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Madagascar

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La pobreza era generalizada; el acceso a alimentos, agua, atención de la salud y educación eran limitados. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras, y persistía el uso excesivo de la detención en espera de juicio. Se seguía usando el sistema de justicia penal para hostigar e intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, además de para restringir su libertad de expresión, en particular la de quienes trabajaban sobre asuntos relacionados con el medio ambiente y la corrupción.

Continuó durante todo el año, en zonas rurales y urbanas, un brote de peste neumónica de la que se tuvo primera noticia en agosto. De los 2.348 casos comunicados entre el 1 de agosto y el 22 de noviembre, 202 fueron mortales.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza por la policía contra presuntos ladrones de ganado (dahalos) y los ataques de miembros de las fuerzas de seguridad como represalia tras la muerte de dos agentes policiales a manos de vecinos de la localidad de Antsakabary, al norte del país.

El Comité alentó a Madagascar a dotar a la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, a la mayor brevedad posible, de un presupuesto autónomo y suficiente para poder cumplir plenamente su mandato. El Comité recomendó también que el gobierno agilizase el proceso de establecimiento del Consejo Supremo para la Defensa de la Democracia y del Estado de Derecho, cuya misión incluía la promoción y protección de los derechos humanos, y que lo dotase de autonomía financiera.

Persistían las graves deficiencias del sistema de justicia penal, que no garantizaba los procesos con las garantías debidas. Continuó el uso excesivo de la detención previa al juicio, pese a las disposiciones de la Constitución y del Código de Procedimiento Penal que limitaban su uso como medida excepcional por motivos concretos; el 60% de la población reclusa estaba en espera de juicio. No obstante las disposiciones constitucionales que garantizaban el derecho a la defensa en todas las etapas de las actuaciones, para cuyo disfrute la falta de recursos no debía ser un obstáculo, profesionales de la abogacía denunciaron que no se les pagaba su labor de asistencia letrada gratuita, incluida la asistencia a juicios, y que se les impedía cumplir con sus obligaciones. En la práctica, la asistencia letrada gratuita antes del juicio era inexistente.

El gobierno permitió que ONG internacionales y la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos visitaran centros de detención.

En las cárceles presentaban grave hacinamiento, y las condiciones de reclusión eran inhumanas. La alimentación y la atención médica eran inadecuadas. Los aseos y las duchas no funcionaban debidamente, y en algunas prisiones había cloacas abiertas que ponían a la población reclusa en peligro de contraer enfermedades. La mayoría de las prisiones del país llevaban más de 60 años sin someterse a una renovación adecuada. Las infraestructuras se hallaban en estado ruinoso y, en algunos casos, ponían en peligro la vida de la población reclusa. En julio, cuatro internos murieron al derrumbarse un muro en la prisión de Antsohihy, en el norte del país.

Familiares de personas presas denunciaron que se veían obligados a pagar sobornos para visitar a sus allegados, que dependían de sus familias para procurarse alimentos.

En la prisión de Antanimora, en la capital, Antananarivo, había unas 2.850 personas reclusas, cifra que representaba la mayor población reclusa del país y triplicaba la capacidad prevista para esa instalación. El hacinamiento se debía principalmente al gran número de personas detenidas en espera de juicio, la ineficacia del sistema judicial y las prolongadas demoras procesales. En algunos casos, las personas detenidas estaban hasta cinco años recluidas antes de ser llevadas a juicio.

Los presos condenados y los detenidos en espera de juicio estaban recluidos juntos, lo que contravenía las normas internacionales. En julio, la prisión de máxima seguridad de Tsiafahy, cerca de Antananarivo, albergaba a 396 personas detenidas en espera de juicio junto con otras penadas, en condiciones inhumanas, pese a que la Ley Nacional 2006-015 estipulaba que sólo debía albergar a presos que cumplieran condenas de cadena perpetua o que fueran considerados peligrosos. La obligación de separar a los menores de edad de los adultos no se respetaba en todas las prisiones.

Se reprimieron protestas pacíficas. Varias organizaciones de la sociedad civil afirmaron que las autoridades habían prohibido protestas por considerar que podían entrañar un “alto riesgo de desórdenes públicos”. En junio, los movimientos de la sociedad civil Wake-Up Madagascar (Despierta Madagascar) y Observatorio de la vida pública (SEFAFI, por sus siglas en malgache), que trabajaban para mejorar los procesos democráticos en el país, criticaron la prohibición de celebrar protestas públicas durante un mes que, según el gobierno, era necesaria para proteger el orden público durante las celebraciones del Día Nacional el 26 de junio.

En julio, la policía impidió una protesta que el Movimiento por la Libertad de Expresión tenía previsto llevar a cabo para conmemorar el primer aniversario de la aprobación de la ley sobre el Código de Medios de Comunicación, que imponía cuantiosas multas por delitos como desacato, difamación o insultos dirigidos contra funcionarios públicos.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que se oponían a proyectos de explotación de recursos naturales o denunciaban corrupción de funcionarios públicos estaban especialmente expuestos a sufrir hostigamiento, detención por cargos falsos y otros abusos en el marco del sistema de justicia penal. En junio, después de 10 meses de detención en espera de juicio acusado de organizar una protesta que degeneró en violencia, el activista medioambiental Clovis Razafimalala fue excarcelado de la prisión de Tamatave. En julio, el tribunal de Tamatave le impuso una condena condicional de cinco años de prisión.1 El 27 de septiembre, el activista medioambiental Raleva fue detenido en la comisaría de policía de Mananjary, en el sudeste del país, tras haber cuestionado la legalidad de una empresa minera china en la región.2 Posteriormente fue trasladado a la prisión de esa localidad. El 26 de octubre, el tribunal de Mananjary lo declaró culpable de utilizar el título falso de “jefe de distrito” y le impuso una condena condicional de dos años.

El aborto continuaba penalizado en todos los casos en virtud del artículo 317 del Código Penal. Toda persona que practicara o intentara practicar un aborto se exponía a una cuantiosa multa y a una pena de hasta 10 años de cárcel. Además de la prisión y la multa, el personal médico que facilitara información sobre la obtención de un aborto se exponía a la suspensión del ejercicio de su profesión por periodos que oscilaban entre los cinco años y de por vida. Las mujeres que se sometían o intentaban someterse a un aborto también se exponían a una cuantiosa multa y a una pena de hasta dos años de cárcel. Durante el año, varias mujeres fueron encarceladas por delitos relacionados con el aborto.

En julio, el gobierno afirmó que estaba trabajando en un proyecto de ley que tipificaría el aborto como infracción menor.

También en julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el cuarto informe periódico de Madagascar. El Comité pidió la despenalización del aborto y la introducción de medidas para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva.

  1. Madagascar: A Damocles sword on environmental activist’s head (AFR 35/6841/2017)
  2. Madagascar: Defensor de los derechos medioambientales, acusado falsamente (AFR 35/7248/2017)
Mapa de Madagascar
República de Madagascar
Jefe del Estado: Hery Rajaonarimampianina
Jefe del gobierno: Olivier Mahafaly Solonandrasana