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Camerún

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

En la región del Extremo Norte, el grupo armado Boko Haram continuaba cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, tales como saquear y destruir propiedades y matar y secuestrar a civiles. En respuesta, las autoridades y las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional tales como detenciones arbitrarias, detenciones en régimen de incomunicación, tortura y muertes bajo custodia. A consecuencia del conflicto, entre 2014 y el final de 2017 alrededor de 240.000 personas de la región del Extremo Norte habían huido de sus hogares. Se seguía restringiendo la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en todo el país. En enero y septiembre, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia manifestaciones en las regiones de habla inglesa. Se detuvo a activistas de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y docentes. Algunas de estas personas fueron enjuiciadas en tribunales militares.

El grupo armado Boko Haram cometió crímenes de derecho internacional y abusos contra los derechos humanos, entre ellos atentados suicidas con explosivos en zonas civiles, ejecuciones sumarias, secuestros, reclutamiento de niños y niñas soldados y saqueos y destrucción de bienes públicos y privados. Durante el año, el grupo perpetró al menos 150 ataques, entre ellos 48 atentados suicidas con explosivos, y mató al menos a 250 civiles. Esos actos formaban parte de un ataque generalizado y sistemático a la población civil en toda la cuenca del lago Chad. Boko Haram atentó deliberadamente contra civiles en mercados, mezquitas, zonas comerciales y otros espacios públicos. El 12 de julio, una atacante suicida detonó explosivos en una concurrida tienda de videojuegos de la localidad de Waza: mató al menos a 16 civiles e hirió a más de 30. El 5 de agosto, un atacante suicida con bomba mató a ocho niños y niñas e hirió a otros cuatro en el pueblo de Ouro Kessoum, cerca de Amchide.

Las fuerzas de seguridad continuaban deteniendo de forma arbitraria a personas acusadas de apoyar a Boko Haram, a menudo sin pruebas o con pruebas muy endebles, y a veces haciendo un uso innecesario o excesivo de la fuerza. Con frecuencia las recluían en condiciones inhumanas, que ponían su vida en peligro. Al menos 101 personas fueron recluidas en régimen de incomunicación entre marzo de 2013 y marzo de 2017 en una serie de bases militares gestionadas por el Batallón de Intervención Rápida (BIR) y en centros gestionados por el servicio de inteligencia. Dichas personas fueron sometidas a tortura y otros malos tratos.1 Estas prácticas habituales y sistemáticas continuaron durante todo el año, aunque se tuvo noticia de que al menos 20 personas habían sido trasladadas desde la base militar del BIR en Salak a la prisión central de Marua a finales de agosto.

Era muy probable que los militares de alto rango de Salak tuviesen conocimiento de la tortura, pero no hicieran nada para impedirla. En la base del BIR en Salak había también presencia habitual de personal militar estadounidense, y se inició una investigación sobre su posible conocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en la base; los resultados de esa investigación no se publicaron durante el año.

No se tuvo noticia de que las autoridades camerunesas hubieran investigado las denuncias de detención en régimen de incomunicación y de tortura y otros malos tratos; tampoco se tomaron medidas para impedir tales prácticas ni se enjuició y castigó a los responsables.

En diciembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su honda preocupación por el uso de la tortura y de la detención en régimen de incomunicación, y criticó el hecho de que las autoridades camerunesas no hubieran aclarado si se estaban llevando a cabo investigaciones.

Se seguía intimidando, hostigando y amenazando a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que había activistas de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas, personas que ejercían la abogacía y docentes.

El 17 de enero, tras unas protestas en las regiones de habla inglesa del país, el ministro de Administración Territorial prohibió las actividades del partido político Consejo Nacional del Camerún Meridional y del Consorcio de la Sociedad Civil Anglohablante de Camerún.2 Ese mismo día, el abogado Nkongho Felix Agbor-Balla, presidente del Consorcio, y el Dr. Fontem Aforteka’a Neba, su secretario general, fueron detenidos tras firmar una declaración en la que pedían protestas no violentas. Ambos fueron recluidos en régimen de incomunicación en la Secretaría de Estado de Defensa y fueron acusados de cargos sin fundamento en virtud de la Ley Antiterrorista de 2014. Fueron trasladados a la prisión central de la capital, Yaundé, y puestos en libertad por decisión presidencial el 30 de agosto junto con otros 53 manifestantes de habla inglesa que habían sido detenidos entre finales de octubre de 2016 y febrero de 2017.

Entre enero y abril, y a principios de octubre, se interrumpieron las conexiones de teléfono e Internet en las regiones anglófonas, sin que hubiera explicación oficial.

El 24 de mayo, las autoridades impidieron a Amnistía Internacional celebrar una conferencia de prensa en Yaundé. El personal de Amnistía Internacional había planeado presentar más de 310.000 cartas y peticiones que instaban al presidente Biya a dejar en libertad a tres estudiantes que cumplían una pena de cárcel de 10 años por compartir un mensaje de texto con una broma sobre Boko Haram. No se proporcionó justificación administrativa por escrito de la prohibición de la conferencia de prensa.

Las fuerzas de seguridad dispararon a más de 20 manifestantes en las regiones de habla inglesa entre el 1 y el 2 de octubre, y detuvieron a más de 500. El temor a ser detenidas obligó a otras personas heridas en las protestas a huir de los hospitales a los que habían acudido a buscar tratamiento para salvar su vida. Además, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos soldados y gendarmes, murieron en ataques perpetrados por insurgentes de las zonas de habla inglesa de las regiones Meridional y Noroccidental durante el año.

Continuaban celebrándose juicios injustos ante tribunales militares, a menudo empañados por irregularidades.

El 10 de abril, el Tribunal Militar de Yaundé condenó al corresponsal de Radio France Internationale Ahmed Abba a 10 años de prisión tras declararlo culpable de “complicidad con actos terroristas y no denuncia de actos terroristas”. El juicio estuvo empañado por irregularidades, entre ellas la negación de revelar documentos a los abogados defensores. Ahmed Abba había sido detenido en Marua en julio de 2015 y torturado durante los tres meses que permaneció recluido en régimen de incomunicación en un centro gestionado por la Dirección General de Investigación Exterior. El 21 de diciembre, la Sala de Apelación del Tribunal Militar de Yaundé ordenó que su condena inicial se redujera a 24 meses, periodo que ya había cumplido. El Tribunal confirmó el cargo de “no denunciar el terrorismo”.

La vista del recurso de apelación de Fomusoh Ivo Feh, detenido en diciembre de 2014 por reenviar un mensaje de texto sarcástico sobre Boko Haram y condenado a 10 años de prisión, no había comenzado al concluir el año. Su inicio, previsto en diciembre de 2016, había sido aplazado al menos siete veces.

El 30 de octubre, los periodistas Rodrigue Tongué, Felix Ebole Bola y Baba Wamé fueron absueltos por el Tribunal Militar de Yaundé, tras haber sido acusados inicialmente en octubre de 2014 de “no denunciar información y fuentes”. Junto a ellos se estaba enjuiciando a Aboubakary Siddiki, líder de un partido político de oposición, y Abdoulaye Harissou, conocido notario detenido desde agosto de 2014. El Tribunal Militar de Yaundé condenó a Aboubakary Siddiki a 25 años de prisión por cargos que incluían hostilidad a la patria, revolución y desacato al presidente. Abdoulaye Harissou fue condenado a tres años de prisión, y posteriormente puesto en libertad porque ya había cumplido su condena. El juicio de ambos estuvo plagado de irregularidades. Durante su periodo inicial de detención, los dos habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación durante más de 40 días en un centro ilegal gestionado por la Dirección General de Investigación Exterior, y habían sido torturados.

Las condiciones penitenciarias continuaban siendo deficientes y se caracterizaban por el hacinamiento permanente, la alimentación inadecuada, la escasa atención médica y los deplorables servicios de higiene y saneamiento. En la prisión de Marua se hallaban recluidas unas 1.500 personas, más del cuádruple de su capacidad prevista. La población reclusa de la prisión central de Yaundé, con capacidad para un máximo de 1.500 personas, era de aproximadamente 4.400. Entre los principales factores que contribuían al hacinamiento se encontraban las detenciones masivas desde 2014 de personas acusadas de apoyar a Boko Haram, el gran número de personas recluidas sin cargos y la ineficacia del sistema judicial. El gobierno finalizó la construcción de al menos 10 celdas nuevas en la prisión de Marua.

Al menos 250.000 personas refugiadas procedentes de República Centroafricana vivían en duras condiciones en campos superpoblados o con familias de acogida en zonas fronterizas del sudeste de Camerún. Unas 60.000 personas refugiadas procedentes de Nigeria vivían en el campo de Minawao, gestionado por la ONU, en la región del Extremo Norte; alrededor de 30.000 personas más luchaban por salir adelante fuera del campo y se enfrentaban a la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos, el hostigamiento de las fuerzas de seguridad y el riesgo de devolución (refoulement), pues se las percibía como partidarias de Boko Haram.

El 2 de marzo, Camerún, Nigeria y el ACNUR, la Agencia de ONU para los Refugiados, firmaron un acuerdo tripartito sobre la repatriación voluntaria de las personas refugiadas nigerianas que vivían en Camerún. No obstante, entre enero y septiembre Camerún devolvió al menos a 4.400 personas nigerianas. Estas devoluciones eran parte de una operación de expulsión más amplia que el país llevaba a cabo. Human Rights Watch calculó que, desde 2015, las autoridades y las fuerzas de seguridad camerunesas habían expulsado de forma sumaria, a menudo haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, a más de 100.000 personas nigerianas que vivían en zonas situadas a lo largo de la frontera entre Camerún y Nigeria. Algunas de las personas devueltas, entre ellas niños y niñas, murieron durante las expulsiones, debilitadas tras vivir durante meses o años con acceso limitado o nulo a alimentos y atención médica.

En diciembre, el ACNUR informó de que había inscrito en registro a más de 5.000 personas camerunesas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que habían huido de las zonas de habla inglesa de Camerún a Nigeria.

El conflicto con Boko Haram dio lugar al desplazamiento interno de alrededor de 240.000 personas en la región del Extremo Norte y agravó las penalidades que padecían las comunidades, al limitar su acceso a los servicios sociales básicos y perturbar el comercio, la agricultura y el pastoreo. En diciembre, casi 3,3 millones de personas, de las que el 61% se encontraban en la región de Extremo Norte, necesitaban ayuda humanitaria, incluidos alimentos y atención médica. El conflicto en curso continuaba restringiendo el acceso humanitario.

Entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017 se cerraron decenas de escuelas en regiones de habla inglesa a raíz de huelgas y boicots convocados por sindicatos y miembros de la sociedad civil. Hubo ataques lanzados por extremistas de grupos secesionistas anglófonos contra centros educativos que “incumplían el boicot”.

Entre enero y septiembre, más de 30 escuelas fueron incendiadas y gravemente dañadas. En la región del Extremo Norte permanecían cerradas a causa de la inseguridad 139 escuelas primarias de los departamentos de Logone y Chari, Mayo Sava y Mayo Tsanaga, y al menos 8 estaban ocupadas por las fuerzas de seguridad, lo que afectaba a casi 40.000 niños y niñas.

Seguían imponiéndose penas de muerte, en juicios sin garantías celebrados ante tribunales militares, a personas acusadas de apoyar a Boko Haram, pero no se ejecutó a ninguna de ellas durante el año. Todos los casos fueron juzgados en virtud de la Ley Antiterrorista de 2014, que adolecía de graves deficiencias.

  1. Cameroon’s secret torture chambers: Human rights violations and war crimes in the fight against Boko Haram (AFR 17/6536/2017)
  2. Cameroon: Arrests and civil society bans risk inflaming tensions in English-speaking regions (comunicado de prensa, 20 de enero)
República de Camerún
Jefe del Estado: Paul Biya
Jefe del gobierno: Philémon Yang
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