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Angola

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

El agravamiento de la crisis económica desencadenó incrementos del precio de los alimentos, la atención de la salud, el combustible, el ocio y la cultura. Esta situación dio lugar a continuas manifestaciones para expresar descontento y a restricciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El gobierno hizo uso indebido del sistema de justicia y otras instituciones del Estado para silenciar la disidencia. Se violaron el derecho a la vivienda y el derecho a la salud.

La caída del precio del petróleo ejerció una grave presión sobre la economía de Angola, dependiente del petróleo, e impulsó al gobierno a recortar el presupuesto en un 20% y a solicitar apoyo al Fondo Monetario Internacional. En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) expresó preocupación por las medidas de austeridad regresivas adoptadas por el Estado, entre ellas la insuficiente asignación de recursos para el sector de la salud.

El 2 de junio, el presidente José Eduardo dos Santos nombró a su hija, Isabel dos Santos, presidenta del consejo de administración de la compañía petrolera estatal Sonangol, principal fuente de ingresos del Estado y pieza fundamental de un vasto sistema de clientelismo.

En agosto, el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), en el poder, reeligió como líder para otros cinco años a José Eduardo dos Santos, aunque éste había anunciado en marzo su intención de abandonar la política en 2018. José Eduardo dos Santos es el presidente del país desde 1979.

Siguieron utilizándose los juicios de motivación política, los cargos de difamación y la legislación sobre seguridad del Estado para reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes y otras voces críticas. La absolución de defensores y defensoras de los derechos humanos y la liberación de presos y presas de conciencia fueron pasos positivos, pero los avances seguían siendo frágiles al no haberse introducido reformas legislativas estructurales ni existir un compromiso pleno con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Presos y presas de conciencia

El 28 de marzo, 17 activistas juveniles —15 hombres y 2 mujeres— conocidos como los “17 de Angola” fueron declarados culpables de “actos preparatorios de rebelión” y “asociación de malhechores”. Fueron condenados a penas de entre dos años y tres meses y ocho años y medio de prisión, multados con 50.000 kwanzas (unos 300 dólares estadounidenses) en concepto de costas judiciales y encarcelados. Entre el 20 y el 24 de junio de 2015, las fuerzas de seguridad habían detenido en la capital, Luanda, a los 15 activistas varones, que habían asistido a una reunión para hablar de asuntos políticos y de cuestiones relacionadas con la gobernanza del país. También se habían presentado cargos formalmente contra las dos mujeres activistas, pero sólo se las recluyó tras dictarse sentencia. Inmediatamente después de las sentencias condenatorias, los abogados presentaron dos recursos, uno ante el Tribunal Supremo y el otro ante el Tribunal Constitucional. También interpusieron un recurso de hábeas corpus que se vio ante el Tribunal Supremo el 29 de junio: el Tribunal ordenó la libertad condicional de los 17 activistas en espera de una decisión firme sobre su caso.

El 20 de julio, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía en relación con delitos cometidos hasta el 11 de noviembre de 2015 que incluyó el caso de los “17 de Angola”. Algunos de los 17 afirmaron que, al no haber cometido delito alguno, no querían que se les concediera la amnistía. Los 17 eran presos y presas conciencia, encarcelados y condenados únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos.

Dos activistas juveniles fueron sancionados por criticar los procedimientos durante el juicio. El 8 de marzo, Manuel Chivonde Nito Alves, uno de los “17 de Angola”, dijo en voz alta ante el tribunal: “Este juicio es una farsa”. Fue declarado culpable de injuria y condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 50.000 kwanzas.1 El 5 de julio, el Tribunal Constitucional falló en apelación que el juicio había vulnerado algunos de sus derechos constitucionales y ordenó su liberación. Otro activista juvenil, Francisco Mapanda (también conocido como Dago Nível Intelecto), pronunció las mismas palabras ante el tribunal el 28 de marzo. Fue declarado culpable de desacato al tribunal y condenado a ocho meses de prisión. Quedó en libertad el 21 de noviembre, siete días antes de la fecha prevista.2

Defensores y defensoras de los derechos humanos

José Marcos Mavungo, defensor de los derechos humanos y ex preso de conciencia, quedó en libertad el 20 de mayo tras la vista de un recurso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal determinó que las pruebas eran insuficientes para declararlo culpable. Había sido condenado a seis años de prisión el 14 de septiembre de 2015 por “rebelión”, acto tipificado como delito contra la seguridad del Estado. Estaba recluido desde el 14 de marzo de 2015 por participar en la organización de una manifestación pacífica.

El 12 de julio, el Tribunal Provincial de Cabinda desestimó los cargos presentados contra el defensor de los derechos humanos y ex preso de conciencia Arão Bula Tempo. Había sido detenido el 14 de marzo de 2015 y puesto en libertad condicional dos meses más tarde. Fue acusado de “rebelión” y de “intento de colaboración con extranjeros para coaccionar al Estado angoleño”, actos tipificados como delitos contra la seguridad del Estado. Los cargos se basaban en acusaciones de que Arão Bula Tempo había invitado a periodistas extranjeros a cubrir la protesta que José Marcos Mavungo planeaba para el 14 de marzo.

Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a asuntos de derechos humanos, como OMUNGA y SOS-Habitat, sufrieron restricciones indebidas para acceder a sus propios fondos, incluso los procedentes de fuentes internacionales. Los bancos impidieron el acceso de las organizaciones a sus cuentas. Estas medidas no sólo obstaculizaron su legítimo trabajo, sino que también menoscabaron el derecho de las asociaciones a buscar y obtener recursos y tuvieron un impacto más amplio en los derechos humanos en general. Aunque se presentaron quejas ante las instituciones gubernamentales encargadas de supervisar las actividades bancarias, al terminar el año no se había recibido respuesta alguna.

Las autoridades se negaron con frecuencia a permitir la celebración de manifestaciones pacíficas, aunque en Angola éstas no requerían autorización previa. Cuando se llevaban a cabo, a menudo la policía detenía y recluía arbitrariamente a quienes participaban en ellas de forma pacífica.

El 30 de julio, más de 30 activistas pacíficos fueron detenidos arbitrariamente y recluidos hasta siete horas en la ciudad de Benguela. Tenían previsto participar en una manifestación pacífica organizada por el Movimiento Revolucionario de Benguela para reclamar medidas eficaces contra la inflación. Todos quedaron en libertad sin cargos. Unos días después, cuatro de los activistas fueron detenidos de nuevo, también en este caso sin orden judicial. Quedaron en libertad con fianza. Al final del año no habían sido acusados formalmente, pero la fiscalía les comunicó que eran sospechosos de robo con agravantes, tráfico de drogas y actos de violencia contra simpatizantes del MPLA.3 Nadie rindió cuentas por las detenciones y reclusiones arbitrarias.4

El 18 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó cinco proyectos de ley (Ley de Prensa, Estatuto del Periodista, Ley sobre el Ejercicio de la Actividad de Radiodifusión, Ley sobre el Ejercicio de la Actividad de Televisión y Ley de la Entidad Reguladora de la Comunicación Social) que restringían aún más la libertad de expresión. Fueron criticados por partidos de oposición, el Sindicato de Periodistas Angoleños y otros actores de la sociedad civil por permitir un control más estricto del gobierno sobre la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales e Internet.

Uno de los cambios propuestos era la creación de una entidad reguladora de la comunicación social dotada de amplias competencias en materia de regulación y supervisión, entre ellas determinar si una comunicación dada era conforme a las buenas prácticas periodísticas. Esta disposición constituiría censura previa y obstaculizaría la libre circulación de ideas y opiniones. La mayoría de los miembros de la entidad reguladora serían nombrados por el partido gobernante y el partido que tuviera más escaños en la Asamblea Nacional (el MPLA en ambos casos), lo que hacía temer que la entidad fuese a ser una institución política que silenciase las voces críticas y la disidencia.

El brote de fiebre amarilla que se había declarado en Luanda en el último trimestre de 2015 se prolongó hasta el segundo semestre de 2016 e incluyó casos sospechosos en las 18 provincias del país. De los 3.625 casos comunicados en este periodo, 357 fueron mortales. El brote se agravó debido a la escasez de vacunas en el principal hospital público de Luanda, donde se diagnosticaron los primeros casos. El CESCR recomendó que Angola destinase más recursos al sector de la salud, en particular para mejorar las infraestructuras y ampliar las instalaciones de atención de la salud especialmente en las zonas rurales.

En su examen de Angola de 2016, el CESCR expresó preocupación por la persistencia de los desalojos forzosos, incluso de asentamientos informales y en el marco de proyectos de desarrollo urbanístico, sin las debidas garantías procesales y sin proporcionar vivienda alternativa ni indemnización adecuada a las personas y los grupos afectados. Se reasentó a comunidades en viviendas improvisadas, sin acceso adecuado a servicios básicos como el agua, la electricidad, el saneamiento, la atención de la salud y la educación.

El 6 de agosto, un agente de la policía militar mató por disparos a Rufino Antônio, de 14 años, que estaba delante de su vivienda para tratar de impedir su demolición. La policía militar había sido desplegada ese día en la zona para controlar una manifestación contra la demolición de casas en Zango II, municipio de Viana (Luanda), en el contexto de un proyecto de desarrollo urbanístico. Al terminar el año no se había puesto a los presuntos autores del homicidio a disposición de la justicia.

  1. Activista angoleño condenado tras juicio injusto (AFR 12/3464/2016)
  2. Activista angoleño sale en libertad una semana antes de tiempo (AFR 12/5205/2016)
  3. Cuatro activistas juveniles detenidos sin cargos (AFR 12/4631/2016)
  4. Amnesty International, OMUNGA and Organização Humanitária Internacional (OHI) urge Angolan authorities to respect the rights to freedom of expression and peaceful assembly (AFR 12/4590/2016)
República de Angola
Jefe del Estado y del gobierno: José Eduardo dos Santos
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