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Chad

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades hicieron uso de fuerza excesiva para dispersar a manifestantes que protestaban de forma pacífica, y violaron el derecho a la libertad de reunión. Continuaron las detenciones arbitrarias de personas críticas con el gobierno. Los ataques de grupos armados y la violencia entre comunidades se cobraron decenas de vidas. En el marco de persistentes violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, se creó el Observatorio para la Promoción de la Igualdad y la Equidad de Género. Más de dos millones de personas padecían inseguridad alimentaria.

Información general

El 13 de marzo, un año después de la muerte del expresidente Idriss Déby y de la constitución del Consejo Militar de Transición dirigido por su hijo, Mahamat Idriss Déby, se iniciaron conversaciones preliminares en Doha (Qatar) entre el gobierno de Chad y varios grupos armados con el objetivo de garantizar la participación de éstos en un diálogo nacional. En agosto se celebró el diálogo nacional en la capital chadiana, Yamena, con la participación del gobierno, la sociedad civil y algunos grupos armados. En este proceso se acordó la ampliación del periodo de transición hasta un máximo de dos años y la posibilidad de que Mahamat Idriss Déby se presentara como candidato en futuras elecciones.

Libertad de reunión

En mayo, varios actos organizados por la plataforma opositora Wakit Tama para protestar contra la transición militar y la política exterior del gobierno de Francia en Chad fueron prohibidos por el Ministerio de Seguridad aduciendo posibles desórdenes públicos. El movimiento también planeó manifestaciones con los mismos objetivos en agosto y septiembre mientras tenía lugar el diálogo nacional inclusivo, pero fueron prohibidas por los mismo motivos.

La ley que regulaba la libertad de reunión pacífica seguía siendo contraria a las normas internacionales, incluidas las directrices de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que establecían que las protestas no requerían aprobación previa sino, como máximo, notificación previa.

Uso excesivo de la fuerza

En enero se celebró una manifestación en Abéché para protestar por la designación prevista de un nuevo jefe de cantón de la comunidad bani halba en esa localidad. Según la ONG Convención Chadiana para la Defensa de los Derechos Humanos, en un lapso de dos días al menos 13 manifestantes murieron y 80 resultaron heridos.1 El 25 de enero, en una declaración a la prensa, un portavoz del gobierno negó que se hubieran usado armas de fuego. El 3 de febrero, una delegación del gobierno visitó Abéché y reconoció el uso desproporcionado de la fuerza. Según organizaciones locales, también fueron detenidas al menos 212 personas. Se tuvo noticia de que algunas sufrieron malos tratos hasta que quedaron en libertad después de cinco días recluidas sin cargos.

Las fuerzas de seguridad también hicieron uso excesivo de la fuerza contra asociaciones y el partido político Los Transformadores, que cuestionaban la organización del diálogo nacional en Yamena. A principios de septiembre, las fuerzas de seguridad rodearon la sede de Los Transformadores y dispararon gas lacrimógeno. Según informaron defensores y defensoras de los derechos humanos y el líder de Los Transformadores, varias personas que se manifestaban resultaron heridas.

El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva durante una manifestación organizada por varios partidos políticos y asociaciones para protestar contra la ampliación del periodo de transición. El gobierno anunció que al menos 50 personas habían muerto y 300 habían resultado heridas. Se estableció una comisión nacional de investigación, y una comisión encabezada por la Comunidad Económica de Estados del África Central inició una investigación aparte en diciembre.

Detención y reclusión arbitrarias

En mayo, tras la dispersión de una manifestación de la plataforma Wakit Tama, seis de sus dirigentes fueron trasladados a la prisión de Moussoro, a 300 kilómetros de Yamena.2 Según sus abogados, su caso debería haber correspondido a la jurisdicción del Tribunal de Yamena. El fiscal anunció que su enjuiciamiento era por “concentración con la intención de alterar el orden público, atentado contra bienes y agresión física”. El juicio tuvo lugar en Moussoro y los acusados fueron condenados a sendas penas condicionales de 12 meses.

El 30 de agosto, la policía también dispersó una manifestación del movimiento de “titulados sin empleo” que reclamaba puestos de trabajo en la administración civil. Según el líder del movimiento, varios miembros resultaron heridos durante la dispersión. Varias personas fueron detenidas y quedaron en libertas unas horas después.

En septiembre, al menos 140 personas fueron detenidas y puestas el libertad el mismo día; se habían congregado ante la oficina del partido Los Transformadores para protestar contra el diálogo nacional y el cerco del edificio por las fuerzas de seguridad.

Derecho a un juicio justo

Tras las manifestaciones de octubre, cientos de personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas y trasladadas ilegalmente a Koro Toro, a 500 kilómetros de Yamena. En diciembre, tras la celebración de unas vistas a puerta cerrada, boicoteadas por los abogados de la defensa, 262 personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 3 años de prisión, 80 recibieron condenas condicionales de entre uno y 2 años, y 59 fueron absueltas, según el fiscal.

Abusos cometidos por grupos armados

Según informaciones de los medios de comunicación y las ONG, el grupo armado Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) siguió cometiendo homicidios ilegítimos de civiles en la zona del lago Chad. A principios de agosto, según informes, unos combatientes de este grupo armado mataron a seis civiles en la localidad de Aborom. En septiembre, según informes, el ISWAP mató a un hombre y saqueó varias viviendas en la localidad de Baltram. También en septiembre, presuntos combatientes del grupo armado mataron asimismo a cinco civiles en un barco en la localidad de Baga Sola.

Derecho a la vida

Durante el año hubo repetidos incidentes de violencia entre comunidades que dieron lugar a homicidios. En febrero, al menos 10 personas murieron en incidentes de este tipo de violencia en la localidad de Sandana. En mayo, la violencia en la subprefectura de Danamadji se saldó con la muerte de seis personas. En septiembre, al menos 17 personas murieron en la subprefectura de Mangalmé. Según ONG locales, las disputas tuvieron su origen en tensiones entre ganaderos y agricultores por el acceso a recursos naturales, especialmente tierras de pastoreo. En todas las ocasiones, las autoridades anunciaron investigaciones y organizaron diálogos locales para resolver los conflictos.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En septiembre, el presidente de transición Mahamat Idriss Déby escribió al ministro Economía para pedirle que transfiriera 10.000 millones de francos CFA (14,8 millones de dólares estadounidenses) en calidad de contribución del Estado al fondo para compensar a las víctimas del régimen del expresidente Hissène Habré. En 2017, las Salas Africanas Extraordinarias habían concedido 82.000 millones de francos CFA (más de 135 millones de dólares) a más de 7.000 víctimas en el juicio contra Hissène Habré, y en 2015 los tribunales chadianos habían concedido 75.000 millones de francos CFA (casi 124 millones de dólares) en el juicio contra exagentes del régimen de Hissène Habré, pero al terminar el año las víctimas no habían recibido indemnización alguna.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Según UNICEF, el 67% de las niñas de Chad contraían matrimonio antes de los 18 años y el 30% antes de los 15, lo que situaba a Chad entre los países con tasas más elevadas de matrimonio precoz del mundo.

El 19 de julio, Chad creó el Observatorio para la Promoción de la Igualdad y la Equidad de Género, cuya misión era promover la inclusión de medidas de igualdad de género en las políticas públicas.

En agosto, el Consejo Superior para Asuntos Islámicos de Mangalmé, región de Guera, estableció una multa para las personas que rechazasen propuestas de matrimonio. La Liga Chadiana de Derechos de las Mujeres denunció esta medida por entender que promovía el matrimonio forzado de las niñas.

Derecho a la alimentación

Según la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, el alza de los precios y la escasez de combustible aumentaron la inseguridad alimentaria. Los conflictos entre agricultores y ganaderos también alteraron la producción agrícola y el pastoreo estacional.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en julio aproximadamente 2,1 millones de personas padecían inseguridad alimentaria y nutricional en Chad.

  1. Tchad: Un an après la mise en place du Comité militaire de transition, la liberté de réunion pacifique reste entravée, 20 de abril
  2. Tchad: Libérer les membres et partisans de l’opposition détenus, 30 de mayo
República de Chad
Jefe del Estado: Mahamat Idriss Déby
Jefe del gobierno: Saleh Kebzabo (sustituyó a Albert Pahimi Padacké en octubre)