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Etiopía

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El gobierno levantó el estado de excepción en junio. En agosto se reanudaron en Oromia las protestas contra los aumentos del impuesto sobre la renta y para pedir la liberación de Beqele Gerba, Merera Gudina y otras personas presas por motivos políticos. En febrero quedaron en libertad 10.000 personas que habían sido detenidas arbitrariamente. Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, juicios injustos y violaciones del derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Las autoridades no aplicaron las reformas que habían prometido para abordar las reivindicaciones planteadas durante las protestas que tuvieron lugar en 2015 y 2016 en Amhara y Oromia. Los manifestantes habían estado protestando contra el desalojo forzoso de tierras sufrido por los campesinos en Oromia en los últimos 20 años, la detención y reclusión arbitrarias de líderes de partidos políticos de oposición, y las graves restricciones del derecho a la libertad de expresión y de asociación. En vez de ello, el gobierno declaró el estado de excepción en octubre de 2016, después de que unas multitudes incendiaran granjas y negocios en Oromia y Amhara a raíz de una estampida durante la ceremonia oromo de acción de gracias (Irrecha) en la que al menos 55 personas habían perdido la vida. Las autoridades etíopes todavía no habían realizado una investigación independiente y digna de crédito sobre la causa de las muertes y el número de personas fallecidas.

Persistieron las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a personas acusadas de terrorismo. Los detenidos se quejaban reiteradamente ante los tribunales de que la policía los sometía a tortura y malos tratos durante los interrogatorios. Aunque en algunos casos los jueces ordenaron a la Comisión Etíope de Derechos Humanos que investigara las denuncias, las investigaciones no cumplían las normas internacionales de derechos humanos. Angaw Tegeny y Agbaw Seteny fueron juzgados en virtud de la Proclamación Antiterrorista de 2009, junto con otras 35 personas, en relación con un incendio en la prisión de Qilinto, situada en las afueras de la capital del país (Addis Abeba). Los dos hombres denunciaron que la policía les había colgado una botella de agua del escroto y les había azotado en las plantas de los pies. Sin embargo, sus denuncias de tortura no se mencionaban en un informe de la Comisión Etíope de Derechos Humanos dirigido al Tribunal Superior Federal.

Continuaron las detenciones arbitrarias en virtud de la declaración del estado de excepción que se levantó en junio. El 2 de febrero, el gobierno ordenó la puesta en libertad de 10.000 de las 26.000 personas detenidas arbitrariamente en 2016 en aplicación de la declaración del estado de excepción.

Se detuvo a cientos de personas en virtud de la Proclamación Antiterrorista, que incluía definiciones excesivamente amplias e imprecisas de actos terroristas punibles con hasta 20 años de prisión. Los detenidos estuvieron recluidos durante más de cuatro meses, el periodo máximo admitido por la legislación relativa a las detenciones en espera de juicio. Por ejemplo, siete artistas oromos estuvieron detenidos durante más de seis meses hasta que, finalmente, la fiscalía presentó cargos contra ellos el 29 de junio.

Cientos de activistas políticos, disidentes y manifestantes pacíficos fueron sometidos a juicios injustos por cargos presentados en virtud de la Ley de Proclamación Antiterrorista. Los juicios se caracterizaron por detenciones preventivas prolongadas, dilaciones indebidas, y denuncias constantes de tortura y otros malos tratos.

Destacados líderes de partidos políticos de oposición, como Merera Gudina y Beqele Gerba —presidente y vicepresidente, respectivamente, del Congreso Federalista Oromo— fueron juzgados en aplicación de la Proclamación Antiterrorista debido a su presunta participación en la organización de la protesta de Oromia que tuvo lugar en noviembre de 2015. El juicio de Beqele Gerba se aplazó numerosas veces. Finalmente, el tribunal desestimó los cargos de terrorismo contra él, pero resolvió que el juicio debía seguir adelante por cargos de provocación y preparación para atentar contra la Constitución o el orden constitucional conforme al Código Penal.

El Tribunal Superior Federal declaró culpables a periodistas, blogueros y otros activistas por cargos de terrorismo, e impuso penas de prisión. Yonatan Tesfaye fue declarado culpable de fomentar el terrorismo en sus publicaciones de Facebook, y condenado a seis años y medio de cárcel. Getachew Shiferaw fue condenado a 18 meses de cárcel por enviar correos electrónicos a líderes de un partido político de oposición prohibido y radicado en el extranjero. El tribunal lo declaró culpable de cargos tales como manifestar aprecio por alguien que, en 2012, había denunciado públicamente al difunto primer ministro Meles Zenawi.

El 11 de marzo, 115 personas perdieron la vida a causa de un desprendimiento de tierras en el vertedero Koshe, el mayor de Etiopía, situado en una zona habitada por cientos de personas en las afueras de Addis Abeba. La mayoría de las víctimas vivían junto al emplazamiento y se ganaban la vida gracias al reciclaje de basura. Las autoridades eran conscientes de que el vertedero estaba saturado, y a la población no le quedaba más remedio que vivir y trabajar allí porque el gobierno no protegía su derecho a una vivienda adecuada y un trabajo digno. Se recaudaron más de 80 millones de birr (unos 3 millones de dólares estadounidenses) para la rehabilitación de las víctimas. Aunque el gobierno municipal gestionaba los fondos, las autoridades no habían proporcionado rehabilitación a las víctimas y sus familias al concluir el año.

La Policía Liyu etíope-somalí, fuerza especial del estado regional de Somali (este de Etiopía), y las milicias etíopes locales ejecutaron extrajudicialmente a cientos de personas de etnia oromo que vivían en la región de Somali. Entre las víctimas mortales había bebés de tan sólo seis meses. Entre septiembre y octubre, la Policía Liyu también desalojó por la fuerza al menos a 50.000 oromos que vivían en la región de Somali. En febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre, la fuerza especial atacó los distritos vecinos de la región de Oromia y obligó a desplazarse a miles de residentes.

Las autoridades no protegieron adecuadamente a la población del estado regional de Gambella frente a los reiterados ataques de miembros armados del grupo étnico murle, radicados en el vecino Sudán del Sur. El 12 de marzo, unos murles armados cruzaron la frontera con Etiopía y secuestraron a 22 niños y niñas de la comunidad anuwa. No se tuvo constancia de que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar la devolución de los menores secuestrados a sus familias.

La policía y el ejército siguieron gozando de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en 2015 y 2016. Durante el año, el gobierno rechazó las peticiones para que se realizaran investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en varios estados regionales en el marco de las protestas. En los contados casos en que la Comisión Etíope de Derechos Humanos realizó investigaciones y determinó que las violaciones de derechos humanos habían tenido lugar, el gobierno no investigó ni llevó ante la justicia a los presuntos autores.

República Democrática Federal de Etiopía
Jefe del Estado: Mulatu Teshome Wirtu
Jefe del gobierno: Hailemariam Desalegn
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