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Sudán

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las autoridades se negaban a ejecutar órdenes de arresto dictadas por la Corte Penal Internacional. La situación humanitaria y de seguridad en los estados de Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur seguía siendo desesperada, y las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos eran generalizadas. Los indicios apuntaban al uso de armas químicas en Darfur por parte de las fuerzas gubernamentales. Se restringía de forma arbitraria el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y se sometió a detractores y a presuntos opositores del gobierno a detención y reclusión arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades al dispersar concentraciones causó numerosas víctimas.

Continuaban los conflictos armados de Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur y causaban víctimas civiles, así como alteraciones y penalidades generalizadas.

En marzo, el Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana Encargado de la Aplicación de las Recomendaciones para el Sudán propuso un Acuerdo de Hoja de Ruta para la paz y el diálogo con objeto de poner fin a los conflictos. En el Acuerdo, las partes se comprometían a poner fin a los conflictos de Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur, y a garantizar que toda la población de esas zonas tuviera acceso a ayuda humanitaria. También se comprometían a emprender un proceso de diálogo nacional integrador. El gobierno firmó el Acuerdo en marzo pero, al principio, los grupos de la oposición se negaron a firmar.

El 8 de agosto, cuatro grupos de la oposición firmaron el Acuerdo: el Partido Nacional Umma, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, el Movimiento Justicia e Igualdad y la facción de Minni Minnawi del Movimiento de Liberación de Sudán. Al día siguiente se reanudaron las negociaciones en Addis Abeba (Etiopía) en dos frentes: ‏una, entre el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte y el gobierno; otra, sobre el cese de hostilidades y el acceso a la asistencia humanitaria en Darfur. Sin embargo, el 14 de agosto se rompieron las conversaciones entre el gobierno y los grupos armados de oposición Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, Movimiento Justicia e Igualdad y la facción de Minni Minnawi del Movimiento de Liberación de Sudán. El Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana anunció la suspensión indefinida de las conversaciones de paz. Cada parte culpó a la otra del fracaso de las conversaciones.

Cuando el historial de derechos humanos de Sudán se sometió al examen periódico universal de la ONU en mayo, el gobierno del país aceptó varias recomendaciones, entre ellas la ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura y realizar esfuerzos para prevenir la tortura y el trato degradante. Sin embargo, rechazó las recomendaciones para eliminar las disposiciones relativas a la impunidad de la Ley de Seguridad Nacional de 2010 y garantizar la investigación independiente y el enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS, por sus siglas en inglés), las fuerzas armadas y la policía.1

En enero, el Parlamento aprobó una reforma que elevaba la pena máxima por disturbios de dos a cinco años de prisión.

Las autoridades seguían negándose a ejecutar cinco órdenes de arresto dictadas por la Corte Penal Internacional contra ciudadanos sudaneses, entre las que figuraban dos órdenes contra el presidente Omar al Bashir por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en Darfur.

Darfur

Cuando el conflicto armado entraba en su decimotercer año, la situación humanitaria y de seguridad de Darfur en 2016 seguía siendo desesperada.

En enero, las fuerzas del gobierno emprendieron una campaña militar en gran escala en la zona de Jebel Marra, en Darfur. Se lanzaron ataques selectivos y coordinados por tierra y aire contra varios lugares de todo Jebel Marra hasta el mes de mayo. A partir de entonces, las lluvias estacionales se intensificaron e hicieron impracticables los ataques por tierra en casi toda la zona, pero las operaciones aéreas continuaron hasta mediados de septiembre.

Se documentó una gran cantidad de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas gubernamentales sudanesas, como bombardeos contra civiles y bienes de carácter civil, el homicidio ilegítimo de hombres, mujeres, niños y niñas, el secuestro y la violación de mujeres, el desplazamiento forzado de civiles y el saqueo y la destrucción de bienes civiles, incluida la destrucción de poblaciones enteras.

También se documentaron indicios que sugerían que las fuerzas del gobierno sudanés habían usado repetidamente armas químicas durante los ataques de Jebel Marra.2 Las imágenes captadas por satélite, más de 200 entrevistas en profundidad con supervivientes y el análisis pericial de decenas de imágenes de lesiones indicaban que entre enero y septiembre de 2016 se habían producido al menos 30 probables ataques químicos en Jebel Marra. Se calculaba que entre 200 y 250 personas, muchas de ellas —o la mayoría— niños y niñas, podrían haber muerto por exposición a agentes de armas químicas. La mayoría de quienes sobrevivieron a los presuntos ataques con armas químicas no tuvieron acceso a una asistencia médica adecuada.

Kordofán del Sur y Nilo Azul

El 24 de abril, el Frente Revolucionario de Sudán —coalición formada por cuatro grupos armados de oposición— anunció un alto el fuego unilateral de seis meses de duración, que prolongaba el anterior alto el fuego proclamado en octubre de 2015. El 17 de junio, el presidente Al Bashir declaró un cese unilateral de hostilidades de cuatro meses de duración en Nilo Azul y Kordofán del Sur. En octubre, el presidente prolongó el cese de hostilidades en estas zonas hasta el final del año.

A pesar de haberse declarado el cese de hostilidades, las fuerzas gubernamentales y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte se enfrentaron en ataques militares esporádicos en zonas controladas por el Ejército de Liberación Popular de Sudán-Norte. El conflicto armado se caracterizó por los ataques aéreos y terrestres realizados por las fuerzas del gobierno, muchos de ellos dirigidos contra bienes de carácter civil —es decir, bienes que no son objetivos militares—, así como la negación del acceso de la población civil a la asistencia humanitaria.3

Se sometió a activistas de la sociedad civil a detenciones arbitrarias y a restricciones arbitrarias de sus actividades.

El 28 de enero, el NISS suspendió un seminario en el club Al Mahas de la capital, Jartum, organizado por un comité que se oponía a la construcción de las represas de Kajbar y Dal en el estado de Norte. El comité sostenía que las represas tendrían un impacto social y medioambiental negativo. El NISS detuvo a 12 personas y las dejó en libertad ese mismo día.

El 29 de febrero, el NISS irrumpió en la oficina de la ONG TRACKS (Centro para la Formación y el Desarrollo Humano en Jartum) y confiscó teléfonos móviles y ordenadores portátiles, así como documentos, los pasaportes de las personas allí presentes y dos vehículos. El director de TRACKS, Khalafalla Mukhtar, estuvo detenido durante seis horas junto con otro miembro del personal de TRACKS y Mustafa Adam, director de la organización de la sociedad civil Al Zarqaa, que se hallaba de visita.4 El 22 de mayo, el NISS detuvo a 8 miembros del personal y afiliados de TRACKS. De las personas detenidas, 5 quedaron en libertad con fianza en junio, pero las otras 3 estuvieron detenidas sin cargos por la Fiscalía para la Seguridad del Estado durante casi tres meses y después fueron trasladadas a la prisión Al Huda en espera de juicio.5 En agosto, un total de 6 personas empleadas y afiliadas de TRACK fueron acusadas de diversos delitos, entre los que figuraban crímenes contra el Estado que conllevaban la pena de muerte. El juicio no había terminado al finalizar el año.6

Entre el 23 y el 28 de marzo, cuatro representantes de la sociedad civil fueron interceptados por miembros de los servicios de seguridad en el aeropuerto internacional de Jartum mientras se dirigían a una reunión de alto nivel con diplomáticos en Ginebra (Suiza) para preparar el examen periódico universal de Sudán.7

Las autoridades seguían impidiendo que los partidos políticos de la oposición organizaran actividades públicas pacíficas. El NISS impidió que el Partido Republicano celebrara el aniversario de la ejecución de su fundador, Mahmoud Mohamed Taha, el 18 de enero. En febrero, unos agentes del NISS impidieron que dos partidos políticos de la oposición —el Partido Comunista de Sudán y el Partido del Congreso Sudanés— celebraran un acto público en Jartum.

Continuaban las restricciones arbitrarias a la libertad de expresión. Era habitual que las autoridades confiscaran las tiradas de los periódicos. Durante 2016 se confiscaron ediciones de 12 periódicos en 22 ocasiones diferentes. Decenas de periodistas fueron detenidos e interrogados por la Oficina de Medios de Comunicación del NISS y la Fiscalía de Prensa y Publicaciones de Jartum.

En abril, el NISS confiscó los diarios Akhir Lahzah, Al Sihaa y Al Tagheer sin dar explicaciones. En mayo, los periódicos Alwan, Al Mustagilla, y Al Jareeda fueron confiscados por el NISS en la imprenta. En octubre se confiscaron los periódicos Al Sihaa y Al Jareeda.

El 14 de agosto, el Consejo Nacional de Prensa y Publicaciones suspendió indefinidamente la publicación de cuatro periódicos: Elaf, Al Mustagilla, Al Watan y Awal Al Nahar. El Consejo afirmó que había suspendido los periódicos debido a que violaban constantemente las disposiciones de la Ley de Prensa y Publicaciones.

En todo Sudán, los agentes del NISS y los miembros de otras fuerzas de seguridad sometían a miembros de partidos políticos de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos, estudiantes y activistas políticos a detención arbitraria, reclusión y otras violaciones de derechos humanos.

El 1 de febrero, cuatro estudiantes de Darfur fueron detenidos en Jartum por agentes del NISS tras una protesta contra el conflicto de Jebel Marra organizada por el Frente Popular Unido, vinculado a la facción de Abdul Wahid al Nour del Movimiento de Liberación de Sudán.

En abril hubo tres semanas de violentos enfrentamientos entre estudiantes y agentes de seguridad en la Universidad de Jartum. Las protestas estallaron por la información que se difundió de que el gobierno planeaba vender algunos edificios de la universidad. Decenas de estudiantes fueron detenidos durante las protestas y cinco de ellos estuvieron recluidos sin cargos en Jartum.8 Quedaron en libertad a finales de abril, pero algunos volvieron a ser detenidos en mayo.

El 5 de mayo, unos agentes del NISS irrumpieron en la oficina del destacado abogado de derechos humanos Nabil Adib, en Jartum, y detuvieron a 11 personas, entre ellas 8 estudiantes que habían sido recientemente suspendidos o expulsados de la Universidad de Jartum. Todos los detenidos quedaron en libertad a finales de junio.

El 31 de julio, unos agentes del NISS detuvieron en el estado de Darfur Central a 10 personas que habían asistido a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos para Sudán y Sudán del Sur, durante la visita de éste a la zona. Entre los 10 detenidos había 7 desplazados internos. Todos quedaron en libertad en septiembre.9

Las autoridades restringían arbitrariamente la libertad de reunión y, en muchas ocasiones, utilizaron la fuerza para dispersar las concentraciones, lo que dio lugar a varias muertes y numerosas lesiones. No se llevaron a cabo investigaciones sobre las muertes.

En febrero, unos agentes del NISS y estudiantes afiliados al Partido del Congreso Nacional (el partido gobernante) interrumpieron violentamente un seminario público organizado por un partido político de la oposición en la Universidad de El Geneina. Varios estudiantes resultaron gravemente heridos y uno de ellos, Salah al Din Qamar Ibrahim, murió a causa de las lesiones.

El 19 de abril, Abubakar Hassan Mohamed Taha, de 18 años y estudiante de la Universidad de Kordofán, murió por un disparo en la cabeza efectuado por agentes del NISS en El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte. Los estudiantes estaban realizando una marcha pacífica cuando unos agentes del NISS fuertemente armados los interceptaron, al parecer disparando contra la multitud, para tratar de evitar que participaran en las elecciones del sindicato de estudiantes. Otros 27 estudiantes resultaron heridos, 5 de ellos de gravedad. El homicidio de Abubakar Hassan Mohamed Taha provocó protestas estudiantiles por todo el país.10

El 27 de abril, Mohamad al Sadiq Yoyo, de 20 años de edad y alumno de segundo año en Universidad Al Ahlia de Omdurmán, en el estado de Jartum, murió abatido por disparos efectuados por agentes del NISS.

El 8 de mayo, las fuerzas policiales de la ciudad de Kosti, en el estado de Nilo Blanco, dispersaron con violencia una sentada pacífica organizada por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Al Imam al Mahdi. Según la información recibida, la policía utilizó gas lacrimógeno y porras, e hirió a unos 7 estudiantes, 4 de ellos de gravedad.

  1. Sudan: Amnesty International public statement at the 33rd session of the UN Human Rights Council (AFR 54/4875/2016)
  2. Tierra arrasada, aire envenenado. Fuerzas del gobierno sudanés arrasan Jebel Marra, Darfur (AFR 54/4877/2016)
  3. Five years and counting. Intensified aerial bombardment, ground offensive and humanitarian crisis in Sudan's South Kordofan state (AFR 54/4913/2016)
  4. Diez activistas de la sociedad civil, hostigados por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (AFR 54/3634/2016)
  5. Continúan detenidos tres defensores de los derechos humanos (AFR 54/4267/2016)
  6. Sudan: Drop all charges and release activists detained for exercising their rights (noticia, 29 de agosto)
  7. Sudan blocks civil society participation in UN-led human rights review (AFR 54/4310/2016)
  8. Activistas estudiantiles detenidos sin cargos (AFR 54/3861/2016)
  9. Ocho personas detenidas y en paradero desconocido (AFR 54/4617/2016)
  10. Sudán: El gobierno debe investigar el brutal homicidio de un universitario de 18 años a manos de agentes de inteligencia (noticia, 20 de abril)
República de Sudán
Jefe del Estado y del gobierno: Omar Hassan Ahmed al Bashir
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