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Sudán 2019

El año estuvo marcado por una crisis económica cada vez más profunda y por el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad sudanesas contra personas que se manifestaban pacíficamente, lo que causó la muerte de al menos 177 personas y heridas a miles más. Las fuerzas de seguridad emplearon fuego real contra personas que se manifestaban, las golpearon en la calle y en los hospitales y detuvieron arbitrariamente a miles, que corrieron peligro de sufrir torturas y otros malos tratos bajo custodia. En la mayoría de los casos, al final del año las investigaciones sobre estas violaciones de derechos humanos no habían avanzado. Las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas con ellas continuaron cometiendo con total impunidad crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos en Darfur.

Información general

La agitación política, que en diciembre de 2018 había llevado al pueblo de Sudán a las calles para expresar su indignación por el aumento del coste de la vida y por la erosión de las libertades políticas, cobró impulso rápidamente. En abril, las protestas dieron lugar a un golpe de Estado militar que derrocó al gobierno del Partido del Congreso Nacional, y el presidente Al Bashir y otros destacados dirigentes del partido fueron detenidos. El 17 de agosto de 2019, tras prolongadas negociaciones entre el ejército y una coalición de grupos de oposición, se firmó la Declaración Constitucional. Contenía una nueva Carta de Derechos que reforzaba la protección de los derechos humanos. El 21 de agosto se disolvió el Consejo Militar de Transición y se designaron un nuevo Consejo Soberano y un primer ministro. En septiembre se formó un nuevo Consejo de Ministros.

Uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegítimos

El año estuvo marcado por los constantes ataques brutales de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas, que eran continuación de las protestas multitudinarias iniciadas en diciembre de 2018 como respuesta a la crisis económica y política y a la violación sistemática de una amplia variedad de derechos humanos. En abril, cuando el presidente Al Bashir fue derrocado, el uso excesivo de la fuerza y el empleo de medios letales se habían saldado con la muerte de 77 civiles y cientos de personas heridas. En los meses previos, agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional cometieron homicidios ilegítimos, principalmente al hacer uso de munición real para dispersar a personas que se manifestaban. Además, centenares de ellas fueron golpeadas, arrestadas arbitrariamente y detenidas, y quedaron expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos para reprimir su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

En Jartum, la capital, y en otros lugares, las fuerzas de seguridad a menudo atacaron zonas residenciales e irrumpieron en viviendas y hospitales. En un incidente ocurrido el 9 de enero, varios agentes de seguridad entraron en un hospital, disparando munición real y proyectiles de gas lacrimógeno, para buscar a personas a las que se estuviera atendiendo por heridas de bala sufridas durante las protestas que habían tenido lugar ese día en Omdurman, a las afueras de Jartum. Los agentes abrieron fuego en el patio del hospital y entraron en la zona de urgencias y en las dependencias médicas, golpeando a pacientes y personal médico. Ese día, al menos tres personas habían muerto por disparos en las protestas, y ocho habían sido hospitalizadas por heridas de bala en la cabeza, el pecho, el estómago y las piernas.

El 24 de febrero, las fuerzas de seguridad emplearon fuego real y gas lacrimógeno contra manifestantes en el estado de Jartum, hiriendo al menos a tres personas. Otro grupo de agentes entró por la fuerza en el campus de la Universidad de Ciencias Médicas y Tecnología de Jartum, donde el alumnado protestaba pacíficamente. Dispararon proyectiles de gas lacrimógeno en las aulas y golpearon y detuvieron a decenas de estudiantes.

Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva contra manifestantes tras el derrocamiento del presidente Al Bashir en abril. En junio, más de 100 manifestantes murieron durante tres días de ataques encabezados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), unidad militar especial aliada con el antiguo gobierno.[1] El 3 de junio, en un incidente especialmente brutal, las RSF y otras fuerzas de seguridad atacaron un campamento pacífico de protesta en el estado de Jartum.[2] Llegaron allí en vehículos sin placas de matrícula, que transportaban a cientos de soldados fuertemente armados, y dispararon munición real y proyectiles de gas lacrimógeno, golpearon a personas que participaban en la protesta, prendieron fuego a las tiendas de campaña y cometieron terribles actos de violencia sexual. Al menos 100 personas murieron, 700 precisaron atención médica y se persiguió en los hospitales de la zona a las personas heridas. Las fuerzas de seguridad trataron de ocultar sus crímenes hundiendo los cadáveres de las víctimas en el Nilo con ladrillos.[3]

Falta de rendición de cuentas

Desde diciembre de 2018, sólo se había llevado a juicio un caso relacionado con las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra manifestantes, mientras que otros seguían en fase de investigación. En octubre, el primer ministro del gobierno de transición formó una comisión nacional de investigación independiente que, según dijo, iba a llevar a cabo investigaciones transparentes y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas el 3 de junio. Estaba previsto que la comisión publicara sus informes y conclusiones al cabo de tres meses. No obstante, el plazo se amplió. Mientras tanto, aproximadamente 40 miembros de las fuerzas de seguridad fueron enjuiciados por la muerte de Ahmed El Khair, profesor de 40 años, fallecido el 1 de febrero a consecuencia de la tortura sufrida bajo custodia. El 30 de diciembre de 2019, un tribunal de Jartum condenó a muerte a 29 de los agentes de seguridad acusados.

Las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto de Darfur seguían impunes. No se inició ninguna investigación sobre los crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el año o bajo el régimen anterior. Las autoridades sudanesas también continuaron negándose a entregar a la Corte Penal Internacional a sospechosos sobre los que pesaban órdenes de detención por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

Durante los primeros cuatro meses del año, las autoridades restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. El 22 de febrero, el gobierno impuso un estado de excepción, en el marco del cual, tres días después, se dictaron cinco decretos presidenciales que concedían amplios poderes a las fuerzas de seguridad y restringían el derecho a la libertad, a la seguridad personal y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.[4] A ello siguió el despliegue en las calles de un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad, incluido el ejército.

Tras el derrocamiento del gobierno del presidente Al Bashir en abril, se puso en libertad a miles de personas que habían sido detenidas por participar en manifestaciones pacíficas a principios de 2019, muchas de las cuales habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia. Al terminar el año, al menos 23 destacados miembros del Partido del Congreso Nacional detenidos en abril permanecían recluidos. No habían sido acusados formalmente de ningún delito reconocible. En junio, la Asociación de Profesionales de Sudán, que había organizado manifestaciones, alertó sobre un posible ataque de las fuerzas de seguridad contra un campamento de protesta instalado ante el cuartel general del ejército en Jartum desde el 6 de abril. El 3 de junio, las RSF y otras fuerzas de seguridad atacaron el campamento con armas de fuego y gas lacrimógeno. Cientos de personas fueron detenidas y, aunque muchas fueron puestas en libertad, un número indeterminado de ellas siguió en paradero desconocido. Posteriormente, el Consejo Militar Transitorio emitió una declaración para comunicar que en el campamento de protesta se habían infiltrado “elementos incontrolables” y que se había convertido por ello en un foco de criminalidad y un peligro para las propias personas acampadas. Ese mismo día, el Consejo escribió a las representaciones diplomáticas para pedirles que no se acercaran allí.

Entre el 3 de junio y el 9 de julio, el gobierno bloqueó el acceso a Internet, en un intento calculado de reprimir toda disidencia e impedir que activistas de derechos humanos informaran sobre los ataques contra manifestantes.

Conflicto armado

Darfur

Pese a la disminución de la violencia en algunas partes de Darfur, el conflicto proseguía en la zona de Jebel Marra, donde el Ejército de Liberación de Sudán – Facción Abdel Wahid (SLA-AW) luchaba contra el Ejército de Sudán y las RSF. Las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra los derechos humanos, como homicidios, violencia sexual, saqueos sistemáticos y desplazamiento forzado.

Los nuevos datos recogidos por satélite y testimonios que surgieron durante el año confirmaban que las fuerzas gubernamentales, incluidas las RSF y las milicias afines, habían dañado o destruido al menos 45 pueblos en Jebel Marra entre julio de 2018 y febrero de 2019. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) calculaba que, durante ese periodo, en el campo para personas desplazadas instalado en Otash se habían producido 6.000 nuevas llegadas, con lo que la cifra total de personas desplazadas del este de Jebel Marra acogidas allí era de aproximadamente 10.300 a fecha de 26 de mayo. Según la OCAH, alrededor de dos millones de personas se habían visto desplazadas por la violencia en todo Darfur, muchas de las cuales estaban refugiadas en el vecino Chad.

Kordofán del Sur y Nilo Azul

Se mantuvo el alto el fuego entre el gobierno y el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N) en Kordofán del Sur y Nilo Azul. La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna declaró que la situación humanitaria en las zonas controladas por el SPLM-N había alcanzado un punto crítico en materia de inseguridad alimentaria, exacerbada por las deficientes condiciones microeconómicas imperantes en todo el país, que desde 2011 afectaban a 1,2 millones de habitantes de esas zonas. Al finalizar 2019, el gobierno accedió a permitir la entrada de ayuda humanitaria a los territorios controlados por el SPLM-N en Kordofán del Sur y Nilo Azul.


[1] Sudán: Las Fuerzas de Apoyo Rápido deben retirarse de inmediato de las calles de Jartum (noticia, junio de 2019)

[2] Sudán: La comunidad internacional debe sancionar a las autoridades de transición (noticia, junio de 2019)

[3] Sudán: La creciente violencia pide una respuesta internacional urgente (noticia, junio de 2019)

[4] Sudan: State of emergency intensifies brutal government crackdown on protests (noticia, febrero de 2019)

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