que acudió después al domicilio de Claudio Emmanuel, nadie rindió cuentas por lo sucedido.

El 29 de septiembre, varios activistas de la sociedad civil y sus familias recibieron amenazas de muerte por organizar protestas contra los resultados de las elecciones. Por ejemplo, Hermenegildo Victor, coordinador de Movimiento Cívico Mudei, y Basílio da Fonseca, líder de la organización de la sociedad civil Resistencia Malanjina, recibieron amenazas de muerte anónimas en su teléfono móvil.

Derecho a la alimentación y al agua

Las condiciones meteorológicas extremas, que eran un síntoma del cambio climático, continuaron afectando a la vida de la población del sur del país —especialmente en las provincias de Cunene, Huíla, Kwando Kubango y Namibe—, donde la sequía había alcanzado niveles sin precedentes en los años anteriores, hasta el punto de provocar escasez de alimentos y agua y malnutrición que causaron la muerte de personas y ganado.2

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), que describía la gravedad de la escasez de alimentos, la situación de inseguridad alimentaria en las provincias de Cunene, Huíla y Namibe figuraba entre las peores del mundo y afectaba aproximadamente a 1,58 millones de personas, de las que el 43% estaban clasificadas por la CIF en la fase 3 (crisis) y el 15% en la fase 4 (emergencia). Según UNICEF y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, se preveía que en torno a 400.000 niños y niñas padecerían malnutrición grave en 2022. Algunas personas adultas y niños y niñas comían hierba para sobrevivir. Se produjeron enormes pérdidas de ganado provocadas por la escasez de forraje, consecuencia de la sequía, lo que agravó los niveles de inseguridad alimentaria entre las personas dedicadas al pastoreo. Simultáneamente, la guerra en Ucrania provocó un aumento del 45% en el precio del trigo en África, según el Banco Africano de Desarrollo, lo que causó una escasez de alimentos aún mayor.

Personas refugiadas y migrantes

La sequía, la pérdida generalizada de ganado y la pérdida de cosechas continuaron empujando a la población a trasladarse a la vecina Namibia como única opción viable en su desesperada búsqueda de alimentos y agua. Miles de personas fueron a Namibia a pie sin alimentos ni agua, algunas de ellas enfermas y malnutridas, y muchas murieron en el trayecto. En Namibia se refugiaban bajo cartones y bolsas de plástico o dormían al raso en el suelo.

Si bien la ayuda gubernamental era escasa para quienes se quedaban en Angola, el gobierno de Namibia y la Cruz Roja hicieron esfuerzos visibles por proporcionar ayuda a las personas refugiadas. El hambre obligó a regresar a Namibia a muchas de las que personas que habían sido repatriadas a Angola.

Desalojos forzosos

En el sur de Angola continuó la expropiación de tierras de pastoreo comunitarias en favor de la ganadería comercial, pese a los llamamientos de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos para que se pusiera fin a dicha práctica. Las transferencias de tierras de comunidades dedicadas al pastoreo a ganaderos comerciales exacerbaron la escasez de alimentos y agua al limitar el acceso de la población local a tierras de labranza e impedir a ésta trasladar a su ganado a tierras de pastoreo alternativas siguiendo las estaciones. Con frecuencia, las transferencias de tierras se llevaban a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades dedicadas al pastoreo, entre las que había pueblos indígenas y tribales. Las autoridades y los ganaderos violaban los derechos procesales y políticos de los pastores, incluido su derecho a una indemnización justa, a que se consultara a las comunidades, a una evaluación del impacto ambiental y al reasentamiento. Por ejemplo, el 12 de octubre la policía trató de desalojar a la comunidad mucubai de sus tierras en Ndamba, en las afueras de Moçâmedes (provincia de Namibe), para facilitar la transferencia de tierras a un ganadero comercial. La policía quemó 16 casas, además de objetos personales como mantas, ropa y recipientes de agua. Un niño de cinco años desapareció tras la actuación policial y los residentes temían que podía haber sido quemado vivo en una de las casas.3

  1. Angola: Authorities repress civil society organizations ahead of election, 24 de mayo
  2. Angola: Make the Vote Meaningful for Human Rights Observance. Human Rights Manifesto for Angola Ahead of the 2022 General Election, 16 de agosto
  3. Angola: Authorities must account for missing five-year-old following violent raid in Ndamba, 20 de octubre
República de Angola
Jefe del Estado y del gobierno: João Lourenço