1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Angola

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para imponer las restricciones asociadas a la COVID-19, y decenas de personas, entre las que había menores de edad, fueron víctimas de homicidios ilegítimos. Se detuvo a defensores y defensoras de los derechos humanos por difundir información sobre salud y por distribuir mascarillas y entregar desinfectante de manos a comunidades indígenas. Se restringió el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y se practicaron detenciones y reclusiones arbitrarias de activistas. Hubo agricultores comerciales que actuaron en connivencia con funcionarios públicos para desalojar por la fuerza a comunidades agropastoriles de sus tierras, y de ese modo menoscabaron el derecho a la alimentación, al agua y a la vivienda. El gobierno no garantizó el derecho a la alimentación de las familias de bajos ingresos durante el periodo de confinamiento que duró nueve meses.

Información general

En febrero, algunos medios de comunicación internacionales hicieron públicos las “Luanda Leaks”, unas filtraciones que revelaron que la hija del expresidente Dos Santos había desviado fondos del Estado a cuentas bancarias extraterritoriales. En octubre, el presidente Lourenço declaró que la administración de su predecesor había retirado ilegalmente del país 24.000 millones de dólares estadounidenses mediante contratos fraudulentos con empresas estatales de los sectores del petróleo y del diamante. También en octubre, la fiscalía confiscó activos por valor de miles de millones de dólares que habían sido adquiridos de forma fraudulenta por generales de las fuerzas armadas y el vicepresidente en ejercicio durante el mandato del expresidente.

Las condiciones económicas y sociales se deterioraron en el marco de una oleada de presiones por parte de la población joven, que exigía que el presidente cumpliera la promesa formulada durante la campaña electoral de 2017 de crear 500.000 puestos de trabajo, y de las protestas contra el elevado coste de la vida.

El 27 de marzo, el gobierno decretó un estado de emergencia que fue seguido por normativas sobre desastres naturales para abordar la pandemia de COVID-19. Estas disposiciones permanecieron en vigor hasta octubre y se usaron para imponer restricciones arbitrarias que menoscabaron los derechos humanos. Las medidas de confinamiento que restringían la circulación entre provincias seguían vigentes al terminar el año.

Derecho a la alimentación

Durante los nueve meses de confinamiento el gobierno no garantizó el derecho a la alimentación, especialmente en las barriadas de bajos ingresos donde la mayoría de la población dependía de la economía informal para ganarse el sustento, por ejemplo, mediante la venta de productos en las calles y en los mercados diarios.

Las autoridades adoptaron medidas punitivas contra las personas residentes en barrios pobres que se veían obligadas a abandonar sus viviendas en busca de alimentos, acto penalizado en virtud de las normas sobre el estado de emergencia. Aunque el gobierno introdujo un programa de ayuda alimentaria para quienes vivían en la pobreza, en las provincias de Luanda y Benguela hubo familias que aseguraron que no se les había informado de modo adecuado acerca de quién cumplía los requisitos para recibir ayuda ni de cómo había decidido el gobierno qué comunidades se beneficiarían.1 Las comunidades rurales del sur también se vieron afectadas desproporcionadamente por la escasez de alimentos como consecuencia de la persistente sequía.

Homicidios ilegítimos

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para imponer las medidas restrictivas asociadas a la COVID-19, lo que dio lugar a decenas de muertes. La mayoría de las víctimas mortales fueron personas jóvenes (la más joven fue un niño de 14 años) de barriadas pobres. En muchos casos, los responsables fueron agentes de la Policía Nacional de Angola (PNA) y de las Fuerzas Armadas Angoleñas (FAA).2

El 17 de junio, unos agentes de la PNA detuvieron a João de Assunção, de 20 años, en el barrio de Palanca por no llevar mascarilla. El joven les propuso ir a buscar su mascarilla, pero los agentes le ordenaron hacer acrobacias mientras le apuntaban con sus armas. Cuando les dijo que estaba cansado y se encontraba mal, un agente disparó al aire junto a su cabeza y le hizo caer. Unos vecinos dijeron a los agentes que João de Assunção padecía un problema cardiaco e hipertensión. La policía lo llevó al Hospital Cajueiros, donde murió ese mismo día.

El 3 de julio, la policía mató a tiros a Mabiala Mienandi, de 15 años, en la provincia de Luanda. El muchacho estaba jugando al fútbol con unos amigos hacia las siete de la mañana, cuando, según testigos, un vehículo policial se acercó y los agentes dispararon sin previo aviso contra los jóvenes que corrían para ponerse a cubierto. Mabiala Mienandi recibió un disparo, tras lo cual tres policías salieron del vehículo, lo patearon tres veces y se marcharon.

Al día siguiente, unos agentes de policía mataron a tiros a Clinton Dongala Carlos, de 16 años, cuando regresaba de cenar en casa de su tía en el municipio de Cacuaco (provincia de Luanda). Según testigos, dos agentes de las FAA y tres de la PNA lo persiguieron, y uno de ellos disparó contra él y lo alcanzó en la espalda.

El 13 de julio, José Manuel murió por disparos en una calle del barrio de Prenda alrededor de la medianoche. Su amigo Maurício, de 16 años, y él oyeron a unos vecinos gritar que llegaba la policía y, cuando se alejaban corriendo, un agente disparó y sus proyectiles alcanzaron a Maurício en un hombro y mataron a José Manuel en el acto.

Al terminar el año, estos y otros casos estaban siendo investigados por la policía. No se hicieron públicas conclusiones ni información sobre los avances de las investigaciones, y la impunidad por este tipo de delitos seguía siendo generalizada.

Detención y reclusión arbitrarias

Se sometía a detención o reclusión arbitrarias y tortura u otros malos tratos a quien se consideraba que había infringido las restricciones relativas a la COVID-19, incluidos activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos.

El 2 de abril, nueve defensores y defensoras de los derechos humanos de la organización de la sociedad civil Misión de Beneficencia Agropecuaria de Cubango con la Inclusión de Tecnologías y Medioambiente (MBATIKA) distribuían información sobre la COVID-19 y productos de protección esenciales como jabón y desinfectante a indígenas san y otras comunidades tradicionales en la provincia de Cuando Cubango, cuando la policía los golpeó con porras, los amenazó con armas de fuego y después los detuvo. Quedaron en libertad sin cargos ocho horas más tarde.3

El 4 de abril, la policía golpeó a 10 hombres en una calle del municipio de Buco-Zau (provincia de Cabinda) y los detuvo. Unos vecinos dijeron que 7 de ellos se dirigían a comprar alimentos. Al principio estuvieron recluidos todos juntos en la misma celda, en condiciones deficientes, y quedaron en libertad sin cargos en diversos momentos entre el 5 y el 7 de abril.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades seguían reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en la provincia de Cabinda. Se sometió a acoso, palizas y detención arbitraria a activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las protestas contra el hambre generalizada, la pobreza y el elevado coste de la vida fueron habituales a partir de septiembre. Las autoridades respondieron con fuerza ilegítima, y las fuerzas de seguridad usaron cañones de agua, balas de goma, porras y gas lacrimógeno para dispersar ilegítimamente las manifestaciones.4

El 28 de junio, unos agentes de policía vestidos de civil agredieron físicamente a Maurício Gimbi —presidente de la Unión de Cabindenses por la Independencia (UCI)— y a André Bonzela —director de la oficina del presidente de la UCI— en una parada de taxis de la ciudad de Cabinda, y luego los detuvieron y recluyeron arbitrariamente. Unos días antes, ambos —junto a su colega João Mampuela (vicepresidente de UCI)— habían repartido en la ciudad de Cabinda folletos en los que figuraba la consigna “¡Cabinda no es Angola!” y se pedía el fin del derecho a portar armas.

El 29 de junio, la policía registró el domicilio de João Mampuela a las cinco de la mañana y lo detuvo tras encontrar folletos de UCI. Entre los cargos formulados contra los tres detenidos figuraban los de “rebelión”, “asociación criminal” y “ultraje contra el Estado”. En septiembre, el Tribunal de Cabinda concedió a André Bonzela la libertad bajo fianza de 300.000 kwanzas angoleños (350 dólares estadounidenses), pero éste no pudo pagar tal cantidad y continuó detenido. A Maurício Gimbi y João Mampuela se les negó la libertad bajo fianza por antecedentes penales previos relacionados con su participación en una manifestación pacífica en 2019 tras la cual se los había acusado de “ultraje al Estado” y “alteración del orden público y resistencia”, entre otros cargos falsos. Al terminar el año seguían privados de libertad en la prisión provincial de Cabinda.5

Desalojos forzosos

La desviación del uso de la tierra en favor de empresas, sobre todo en la provincia meridional de Huíla, siguió devastando las comunidades locales de pastores y agricultores. Los grandes terratenientes, así como las autoridades locales, impidieron el acceso de las comunidades a sus tierras de labranza y desviaron sus suministros de agua para obligarlas a abandonar sus tierras. Las organizaciones de la sociedad civil que presentaron denuncias formales ante el gobierno, o emprendieron otras acciones para tratar de detener los desalojos, no recibieron respuesta alguna. Las autoridades no llevaron a cabo ninguna consulta significativa con las comunidades afectadas ni les proporcionaron compensación ni alternativas razonables. En consecuencia, se desalojó por la fuerza de sus tierras a familias a las que se negaron sus medios de vida, lo cual menoscabó gravemente su derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda y a la salud.

En agosto, un aluvión de iniciativas de desviación de tierras afectó a las familias. Un agricultor comercial inició un proceso extrajudicial para desalojar a la comunidad de Kamphanda (una remota localidad del municipio de Gambos) de sus tierras comunales y obligó a la población local analfabeta a firmar con la huella dactilar documentos relacionados con sus tierras.

Ese mismo mes, el administrador comunitario de Cainda (municipio de Quipungo) dictó una orden por la que las tierras agropecuarias comunales cultivadas por familias locales fueron valladas y entregadas a otro agricultor comercial. Cuando los residentes protestaron, las autoridades locales amenazaron con encarcelarlos.

Los funcionarios del gobierno local actuaron en connivencia con empresas agrícolas para desalojar a las comunidades de Cuvangue de sus tierras en el municipio de Matala con el fin de privatizar zonas del río Cunene, lo que impidió el acceso de las comunidades al agua.

La empresa de agua Água Preciosa entabló un proceso ilegítimo para obligar a la comunidad de Tyihonguelo (municipio de Lubango) a abandonar sus tierras comunales, en las que vivían cientos de familias, y obstruyó el canal que les abastecía de agua.

Al terminar el año, el gobierno no había tomado medidas para proteger a las comunidades contra los desalojos forzosos ni para proteger su derecho a necesidades básicas.

  1. África Austral: Los gobiernos deben ir más allá de la política en la distribución de la ayuda alimentaria por la COVID-19 (noticia, 6 de mayo)
  2. Angola: Witnesses describe horrific killings of teenagers by police (noticia, 25 de agosto)
  3. Angola: Activists prevented from distributing COVID-19 essentials (AFR 12/2146/2020)
  4. Angola: Authorities escalate use of excessive force to crack down on dissent (noticia, 8 de diciembre)
  5. Statement on the Continued Detention of André Bonzela, Maurício Gimbi and João Mampuela and the Human Rights Situation in Cabinda, Angola (declaración conjunta, 6 de octubre)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Angola
Jefe del Estado y del gobierno: João Lourenço

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