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Costa de Marfil

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Activistas políticos, representantes de la sociedad civil, periodistas y otras personas que expresaron disidencia fueron objeto de detención arbitraria. El gobierno prohibió las protestas públicas. Decenas de personas murieron y centenares más resultaron heridas en protestas y enfrentamientos en el contexto de las controvertidas elecciones presidenciales. Continuó la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Información general

El 6 de agosto, el presidente Ouattara anunció que se presentaría a la reelección. En septiembre, el Consejo Constitucional aceptó su candidatura y rechazó otras 40, entre ellas la del expresidente Laurent Gbagbo y la del el ex primer ministro Guillaume Soro, en parte porque no figuraban en el censo electoral. El segundo había sido condenado in absentia en abril a 20 años de prisión por cargos relacionados con fraude.

Los partidos de oposición boicotearon las elecciones presidenciales del 31 de octubre y llamaron a la desobediencia civil, aduciendo que la Constitución de 2016 no permitía al presidente en ejercicio aspirar a un tercer mandato. Sin embargo, el presidente fue reelegido. El 2 de noviembre, la oposición anunció la creación de su Consejo Nacional de Transición, cuyo propósito era establecer un gobierno de transición. Decenas de miembros de la oposición fueron detenidos, entre ellos el candidato presidencial Pascal Affi N’Guessan, a quien se acusó de conspiración contra la autoridad del Estado, entre otras cosas. Este quedó en libertad bajo supervisión judicial el 30 de diciembre.

Libertad de expresión

Los activistas políticos, periodistas y otras personas que expresaron disidencia fueron objeto de hostigamiento y detención arbitraria.

Según Reporteros sin Fronteras, Yacouba Gbané y Barthélémy Téhin del periódico Le Temps fueron multados el 4 de marzo con 5 millones de francos CFA (9.200 dólares estadounidenses) por publicar un artículo en el que se criticaba la gestión de los asuntos públicos por las autoridades. El 31 de marzo, Vamara Coulibaly y Paul Koffide los periódicos Soir Info y Nouveau Réveil, respectivamente fueron multados con 2,5 millones de francos CFA (4.600 dólares estadounidenses) por “difundir información falsa” en relación con la publicación de una carta de los abogados del parlamentario Alain Lobognon en la que estos aludían a las duras condiciones de reclusión de su cliente.

En agosto se detuvo arbitrariamente a activistas políticos, representantes de la sociedad civil y otras personas que habían convocado manifestaciones o asistido a protestas pacíficas contra la candidatura del presidente. Pulchérie Edith Gbalet, coordinadora de la ONG en favor de la democracia Alternativas Ciudadanas, fue detenida en un hotel de Abiyán junto con dos socios. Se interpusieron contra ellos los cargos de alteración del orden público y participación en un movimiento de insurrección. Cinco mujeres del partido opositor Generaciones y Pueblos Solidarios también fueron detenidas cuando se dirigían a una protesta pacífica. Todas ellas continuaban detenidas en el Centro de Detención y Corrección de Abiyán, conocido como MACA, al terminar el año.

Varias personalidades de la oposición quedaron sometidas a arresto domiciliario de facto en noviembre tras crear el Consejo Nacional de Transición.

El 3 de diciembre, dos cantantes conocidos como Yodé y Siro fueron declarados culpables de difusión de información falsa con tintes tribalistas y racistas con la intención de levantar a una comunidad contra otra, desacato a los tribunales y desacreditación de la institución judicial y su funcionamiento, después de un concierto durante el cual cuestionaron la imparcialidad del fiscal general en la investigación de la violencia electoral y pidieron el retorno de opositores políticos al país. Se les impusieron sendas multas de 5 millones de francos CFA (9.200 dólares estadounidenses) y condenas condicionales de un año.

Libertad de reunión

En agosto se reprimieron varias manifestaciones organizadas por la oposición.

El 13 de agosto, los agentes de policía al parecer permitieron que unos grupos de hombres algunos de ellos armados con machetes y palosatacaran a manifestantes en el distrito de Yopougon (Abiyán).

El ministro de Seguridad y Protección Civil afirmó que, entre el 10 y el 14 de agosto, 5 personas habían muerto, 104 habían resultado heridas y 68 habían sido detenidas por “alteración del orden público, incitación a la rebelión, violencia contra las fuerzas del orden y destrucción de bienes ajenos” como consecuencia de las manifestaciones.

El 19 de agosto, el Consejo de Ministros suspendió todas las protestas públicas. La prohibición se renovó en varias ocasiones hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, se permitieron los actos públicos de la campaña electoral.

A pesar de la prohibición, el 21 de agosto se celebraron marchas de mujeres que fueron dispersadas de forma violenta por jóvenes contramanifestantes en las ciudades de Divo (en el sur del país) y Bonoua (en el sudeste).

Homicidios ilegítimos

En agosto estallaron enfrentamientos violentos entre simpatizantes del partido gobernante y de la oposición. Según cifras oficiales, 85 personas murieron y 484 resultaron heridas en estos enfrentamientos antes, durante y después de las elecciones a finales de octubre.

Entre el 21 y el 22 de agosto estalló la violencia en Divo y Bonoua entre simpatizantes del presidente Ouattara y de partidos de la oposición tras haber sido dispersadas las marchas de mujeres (véase supra, “Libertad de reunión”). Siete personas perdieron la vida y se destruyeron bienes. Entre el 19 y el 21 de octubre, según el ministro de Seguridad y Protección Civil, al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas en Dabou. Durante los 10 días que siguieron a las elecciones del 31 de octubre, el Consejo Nacional de Derechos Humanos afirmó que 55 personas murieron y 282 resultaron heridas, y que miles se vieron internamente desplazadas debido a la violencia en zonas como las ciudades de Yamoussoukro, Tehiri, Tiebissou, Bougouanou, Daoukro y Toumodi.

Tortura y otros malos tratos

El ciberactivista François Ebiba Yapo, alias Serge Koffi Le Drone (el dron), afirmó que entre el 7 y el 11 de mayo fue torturado bajo custodia de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, y que los agentes lo golpearon con un machete en las plantas de los pies y en la espalda y le propinaron puñetazos y pisotones en la cara y el abdomen. Fue acusado, por sus publicaciones en las redes sociales, de atentado contra la defensa nacional, alteración del orden público, difamación y ofensa en las redes sociales, entre otras cosas. Las denuncias de tortura no se investigaron.

Derecho a la salud

El 29 de marzo, la Plataforma de Sindicatos de la Salud solicitó al gobierno la adopción de medidas urgentes para proteger al personal sanitario de la infección de COVID-19, afirmó que no disponía de equipos médicos suficientes e instó a las autoridades a proporcionar al personal equipos de protección individual y herramientas de esterilización. A partir de abril, el gobierno recibió donaciones de equipos médicos de organismos privados y públicos, incluida la Organización Mundial de la Salud. El 8 de abril, las autoridades pusieron en libertad a más de 2.000 personas reclusas para aliviar la congestión y de ese modo reducir la propagación de la COVID-19 en las prisiones.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En abril, el gobierno retiró el derecho de las personas a título individual y las ONG a presentar casos ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Una semana antes, la Corte había resuelto la suspensión de la orden de detención dictada por Costa de Marfil contra Guillaume Soro y había pedido a las autoridades que pusieran en libertad provisional a 19 de sus familiares y simpatizantes, detenidos desde diciembre de 2019.

Seguía pendiente de resolución el recurso contra la absolución por la Corte Penal Internacional en 2019 de Laurent Gbagbo y el exministro Charles Blé Goudé.

El Tribunal Supremo no se había pronunciado todavía sobre la petición formulada en 2019 por organizaciones de derechos humanos para que se anulara una ley de 2018 por la que se amnistiaba a cientos de personas acusadas o condenadas por delitos cometidos en 2010 y 2011.

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República de Costa de Marfil
Jefe del Estado: Alassane Dramane Ouattara
Jefe del gobierno: Hamed Bakayoko (sustituyó a Amadou Gon Coulibaly en julio)

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