Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Camerún

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

En la región de Extremo Norte, el grupo armado Boko Haram seguía cometiendo graves abusos contra los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, tales como el homicidio y el secuestro de cientos de civiles. En respuesta, las autoridades y las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, torturas y desapariciones forzadas. Más de 170.000 personas habían huido de sus hogares desde 2014 a consecuencia del conflicto. Continuaba la restricción de la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las manifestaciones que tuvieron lugar desde finales de octubre en las regiones de habla inglesa. Se detuvo a periodistas, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de partidos políticos de oposición, y algunos se enfrentaban a juicios ante tribunales militares. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI) continuaba sufriendo discriminación, intimidación y hostigamiento, aunque el número de detenciones y enjuiciamientos siguió disminuyendo.

Boko Haram cometió crímenes de derecho internacional y abusos contra los derechos humanos, tales como atentados suicidas con explosivos en zonas civiles, ejecuciones sumarias, tortura, toma de rehenes, secuestros, reclutamiento de niños y niñas soldados, saqueos y destrucción de bienes públicos, privados y religiosos. Durante el año, el grupo perpetró al menos 150 ataques, entre ellos 22 atentados suicidas con explosivos, y mató al menos a 260 civiles. Los crímenes formaban parte de un ataque sistemático a la población civil en toda la cuenca del lago Chad.

Boko Haram lanzó ataques deliberados contra civiles en mercados, mezquitas, iglesias, escuelas y estaciones de autobús. Sólo en enero, al menos nueve atentados suicidas causaron la muerte de 60 civiles. El 10 de febrero, en la ciudad de Nguéchéwé, a 60 km de Maroua, dos mujeres perpetraron un atentado suicida con explosivos durante un funeral, en el que murieron al menos 9 civiles, incluido un niño, y resultaron heridas más de 40 personas. El 19 de febrero, un atentado suicida con explosivos perpetrado por dos mujeres mató al menos a 24 civiles e hirió a otros 112 en un abarrotado mercado del pueblo de Mémé, cerca de Mora. Los atentados suicidas que tuvieron lugar el 21 de agosto y el 25 de diciembre causaron la muerte de un total de 5 personas y dejaron heridas al menos a 34 en unos mercados de Mora.

Las fuerzas de seguridad continuaban deteniendo de forma arbitraria a personas acusadas de apoyar a Boko Haram, a menudo sin pruebas o con pruebas muy endebles, y recluyéndolas en condiciones inhumanas que, en muchos casos, amenazaban su vida. Cientos de sospechosos permanecían recluidos en centros de detención no oficiales, tales como bases militares o instalaciones pertenecientes a los servicios nacionales de inteligencia, sin acceso a asistencia jurídica ni contacto con sus familias.

Las fuerzas de seguridad continuaron realizando operaciones de “acordonamiento y registro” que dieron lugar a detenciones masivas.

Decenas de hombres, mujeres, niños y niñas acusados de apoyar a Boko Haram fueron torturados por miembros del Batallón de Intervención Rápida (unidad de élite del ejército) en la base militar conocida como Salak, cerca de Maroua, y por agentes de la Dirección General de Investigación Externa (servicio de inteligencia) en instalaciones situadas en la capital, Yaundé. Algunos murieron a consecuencia de la tortura y otros desaparecieron.1

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los activistas de la sociedad civil y los periodistas, seguían sufriendo intimidaciones, hostigamiento y amenazas. En respuesta a la restricción de la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, algunos periodistas declararon que ejercían la autocensura para evitar repercusiones por criticar al gobierno, especialmente en cuestiones de seguridad.

Kah Walla, presidenta del Partido Popular de Camerún, fue víctima de varias detenciones arbitrarias. El 8 de abril estuvo detenida junto con 11 miembros de su partido en la comisaría de la Policía Judicial situada en el barrio de Elig-Essono (Yaundé) bajo la acusación de “insurrección y rebelión contra el Estado” por protestar pacíficamente contra el gobierno. El 20 de mayo estuvo detenida junto con 14 miembros de su partido en la Dirección para la Vigilancia del Territorio Nacional situada en Yaundé, bajo la acusación de “rebelión, incitación a la insurrección e incitación a la revuelta”. Todos quedaron en libertad ese mismo día sin mediar explicación. El 28 de octubre fue detenida en la sede de su partido, en Yaundé, y fue recluida en la Jefatura Central de Policía 1 de Yaundé junto con 50 de sus simpatizantes cuando se reunieron para orar por las víctimas del accidente ferroviario de Eseka. La detención se llevó a cabo sin una orden judicial. Los detenidos permanecieron recluidos sin cargos durante más de siete horas. No les explicaron el motivo de la detención.

A finales de octubre, profesionales de la abogacía, estudiantes y docentes de las regiones camerunesas de habla inglesa se declararon en huelga contra lo que consideraban la marginación de la minoría anglófona. Estallaron protestas en varias ciudades del suroeste y noroeste del país, entre ellas Bamenda, Kumba y Buea. Las fuerzas de seguridad de Camerún detuvieron de forma arbitraria a las personas que se manifestaban y emplearon fuerza excesiva para dispersarlas. Por ejemplo, el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad el 8 de diciembre causó la muerte de entre dos y cuatro personas durante una protesta en la ciudad de Bamenda, en el noroeste del país.

Se siguieron celebrando juicios injustos ante tribunales militares.

El 29 de febrero comenzó en el Tribunal Militar de Yaundé el juicio del corresponsal de Radio France Internationale Ahmed Abba, detenido en Maroua en julio de 2015. El juicio se vio empañado por irregularidades como, por ejemplo, que no se llamara a declarar a testigos y que no se entregaran documentos a los abogados defensores. Acusado de complicidad y de no denunciar actos terroristas, Ahmed Abba fue torturado mientras estuvo recluido en régimen de incomunicación durante tres meses.

El juicio de tres periodistas —Rodrigue Tongué, Felix Ebole Bola y Baba Wamé— continuaba en el Tribunal Militar de Yaundé. Los tres habían sido acusados en octubre de 2014 de no desvelar información y fuentes. En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión. Las actuaciones judiciales se vieron empañadas por irregularidades sustanciales y de procedimiento como, por ejemplo, la negativa de los jueces a permitir que los testigos declarasen. Aboubakar Siddiki, líder del partido político Movimiento Patriótico de Salvación Camerunés, y el conocido notario Abdoulaye Harissou estaban siendo enjuiciados junto con los tres periodistas. Ambos habían sido detenidos en agosto de 2014 y habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación en la Dirección General de Investigación Externa durante más de 40 días antes de que los trasladaran a la Prisión Principal de Yaundé. Sobre ellos pesaban cargos de posesión y uso ilegales de armas de guerra, asesinato, revolución, ultraje al jefe del Estado y hostilidad contra el Estado.

El 2 de noviembre, Fomusoh Ivo Feh —que había sido detenido en diciembre de 2014 en Limbe por reenviar un mensaje de texto sarcástico sobre Boko Haram— fue condenado por el Tribunal Militar de Yaundé a 10 años de prisión por “no denunciar un acto terrorista”. Su condena se basó en pruebas limitadas e imposibles de comprobar, y el juicio se vio empañado por irregularidades, entre ellas la falta de un intérprete.

El 11 de julio, el secretario de Estado adjunto al ministro de Defensa encargado de la gendarmería nacional afirmó que se crearía una comisión de investigación para indagar sobre los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad implicadas en operaciones contra Boko Haram. No se proporcionó información adicional.

En agosto comenzó ante el Tribunal Militar de Yaundé el juicio del coronel de gendarmería Zé Onguéné Charles, acusado de negligencia y violación de la ley de custodia. El coronel estaba a cargo de la región donde, entre el 27 y el 28 de diciembre de 2014, al menos 25 hombres acusados de apoyar a Boko Haram murieron bajo custodia en un edificio de la gendarmería.

Las condiciones penitenciarias continuaban siendo deficientes y se caracterizaban por un hacinamiento permanente, una alimentación inadecuada, una escasa atención médica y unos deplorables servicios de saneamiento e higiene. La prisión de Maroua albergaba a unos 1.400 reclusos, más del triple de su capacidad prevista. La población reclusa de la prisión central de Yaundé, con capacidad para un máximo de 2.000 personas, era de aproximadamente 4.000. En la Prisión Principal de Yaundé, la mayoría de los detenidos sospechosos de pertenecer a Boko Haram permanecieron encadenados todo el tiempo hasta agosto.

Entre los principales factores que contribuían al hacinamiento se encontraban las detenciones masivas de personas acusadas de apoyar a Boko Haram, el gran número de detenidos recluidos sin cargos y la ineficacia del sistema judicial. El gobierno prometió edificar nuevas prisiones y comenzó a construir 12 nuevas celdas para la prisión de Maroua. Las medidas tomadas se consideraban insuficientes para resolver la crisis.

Al menos 276.000 personas refugiadas procedentes de República Centroafricana vivían en duras condiciones en campos superpoblados o con familias de acogida en zonas fronterizas del sudeste de Camerún. Unas 59.000 personas refugiadas procedentes de Nigeria vivían en el campo de Minawao, gestionado por la ONU, en la región de Extremo Norte. Sin embargo, alrededor de 27.000 personas más luchaban por arreglárselas fuera del campo y se enfrentaban a la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. La inseguridad creada por Boko Haram y las fuerzas armadas también provocó el desplazamiento interno de unas 199.000 personas en la región de Extremo Norte. Al concluir el año se estaban ultimando acuerdos entre Camerún, Nigeria, República Centroafricana y el ACNUR (la agencia de la ONU para los Refugiados) para facilitar el retorno voluntario de las personas refugiadas.

El colectivo LGBTI seguía sufriendo discriminación, intimidación, hostigamiento y violencia. La penalización de las relaciones homosexuales se mantuvo cuando en junio se revisó el Código Penal.

El 2 de agosto, tres jóvenes fueron detenidos en Yaundé y llevados a una comisaría de la gendarmería donde los golpearon, los insultaron y les afeitaron parcialmente el cabello. Los gendarmes echaron a los hombres agua fría por encima, los obligaron a limpiar el edificio de la gendarmería y les exigieron que “confesaran” su sexualidad. Los pusieron en libertad al cabo de 24 horas tras el pago de un soborno.

La violencia de Boko Haram agravó las penalidades de las comunidades de la región de Extremo Norte al limitar su acceso a los servicios sociales básicos, e interrumpió el comercio, la agricultura y el pastoreo. Alrededor de 1,4 millones de personas de la región, en su mayoría niños y niñas, afrontaban niveles de crisis o emergencia en lo que se refiere a la inseguridad alimentaria, y 144 escuelas y 21 centros de salud se vieron obligados a cerrar debido a la inseguridad.

Una versión modificada del Código Penal, aprobada en julio, establecía que las personas arrendatarias que debieran más de dos meses de alquiler podrían ser condenadas a penas de hasta tres años de prisión. Aproximadamente un tercio de las familias vivían en alojamientos de alquiler, y casi la mitad de la población del país vivía por debajo del umbral de pobreza.

Seguían imponiéndose penas de muerte, tras juicios injustos en tribunales militares, a las personas acusadas de apoyar a Boko Haram. Ninguna de ellas fue ejecutada durante el año. La gran mayoría de los casos fueron juzgados en virtud de una ley antiterrorista aprobada en diciembre de 2014 que adolecía de graves deficiencias.

  1. Right cause, wrong means: Human rights violated and justice denied in Cameroon’s fight against Boko Haram (AFR 17/4260/2016)
República de Camerún
Jefe del Estado: Paul Biya
Jefe del gobierno: Philémon Yang
Ver más contenidos