Namibia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Se seguía negando a los pueblos indígenas justicia restaurativa por el genocidio cometido durante el dominio colonial de Alemania. Las sequías relacionadas con el cambio climático agravaron las privaciones, al tiempo que las autoridades retiraban las ayudas para paliar los efectos de la sequía. Los índices de violencia de género seguían siendo elevados y se restringían los derechos reproductivos. Una nueva ley establecía duras penas de prisión para quienes oficiaran uniones entre personas del mismo sexo. Se redujo el acceso a servicios de salud esenciales para las personas LGBTIQ+ y otros grupos.

Derechos de los pueblos indígenas

El 28 de mayo, Namibia celebró su primer Día de Conmemoración del Genocidio, que recordó la masacre de los pueblos Ovaherero y Nama cometida por las fuerzas coloniales alemanas entre 1904 y 1908. Pese a las conversaciones en curso entre los gobiernos de Namibia y Alemania, este último país siguió negando su obligación legal de indemnizar a los descendientes de los pueblos Nama y Ovaherero por los crímenes cometidos durante el periodo colonial. Se estimaba que se había dado muerte al 80% de la población ovaherero y el 50% de la población nama, y las mujeres y las niñas eran sometidas sistemáticamente a violencia sexual, incluida la violación. Los cráneos de las personas que morían en los campos penitenciarios coloniales alemanes se enviaban a universidades y museos de Alemania para llevar a cabo investigaciones pseudocientíficas racistas. Las comunidades descendientes seguían siendo una minoría en Namibia, por lo que carecían de representación política y tenían pocas oportunidades de ejercer influencia en esa esfera. No contaban con una participación significativa y efectiva en las negociaciones sobre reparaciones, ni se les habían otorgado reparaciones ni devuelto la mayoría de los restos ancestrales y objetos culturales sustraídos por Alemania durante el genocidio.¹

Derecho a un medioambiente saludable

Desde 2024, las graves condiciones de sequía atribuidas al cambio climático continuaron afectando a extensas zonas de Namibia, lo que repercutió negativamente en la producción agrícola y los medios de vida rurales. Pese a ello, las autoridades pusieron fin al programa de ayuda contra la sequía que había proporcionado asistencia alimentaria, apoyo a la ganadería e incentivos para la comercialización a aproximadamente 1,4 millones de personas en 384.935 hogares.

El gobierno no incorporó evaluaciones de las necesidades de adaptación, ni de las pérdidas y daños sufridos por las comunidades desplazadas internamente o a través de las fronteras debido a la prolongada sequía, a las estrategias climáticas de Namibia ni a las comunicaciones presentadas en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Las autoridades continuaron expulsando a cientos de personas de nacionalidad angoleña que huían de la grave sequía en el sur de Angola, lo que suscitó preocupación por la devolución y la ausencia de garantías humanitarias.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Según estimaciones de las autoridades, cada mes se denunciaban al menos 400 casos de violencia de género.

Seguían en vigor leyes que restringían los derechos sexuales y reproductivos, al prohibir el aborto salvo en determinadas condiciones, como en los casos en que el embarazo era consecuencia de una violación o incesto o ponía en peligro la vida de la madre. La ley exigía que el procedimiento, que sólo se permitía en centros controlados por el Estado, fuera certificado por dos profesionales médicos.

Una mujer fue procesada tras ser detenida en Walvis Bay por presunta posesión de píldoras abortivas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Seguía pendiente ante el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por el gobierno contra una sentencia de 2024 dictada por el Tribunal Superior que consideraba inconstitucional y discriminatoria la legislación que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo.

La Ley del Matrimonio de diciembre de 2024 definía el matrimonio como la unión entre dos personas de sexo opuesto. En virtud de esta ley, las personas que oficiaran uniones entre personas del mismo sexo se enfrentaban a penas de hasta dos años de prisión.

Las autoridades no hicieron frente a los numerosos discursos de odio y al acoso en línea dirigidos contra personas LGBTIQ+.

Derecho a la salud

Las personas transgénero, las que ejercían el trabajo sexual o las que vivían con el VIH sufrían prejuicios y exclusión de los servicios públicos. Al mismo tiempo, la reducción de la financiación proporcionada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) afectó a los programas de salud, incluidas las clínicas móviles y comunitarias para el tratamiento del VIH.