Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Mauritània

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se intimidaba, atacaba y enjuiciaba por sus actividades pacíficas a defensores y defensoras de los derechos humanos, blogueros y blogueras, activistas contra la esclavitud y otras personas que se oponían al gobierno. Se restringía la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se negaba la entrada en el país a activistas de los derechos humanos. La tortura y otros malos tratos bajo custodia eran habituales. La población harratín y afromauritana sufría discriminación sistemática. Persistían las prácticas esclavistas.

En marzo, el Senado rechazó una propuesta de reforma de la Constitución de 1991. Las autoridades convocaron para agosto un referéndum en el que la mayoría de los votantes aprobó la supresión del Senado.

Las fuerzas de seguridad seguían intimidando y atacando a blogueros y blogueras, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que criticaban al gobierno.

Se detenía a activistas contra la esclavitud, entre los que había presos de conciencia. Abdallahi Abdou Diop quedó en libertad en enero tras cumplir una condena de seis meses de prisión. Abdallahi Maatalla Seck y Moussa Biram continuaban en la prisión de Bir Moghrein, a más de 1.000 kilómetros de sus domicilios, desde julio de 2016. Estos tres presos de conciencia habían sido declarados culpables de participar en una reunión no autorizada y pertenecer a una asociación no autorizada, entre otros cargos.

En abril, las fuerzas de seguridad reprimieron con gas lacrimógeno y porras una protesta pacífica organizada en la capital, Nuakchot, por grupos de jóvenes que reclamaban políticas que abordasen el desempleo juvenil y apoyasen a las personas jóvenes. Se detuvo al menos a 26 personas. La mayoría quedaron en libertad el mismo día, pero 10 permanecieron 4 días bajo custodia, acusadas formalmente de participar en una reunión no autorizada. El tribunal de Nuakchot impuso a una mujer una condena condicional de tres meses de prisión, que fue revocada en apelación. Los demás detenidos fueron absueltos.

El 23 de abril, la policía detuvo a 7 personas, de las que 4 eran extranjeras y 2 menores de edad, en relación con su asistencia a una ceremonia religiosa en Nuakchot. Una de ellas quedó en libertad sin cargos al cabo de 3 días, mientras que las demás fueron acusadas formalmente de pertenecer a una organización no autorizada y puestas en libertad 6 días después.

Antes del referéndum de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por la aparente represión de la disidencia por las autoridades y por las denuncias de uso de fuerza excesiva contra los líderes de las protestas.

Cinco días después del referéndum, el senador Mohamed Ould Ghadda, que se oponía a la votación, fue detenido y acusado formalmente de corrupción. Al terminar el año continuaba detenido sin juicio. Tres semanas más tarde, 12 senadores y 4 periodistas fueron interrogados por un juez en relación con denuncias de haber recibido apoyo económico de un empresario. Se les impuso la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría mientras la policía investigaba las denuncias.

En noviembre, el Tribunal de Apelación de Nuadibú conmutó la condena a muerte impuesta al bloguero Mohamed Mkhaïtir por una pena de dos años de prisión. Había sido declarado culpable de apostasía en diciembre de 2014 por escribir un blog en el que criticaba a quienes utilizaban el islam para fomentar la discriminación de los mulamines (herreros), y estaba encarcelado desde enero de 2014. Aunque su excarcelación estaba prevista para el final del año, continuaba bajo custodia; sus familiares y abogados no habían podido visitarlo ni confirmar su paradero.

En noviembre, 15 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos en la localidad meridional de Kaédi por unos hombres sin uniformar que se identificaron como miembros del Batallón para la Seguridad Presidencial. Habían estado distribuyendo panfletos y exhibiendo pancartas en los que pedían justicia para sus familiares que habían sido víctima de homicidio ilegítimo entre 1989 y 1991. Los llevaron a una base militar y los interrogaron sobre sus actividades. Diez de ellos quedaron en libertad ese mismo día y los otros cinco fueron trasladados a una comisaría de policía y recluidos allí durante seis días, sin acceso a asistencia letrada, antes de quedar en libertad sin cargos.

No se permitió el acceso a Mauritania de activistas de derechos humanos y ONG internacionales durante todo el año. En mayo se ordenó salir del país a una abogada y una periodista extranjeras que investigaban sobre la esclavitud. En septiembre se denegaron los visados de entrada en el país a activistas estadounidenses contra la esclavitud a su llegada al Aeropuerto Internacional de Nuakchot. En noviembre, las autoridades no permitieron acceder al país a una delegación de Amnistía Internacional.

Varios hombres detenidos denunciaron haber sido torturados bajo custodia en espera de juicio con el fin de extraerles confesiones e intimidarlos. A las personas detenidas en comisarías de policía, incluida la Comisaría de Nuakchot, se las solía recluir durante periodos prolongados en régimen de aislamiento, tipo de detención condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por constituir una violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En su informe de marzo, el relator especial de la ONU sobre la tortura reconoció que, aunque la tortura y otros malos tratos no eran ya “endémicos” en Mauritania, su práctica era frecuente. El relator especial expresó preocupación por la persistencia de la “cultura de la tortura” en unidades policiales y de la gendarmería, y por la continuidad del uso de la tortura para extraer confesiones. Señaló que la práctica de mantener detenidos a presuntos terroristas durante un periodo de hasta 45 días sin acceso a asistencia letrada era excesiva; que los mecanismos de supervisión para la investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos carecían de la diligencia debida y adolecían de lentitud; que las leyes y salvaguardias existentes debían ampliarse y aplicarse, y que no se observaban mejoras significativas en las condiciones de reclusión, como el hacinamiento, las deficiencias en cuanto a saneamiento y la alimentación inadecuada.

En su informe de marzo, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos concluyó que, pese a los significativos avances logrados en los últimos años por el gobierno en la mitigación de la pobreza, una gran parte de la población seguía inmersa en ella, sin acceso a un nivel suficiente de alimentación, educación, agua, saneamiento y atención de la salud. Subrayó que, pese a las obligaciones contraídas por Mauritania en virtud de los tratados Internacionales de derechos humanos, se observaba una ausencia total de atención prenatal y posnatal en las zonas rurales. También puso de relieve que las personas harratines y afromauritanas, que constituían aproximadamente dos tercios de la población, estaban excluidas de muchas áreas de la vida económica y social. Además, el hecho de que el gobierno no hubiera elaborado estadísticas sobre el número de personas harratines y afromauritanas en el país servía para hacer invisibles sus necesidades y derechos.

En su informe de marzo, el relator especial de la ONU sobre la tortura expresó preocupación por la expulsión colectiva de personas migrantes y refugiadas en situación irregular, a quienes a menudo se abandonaba en la frontera meridional con Senegal, contraviniendo el principio de no devolución (non-refoulement). Durante una visita a un emplazamiento donde se recluía a migrantes en situación irregular en Nuakchot, el relator especial afirmó que las 20 o 30 personas allí detenidas no tenían aseos y carecían de espacio suficiente para acostarse o incluso para sentarse para dormir.

República Islámica de Mauritania
Jefe del Estado: Mohamed Ould Abdel Aziz
Jefe del gobierno: Yahya Ould Hademine