1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Sudán

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se emprendieron reformas legales positivas, como la abolición de algunas formas de castigo corporal y la penalización de la mutilación genital femenina. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva, y en ocasiones letal, contra manifestantes. Activistas de la oposición y altos cargos del depuesto gobierno anterior de Omar al Bashir fueron sometidos a detención arbitraria prolongada. Millones de personas necesitaron asistencia humanitaria tras las medidas de confinamiento asociadas a la COVID-19. Las autoridades no protegieron adecuadamente a la población civil en Darfur, Kordofán del Sur y el este de Sudán de abusos graves contra los derechos humanos derivados de ataques armados de milicias.

Información general

Un año después del derrocamiento del presidente Omar al Bashir en 2019, el gobierno de transición seguía tratando de abordar el legado de corrupción, crisis económica, violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y falta de justicia y rendición de cuentas del gobierno anterior.

En marzo, el gobierno declaró una emergencia sanitaria nacional en respuesta a la pandemia de COVID-19 y, entre otras medidas, introdujo el toque de queda nocturno, restricciones de la circulación de personas y cierres de fronteras.

En agosto se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente Revolucionario de Sudán, alianza de nueve grupos políticos armados con base en todo el país, incluidas las zonas afectadas por conflictos de Nilo Azul, Darfur y Kordofán del Sur. Algunos grupos armados no firmaron el acuerdo. La facción del Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán dirigida por Abdul Wahid Nur en Darfur se negó a participar en cualquier conversación de paz. Tampoco se llegó a acuerdos con el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, que controlaba algunas zonas de Kordofán del Sur y Nilo Azul.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El gobierno tomó medidas para mejorar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. En junio adoptó un Plan Nacional de Acción para la Implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, que ofrece orientación para prevenir la violencia por motivos de género en situaciones de conflicto armado y para aumentar la participación de las mujeres en los procesos de paz.

En julio, el gobierno introdujo legislación que penalizaba la práctica de la mutilación genital femenina.

Uso excesivo de la fuerza

En septiembre, la policía usó munición real para dispersar protestas en la ciudad de Nertiti (Darfur Central) y causó la muerte de dos manifestantes y lesiones a otros cuatro. Las protestas se debían a la falta de protección de la población civil por parte del gobierno después de que asaltantes desconocidos atacaran su comunidad y mataran a una niña de 14 años y a un hombre de 24 ese mismo día. El Comité de Seguridad del Estado de Darfur Central prometió investigar los dos incidentes. Al terminar el año no se disponía de más información sobre la investigación.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Al finalizar el año, el Comité Nacional de Investigación, establecido para investigar las muertes y lesiones causadas a manifestantes el 3 de junio de 2019, no había concluido sus trabajos. Ese día, miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido y otras fuerzas de seguridad dispararon munición real contra manifestantes pacíficos en el exterior de la jefatura militar de Jartum, mataron al menos a 100 personas e hirieron a otras 700. Muchos supervivientes y familiares de las víctimas mortales no se mostraban optimistas respecto a que el Comité les proporcionase justicia y reparación.

En febrero, el gobierno anunció que el expresidente Omar al Bashir comparecería ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cargos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio llevados a cabo en Darfur. La CPI había dictado órdenes de detención contra Omar al Bashir en 2009 y 2010, y contra Ahmad Harun en 2007 y Abdel Raheem Muhammad Hussein en 2012, otros dos responsables del Partido del Congreso Nacional, el anterior partido gobernante de Al Bashir. Sin embargo, el gobierno de transición continuó sin cumplir con su obligación de entregarlos al tribunal de La Haya y no había ratificado aún el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En junio, Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman (alias Ali Kushayb), ex alto mando de la milicia yanyawid, se entregó a la Corte Penal Internacional para responder de cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Darfur.

Tortura y otros malos tratos

A pesar de la práctica generalizada de la tortura en los últimos 30 años, el gobierno no había ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura.

En julio, el gobierno introdujo reformas legales para proteger ciertos derechos. Abolió algunas disposiciones de la Ley Penal de 1991, entre ellas el uso de la flagelación y algunas formas de castigo corporal como penas para varios delitos, e introdujo legislación para despenalizar la apostasía.

Detención arbitraria

Había al menos 40 personas recluidas arbitrariamente, entre ellas activistas de la oposición y miembros del gobierno anterior.

El 2 de junio, Muammar Musa Mohammed Elgarari, activista de la oposición y líder del Grupo Movimiento por el Futuro, fue detenido en Jartum, presuntamente por hostigar a miembros del Comité para la Eliminación del Empoderamiento, establecido para disolver el Partido del Congreso Nacional y confiscar sus bienes. Al terminar el año continuaba detenido sin cargos en una comisaría de policía de Jartum Norte.

En julio se acusó finalmente a los al menos 40 líderes y miembros del Partido del Congreso Nacional que estaban detenidos sin cargos desde hacía 14 meses y se les puso a disposición de un tribunal penal especial. Habían sido detenidos tras el golpe de Estado militar de 2019 y recluidos más tarde en la prisión de Kober. En junio de 2020, el fiscal general anunció que en las semanas siguientes se daría traslado a los tribunales de al menos cinco casos, incluidos los que afectaban a presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno de Omar al Bashir. El primer juicio, relacionado con el golpe de Estado militar de 1989 que llevó al poder a Omar al Bashir, comenzó el 21 de julio y al terminar el año seguía en curso.

Derechos económicos, sociales y culturales

Profesionales médicos y otro personal sanitario sufrieron agresiones físicas y verbales de pacientes o sus familiares, que les culpaban de la deficiente gestión de la pandemia de COVID-19 por el gobierno.1 En mayo, el Comité Central de Médicos de Sudán informó de 28 agresiones contra personal sanitario en todo el país entre marzo y mayo. En junio, el gobierno aprobó legislación para proteger al personal sanitario y desplegó fuerzas de seguridad específicas para impedir nuevos ataques.

Entre el 18 de abril y principios de junio, las autoridades impusieron un confinamiento de 24 horas en Jartum, aunque se permitía salir de las casas para comprar artículos de primera necesidad. Miles de personas que trabajaban en la economía informal tenían dificultades para ganarse el sustento tras la restricción de la circulación entre estados. Las medidas pusieron en peligro los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, la salud, el agua y el saneamiento, de grupos que sufrían marginación y discriminación, como la población internamente desplazada, las personas refugiadas y migrantes, las mujeres y los niños y niñas. En septiembre, el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Sudán afirmó que 9,3 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, frente a 5,2 millones en 2015.

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 sacó a la luz la magnitud de la falta de inversión en el sistema público de salud. Se comprobó que los hospitales carecían de equipos de protección individual y respiradores.

Homicidios ilegítimos

Continuó la violencia en Darfur, Kordofán del Sur y el este de Sudán. La violencia entre comunidades dio lugar a homicidios ilegítimos, violencia sexual, tortura y otros malos tratos, destrucción de bienes e incendio y saqueo de poblaciones. Al terminar el año se había informado de al menos 20 incidentes. En reiteradas ocasiones, las fuerzas de seguridad y el gobierno no brindaron protección a la población civil ni intervinieron de manera oportuna para impedir la intensificación de los combates y los abusos contra los derechos humanos.

El 21 de abril, residentes de la localidad de Tamar Bol-Jimeil, al nordeste de Zalingei (Darfur Central), fueron atacados por miembros de una milicia del vecino grupo étnico árabe rizeigat. Al parecer, algunos atacantes vestían uniformes militares. Murieron 2 personas y 14 resultaron heridas. Al menos 18 casas fueron incendiadas y más de 400 familias, según informes, se vieron desplazadas temporalmente.2

El 13 de julio, 10 manifestantes murieron en el campo para personas internamente desplazadas de Fata Borno, en Darfur Septentrional, y al menos 17 personas resultaron heridas durante un ataque de un grupo de milicias armadas, al parecer vinculado a las fuerzas de seguridad gubernamentales. El ataque tuvo lugar cuando las personas que se manifestaban realizaban una sentada pacífica de ocho días para reclamar, entre otras cosas, mejoras en la seguridad, protección de sus cultivos contra los ataques de milicias y otros grupos armados, y la destitución de funcionarios vinculados al gobierno anterior.3

El 25 de julio, al menos 60 personas del grupo étnico massalit murieron y más de 54 resultaron heridas en un ataque de represalia de un grupo armado en la localidad de Masterei y sus alrededores, en Darfur Occidental. Las autoridades sudanesas no intervinieron ni impidieron el ataque, que duró varias horas. Aunque anunciaron investigaciones, al terminar el año no se había hecho pública conclusión alguna.

  1. Expuesto, acallado y atacado. Deficiencias en la protección del personal sanitario y que realiza labores esenciales durante la pandemia de COVID-19 (POL 40/2572/2020)
  2. Sudan: UN and AU must prioritize protection of civilians in Darfur (AFR 54/2351/2020)
  3. Sudán: Hay que investigar sin demora los homicidios de manifestantes en Fata Borno (noticia, 14 de julio)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Sudán
Jefe del Estado: Abdel Fattah al Burhan
Jefe del gobierno: Abdalla Hamdok

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos