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Malí

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Los grupos armados y las fuerzas de seguridad cometieron impunemente crímenes de derecho internacional. La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes y otras personas. Se detuvo y recluyó arbitrariamente a activistas y altos cargos vinculados al anterior gobierno. Las autoridades no actuaron para proteger a las mujeres y niñas de la mutilación genital femenina. Se discriminó a gente en función de su supuesta condición social. El conflicto en curso y la pandemia de COVID-19 menoscabaron gravemente el derecho a la salud y a la educación.

Información general

Las elecciones legislativas celebradas en marzo y abril dieron lugar a una crisis política. En junio, una coalición de grupos opositores y líderes religiosos formaron el Movimiento del 5 de Junio, que cuestionó los resultados electorales y reclamó la dimisión del presidente. En agosto, el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo depuso al presidente y su gobierno mediante un golpe de Estado. En octubre se formó un gobierno de transición. La seguridad siguió siendo precaria en el contexto del conflicto en curso, sobre todo en las regiones del centro del país, donde actuaban distintos grupos armados como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, el Estado Islámico en el Gran Sáhara y las autodenominadas “milicias de autodefensa”.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados cometieron crímenes de guerra y otros abusos, entre ellos decenas de ataques contra la población civil. Según la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), en enero un grupo dozo (cazadores tradicionales) atacó la localidad de Sinda y mató a 14 civiles. En febrero, el grupo armado Dan na Ambassagou atacó el poblado de Ogossagou, donde mató al menos a 35 civiles e hirió a otros 3, mientras que seguía sin conocerse la suerte de 19 personas. En julio, unos hombres armados a los que se creía vinculados al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes atacaron varias localidades de las comunas de Tori y Diallassagou y mataron a un mínimo de 32 civiles. Los grupos armados también actuaron contra la MINUSMA. En septiembre habían muerto 2 miembros del personal de la ONU y 40 habían resultado heridos.

Entre septiembre y el final del año, unos grupos armados sitiaron el poblado de Farabougou (región de Ségou) e impidieron la libre circulación de sus habitantes y su acceso a las tierras de labranza.

Secuestros

Al menos tres candidatos fueron secuestrados cuando hacían campaña para las elecciones legislativas; todos fueron liberados más tarde. El 25 de marzo, Soumaila Cissé —líder de la oposición— y cinco integrantes de su equipo de campaña fueron secuestrados por miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes en la ciudad de Niafounké (región de Tombuctú). Su guardaespaldas perdió la vida durante el secuestro y, aunque todo el equipo de campaña fue liberado en los días siguientes, Soumaila Cissé no quedó en libertad hasta el 8 de octubre, junto con una rehén francesa y dos rehenes italianos.

Ejecuciones extrajudiciales

El ejército maliense cometió crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra poblaciones civiles durante sus operaciones.

Entre el 3 de febrero y el 10 de marzo, al menos 23 civiles murieron a manos de soldados en Niono Cercle (región de Ségou) y al menos otros 27 fueron objeto de desaparición forzada.

En junio, según la MINUSMA, 43 civiles murieron a manos de miembros de la Guardia Nacional en las localidades de Binédama y Yangassadiou, tras una patrulla efectuada con un grupo dozo. El ejército reconoció públicamente los homicidios y, a pesar de su promesa de investigar, al terminar el año no se había hecho pública más información.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva, incluido el uso ilegítimo de medios letales, para dispersar manifestaciones.

La sentencia del Tribunal Constitucional que validó 31 resultados impugnados durante las elecciones dio lugar a protestas en todo el país. En Sikasso, el 7 de mayo, las fuerzas de seguridad dispararon munición real para dispersar manifestaciones. Cinco manifestantes resultaron heridos, y uno murió a consecuencia de sus heridas.

El 11 de mayo, un motorista de 17 años murió al ser detenido por un agente de policía fuera de servicio en Kayes. Este suceso dio lugar a manifestaciones en la ciudad al día siguiente, y dos personas —una de ellas un niño de 12 años— murieron por disparos de la policía.

Entre el 10 y el 12 de julio, las fuerzas de seguridad dispararon en la capital, Bamako, contra manifestantes que habían ocupado edificios públicos y levantado barricadas para exigir la dimisión del presidente; un total de 14 manifestantes murieron por heridas de bala y cientos resultaron heridos. En agosto, el gobierno anunció una investigación sobre estas muertes.

Detención y reclusión arbitrarias

El 9 de mayo, Clément Dembelé, activista contra la corrupción, fue secuestrado cuando viajaba en automóvil en Banconi (un suburbio de Bamako) por ocho agentes del servicio de inteligencia encapuchados tras haber instado a las fuerzas de seguridad a cesar en el uso de la violencia contra manifestantes en Sikasso. Estuvo detenido en régimen de incomunicación durante 12 días, bajo custodia de los servicios de inteligencia, y quedó en libertad el 21 de mayo con cargos de “incitación a las fuerzas armadas y de seguridad con el fin de apartarlas de sus deberes militares y de la obediencia debida a sus mandos”. El 29 de septiembre fue absuelto de todos los cargos.

Tras el golpe de Estado de agosto, varios miembros del gabinete y mandos militares —entre ellos los entonces presidente, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional— estuvieron detenidos ilegalmente sin cargos. El depuesto presidente Keïta estuvo detenido durante 10 días hasta que, a finales de agosto, se le permitió viajar por razones médicas. Los demás detenidos quedaron en libertad sin cargos en octubre.

Derecho a la salud

En junio, según estimaciones de organizaciones humanitarias, el 23% de los centros de salud de Malí no estaban operativos o lo estaban parcialmente debido a las restricciones presupuestarias y al impacto de la pandemia de COVID-19 y el conflicto en los servicios públicos. Según la ONU, había unas 287.496 personas internamente desplazadas y 42.780 refugiadas. Se menoscabó gravemente el derecho a la salud de estos grupos.

Derecho a la educación

Como consecuencia de la actividad de los grupos armados, especialmente en el centro de Malí, se negaba a niños y niñas el derecho a la educación. Esta situación se agravó debido a una huelga de 12 meses llevada a cabo por el profesorado para protestar contra el incumplimiento por parte del gobierno de un acuerdo para aumentar sus salarios. En marzo, según UNICEF, había 1.261 escuelas cerradas por la persistente amenaza de ataques de grupos armados, una situación que afectaba a 370.000 estudiantes y 7.500 docentes.

Discriminación

La discriminación por motivos de casta y condición social siguió siendo un fenómeno muy extendido, que a menudo daba lugar a violencia. En junio de 2018, el jefe de poblado de Diandioumé (región de Kayes) desalojó a una familia de sus tierras de labranza por la supuesta inferioridad de su condición social. En septiembre, tras confirmar las autoridades judiciales que las tierras eran propiedad de la familia, cuatro personas que luchaban contra esta discriminación murieron a consecuencia de la paliza que les propinó una multitud local, y otras tres —entre ellas una mujer de 80 años— resultaron gravemente heridas. Las autoridades detuvieron a 11 personas sospechosas de implicación en los asesinatos, y al terminar el año había procedimientos judiciales en trámite.

Violencia contra mujeres y niñas

En junio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer denunció que el gobierno no había tipificado como delito la mutilación genital femenina, lo cual, según este organismo, permitía a quienes la perpetraban violar con impunidad los derechos de las mujeres. Un proyecto de ley redactado en 2017 declaraba ilegal esta práctica, pero todavía no se había aprobado.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En enero, el Tribunal Penal de Bamako puso en libertad provisional a Amadou Haya Sanogo, exlíder de una junta militar, y a 17 acusados en la misma causa. Todos ellos habían sido acusados formalmente en diciembre de 2013 del secuestro, asesinato y complicidad en el asesinato de 21 soldados. Habían pasado más de seis años en detención previa al juicio en Sélingué, tres años más del periodo máximo permitido por la legislación maliense. Su juicio —que había comenzado en 2016— fue suspendido en enero de 2020, y al terminar el año seguía pendiente de reanudación.

En julio comenzó ante la Corte Penal Internacional el juicio de Al Hasan ag Abdoul Aziz ag Mohamed, acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Tombuctú cuando era miembro de Ansar Eddine, un grupo armado que había controlado la ciudad durante la ocupación islamista del norte de Malí entre 2012 y 2013.

Al menos 18 miembros de grupos armados fueron condenados por cargos relacionados con el terrorismo, 3 de ellos a muerte por su implicación en el atentado contra el hotel Radisson Blu en 2015 (aunque uno quedó en libertad posteriormente en un intercambio de prisioneros). En noviembre también se declaró a 15 hombres culpables de “terrorismo, posesión de armas de guerra y asesinato” y se los condenó a muerte. Sin embargo, la mayoría de los crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos perpetradas contra civiles en el contexto del conflicto continuaban impunes.

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República de Malí
Jefe del Estado: Bah Ndaw (sustituyó a Ibrahim Boubacar Keïta en septiembre)
Jefe del gobierno: Moctar Ouane (sustituyó a Boubou Cissé en septiembre)

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