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Mauritania

Mauritania 2019

Las autoridades de Mauritania continuaron restringiendo los derechos humanos. Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, blogueros y blogueras, y activistas de la esfera política a intimidación, acoso, y detención y reclusión arbitrarias, con especial intensidad en torno a las elecciones presidenciales de junio. Se bloqueó el acceso a Internet. La policía hizo uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente. Persistían con impunidad la esclavitud y las prácticas discriminatorias.

Información general

El ministro del Interior y de Descentralización emitió un decreto el 6 de marzo que disolvía 76 partidos políticos porque no habían conseguido el 1% de los votos durante las dos últimas elecciones municipales o porque no habían participado en ellas por segunda vez. El 22 de junio se celebraron elecciones presidenciales.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades mauritanas continuaron acallando las voces disidentes.

Los blogueros Cheikh Ould Jiddou y Abderrahmane Weddady, que habían criticado en Facebook la presunta corrupción del gobierno, fueron detenidos el 22 de marzo por acusación maliciosa y recluidos en la prisión central de Nuakchot. El 3 de junio fueron puestos en libertad bajo fianza, y el 29 de junio un juez retiró todos los cargos contra ellos.

El 23 de junio, al día siguiente de las elecciones presidenciales, se bloqueó el acceso a Internet tras declarar su victoria el candidato del partido gobernante, Mohamed Ould Ghazouani Mientras se reprimían las manifestaciones, el bloqueo de Internet impidió a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición acceder libremente a la información e intercambiarla. La conexión a Internet se restableció el 3 de julio.

Durante los días posteriores a los comicios presidenciales se detuvo arbitrariamente a varios periodistas, personalidades de la oposición y activistas de la sociedad civil. Entre ellos figuraban: Samba Thiam, líder de las Fuerzas Progresistas por el Cambio, detenido el 24 de junio y puesto en libertad el 3 de julio; Cheikhna Mohamed Lemine Cheikh, responsable de campañas de la Coalición Sawab/Iniciativa de Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Ksar, detenido el 24 de junio y puesto en libertad el 2 de julio; Yahya Sy, del grupo de derechos humanos COVISSIM, detenido el 3 de julio, que quedó en libertad sin cargos seis días después; Moussa Seydi Camara, periodista, detenido el 26 de junio, acusado de cuestionar los resultados electorales y puesto en libertad el 3 de julio, y Ahmedou Ould Wediaa, activista contra la esclavitud, periodista y miembro del partido de oposición Tawassoul, detenido el 3 de julio tras unas declaraciones contra la detención masiva de extranjeros a quienes las autoridades culpaban de las protestas relacionadas con las elecciones y puesto en libertad el 15 de julio. Asimismo, a finales de junio fueron detenidos 10 activistas de Iniciativa de Resurgimiento del Movimiento Abolicionista. Cuatro de ellos fueron condenados a tres meses de prisión y todos quedaron en libertad en noviembre.

Las autoridades también prohibieron las manifestaciones de la oposición previstas para el 27 de junio para cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales del 22 de junio.

En octubre, la policía empleó fuerza excesiva para dispersar protestas estudiantiles pacíficas contra una decisión del gobierno adoptada en 2018 que limitaba las matrículas universitarias. Decenas de estudiantes resultaron heridos. La limitación se eliminó el 6 de noviembre. Las fuerzas de seguridad dispersaron a menudo con violencia las manifestaciones organizadas durante el año por un grupo de víctimas de presuntas estafas inmobiliarias.

El bloguero y preso de conciencia Mohamed Mkhaïtir, que había sido detenido en 2014 por publicar un blog donde denunciaba la discriminación ejercida en nombre de la religión y debía haber quedado en libertad en noviembre de 2017 tras el fallo de un tribunal de apelación, fue puesto en libertad el 29 de julio después de pasar más de cinco años recluido arbitrariamente por las autoridades en un lugar no revelado, con acceso limitado a su familia y sin poder comunicarse con sus abogados.

Libertad de asociación

Las autoridades mauritanas continuaban vulnerando el derecho a la libertad de reunión.

A una delegación de Amnistía Internacional se le negó el acceso al país el 17 de marzo de 2019, a su llegada al aeropuerto internacional de Nouakchott–Oumtounsy.

El 3 de abril, cuatro policías informaron a los líderes de la asociación Main dans la Main (Mano a Mano) de que tenían que cerrar sus instalaciones en Nuakchot. Esta asociación, que promovía los valores de fraternidad, justicia y diversidad, se creó en 2006 y tenía autorización oficial para trabajar en Mauritania.

Homicidios ilegítimos

El 16 de marzo, un miembro del contingente mauritano de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel mató a un civil en Nbeiket el Ahouach, cerca de la frontera con Malí. Las autoridades mauritanas abrieron una investigación.

Esclavitud y discriminación

Persistían con impunidad la esclavitud y las prácticas discriminatorias.

Profesionales del ámbito académico, ONG y defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron expresando preocupación por la persistencia de la esclavitud en Mauritania. En sus observaciones finales sobre el informe de Mauritania, aprobado en agosto de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la persistencia de situaciones de esclavitud y por las dificultades que afrontaban las víctimas a la hora de presentar denuncias para hacer efectivos sus derechos. A fecha de 1 de enero de 2019, Estados Unidos había rescindido su acuerdo comercial con Mauritania como consecuencia de las prácticas de trabajo forzoso y de las represalias contra activistas que se oponían a la esclavitud.

El 22 de noviembre, el Tribunal Especial de Nema, localidad próxima a la frontera con Malí, declaró culpables de esclavismo a tres personas y les impuso una condena condicional de 5 años, una pena de 10 años de prisión y una pena de 15 años de prisión, respectivamente. Las tres recurrieron las sentencias y al terminar el año seguían en libertad.

El Comité de Derechos Humanos expresó también su preocupación por la persistencia de “la marginación de los haratin y los negroafricanos [...] en particular en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención de la salud y los servicios sociales, así como a la tierra y los recursos naturales”. Manifestó además preocupación por las disposiciones jurídicas que discriminaban a las mujeres y a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. El artículo 308 del Código Penal tipificaba como delito los “actos antinaturales” y los penaba con la muerte.

Impunidad

El 28 de noviembre, Mauritania celebró el Día de la Independencia, pero también conmemoró el 30 aniversario del “passif humanitaire”, periodo de tres años iniciado en 1989 y durante el cual las personas negroafricanas fueron víctimas de tortura, reclusión arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y expulsión masiva. Persistía la impunidad de los autores de estos graves abusos y violaciones de derechos humanos, ya que las autoridades no habían derogado la ley de 1993 que concedía amnistía a los presuntos responsables.

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