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Sierra Leona

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes. Se derogaron disposiciones de la Ley de Orden Público que se habían empleado para criminalizar la libertad de expresión. Se levantó la prohibición de que las niñas embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a exámenes. Persistía la discriminación contra las mujeres y las personas LGBTI, y la violencia sexual contra las mujeres y las niñas seguía siendo generalizada. El personal sanitario y la población reclusa estaban especialmente expuestos a contraer la COVID-19.

Información general

Persistía la tensión política entre el Partido Popular de Sierra Leona (en el poder) y el Congreso de Todo el Pueblo (principal partido de la oposición). Las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19 dieron lugar a violaciones de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.

Libertad de expresión

En mayo, Sylvia Blyden, editora del periódico Awareness Times y dirigente del Congreso de Todo el Pueblo, fue arrestada y acusada de libelo sedicioso y difamatorio, conspiración para pervertir el curso de la justicia y publicación de noticias falsas, entre otros delitos, por afirmar en las redes sociales que el exministro de Defensa Alfred Paolo Conteh había sufrido malos tratos bajo custodia. Compareció por los mismos cargos ante un tribunal de primera instancia y ante el Tribunal Superior. En julio, el Tribunal Superior desestimó los cargos contra ella por falta de pruebas suficientes.

En julio, el Parlamento derogó el apartado 5 de la Ley de Orden Público de 1965 que se empleaba para procesar a personas acusadas de difamación y sedición por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por consiguiente, en noviembre se retiraron todos los cargos formulados contra Sylvia Blyden ante el tribunal de primera instancia.

El 9 de diciembre se retiraron los cargos contra 17 activistas ambientales y de los derechos a la tierra, pertenecientes a la Asociación de Propietarios de Tierras de Malen Afectados, tras un largo juicio iniciado después de su detención a principios de 2019 a raíz de una manifestación por los derechos a la tierra.

Uso excesivo de la fuerza

Seguía suscitando preocupación la gestión del orden público por parte de las fuerzas de seguridad.

En abril, durante el periodo de confinamiento impuesto para controlar la propagación de la COVID-19, se publicaron en las redes sociales numerosas denuncias de brutalidad policial, cometida sobre todo contra quienes salían para conseguir productos esenciales, como alimentos y agua.

Según el informe de julio del Centro Penitenciario de Freetown, 30 reclusos y un funcionario de prisiones perdieron la vida de manera violenta y decenas de personas resultaron heridas el 29 de abril durante un motín en la prisión de Pademba Road situada en la capital, Freetown. Los presos protestaban contra el hacinamiento y las restricciones por la COVID-19. El informe concluyó que el ejército había hecho uso de una fuerza razonable para controlar el amotinamiento, mientras que las ONG pedían una investigación independiente del incidente.

Entre el 17 y el 18 de julio, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra una manifestación que degeneró en violencia en la ciudad de Makeni (Provincia Septentrional). Se trataba de una protesta contra la decisión del gobierno de reubicar un generador eléctrico en otra localidad, y, según informes de ONG, seis manifestantes murieron de manera violenta en ella.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Persistía la violencia sexual. La ONG Iniciativa Rainbo afirmó haber recibido 1.000 denuncias de agresión sexual entre enero y mayo. Las personas supervivientes de violencia sexual seguían teniendo dificultades para acceder a la justicia y a atención médica, asistencia letrada gratuita y asesoramiento psicológico. En julio se estableció el primer tribunal modelo para delitos sexuales, con objeto de agilizar los juicios de esta índole y reducir el volumen de casos pendientes. Se creó un centro de servicios integrales para supervivientes de violencia sexual que proporcionaba tratamiento y apoyo psicológico.

El 30 de marzo, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria anunció que, con efecto inmediato, se levantaba la prohibición de que las niñas embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a exámenes. En 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental había resuelto que dicha prohibición debía revocarse.

En diciembre, el presidente presentó la primera Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, destinada en parte a normalizar el equilibrio de género en el proceso político.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las relaciones homosexuales consentidas entre hombres seguían constituyendo delito en virtud de la Ley sobre Delitos contra la Persona y acarreaban una pena máxima de cadena perpetua. Las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación y estigmatización.

Derecho a la salud

Personal sanitario

En abril, el gobierno se comprometió a que los salarios del personal sanitario reflejaran los riesgos que la COVID-19 entrañaba para su salud. Según UNICEF, en julio el personal sanitario representaba el 10,2% de todos los casos de COVID-19. El 2 de julio, al no haber recibido indemnizaciones ni equipos de protección individual, los médicos dejaron de tratar a personas enfermas de COVID-19. El 28 de julio, el gobierno anunció que el personal sanitario sería beneficiario de un plan de seguro médico y que, en caso de fallecimiento a causa de la COVID-19, sus familias recibirían una indemnización.

Condiciones de reclusión

Los centros de detención se caracterizaban por el hacinamiento crónico, y los riesgos para la salud de la población reclusa se vieron exacerbados tras el inicio de la pandemia de COVID-19. El 27 de abril, el presidente anunció que en todo el país se iba a indultar a 235 personas presas para aliviar el hacinamiento y reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Esta decisión se aplazó tras el estallido del motín carcelario dos días después, pero 153 reclusos quedaron en libertad el 21 de julio.

Derecho a un juicio justo

El 19 de marzo, el exministro Alfred Paolo Conteh fue detenido tras entrar en el Palacio de Gobierno con un arma. Otros dos hombres fueron asimismo arrestados por este incidente. Se los recluyó en la prisión de Pademba Road, pero el 29 de abril, tras el motín, fueron trasladados a un lugar desconocido y no tuvieron acceso a sus abogados durante varios días. En julio, el Tribunal Superior de Freetown absolvió a Alfred Paolo Conteh del cargo de traición, pero lo declaró culpable de dos cargos de posesión de armas y le impuso una pena de 24 meses de cárcel. Su recurso de apelación contra la sentencia seguía pendiente al final del año.

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República de Sierra Leona
Jefe del Estado y del gobierno: Julius Maada Bio

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