Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Burundi

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

La crisis política era menos abiertamente violenta, aunque continuaron las graves violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. Aumentó la violencia contra las mujeres y las niñas. Se reprimió el derecho a la libertad de expresión y de asociación. A raíz del aumento de la represión y la impunidad sin trabas, se instaló un clima de temor en la capital y otros lugares. Al terminar el año, unos tres millones de personas necesitaban asistencia humanitaria debido a la crisis política, el hundimiento de la economía y una serie de desastres naturales.

La crisis política originada por la decisión del presidente Nkurunziza en 2015 de aspirar a un tercer mandato se endureció cada vez más y estuvo acompañada de un agravamiento de la crisis socioeconómica.

Las iniciativas de mediación bajo los auspicios de la Comunidad de África Oriental se estancaron, pese a la designación como mediador del ex presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, en marzo. La Comisión Nacional para el Diálogo entre las Partes Interesadas de Burundi informó de que la mayoría de los participantes había pedido reformas constitucionales, entre ellas la supresión de la limitación de mandatos. Dado que muchos burundeses estaban en el exilio o temían expresar su disidencia, las conclusiones de la Comisión corrían el riesgo de ser sesgadas.

La Unión Africana renunció a desplegar la fuerza de protección propuesta en diciembre de 2015 y decidió enviar en su lugar una delegación de cinco jefes de Estado y de gobierno africanos a Burundi en febrero. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de hasta 228 agentes de policía, medida que fue rechazada por el gobierno.

En mayo, el Tribunal Supremo condenó en apelación a cadena perpetua a 21 oficiales del ejército y de la policía por su participación en el golpe de Estado fallido de mayo de 2015. Otros 5 fueron condenados a dos años y 2 fueron absueltos. Las condenas eran más severas que las impuestas en enero.

El 20 de agosto, el general Evariste Ndayishimiye fue elegido secretario general del partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD).

Tras varios meses de consultas, en marzo la Unión Europea decidió suspender el apoyo económico directo al gobierno en espera de revisiones periódicas. En octubre, la Unión Europea consideró que los compromisos propuestos por el gobierno para abordar sus preocupaciones eran insuficientes para reanudar el apoyo económico directo. La Unión Europea renovó las sanciones impuestas a cuatro hombres por considerar que “compromet[ían] la democracia u obstaculiza[ban] la búsqueda de una solución política a la crisis de Burundi”, al incitar a actos de represión contra manifestaciones pacíficas o participar en el fallido golpe de Estado. Asimismo, Estados Unidos impuso sanciones a otras 3 personas, lo que elevó a 11 el total de sancionados por este país.

El acceso a servicios básicos se vio dificultado por la inseguridad y el deterioro de la economía. La reducción de la ayuda económica externa dio lugar a restricciones presupuestarias masivas. Los desastres naturales, como inundaciones, desprendimientos de tierras y tormentas, agravaron la situación. Las organizaciones humanitarias calculaban que en octubre había 3 millones de personas necesitadas de asistencia, frente a los 1,1 millones en febrero. En agosto se declaró una epidemia de cólera; el número de casos de malaria casi duplicaba el observado en 2015.

Cientos de personas murieron de forma ilegítima en homicidios selectivos e indiscriminados relacionados con la crisis. Las ONG continuaron informando del descubrimiento de fosas comunes. El análisis efectuado por Amnistía Internacional de las imágenes de satélite y el material videográfico de un emplazamiento en Buringa, cerca de la capital, Bujumbura, corroboró las declaraciones de testigos que afirmaban que algunas de las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad en diciembre de 2015 habían sido enterradas después en fosas comunes.1 En febrero, el alcalde de Bujumbura mostró a los medios de comunicación una fosa en el barrio de Mutakura, en la capital, que según afirmó había sido excavada por miembros de la oposición. El gobierno no aceptó los ofrecimientos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Investigación Independiente de la ONU sobre Burundi (UNIIB) para ayudar a documentar las presuntas fosas comunes.

A principios de 2016 fueron frecuentes en Bujumbura las explosiones de granadas seguidas de homicidios selectivos. El 22 de marzo, el teniente coronel Darius Ikurakure, oficial del ejército implicado en numerosas violaciones de derechos humanos, murió por disparos en las instalaciones del estado mayor del ejército. El 25 de abril, unos hombres armados dispararon contra el automóvil del general Athanase Kararuza, que murió en el ataque, así como su esposa, Consolate Gahiro, y su asistente, Gérard Vyimana, mientras que su hija, Daniella Mpundu, resultó mortalmente herida. El día anterior, el ministro de Derechos Humanos, Martin Nivyabandi, y Diane Murindababisha habían resultado heridos en un atentado. El 13 de julio, unos hombres armados no identificados mataron a Hafsa Mossi, ex ministro y miembro de la Asamblea Legislativa del África Oriental. Un alto asesor presidencial, Willy Nyamitwe, resultó herido en un intento de asesinato el 28 de noviembre.

Continuaron los informes de desapariciones forzadas, en las que a menudo estaba implicado el Servicio Nacional de Inteligencia (SNR). Numerosos casos de 2015 seguían sin resolver.

Jean Bigirimana, periodista del medio de comunicación independiente Iwacu, fue visto por última vez el 22 de julio.2 Un colega suyo recibió una llamada telefónica diciendo que se lo habían llevado personas que, según se creía, eran miembros del SNR. Más tarde se hallaron en un río dos cuerpos en avanzado estado de descomposición; ninguno pudo ser identificado.

El SNR, la policía e Imbonerakure —la sección juvenil del partido gobernante— siguieron perpetrando con impunidad actos de tortura y otros malos tratos a un ritmo alarmante. Entre los métodos empleados figuraban los siguientes: golpes con ramas, barras de hierro y porras; descargas eléctricas; patadas; negación de atención médica; violencia verbal, y amenazas de muerte.3 Algunas personas que se negaron a unirse a Imbonerakure afirmaron que las habían golpeado en el momento de la detención y bajo custodia, al parecer como castigo. A otras las golpearon cuando intentaban huir del país.

En noviembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por el aumento de la grave violencia sexual y de género contra mujeres y niñas por parte de la policía, las fuerzas armadas e Imbonerakure.

La policía llevó a cabo registros y detenciones frecuentes en los barrios de Bujumbura donde se habían concentrado las protestas de 2015. En estos barrios y otros lugares de Burundi, la policía inspeccionó periódicamente los “libros de familia” en los que debían estar registrados los residentes.

El 28 de mayo, la policía detuvo a varios cientos de personas en el barrio de Bwiza, en Bujumbura. Según informes, un portavoz de la policía afirmó que era normal detener a personas en las inmediaciones del escenario de un ataque con granada, ya que los autores podrían encontrarse entre ellas.

El 25 de agosto, la policía presentó ante los medios de comunicación a 93 personas detenidas y acusadas de mendicidad en el marco de la operación “Ciudad Limpia”.

Se reprimió la libertad de expresión en todos los niveles de la sociedad.

Cientos de estudiantes de enseñanza secundaria fueron expulsados temporalmente por garabatear una fotografía del presidente que figuraba en sus libros de texto. En junio, decenas de estudiantes fueron detenidos y acusados de insultar al presidente en las provincias de Muramvya, Cankuzo y Rumonge, entre otros lugares. Dos fueron acusados formalmente de participar en un movimiento de insurrección y de movilizar a los estudiantes para que se manifestaran. Los demás quedaron en libertad a mediados de agosto.

Se persiguió a periodistas burundeses e internacionales, pese a la reapertura de dos emisoras de radio privadas en febrero. Phil Moore y Jean-Philippe Rémy, que trabajaban para el periódico francés Le Monde, fueron detenidos en enero. La periodista estadounidense Julia Steers, el periodista burundés Gildas Yihundimpundu y el chófer burundés de ambos fueron detenidos el 23 de octubre. Julia Steers fue llevada a la embajada de Estados Unidos ese mismo día, pero Gildas Yihundimpundu y el chófer pasaron la noche recluidos en el SNR. Léon Masengo, periodista de Isanganiro FM, estuvo detenido durante un breve periodo el 11 de noviembre tras informar sobre el interrogatorio de un agente de policía acusado de numerosas violaciones de derechos humanos.

Se ejerció represión contra miembros de partidos políticos de oposición.

En marzo, al menos 16 miembros del partido Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) fueron detenidos en un bar en la provincia de Kirundo. La policía afirmó que celebraban una reunión política no autorizada. Algunos dirigentes locales de partidos de oposición que se oponían a la reelección del presidente Nkurunziza fueron golpeados y amenazados por Imbonerakure. En todo el país, Imbonerakure presionó a la población para que se uniera a la organización o al partido gobernante, CNDD-FDD, y llevó a cabo campañas de intimidación contra quienes se negaban.

En diciembre, la Asamblea Nacional adoptó dos leyes sobre ONG nacionales y extranjeras que imponían controles más estrictos a su trabajo.

El trabajo de defensa de los derechos humanos resultaba cada vez más peligroso y difícil. El SNR aumentó la vigilancia de los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas a las que se consideraba críticas respecto al gobierno. Tanto las víctimas como los testigos de violaciones de derechos humanos tenían miedo de hablar.

En octubre, el ministro del Interior prohibió cinco destacadas organizaciones de derechos humanos cuyas actividades habían sido suspendidas en 2015. A la semana siguiente prohibió otras cinco, una de las cuales, Lique Iteka (Liga Burundesa de Derechos Humanos) fue cerrada de forma permanente en diciembre, tras la publicación de un controvertido informe.

Tras el examen de Burundi por el Comité de la ONU contra la Tortura en julio, un fiscal burundés pidió al Colegio de Abogados que prohibiera el ejercicio de la profesión a cuatro abogados que habían contribuido al informe de la sociedad civil que se presentó al Comité. El 6 de octubre se ordenó salir del país a Pamela Capizzi, de la ONG radicada en Suiza TRIAL International, pese a estar en posesión de un visado.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos seguían encontrado graves dificultades para acceder a la justicia. El periodista Esdras Ndikumana fue torturado en agosto de 2015 y presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo en octubre de ese año. En 2016 no se registraron avances en el caso.

Las investigaciones judiciales seguían careciendo de credibilidad. En marzo, el fiscal general hizo públicas las conclusiones de una comisión de investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas el 11 de diciembre de 2015 y el posterior hallazgo de supuestas fosas comunes. Según el informe, todas las personas a las que se halló muertas en los barrios de Musaga, Ngagara y Nyakabiga, en Bujumbura, excepto una, habían participado en los combates. Si bien es cierto que el 11 de diciembre tuvo lugar un intercambio de disparos, los incidentes se produjeron después de operaciones de acordonamiento y registro en las que muchas personas murieron por disparos en la cabeza y al menos un cuerpo fue hallado atado.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que abarcaba de 1962 a 2008, inició su fase operativa en marzo, y en septiembre comenzó a recopilar testimonios. La Comisión carecía de autoridad judicial, y el tribunal especial previsto inicialmente no se estableció.

Aproximadamente 100.000 personas huyeron de Burundi en 2016, lo que elevó a más de 327.000 el número total de refugiados burundeses que habían huido de la crisis en curso. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) calculó que 139.000 personas se habían visto desplazadas internamente debido a la crisis y a los desastres naturales.

Las personas que intentaban huir sufrían abusos y robos. Los responsables fueron en gran medida miembros de Imbonerakure, aunque las personas refugiadas también acusaron a personas vestidas con uniformes policiales y militares.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por las elevadas tasas de abandono escolar de niñas en la enseñanza secundaria, el limitado acceso de las mujeres a atención de la salud básica y a servicios de salud sexual y reproductiva, la persistencia de la penalización del aborto y el hecho de que el 45% de las mujeres encarceladas cumplieran condena por aborto e infanticidio. El Comité subrayó la concentración de mujeres que trabajaban en el sector informal en empleos no cualificados y mal remunerados y sin protección social. También señaló la falta de protección de las trabajadoras domésticas contra la explotación y los abusos sexuales, y el hecho de que no estuviera prohibido el trabajo infantil.

La situación en Burundi fue objeto de intenso escrutinio por organismos internacionales y regionales, y el gobierno se mostró cada vez más hostil en sus respuestas a tales iniciativas.

En febrero, el gobierno accedió a aumentar hasta 200 el número de observadores de los derechos humanos y expertos militares. Al terminar el año, sólo se había cubierto un tercio de estas plazas y no se había firmado todavía un memorándum de entendimiento.

En abril, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos presentó al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana el informe de su misión de investigación de diciembre de 2015 a Burundi. Entre sus recomendaciones figuraba el establecimiento de un mecanismo de investigación conjunto regional e internacional.

El Comité de la ONU contra la Tortura solicitó un informe especial a Burundi, que fue examinado en julio. La delegación del gobierno asistió únicamente a la mitad del examen y no respondió a las preguntas. Sin embargo, presentó observaciones adicionales en octubre.

La UNIIB presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre.4 El documento reveló un patrón de violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas y la omnipresencia de la impunidad. El Consejo de Derechos Humanos estableció una comisión de investigación sobre Burundi para hacer el seguimiento. Burundi rechazó esta medida y, en octubre, prohibió la entrada en el país de los tres expertos de la UNIIB y suspendió la cooperación con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en espera de una renegociación.

En abril, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre la situación en Burundi. El 8 de octubre, la Asamblea Nacional y el Senado votaron abandonar la Corte.5 El secretario general de la ONU recibió el 27 de octubre la notificación oficial de la retirada de Burundi del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entraría en vigor al cabo de un año.

  1. Burundi: Suspected mass graves of victims of 11 December violence (AFR 16/3337/2016)
  2. Periodista burundés sigue en paradero desconocido (AFR 16/4832/2016)
  3. Burundi: Submission to the United Nations Committee against Torture, 25 July-12 August 2016 (AFR 16/4377/2016)
  4. Burundi: Written Statement to the 33rd session of the UN Human Rights Council (AFR 16/4737/2016)
  5. Burundi: La retirada de la CPI no debe bloquear la justicia por los abusos cometidos durante la crisis (noticia, 12 de octubre)
República de Burundi
Jefe del Estado y del gobierno: Pierre Nkurunziza
Ver más contenidos