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Chad

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

El grupo armado Boko Haram siguió cometiendo abusos en el entorno del lago Chad, mató a personas y saqueó y destruyó propiedades. La violencia y la respuesta del gobierno causaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, que después hicieron frente a condiciones de vida terribles, con escaso acceso a agua y saneamiento. En abril se celebraron elecciones presidenciales en un contexto de restricciones de la libertad de expresión, uso excesivo o innecesario de la fuerza contra quienes se manifestaban pacíficamente y desapariciones forzadas. Más de 389.000 personas refugiadas seguían viviendo en duras condiciones en campos superpoblados. El ex presidente Hissène Habré fue condenado a cadena perpetua por las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos en Chad entre 1982 y 1990.

Boko Haram llevó a cabo ataques contra la población civil y las fuerzas de seguridad, mató a personas y saqueó y destruyó propiedades privadas e instalaciones públicas.

El 31 de enero, al menos 3 personas —una de ellas miembro de un grupo parapolicial— murieron en dos atentados suicidas de Boko Haram en las poblaciones de Guié y Miterine, región del lago Chad, y más de 56 resultaron heridas.

Se vulneraba el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las personas que defendían los derechos humanos seguían sufriendo amenazas e intimidación, y el acceso a las redes sociales era objeto de frecuentes restricciones. El 19 de marzo, el gobierno prohibió todas las manifestaciones que no formaran parte de la campaña electoral.

El 6 de febrero, 17 manifestantes pacíficos fueron detenidos en la capital, Yamena. Estuvieron recluidos durante dos días en la jefatura de la policía judicial, donde les propinaron golpes y les arrojaron gas lacrimógeno en su celda. Al menos dos de ellos necesitaron cuidados intensivos en un hospital.

Entre el 21 y el 23 de marzo, cuatro activistas fueron detenidos y acusados formalmente de “alteración del orden público” y “desobediencia de una orden legítima” por planear la organización de una manifestación pacífica. Estuvieron recluidos en la prisión de Amsinene, en Yamena, del 24 de marzo al 14 de abril. El 14 de abril se les impusieron sendas condenas condicionales de cuatro meses y se les prohibió “participar en actividades subversivas”. El 4 de abril, el activista Albissaty Salhe Alazam fue acusado formalmente de “instigación para la celebración de una concentración no armada”, “alteración del orden público” y “desobediencia de una orden legítima” por organizar una manifestación pacífica el 5 de abril para reclamar la liberación de los cuatro activistas. Se le impuso una condena condicional de cuatro meses de prisión.

A mediados de abril, dos activistas de los derechos humanos huyeron del país al recibir amenazas de muerte mediante SMS y llamadas telefónicas anónimas tras haber participado en las protestas contra la reelección del presidente Déby organizadas antes de las elecciones.

El 17 de noviembre, 11 activistas de la oposición fueron detenidos durante una protesta no autorizada contra la crisis económica, y fueron acusados de participar en una “reunión no armada”. Quedaron en libertad el 7 de diciembre y los cargos contra ellos se retiraron.

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva o innecesaria con impunidad para dispersar manifestaciones en Yamena y otras localidades.

En febrero y marzo, las fuerzas de seguridad dispersaron de modo violento varias manifestaciones pacíficas organizadas en todo el país con el fin pedir justicia para Zouhoura Ibrahim, estudiante de 16 años violada el 8 de febrero, presuntamente por cinco jóvenes con vínculos con las autoridades y las fuerzas de seguridad. El 15 de febrero, la policía mató a un estudiante de 17 años durante una manifestación pacífica en Yamena, y el 22 de febrero un estudiante de 15 años murió por disparos de las fuerzas de seguridad y al menos otras cinco personas resultaron heridas en la ciudad de Faya Largeau.

El 7 de agosto, la policía usó armas de fuego para dispersar una manifestación pacífica organizada en Yamena contra la reelección del presidente Idriss Déby; un joven perdió la vida y otro resultó gravemente herido.

Los profesionales del periodismo seguían sufriendo intimidación y frecuentes detenciones arbitrarias y reclusiones durante breves periodos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

El 28 de mayo, un presentador de la emisora de radio nacional fue interrogado por agentes de la Dirección de Información General tras referirse accidentalmente al presidente con el nombre de Hissène Habré, en lugar de Idriss Déby, durante una emisión. Quedó en libertad siete horas después y fue apartado del programa.

El 30 de agosto, Stéphane Mbaïrabé Ouaye, director de publicación del periódico Haut Parleur, fue detenido, interrogado por agentes de la Dirección de Información General y acusado formalmente de “intento de fraude y chantaje” después de una entrevista con el director del Hospital Materno Infantil de Yamena en relación con denuncias de corrupción. Fue juzgado y absuelto, y quedó en libertad el 22 de septiembre.

El 9 de septiembre, Bemadjiel Saturnin, periodista de Radio FM Liberté, fue detenido mientras cubría la información de una protesta, pese a portar su identificación profesional. Fue interrogado en la comisaría central de policía y quedó en libertad cuatro horas más tarde.

El 9 de abril, al menos 64 soldados fueron víctimas de desaparición forzada tras negarse a votar al presidente en ejercicio. Algunos testigos explicaron que las fuerzas de seguridad identificaron a los soldados que apoyaban a candidatos de la oposición, les infligieron malos tratos en los puntos de votación, los secuestraron y los torturaron en centros de detención, tanto reconocidos como no reconocidos. Un total de 49 soldados quedaron en libertad, pero al término de 2016 seguía sin esclarecerse la suerte de los otros 15. Las presiones internacionales impulsaron a la fiscalía a abrir una investigación sobre el caso de 5 de los soldados, pero el caso se cerró tras su liberación. No se llevó a cabo investigación alguna sobre las denuncias de tortura ni sobre los otros casos de desaparición.

Más de 389.000 personas refugiadas procedentes de Nigeria, República Centroafricana y Sudán seguían viviendo en condiciones precarias en campos de refugiados.

Como consecuencia de los ataques y amenazas de Boko Haram y de las operaciones de seguridad de las fuerzas armadas chadianas, 105.000 personas se vieron obligadas a desplazarse internamente, y 12.000 regresaron de Nigeria y Níger a la cuenca del lago Chad. El deterioro de la situación de seguridad en las zonas fronterizas de la región del lago Chad a partir de finales de julio afectó al acceso humanitario y a la protección de las poblaciones vulnerables. Las personas internamente desplazadas en la cuenca del lago Chad vivían en condiciones terribles, con acceso sumamente limitado a agua y saneamiento, sobre todo en los emplazamientos de Bol, Liwa y Ngouboua, en Baga-Sola.

La gente seguía huyendo de la intensificación de la violencia en la zona del lago Chad, lo que alteró la agricultura, el comercio y la pesca, con graves consecuencias económicas y sociales. La inestable situación de seguridad agravó la inseguridad alimentaria. En septiembre, la ONU calculó que 3,8 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria, de ellas un millón en niveles de crisis o emergencia.

Las demoras en el pago de salarios dieron lugar a frecuentes huelgas en el sector público, lo que restringió el acceso a la educación y la justicia.

En agosto, el gobierno adoptó 16 medidas urgentes de reforma para hacer frente a la crisis económica relacionada con la caída del precio del petróleo, entre ellas la cancelación de las becas para estudiantes universitarios en el medio rural. Los estudiantes respondieron organizando manifestaciones, tanto de carácter pacífico como violento, en las principales ciudades, como Yamena, Sarh, Pala y Bongor.

A pesar de que la legislación nacional establecía el derecho de las parejas y las personas a decidir libremente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tener los hijos, así como el derecho a gestionar su salud reproductiva y a tener acceso a la información y los medios necesarios para tal fin, muchas personas no tenían acceso a información o atención reproductiva, sobre todo en zonas rurales. El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) calculó que sólo el 3% de las mujeres usaban algún método anticonceptivo. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística para 2014, sólo el 5% de las mujeres casadas usaban métodos anticonceptivos modernos.

En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que elevaba de 16 a 18 años la edad legal para contraer matrimonio en el caso de las niñas.

El 30 de mayo, el ex presidente Habré fue condenado a cadena perpetua por las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal, tribunal establecido en virtud de un acuerdo entre la Unión Africana y Senegal. Habré fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos en Chad entre 1982 y 1990. Sus abogados presentaron un recurso.

El 29 de julio, las Salas Africanas Extraordinarias concedieron a cada víctima de violación y violencia sexual en esta causa 20 millones de francos CFA (33.880 dólares estadounidenses); a cada víctima de reclusión arbitraria y tortura y a cada prisionero de guerra y superviviente, 15 millones de francos CFA (25.410 dólares); y a cada víctima indirecta, 10 millones de francos CFA (16.935 dólares).

República de Chad
Jefe del Estado: Idriss Déby Itno
Jefe del gobierno: Albert Pahimi Padacké (sustituyó a Kalzeubet Pahimi Deubet en febrero)
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