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Chad

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se restringió la libertad de expresión. Las medidas adoptadas para controlar la propagación de la COVID-19 limitaron el acceso de muchas personas a la alimentación. El acceso a la atención médica era reducido. Pese a infringir la ley, continuaron las prácticas del matrimonio a edad temprana y la mutilación genital femenina. Los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos de la población.

Información general

La situación en materia de seguridad seguía siendo precaria, especialmente en la zona del lago Chad, donde operaban Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés). Continuó la violencia mortal entre comunidades, en particular en las regiones de Batha y Sila.

Las elecciones legislativas se aplazaron por quinto año y se programaron para 2021 porque, según el presidente de la Comisión Electoral, el impacto de la pandemia de COVID-19 había demorado la confección del censo. A finales de octubre, las oficinas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que se habían negado o no habían sido invitados a participar en un foro gubernamental de ámbito nacional sobre reformas institucionales y políticas permanecieron rodeadas por unidades policiales durante varios días.

El gobierno adoptó medidas para controlar la propagación de la pandemia —entre ellas la prohibición de las reuniones, el toque de queda y la imposición de cuantiosas multas y penas de cárcel por no llevar mascarilla—, así como para abordar las privaciones económicas de la población.

Detención y reclusión arbitrarias

En enero, unos hombres armados cubiertos con pasamontañas se llevaron de su casa, en la capital (Yamena), al defensor de los derechos humanos Baradine Berdei Targuio. Al parecer, éste fue recluido en régimen de incomunicación en la Agencia Nacional de Seguridad en Yamena. En febrero, el ministro de Justicia confirmó que Baradine Berdei Targuio había sido detenido por “actividades subversivas en las redes sociales”. En contravención de la ley, no fue llevado ante un fiscal ni un juez instructor hasta agosto. Fue acusado de atentado contra la seguridad nacional, posesión ilegal de armas y agresión con lesiones, y quedó sometido a reclusión arbitraria en espera de juicio.

El 27 de octubre, la policía detuvo a Alain Kemba Didah —del movimiento ciudadano El Tiempo— en la emisora de radio FM Liberté de Yamena, al parecer en relación con un foro alternativo sobre reformas, auspiciado por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que las autoridades habían prohibido. El hombre fue acusado de “alteración del orden público” y de “actos de rebelión”, pero quedó en libertad el 11 de diciembre tras ser absuelto por un tribunal.

Libertad de expresión

Continuaron las violaciones del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. En marzo, el Sindicato de Periodistas Chadianos afirmó que dos profesionales de la televisión nacional y el conductor de su vehículo habían sido golpeados por la policía en Yamena cuando informaban sobre la restricción de las reuniones debido a la COVID-19. Los hombres fueron interrogados durante tres horas y quedaron en libertad sin cargos.

Desde el 22 de julio, las redes sociales estuvieron bloqueadas parcialmente tras la difusión de un vídeo en el que aparecía un coronel del ejército en una pelea con unos hombres en Yamena. El ministro de Comunicación sostuvo que la medida, que permanecía en vigor al terminar el año, se había adoptado para impedir la circulación de mensajes de odio.

En septiembre, la Autoridad Superior de Medios Audiovisuales y Comunicación decretó la suspensión durante tres meses de 12 periódicos considerados opositores, aduciendo que no cumplían la Ley sobre el Régimen de la Prensa, que les exigía contar en su plantilla con un director de publicaciones y un redactor jefe cualificados y con titulación universitaria.

Tortura y otros malos tratos

El 14 de abril, durante una operación militar contra grupos armados llevada a cabo en la zona del lago Chad y conocida como Ira de Bohoma, 58 presuntos miembros de Boko Haram fueron detenidos y quedaron recluidos en la Legión 10 de la Gendarmería de Yamena. El 16 de abril, 44 de ellos habían muerto en su celda. Según la fiscalía, las autopsias determinaron que su muerte se había debido al consumo de una sustancia venenosa. Tras investigar el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que las deficientes condiciones de reclusión podían haber contribuido a su muerte y rechazó que se hubieran suicidado. Los detenidos habían estado hacinados en celdas donde tenían que dormir en el suelo y sin mantas y se les negaba el agua y la comida.

La Liga Chadiana de Derechos Humanos informó de la detención en mayo de más de 200 personas, entre ellas decenas de mujeres, en la calle y en sus lugares de trabajo. En las regiones de Mayo-Kebbi Oeste y Logone Oriental, muchas personas detenidas por violar el toque de queda fueron golpeadas con porras.

Derechos económicos, sociales y culturales

Derecho a la alimentación

En julio, la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS-NET) informó de que las medidas asociadas a la COVID-19 habían dado lugar a un aumento de las privaciones económicas entre quienes vivían en la pobreza, lo que sumía a muchas personas en la inseguridad alimentaria. En el norte y el este del país, el costo de los alimentos básicos aumentó un 21%. El conflicto armado de la zona del lago Chad también causó hambre generalizada. FEWS-NET afirmó que esta situación afectaba a 39 de los 107 departamentos, 15 de los cuales se encontraban en estado de crisis, y que casi 4 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria.

Derecho a la salud

El acceso a la atención médica era limitado. Según datos del gobierno, la gente debía desplazarse una media de 45 kilómetros para acceder a los centros de salud. Había un médico por cada 28.531 habitantes y una matrona por cada 5.902 mujeres.

Los equipos y las instalaciones médicas eran inadecuados para hacer frente al ingreso de pacientes de COVID-19. En mayo, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la tasa de mortalidad relacionada con la COVID-19 era un 6% superior a la media del continente.

En junio, la Liga Chadiana de Derechos Humanos comunicó que, según informes, 68 profesionales sanitarios se habían infectado debido a la falta de equipos de protección individual. Las instalaciones gubernamentales para la cuarentena de pacientes de COVID-19 y población que pudiera haber contraído la enfermedad no procuraban el aislamiento necesario para impedir la propagación de la infección. Según la Liga Chadiana de Derechos Humanos, los niveles de higiene era deficientes, el agua escaseaba y la atención médica era insuficiente.

Derechos de las mujeres

Los medios de comunicación siguieron informando de casos de matrimonio a edad temprana, práctica que violaba una ley de 2015 que prohibía el matrimonio infantil. Según UNICEF, la tasa de matrimonios precoces era una de las más altas del mundo.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres señalaron que más de 200 niñas habían sido sometidas a mutilación genital femenina en julio y agosto en las regiones de Mandoul y Logone Oriental. En septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó preocupación por el aumento de la mutilación genital femenina, que era ilegal en virtud de la legislación nacional.

Abusos cometidos por grupos armados

Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental cometieron graves abusos contra los derechos humanos de la población en la zona del lago Chad que se saldaron con decenas de muertes. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en abril había allí 298.803 personas internamente desplazadas, cifra que se elevó a 363.807 en septiembre; el 64% de ellas habían abandonado sus localidades para escapar de la violencia.

En un caso comunicado por el secretario general de la ONU, 10 personas murieron en agosto tras atacar Boko Haram su localidad, Tinana (departamento de Kaya). Según las autoridades locales, durante la noche unos hombres armados habían rodeado el poblado, disparado contra civiles y saqueado las casas.

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República de Chad
Jefe del Estado y del gobierno: Idriss Déby Itno

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