Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Costa de Marfil

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

La modificación de dos leyes aprobada por el Senado amenazaba con restringir el derecho a la libertad de expresión. Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil publicaron un informe que recomendaba un proceso para proporcionar reparación a las víctimas de la violencia electoral. Las personas sobrevivientes de violencia sexual y de género seguían haciendo frente a obstáculos para obtener justicia. Hubo varios incidentes de derrumbes de edificios de construcción deficiente que causaron muertes. El gobierno tomó medidas para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación. Activistas y poblaciones locales siguieron criticando la deforestación, y las autoridades tomaron medidas para combatir la degradación ambiental.

Información general

El año estuvo marcado por el aumento del costo de la vida, la entrada de personas refugiadas que huían del conflicto armado en Burkina Faso y la continuidad del “diálogo político” entre el partido gobernante, partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo del diálogo era acordar las medidas necesarias para lograr la “pacificación política” y “reforzar la cultura democrática” y así poner fin a decenios de crisis política.

Estalló una crisis diplomática con Malí después de que este país detuviera a 49 soldados marfileños, calificados de mercenarios, en julio. En agosto, la activista Pulchérie Gbalet fue detenida tras regresar de Malí y publicar un vídeo en el que se criticaba al gobierno marfileño por su gestión de la crisis.

Libertad de expresión y de reunión

En diciembre, el Senado aprobó dos proyectos de ley que modificaban las leyes sobre prensa y comunicación audiovisual con el fin de combatir la publicación de información falsa y garantizar que las personas activas en Internet, en concreto autores y autoras de blogs, activistas e influencers, estuvieran sujetas a la regulación de las autoridades competentes. Durante el año hubo activistas que señalaron que, de ser adoptados, los proyectos de ley podrían utilizarse para reprimir el derecho a la libertad de expresión en Internet y actuar contra personas críticas con las autoridades.

En abril, varios estudiantes que se manifestaban en Bouaké resultaron heridos cuando la policía usó gas lacrimógeno para dispersarlos; y más de 20 estudiantes fueron detenidos y puestos en libertad el mes siguiente. Reclamaban mejores condiciones para poder estudiar.

En diciembre, 46 profesionales del mundo académico fueron detenidos en Abiyán cuando marchaban para entregar al primer ministro un memorándum en el que reclamaban empleo en la administración pública. Después de una semana de privación de libertad, una detenida fue absuelta mientras que a las 45 personas restantes se les impusieron sendas condenas condicionales de cuatro meses por alteración de la paz.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El informe de marzo sobre la quinta ronda del diálogo político recomendó la adopción de medidas para garantizar elecciones pacíficas y un mecanismo para proporcionar reparaciones a quienes habían sido víctimas de violencia durante las elecciones de 2020. Según cifras oficiales, ese año habían muerto 85 personas y cientos más habían resultado heridas en manifestaciones y enfrentamientos entre simpatizantes del partido gobernante y de la oposición.

Violencia sexual y de género

En marzo, le Federación Internacional de los Derechos Humanos publicó un informe que ponía de relieve los obstáculos a los que hacían frente las personas sobrevivientes de violencia sexual y de género. Esos obstáculos incluían presiones para resolver sus casos al margen de los tribunales y la falta de recursos de los servicios sociales y de asistencia letrada y judicial.

Derecho a la vivienda

La insuficiente supervisión del gobierno daba lugar a que la gente habitara en viviendas inseguras o inadecuadas. Algunos edificios de deficiente construcción, que carecían de autorización de edificación, se derrumbaron y causaron muertes. En Abiyán tuvieron lugar dos incidentes de este tipo en 30 días. En febrero, un edificio en construcción se derrumbó sobre varias casas en la comuna de Treichville y causó la muerte de al menos 5 personas y heridas a más de 20. En marzo se derrumbó un edificio residencial en Cocody y causó la muerte de 7 personas y la hospitalización de 13. El 9 de marzo, el gobierno anunció medidas para abordar este problema, como la imposición de sanciones administrativas a los funcionarios que permitieran realizar obras de construcción sin autorización previa y el establecimiento de una brigada de control conjunta para supervisar el cumplimiento de la normativa que, según el gobierno, estaría formada por representantes de ayuntamientos, autoridades de distrito y la Dirección de Saneamiento Urbano y Alcantarillado.

Derecho a la salud

La campaña de vacunación contra la COVID-19 continuó, y el número de vacunas administradas se duplicó con creces desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022. En marzo, la vacunación se extendió a la población adolescente.

En septiembre, un decreto aprobado por el Consejo de Ministros declaró obligatoria para toda la población la cobertura médica universal, con el objetivo de cubrir el 70% de los costos sanitarios y hacer más asequible la atención de la salud.

Derecho a la alimentación

En marzo, el gobierno anunció una lista de medidas para abordar el aumento del costo de la vida, entre ellas el aumento de la supervisión para asegurar el control de los precios de ciertos alimentos. En agosto, el presidente anunció nuevas medidas para proteger el poder adquisitivo, como la mejora de las prestaciones laborales para funcionarios públicos.

En julio, el Consejo Nacional de Lucha contra la Carestía de la Vida, creado combatir la inflación, sancionó a unos 2.000 comerciantes que no habían respetado los controles de precios de productos protegidos.

Degradación ambiental

El Consejo del Café-Cacao, que tenía a su cargo la regularización, estabilización y desarrollo de los sectores de producción de cacao y café, anunció la puesta en marcha a partir de abril de un sistema para hacer el seguimiento de la producción de cacao desde la plantación hasta los puertos de exportación, con el fin de combatir el trabajo infantil y la deforestación.

En mayo, el ministro de Estado de Agricultura y Desarrollo Rural y el ministro de Medioambiente y Desarrollo Sostenible firmaron un memorándum de entendimiento con Genesis, agencia francesa especializada en la evaluación del impacto ambiental. En virtud de dicho memorándum, la agencia evaluaría el impacto de los proyectos de restauración del suelo financiados por la entidad gubernamental Iniciativa de Abiyán para combatir la deforestación y promover la recuperación de bosques. Ese mismo mes, el primer ministro anunció que el gobierno había replantado 38 millones de árboles en menos de tres años.

Paralelamente, residentes de la localidad de Bébou reclamaron la ayuda del gobierno para combatir las plantaciones de cacao ilegales que estaban destruyendo bosques, entre ellos la reserva natural clasificada de Bossématié. En junio se puso en marcha una petición de activistas para solicitar la renuncia del gobierno a un proyecto que destruiría hectáreas de tierras en un parque natural para construir un hotel en Bingerville.

República de Costa de Marfil
Jefe del Estado: Alassane Dramane Ouattara
Jefe del gobierno: Patrick Achi