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Costa de Marfil

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Se restringieron los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y se detuvo a decenas de miembros de la oposición. Seguía habiendo decenas de personas detenidas a la espera de juicio en relación con la violencia poselectoral de 2010 y 2011, y persistía la preocupación por la rendición de cuentas selectiva por los delitos cometidos durante ese periodo. Se abrió el juicio de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé ante la Corte Penal Internacional (CPI). Simone Gbagbo no fue transferida a la CPI a pesar de la orden de detención que pesaba contra ella; comenzó su juicio ante un tribunal nacional. El Programa de la ONU para el Medio Ambiente puso en marcha una auditoría del impacto ambiental del vertido en 2006 de toneladas de residuos tóxicos. Un total de 19 personas, una de ellas menor de edad, murieron en un atentado de un grupo armado.

Hubo manifestaciones de partidos de la oposición contra la propuesta de Constitución que se introdujo tras un referéndum nacional celebrado en octubre. La nueva Constitución eliminaba el límite de edad para las candidaturas presidenciales, suprimía el requisito de que ambos progenitores de los candidatos tuvieran la nacionalidad marfileña y establecía un Senado en el que un tercio de los miembros serían designados por el presidente. En diciembre, la coalición del partido gobernante ganó las elecciones legislativas.

Las autoridades restringieron los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en virtud de legislación que penalizaba las protestas y otras formas de expresión pacíficas. Más de 70 personas, en su mayoría miembros de la oposición, fueron detenidas y puestas en libertad horas o días más tarde.

En julio, Prospère Djandou, Jean Léopold Messihi y Ange Patrick Djoman Gbata fueron detenidos mientras recogían firmas de apoyo a la excarcelación del ex presidente Laurent Gbagbo y acusados de delitos contra el orden público. Quedaron en libertad dos semanas más tarde. En octubre, tras una manifestación pacífica contra el referéndum celebrado ese mismo mes, al menos 50 personas que formaban parte de la oposición —incluido el ex presidente de la Asamblea Nacional Mamadou Koulibaly— fueron detenidas arbitrariamente en Abiyán y recluidas durante horas. A algunas las retuvieron en vehículos policiales en circulación, práctica conocida como “detención móvil”, las alejaron unos kilómetros —en algunos casos hasta Adzopé, a aproximadamente 100 kilómetros del centro de Abiyán— y las obligaron a regresar a su casa caminando.

En febrero, se juzgó ante el Tribunal Militar a 24 militares acusados de haber asesinado en 2002 al presidente Robert Guéï, su familia y su guardaespaldas, Fabien Coulibaly. Tres de los acusados, entre ellos el general Bruno Dogbo Blé —ex jefe de la Guardia Presidencial— y el comandante Anselme Séka Yapo, fueron condenados a cadena perpetua. Un total de 10 fueron condenados a 10 años de prisión cada uno y los demás fueron absueltos.

Al menos 146 personas simpatizantes del ex presidente Gbagbo que habían sido detenidas entre 2011 y 2015 seguían en espera de juicio por delitos presuntamente cometidos durante la violencia poselectoral de 2010. Aproximadamente 87 de ellas llevaban recluidas desde 2011 o 2012.

A pesar del compromiso del presidente Ouattara de garantizar la aplicación equitativa de la justicia durante su presidencia, sólo se juzgó por las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las elecciones de 2010 y después de ellas a quienes presuntamente eran simpatizantes de Laurent Gbagbo. No se enjuició a las fuerzas leales al presidente Outtara que habían cometido violaciones graves de derechos humanos, tales como el homicidio de más de 800 personas en Duékoué en abril de 2011 y de otras 13 personas en un campo para personas internamente desplazadas en Nahibly en julio de 2012. Algunos miembros de esas fuerzas habían sido identificados por familiares de las víctimas. Sin embargo, aunque se investigaron los homicidios, al concluir el año no se había procesado a nadie.

En enero se inició el juicio del ex presidente Gbagbo y de Charles Blé Goudé ante la CPI; seguía en curso al finalizar el año. En febrero, el presidente Ouattara anunció que no se entregaría a más ciudadanos marfileños a la CPI para su enjuiciamiento porque el sistema nacional de justicia era operativo. En mayo, un tribunal nacional inició el juicio de Simone Gbagbo, esposa del ex presidente, por crímenes de lesa humanidad, a pesar de la orden de detención pendiente dictada contra ella por la CPI. Antes, en mayo de 2015, la CPI había rechazado el recurso de Costa de Marfil sobre la admisibilidad de ese caso ante la Corte.

David Samba, personalidad de la oposición y presidente de la ONG Coalición de Indignados de Costa de Marfil, fue acusado de amenazar la seguridad nacional mientras cumplía una condena de seis meses de prisión por desórdenes públicos. Al terminar el año permanecía recluido, en espera de juicio por los cargos adicionales.

La población interna del Centro de Detención y Corrección, principal prisión de Abiyán, continuaba recluida en condiciones duras y de hacinamiento. En marzo, las autoridades penitenciarias afirmaron que en la prisión, con capacidad para 1.500 internos, se hallaban recluidos 3.694. Hubo presos que denunciaron haberse visto obligados a pagar sobornos de hasta 20.000 francos CFA (unos 32 dólares estadounidenses) a reclusos que controlaban la seguridad interna para evitar que los colocaran en celdas mugrientas con el suelo cubierto de orina y agua. Las familias se veían obligadas a pagar sobornos para visitar a sus parientes. Los presos encargados de la seguridad interna también infligían castigos corporales a otros reclusos, lo que había causado al menos tres muertes en 2015. Las autoridades no tomaron medidas para proteger a la población reclusa de estos y otros abusos. La atención médica seguía siendo inadecuada.

Un guardia penitenciario y nueve reclusos murieron en febrero durante un intercambio de disparos que se produjo en un levantamiento organizado por presos.

En julio, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente realizó una auditoría ambiental del impacto duradero del vertido de más de 540.000 litros de residuos tóxicos efectuado en 2006 en Abiyán. Los residuos habían sido generados por la empresa multinacional comercializadora de petróleo Trafigura. Los resultados de la auditoría se esperaban a principios de 2017. Las autoridades informaron de que tras el vertido habían muerto 15 personas y más de 100.000 habían necesitado atención médica, especialmente por problemas graves de salud tales como dificultades respiratorias. Todavía no habían evaluado los riesgos a largo plazo para las personas derivados de la exposición a las sustancias químicas que contenía el vertido, y no habían dado seguimiento a la salud de las víctimas. Muchas víctimas no habían recibido ninguna compensación económica, y persistían las demandas de indemnización contra la empresa.

En marzo, unos hombres armados atacaron tres hoteles de playa en Grand Bassam, causando la muerte de 19 personas, una de ellas menor de edad. El atentado fue reivindicado por Al Murabitun, grupo armado con base en el norte de Malí y afín a Al Qaeda en el Magreb Islámico. Más de 80 personas fueron detenidas en relación con el ataque y, en agosto, dos militares fueron condenados a 10 años de prisión cada uno tras haber sido declarados culpables de desobediencia y asociación de malhechores.

República de Costa de Marfil
Jefe del Estado: Alassane Dramane Ouattara
Jefe del gobierno: Daniel Kablan Duncan
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