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Angola

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Los megaproyectos de agronegocios desplazaron a comunidades de sus tierras. Pese a la revocación de la restrictiva legislación reguladora de las ONG, continuaba disminuyendo el espacio en que la población podía ejercer los derechos civiles y políticos. Se respondió con represión violenta a manifestaciones pacíficas, y se interpusieron demandas de difamación criminal contra personas críticas con el gobierno. Se frustraron los intentos del Parlamento de penalizar el aborto en todas las circunstancias.

El 23 de agosto se celebraron unas elecciones históricas. João Lourenço, del partido gobernante, Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), fue proclamado presidente. Según la Comisión Electoral, el MPLA obtuvo el 61% de los votos, cuando en 2012 había conseguido el 81%. Los partidos de la oposición —Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), Convergencia Amplia para la Salvación de Angola-Coalición Electoral (CASA-CE) y Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA)— sostuvieron que los resultados de las elecciones habían sido ilegítimos, pero ocuparon sus escaños en el Parlamento.

La persistente crisis económica precipitó el descontento popular con el MPLA. Debido a la crisis económica, el gobierno adoptó un modelo de desarrollo de megaproyectos de agronegocios, adquisición de tierras en gran escala y expolio de comunidades rurales que ponía en peligro los medios de sustento de las comunidades.

La intolerancia política era un fenómeno cada vez más normalizado, debido en parte a la indiferencia del gobierno hacia la violencia sectaria en Monte Belo (provincia de Benguela). Tras la firma en 2002 del acuerdo de paz entre el gobierno y UNITA, la zona se convirtió en un enclave de conflicto político donde la polarización y la violencia entre partidarios del MPLA y de UNITA iban en aumento. Las personas residentes en Monte Belo seguían sufriendo persecución, violencia, amenazas de muerte, intimidación y saqueos por su presunta alineación con uno u otro de estos partidos políticos. A pesar de las objeciones públicas de la sociedad civil, el gobierno permitió el desarrollo de una cultura de impunidad y de intolerancia política violenta.

Con el propósito de silenciar las voces críticas, sobre todo de periodistas e intelectuales, las autoridades utilizaron la legislación sobre difamación y otras leyes para restringir la libertad de expresión y el acceso a la información. El uso indebido del sistema de justicia y otras instituciones del Estado para silenciar las voces críticas seguía siendo habitual. El Parlamento aprobó en enero el “Paquete Legislativo sobre Comunicación Social”, compuesto por cinco proyectos de ley, a saber: la Ley de Prensa, el Estatuto del Periodista, la Ley de Radiodifusión, la Ley de Televisión y la Ley de la Entidad Reguladora de la Comunicación Social.

Estas leyes contenían disposiciones que restringían la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, en virtud de un conjunto de normativas prohibitivas sobre la comunicación social y mediante el establecimiento de un organismo regulador de las comunicaciones dotado de competencias de supervisión, incluida la facultad de determinar si una comunicación dada se ajustaba a las buenas prácticas periodísticas; esto equivalía a censura previa y constituía un obstáculo para la libre circulación de ideas y opiniones.

La mayoría de los miembros del organismo regulador eran propuestos por el MPLA, el partido con más escaños en la Asamblea Nacional, lo que hacía temer por la independencia e imparcialidad del organismo.

El 20 de junio se acusó formalmente a Rafael Marques de Morais, periodista de investigación y director de la publicación online Maka Angola, y a Mariano Brás Lourenço, periodista y director del periódico O Crime, de “difamación de una autoridad pública” y de “ultraje a un órgano de soberanía” tras la publicación de un artículo en el que cuestionaban la adquisición de tierras públicas por el fiscal general.

Las autoridades se negaban con frecuencia a permitir la celebración de manifestaciones pacíficas, aunque la ley no exigía autorización previa. Cuando las manifestaciones se llevaban a cabo, a menudo la policía sometía a detención arbitraria, reclusión y malos tratos a quienes participaban en ellas de forma pacífica. Sin embargo, no se abrió ninguna investigación sobre la actuación policial.

El 24 de febrero, la policía reprimió de modo violento dos protestas pacíficas del Movimiento Revolucionario Angoleño celebradas simultáneamente en la capital, Luanda, y en Benguela. Los manifestantes exigían la dimisión de Bornito de Sousa, ministro de Administración Territorial, responsable del censo electoral en los comicios de agosto y también candidato a vicepresidente por el MPLA; se consideraba que la acumulación de estas funciones suponía un conflicto de intereses y vulneraba la legislación electoral. Después de esposar y obligar a los manifestantes a tenderse en el suelo, la policía los golpeó con porras.

El 24 de junio, las fuerzas de seguridad dispersaron de forma violenta una manifestación pacífica organizada por el Movimiento del Protectorado Lunda-Tchokwe, que hacía campaña por la autonomía de las regiones oriental y suroccidental en la provincia de Lunda Norte. Las fuerzas de seguridad usaron munición real contra manifestantes, lo que causó la muerte a un transeúnte e hirió a 13 personas que participaban en las protestas. Detuvieron a 70 personas, que el 28 de junio fueron condenadas a sendas penas de 45 días de prisión y sendas multas de 22.000 kwanzas (unos 135 dólares estadounidenses). Las que pagaron las multas quedaron en libertad de inmediato tras suspenderse condicionalmente la condena, mientras que las demás cumplieron en su integridad las penas impuestas. Los manifestantes reclamaban, entre otras cosas, el fin de la persecución y del encarcelamiento arbitrario de miembros del Movimiento y la liberación de las personas recluidas por motivos políticos en la prisión de Kakanda (Lunda Norte).

Persistía la represión del derecho a la libertad de asociación. Se restringió cada vez más el espacio en el que defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos, periodistas, comunicadores audiovisuales y organizaciones de la sociedad civil podían ejercer su derechos civiles y políticos. Sin embargo, el 11 de julio el Tribunal Constitucional revocó el Reglamento de las Organizaciones No Gubernamentales, aprobado por el decreto presidencial núm. 74/15 en 2015. El Reglamento restringía el marco jurídico en el que las ONG podían actuar, y facultaba a la Fiscalía para suspender las actividades de las ONG nacionales e internacionales si existían sospechas de blanqueo de dinero o de actos ilegales o perjudiciales para la “soberanía y la integridad de Angola”. Además, imponía cargas a las organizaciones de la sociedad civil, como requisitos excesivos y procedimientos engorrosos para la inscripción en registro de las ONG, un control excesivo de las actividades de éstas, restricciones a la financiación y sanciones.

El 25 de septiembre, seis personas, cinco de las cuales llevaban un año en detención prolongada en espera de juicio, comparecieron ante el Tribunal Provincial de Luanda para ser juzgadas por cargos de “organización terrorista”. Sin embargo, el juicio se aplazó ese mismo día al no comparecer en el tribunal el representante de la Fiscalía aduciendo motivos de salud. El Tribunal admitió la petición del fiscal suplente de que se le concediera más tiempo para familiarizarse con la causa. Cinco de los acusados continuaron detenidos, mientras que la sexta persona, esposa de uno de los detenidos, continuaba bajo arresto domiciliario al terminar el año.

En marzo, el gobierno propuso una reforma del Código Penal que despenalizaría el aborto en los casos en los que el embarazo fuera resultado de violación, o cuando la salud de la mujer embarazada corriera peligro. El Parlamento rechazó la propuesta. La votación parlamentaria definitiva sobre esta legislación, prevista para ese mismo mes, fue aplazada indefinidamente a raíz de la indignación pública que había suscitado el rechazo en el Parlamento de la propuesta gubernamental de liberalizar las leyes relativas al aborto.

La adquisición constante de tierras para negocios, sobre todo en las provincias meridionales de Cunene y Huíla, seguía teniendo efectos devastadores para las comunidades locales cuyos medios de sustento dependían de las tierras.

En abril y mayo, el gobierno de Huíla presentó su Proyecto de Trashumancia, que preveía la apropiación de un manantial utilizado por la comunidad de Capela de Santo António, en la zona de Kahila (municipio de Gambos). En Capela de Santo António vivían 600 familias que dependían de la fuente para abastecerse de agua para consumo humano y para sus ganados y regadíos. No se consultó a la comunidad acerca de los planes, y las autoridades no llevaron a cabo una evaluación del impacto medioambiental. El gobierno de Huíla continuaba decidido a desalojar a la comunidad, lo que vulneraba la Constitución y legislación como la Ley de Tierras y la Ley de Medio Ambiente.

En junio trascendió que el gobierno de Angola había autorizado el megaproyecto Agro-Industrial Horizonte 2020, que preveía la apropiación de 76.000 hectáreas de tierras fértiles en el oeste del municipio de Ombadja y el sur del municipio de Curoca, ambos en la provincia de Cunene, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. En esas tierras residían, a orillas del río Cunene, 39 comunidades —2.129 familias con 10.675 niños y niñas— cuyos medios de sustento dependían históricamente de la agricultura y la ganadería. Al terminar el año se había destruido la vegetación en 15.000 hectáreas, incluidos árboles que se utilizaban para obtener alimentos y leña, hierba para apacentar el ganado y lugares de enterramiento; un total de19 familias habían sido expulsadas de la tierra y obligadas al vagabundeo, lo que disminuía su acceso a alimentos y agua.

República de Angola
Jefe del Estado y del gobierno: João Manuel Gonçalves Lourenço (sustituyó a José Eduardo dos Santos en septiembre)
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