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Burundi

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se seguía restringiendo el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Las fuerzas de seguridad, entre otros actores, llevaron a cabo homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, detención y reclusión arbitrarias.

En octubre, el Consejo de Ministros aprobó modificaciones de la Constitución que permitirían al presidente Nkurunziza optar al menos a otros dos mandatos de siete años y reducir la amplitud de la mayoría necesaria para aprobar leyes en el Parlamento. En diciembre, el presidente de la Comisión Nacional Electoral Independiente anunció que estaba previsto celebrar un referéndum sobre las reformas constitucionales en mayo de 2018.

Continuaban estancadas las iniciativas de la Comunidad de África Oriental para hallar una solución mediada a la crisis política provocada por la decisión adoptada por el presidente en 2015 de optar a un tercer mandato. Michel Kafando, expresidente de Burkina Faso, fue nombrado enviado especial del secretario general de la ONU para Burundi en mayo. Entre sus funciones figuraba la de brindar asistencia a las iniciativas de diálogo político de la Comunidad de África Oriental.

El gobierno declaró una epidemia de malaria en marzo. Entre enero y mediados de noviembre se tuvo constancia de 6,89 millones de casos y 3.017 muertes.

Seguían cometiéndose homicidios ilegítimos. De forma habitual aparecían cadáveres en las calles de la capital, Bujumbura, y en todo el país. Varias personas burundesas que vivían como refugiadas en países vecinos afirmaron que habían salido de Burundi tras el homicidio de familiares suyos, sobre todo a manos de miembros de Imbonerakure, la sección juvenil cada vez más militarizada del partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Otras habían sido testigos del homicidio de familiares por integrantes de Imbonerakure cuando intentaban huir del país.

Persistían las denuncias de desapariciones forzadas, y seguían sin resolverse casos de 2015 y 2016. La Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi puso de relieve varios casos en los que existían motivos razonables para creer o temer la desaparición forzada de personas. Se creía que Pacifique Birikumana, conductor de la diócesis de Ngozi, había sido objeto de desaparición forzada el 8 de abril tras regresar de llevar a un grupo de soldados a la provincia de Gitega. La Comisión recibió información que apuntaba a que podía haber sido detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia (SNR, por sus siglas en francés); seguía sin conocerse su paradero. El exsenador y empresario Oscar Ntasano desapareció el 20 de abril junto con dos de sus empleados tras reunirse con un hombre que al parecer trabajaba para el SNR. Algunos testigos declararon a la Comisión que Oscar Ntasano había recibido amenazas de funcionarios del Estado en relación con un contrato que negociaba con la ONU para alquilar espacio de oficinas. Al parecer, un funcionario del Estado lo había amenazado de muerte si se negaba a repartir las ganancias.

Continuaron los informes de tortura y otros malos tratos infligidos, entre otros, por el SNR, la policía y el ejército, a detenidos que presuntamente se oponían al gobierno. Entre los métodos de tortura figuraban las palizas con cables, barras de refuerzo de hierro (varillas de encofrar) y porras, así como la suspensión de grandes pesos de los genitales. Se acusó con frecuencia a miembros de Imbonerakure de golpear a los detenidos en el momento de arrestarlos.

Continuó la impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Burundi seguía sin establecer un mecanismo nacional de prevención de la tortura conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

La Comisión de Investigación entrevistó a 49 sobrevivientes de actos de violencia sexual cometidos entre 2015 y 2017. La mayoría de los casos implicaban la violación de mujeres y niñas por policías, a menudo coincidiendo con la detención de un familiar varón. La Comisión también documentó violencia sexual contra hombres detenidos. Concluyó que la violencia sexual parecía utilizarse como medio de imponer la dominación sobre personas vinculadas a partidos o movimientos de la oposición.

Continuaron los casos de detención y reclusión arbitrarias, también durante registros policiales en los llamados barrios de oposición de Bujumbura. A menudo las detenciones se llevaban a cabo sin orden judicial, y sólo más tarde se informaba a las personas detenidas de las acusaciones que pesaban en su contra. En algunos casos, la policía e Imbonerakure usaron fuerza excesiva en las detenciones y los intentos de detención. Varias personas que habían estado detenidas dijeron que ellas o sus familias habían tenido que pagar cuantiosas sumas de dinero a miembros del SNR, la policía o Imbonerakure a cambio de quedar libres.

Se seguía restringiendo la libertad de expresión y de reunión pacífica en todos los niveles. Los estudiantes universitarios de Bujumbura se declararon en huelga en marzo para protestar contra un nuevo sistema de préstamos y becas a estudiantes; se detuvo a varios de ellos y se formularon cargos de rebelión contra seis dirigentes estudiantiles.

El 4 de abril, el SNR citó a Joseph Nsabiyabandi, redactor jefe de Radio Isanganiro, para proceder a su interrogatorio; se formularon en su contra cargos de colaboración con dos emisoras de radio creadas por periodistas burundeses en el exilio.

El 9 de junio, el alcalde de Bujumbura no autorizó la celebración de una conferencia de prensa de Amizero y’Abarundi, la coalición parlamentaria opositora, compuesta por representantes de las Fuerzas Nacionales de Liberación y la Unión para el Progreso Nacional, aduciendo que la coalición carecía de “personalidad jurídica”.

En enero, el Tribunal de Apelación de Bujumbura revocó la decisión del presidente del Colegio de Abogados de no prohibir el ejercicio de la profesión a cuatro abogados tras la petición presentada a tal efecto por un fiscal en 2016. En consecuencia, tres de los abogados fueron expulsados de la profesión y uno fue suspendido por un año. El fiscal había pedido su expulsión después de que contribuyeran a un informe del Comité de la ONU contra la Tortura.

El 13 de julio se detuvo a Germain Rukuki, presidente de la organización comunitaria Njabutsa Tujane, empleado de la Asociación de Abogados Católicos de Burundi y exmiembro de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura en Burundi (ACAT-Burundi). El SNR lo mantuvo detenido y lo interrogó sin que estuviera presente un abogado, y después lo trasladó a una prisión de la ciudad de Ngozi el 26 de julio. El 1 de agosto se formularon en su contra cargos de “menoscabar la seguridad del Estado” y “rebelión”, por colaborar con ACAT-Burundi, que había sido prohibida en octubre de 2016. La fiscalía presentó como prueba en su contra un intercambio de correos electrónicos perteneciente a un periodo en el que ACAT-Burundi aún estaba registrada legalmente en el país. Al terminar el año, Germain Rukuki continuaba detenido, tras denegársele la libertad con fianza.

Nestor Nibitanga, exmiembro de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas (APRODH), cuya inscripción en el registro había sido anulada con anterioridad, fue detenido en Gitega el 21 de noviembre. Se formularon en su contra cargos de menoscabar la seguridad del Estado y rebelión. Al parecer, estas actuaciones se llevaron a cabo como represalia por sus actividades de derechos humanos. Tras una vista celebrada el 28 de diciembre, el tribunal de Mukaza, reunido en sesión en Rumonge, decidió mantener a Nestor Nibitanga en detención provisional. Al terminar el año permanecía recluido en la prisión central de Murembwe, en Rumonge.

Las personas que intentaban huir del país denunciaban abusos como violación, homicidios, palizas y extorsión por parte de miembros de Imbonerakure. Al no poseer documentos de viaje oficiales, muchas trataban de salir del país por rutas informales; temían que las acusaran de sumarse a la rebelión, les denegaran el permiso de salida o las detuvieran en la frontera por tratar de salir.

El número de personas refugiadas de Burundi a consecuencia de la crisis en curso superó las 418.000 en septiembre, pero había descendido a 391.111 al final de 2017. La mayoría vivían en Tanzania, Ruanda, República Democrática del Congo (véase el apartado sobre República Democrática del Congo) y Uganda. En una operación dirigida por el gobierno de Tanzania y apoyada por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en septiembre comenzaron los retornos organizados. Hasta el 20 de noviembre se había prestado asistencia a 8.836 personas refugiadas para regresar a Burundi. Muchas personas refugiadas adujeron las duras condiciones en los países de asilo como principal motivo para retornar. En agosto, el Programa Mundial de Alimentos alertó de que, sin financiación urgente de donantes, las insuficientes raciones de alimentos para las personas refugiadas en Tanzania se reducirían aún más. El Plan de Respuesta Regional para los Refugiados de Burundi, liderado por el ACNUR, sólo había recibido el 20% de los fondos necesarios para 2017.

En enero, Tanzania dejó de reconocer automáticamente como refugiadas a las personas solicitantes de asilo de nacionalidad burundesa. Uganda siguió su ejemplo en junio. El 20 de julio de 2017, el presidente Nkurunziza visitó Tanzania en un intento de convencer a la población burundesa refugiada de que el retorno era seguro.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en noviembre había 187.626 personas internamente desplazadas, el 19% de las cuales se vieron desplazadas en 2017. Dos tercios del total de desplazamientos se debían a catástrofes naturales, y un tercio era consecuencia de la situación sociopolítica.

Las parejas que convivían sin estar casadas se exponían a ser enjuiciadas en virtud de una ley de 2016 que prohibía las “uniones libres” y la cohabitación, y establecía penas de uno a tres meses de cárcel y multas de hasta 200.000 francos (unos 114 dólares estadounidenses). En mayo, tras lanzar el presidente Nkurunziza una campaña nacional de “moralización”, un portavoz del Ministerio del Interior concedió a las parejas de hecho hasta el 31 de diciembre para “regularizar” su situación.

En octubre, la ministra de Justicia presentó propuestas de reforma del Código Penal que fueron adoptadas por unanimidad por la Asamblea Nacional y el Senado. Las modificaciones penalizarían la mendicidad y el vagabundeo. Las personas sanas que fueran declaradas culpables de mendicidad podían ser condenadas a entre dos semanas y dos meses de prisión o al pago de una multa de hasta 10.000 francos burundeses (unos 6 dólares estadounidenses). La misma pena se proponía para el vagabundeo.

Las personas refugiadas burundesas que vivían fuera del país afirmaban que el aumento de los impuestos locales afectaba a sus medios de sustento. No siempre estaba claro hasta qué punto los tributos se imponían oficialmente o eran meros actos de extorsión, sobre todo cuando eran recaudados por miembros de Imbonerakure.

El 4 de septiembre, el informe de la Comisión de Investigación concluyó que había motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde abril de 2015. El 28 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución por la que se establecía un equipo de tres expertos con el mandato de “reunir y preservar información […] en cooperación con el gobierno de Burundi” y “hacer recomendaciones de asistencia técnica y desarrollo de la capacidad”. El 29 de septiembre, el Consejo renovó también el mandato de la Comisión de Investigación por un año más. Las conversaciones entre la ONU y el gobierno sobre la reapertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Burundi no habían llegado a buen término al finalizar el año.

La retirada de Burundi de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 27 de octubre. Dos días antes, la Sala de Cuestiones Preliminares había autorizado una investigación sobre la situación en Burundi, decisión que se hizo pública en noviembre.

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) no se reunió para debatir sobre Burundi en 2017, pese a la permanencia en el país de observadores de derechos humanos y expertos militares de la UA a petición del Consejo.

República de Burundi
Jefe del Estado y del gobierno: Pierre Nkurunziza
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