Malí

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades restringieron aún más los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Se detuvo y recluyó arbitrariamente o se sometió a desaparición forzada a miembros de la oposición política y de la sociedad civil. Las fuerzas gubernamentales, sus aliados y los grupos armados llevaron a cabo ataques y homicidios ilícitos contra civiles. Los grupos armados impusieron bloqueos en varios pueblos y ciudades. Se cerraron más de 2.036 escuelas a causa del conflicto.

Información general

En febrero, el gobierno redactó la Carta Nacional para la Paz y la Reconciliación, tras el colapso de un proceso de paz anterior que había sido boicoteado por partidos políticos, la sociedad civil y algunos grupos armados. En abril se amplió en cinco años el periodo de transición política que había seguido al golpe de Estado militar de 2020.

En junio, la empresa militar privada Grupo Wagner fue reemplazada por la iniciativa Africa Corps, que estaba sujeta al control del Ministerio de Defensa de Rusia en el marco de su asociación en materia de seguridad con Malí.

En agosto, el gobierno afirmó que había frustrado un intento de golpe de Estado y arrestado a varios altos mandos de las fuerzas armadas y a un diplomático francés que también era miembro de los servicios de inteligencia de Francia.

En septiembre, Malí anunció su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

La decisión del gobierno de disolver todos los partidos políticos ilustraba la alarmante y constante represión del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. En abril y mayo, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las protestas convocadas en la capital, Bamako, para denunciar esa iniciativa.¹

Desapariciones forzadas

Las fuerzas de seguridad sometieron a desaparición forzada a activistas, miembros de la sociedad civil y figuras políticas.

El 14 de marzo, Alou Badra Sacko, coordinador del Llamamiento del 20 de febrero para el retorno al orden constitucional (Appel du 20 février) y presidente del movimiento de la sociedad civil No toques mi dinero, fue secuestrado en el centro de Bamako por unos hombres armados encapuchados que se lo llevaron a un lugar no revelado. Unos días antes, Alou Badra Sacko había pedido la eliminación de los impuestos a las transacciones de dinero móvil. Quedó en libertad el 24 de mayo.

El 8 de mayo, unos hombres no identificados secuestraron a El Bachir Thiam, dirigente del partido Yelema, en su domicilio. No se reveló su paradero. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió su inmediata liberación, que tuvo lugar el 26 de septiembre. El Bachir Thiam había desempeñado un papel fundamental en la oposición a la disolución de los partidos políticos y a la ampliación del periodo de transición política.

También el 8 de mayo, unos hombres armados y encapuchados que viajaban en un vehículo sin distintivos y afirmaban ser gendarmes secuestraron a Alhassane Abba, secretario general del partido Convergencia para el Desarrollo de Malí, en su casa de Bamako. Alhassane Abba no compareció ante un juez durante su detención y quedó en libertad el 5 de junio.

Detención y reclusión arbitrarias

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió la liberación de los activistas políticos Moulaye Baba Haïdara, Mahamoud Mohamed Mangane y Amadou Togola, sometidos a tortura bajo custodia. Habían sido recluidos en 2023 por “socavar la seguridad exterior e interior del Estado” y “socavar la unidad nacional y la credibilidad del Estado”, entre otros cargos, y continuaban en espera de juicio.

En agosto, el ex primer ministro Moussa Mara fue arrestado por publicar en X un llamamiento en el que manifestaba su decisión de “luchar por todos los medios” en favor de los derechos de las personas encarceladas por expresar sus opiniones. Fue acusado de desacreditar al Estado y oponerse a la autoridad legítima. En octubre fue declarado culpable y condenado a un año de prisión.²

El activista contra la corrupción Clément Dembele continuaba detenido a pesar de que, en abril, un tribunal había desestimado los cargos que pesaban contra él y había ordenado su liberación. Había sido detenido en 2023 y acusado de proferir amenazas de muerte contra el presidente y su familia. En agosto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió su liberación inmediata e incondicional.

Abusos cometidos por grupos armados

La población civil fue objeto de ataques ilícitos y homicidios por parte de grupos armados.

Según los medios de comunicación, en febrero murieron en torno a 34 civiles en un ataque del Estado Islámico en el Sahel (EIS) contra un convoy civil escoltado por fuerzas de seguridad de Malí en las proximidades del pueblo de Kobé, cerca de la ciudad de Gao.

En mayo, Sidi Barka, líder de la sociedad civil, fue secuestrado por miembros del EIS en la localidad de Ménaka, en el este del país. Según fuentes locales, su cuerpo sin vida fue hallado en agosto a las afueras de esa población.

También en mayo, Ousmane Kampo, alcalde de Konna, región de Moptí, fue secuestrado por miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) mientras trabajaba en sus campos, según información publicada en los medios de comunicación. Fue puesto en libertad el 4 de octubre.

En agosto, miembros de Katiba Macina atacaron Farabougou, en la comuna de Dogofry, y capturaron posiciones de las fuerzas armadas en un ataque indiscriminado que se saldó con la muerte de civiles varones y provocó el éxodo de residentes. También en agosto, el alcalde de Dogofry, Modibo Kimbiri, y su chófer murieron a manos de cazadores tradicionales que dispararon contra su vehículo entre Diabaly y Dogofry.

El 6 de noviembre, miembros de un grupo armado secuestraron a la personalidad de las redes sociales Mariam Cissé en Echell, región de Tombuctú. Al día siguiente, la llevaron a su localidad natal, Tonka, la ejecutaron y dejaron su cadáver en una plaza pública.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Las fuerzas armadas y sus aliados cometieron violaciones del derecho internacional humanitario, tales como tortura y homicidios extrajudiciales.

El 16 de marzo, un ataque con drones de las fuerzas armadas de Malí en Ejdeir, región de Tombuctú, en día de mercado, mató al menos a 10 civiles.

El 12 de abril, mandos de las fuerzas armadas de Malí y sus socios del grupo Wagner arrestaron a unos 100 hombres, mayoritariamente de la comunidad fulani, en un mercado del pueblo de Sebabougou, región de Kayes. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aproximadamente 60 de ellos fueron trasladados al campamento militar de Kwala, en la región de Kulikoró, donde fueron sometidos a tortura durante su interrogatorio. Posteriormente, la mayoría fueron sacados del campamento y ejecutados extrajudicialmente mediante fusilamiento, según testimonios de sobrevivientes. Una semana después, familiares que buscaban a sus seres queridos encontraron cerca del campamento de Kwala unos cadáveres en descomposición que se creía que pertenecían a algunos de los ejecutados.

El 12 de mayo, unos 10 soldados malienses acompañados de combatientes de la milicia Dozo arrestaron a entre 23 y 27 hombres en el mercado semanal de la localidad de Diafarabé. Les vendaron los ojos, les ataron las manos a la espalda y los transportaron en canoas a la otra orilla del río, donde los ejecutaron y los enterraron en fosas comunes.³ Aunque las fuerzas armadas prometieron que las “presuntas” ejecuciones se investigarían, no se hizo pública ninguna otra información al respecto.

Derechos económicos y sociales

El GSIM siguió bloqueando el acceso a varios pueblos y ciudades, como Gossi, Léré y Diafarabé, socavando así los derechos a la seguridad alimentaria y a la libertad de circulación, entre otros. En julio, el GSIM anunció el bloqueo de Kayes y Nioro du Sahel, dos importantes ciudades del oeste del país. Ese mismo mes, anunció que restringía todo el transporte de combustible y suministros proveniente de los vecinos Senegal y Costa de Marfil, y comenzó a atacar camiones cisterna de combustible en las carreteras del oeste y el centro de Malí.

Derecho a la educación

La crisis educativa se agravó y, en junio, había más de 2.036 escuelas consideradas no operativas a causa de la inseguridad, en comparación con las 1.984 de ese mismo mes en 2024. En ese contexto, 618.000 escolares no podían hacer efectivo su derecho a la educación. La región de Kidal era la más afectada, ya que el 63% de los niños y niñas no estaban escolarizados.