Burundi

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Más del 70% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. Las fuerzas de seguridad sometieron a personas consideradas críticas con el gobierno a detenciones y reclusiones arbitrarias, así como a desaparición forzada. Continuaron los informes de tortura y otros malos tratos, mientras que los autores gozaban de impunidad por abusos tanto pasados como recientes. Las condiciones de reclusión seguían siendo nefastas. Se siguió reprimiendo la disidencia pacífica y se amenazó al periodismo independiente. El personal de los medios de comunicación fue objeto de acoso e intimidación persistentes y se enfrentó a obstáculos legales. Se restringieron severamente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, especialmente en torno al período electoral. Aunque aumentó la representación femenina en el Parlamento, las niñas y las mujeres no gozaban de protección adecuada contra la violencia de género, que estaba muy extendida.

Información general

En 2025 se cumplió un decenio desde la crisis política de 2015, cuando las fuerzas de seguridad habían reprimido brutalmente las manifestaciones pacíficas contra la decisión del difunto presidente Pierre Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato. Las elecciones legislativas y locales de junio de 2025 se caracterizaron por las restricciones impuestas a los partidos de la oposición. El partido gobernante, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia, ganó todos los escaños de la Asamblea Nacional y el Senado. Durante el período electoral, las instituciones estatales principales —incluidos el poder judicial y la comisión electoral— siguieron estando sometidas a una influencia significativa de dicho partido.

Las operaciones militares de Burundi en la región oriental de República Democrática del Congo suscitaron preocupación en materia de derechos humanos. La inseguridad en ese país provocó la llegada a Burundi de un gran número de personas refugiadas, lo que aumentó la presión sobre los ya limitados recursos humanitarios y las comunidades de acogida.

Las relaciones con Ruanda seguían siendo tensas. Burundi acusó a Ruanda de planear ataques contra su territorio.

Derechos económicos y sociales

Según el Banco Mundial, más del 70% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza y tenía un acceso limitado a servicios esenciales y a oportunidades de empleo.

La prolongada escasez de combustible ejerció una presión adicional sobre los sistemas económicos y sociales y afectó a los servicios de transporte y atención sanitaria, así como a las cadenas de suministro de alimentos. La escasez provocó un aumento significativo del precio de los productos y servicios básicos, lo que incrementó aún más el coste de la vida.

En marzo, el gobierno incluyó la vacuna contra la malaria en su programa regular de inmunización. Se trataba de una importante iniciativa de salud pública, dado que la malaria era una de las principales causas de morbilidad y mortalidad: se estimaba que en 2021 había habido unos 3,7 millones de casos que habían provocado 5.957 muertes. Sin embargo, las limitaciones de la infraestructura sanitaria y la capacidad logística seguían obstaculizando la vacunación generalizada.

Detención arbitraria y desaparición forzada

Las organizaciones de derechos humanos acusaron al Servicio de Inteligencia Nacional y a las fuerzas policiales de detener y recluir arbitrariamente a personas consideradas críticas con el gobierno. Según la ONG Foro para la Sensibilización y el Desarrollo, se había sometido a desaparición forzada a más de 20.

En agosto, unos hombres que se creía que eran agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron al youtuber crítico con el gobierno Dieudonné Niyukuri, junto con Fabrice Ribwurumutima (ciudadano ruandés), Eloi Nkurunziza y Venant Ndikumana. Las autoridades no revelaron su suerte ni su paradero, ni proporcionaron ninguna razón para las detenciones, pese a las reiteradas solicitudes de información formuladas por la sociedad civil y las familias.

Tortura y otros malos tratos

Las organizaciones locales de derechos humanos recibieron informes de tortura y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad. La falta de investigaciones sobre estas denuncias perpetuó un clima de miedo e impunidad.

Según la ONG SOS Torture/Burundi, el comisario de la Región Norte de la policía golpeó en marzo a Septime Ndikuriyo, conductor de mototaxi, hasta dejarlo inconsciente. Varios testigos relataron a la ONG que el comisario había interceptado a Septime Ndikuriyo en Rusuguti, comuna de la provincia de Ngozi, y lo había acusado de adelantar a su vehículo. Septime Ndikuriyo fue trasladado al Hospital Regional de Ngozi, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos. El comisario no fue sometido a medidas disciplinarias ni judiciales, ni fue investigado siquiera por la presunta agresión.

Entre mayo y junio, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió decisiones clave sobre los casos de cinco denunciantes que afirmaban haber sido víctimas de graves violaciones de la Convención de la ONU contra la Tortura entre 2014 y 2016. En cada uno de los casos, el Comité consideró a Burundi responsable de tortura o trato cruel, inhumano o degradante cometido por policías o agentes de inteligencia.

Las conclusiones del Comité pusieron de manifiesto los arraigados patrones de tortura, negación de la tortura, impunidad y falta de compromiso con la justicia y la rendición de cuentas. Durante muchos años, el Comité había destacado las deficiencias estructurales del sistema judicial de Burundi, entre ellas la ausencia de un mecanismo independiente de denuncia, el uso de la detención arbitraria, la negación de acceso a asistencia jurídica y médica y la falta de independencia del poder judicial.

Burundi no proporcionó una respuesta significativa a las conclusiones del Comité.

Derechos de las personas detenidas

Las prisiones estaban superpobladas y las condiciones de reclusión seguían siendo duras, dada la insuficiencia de la alimentación, el saneamiento y la atención médica. La ONG Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura-Burundi afirmó que la población penitenciaria superaba en un 400% la capacidad de las prisiones. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron casos de personas detenidas que permanecían recluidas aun después de haber cumplido su condena.

Libertad de expresión

La libertad de prensa seguía estando muy restringida y había periodistas y medios de comunicación expuestos a acoso, intimidación y obstáculos legales constantes.

En marzo, el Consejo Nacional de Comunicación suspendió las actividades de Yaga Burundi, plataforma de medios de comunicación en línea dirigida a jóvenes. La suspensión se levantó más de dos semanas después, a raíz de la indignación pública que había suscitado.

En abril, los periodistas Willy Kwizera, de Radio Bonesha FM, y Masudi Mugiraneza, de Radio Scolaire Nderagakura, fueron detenidos, recluidos e interrogados por informar sobre una manifestación. Horas más tarde quedaron en libertad sin cargos.

La periodista Sandra Muhoza seguía en prisión al terminar el año tras haber sido detenida en marzo de 2024 por publicar un mensaje en WhatsApp. En diciembre de ese año un tribunal de la provincia de Buyumbura la había declarado culpable y condenado a 21 meses de prisión por atentado a la integridad del territorio nacional e incitación a la aversión racial. En mayo de 2025, Sandra Muhoza recurrió la condena ante el tribunal de apelación de Buyumbura, que declaró carecer de competencia sobre el caso porque el presunto delito se había cometido en otra provincia, concretamente en Ngozi. Esta decisión anuló de hecho la condena y la pena iniciales. En septiembre, Sandra Muhoza fue trasladada a una prisión de Ngozi y, en octubre, su caso se presentó ante el Tribunal de Apelación de Ngozi, que se esperaba que decidiera en un plazo de 48 horas acerca de la petición de libertad provisional. Al finalizar el año no se había hecho pública ninguna decisión al respecto.

Derecho a la información

Se impusieron importantes obstáculos al acceso a la información oficial por parte de los medios de comunicación independientes y los periodistas. Entre las denuncias de periodistas a quienes se negó el acceso a las sesiones parlamentarias a partir de agosto se encontraba el caso de dos reporteros del periódico Iwacu a los que se les negó la entrada en septiembre porque “no figuraban en la lista”. Según Iwacu, algunos periodistas fueron expulsados de los grupos de WhatsApp que habían servido de canales de comunicación oficiales entre la Asamblea Nacional y la prensa. Mientras tanto, se suspendieron las retransmisiones en directo de las sesiones parlamentarias más importantes. La Constitución estipulaba que las sesiones de la Asamblea Nacional y del Senado eran públicas, salvo en circunstancias excepcionales.

Libertad de asociación y de reunión

Las autoridades impusieron restricciones a los derechos de libertad de asociación y de reunión pacífica. También prohibieron o inhabilitaron a partidos de la oposición para impedirles participar en actividades políticas y procesos electorales antes de las elecciones.

En enero, el Tribunal Constitucional confirmó la decisión de un tribunal inferior de invalidar la composición de la coalición de partidos de oposición Burundi Bwa Bose (Burundi para todos). En la práctica, la sentencia excluyó de las elecciones a los miembros del partido opositor Congreso Nacional por la Libertad que seguían siendo leales a su antiguo líder, Agathon Rwasa. Éste había sido sustituido en marzo de 2024 por un líder considerado cercano al partido gobernante.

Los miembros y simpatizantes de los partidos de oposición, así como las personas que hacían activismo, sufrieron acoso, intimidación y agresiones físicas, a menudo a manos de miembros de Imbonerakure, la sección juvenil del partido gobernante, y otros grupos afines al gobierno.

A partir de marzo, se prohibieron varias reuniones de la coalición Burundi Bwa Bose en todo el país. En mayo, simpatizantes de la coalición denunciaron que presuntos miembros de Imbonerakure les habían confiscado sus motocicletas en la capital, Gitega, tras una marcha.

En noviembre, el presidente Ndayishimiye insultó públicamente a Faustin Ndikumana, presidente de Palabras y Acciones para el Despertar de la Conciencia y la Evolución de la Mentalidad, ONG de derechos humanos y una de las pocas organizaciones independientes que aún operaban en Burundi. El presidente Ndayishimiye afirmó que Faustin Ndikumana estaba “poseído por demonios” y se burló de él por no estar casado.

Las prohibiciones y suspensiones impuestas en 2016 a la mayoría de las organizaciones independientes de derechos humanos tras la crisis de 2015 seguían en vigor, al igual que los procedimientos penales contra algunos defensores y defensoras de los derechos humanos. Entre las organizaciones afectadas se encontraban la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas, la Liga Iteka y la Unión de Periodistas Burundeses. La mayoría de los activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos independientes permanecían en el exilio, en organizaciones que operaban desde el extranjero. Estas medidas socavaban la capacidad de vigilar las violaciones de derechos humanos y apoyar eficazmente a las víctimas.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La representación femenina en la legislatura 2025-2030 aumentó significativamente tras las elecciones, puesto que un 39% y un 46% de los escaños de la Asamblea Nacional y el Senado, respectivamente, fueron ocupados por mujeres. Estas cifras supusieron aumentos respectivos del 4% y el 5% en comparación con la legislatura 2020-2025.

Sin embargo, las mujeres y las niñas seguían sufriendo una violencia de género muy extendida, que incluía abusos sexuales y en el ámbito familiar. Hasta el 18 de diciembre, el Movimiento de Mujeres y Niñas por la Paz y la Seguridad en Burundi había registrado 84 casos de violencia sexual, 41 de violencia física y 105 feminicidios. En varios de ellos, la violencia sexual y los feminicidios se habían cometido contra niñas. Los niveles de violencia se vieron agravados por la débil aplicación de las leyes vigentes y la impunidad persistente.

Aunque se autorizó la inyección anticonceptiva, el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva y al disfrute de los derechos sexuales y reproductivos seguía siendo limitado, especialmente en las zonas rurales, debido a la deficiente infraestructura sanitaria y a los tabúes sociales imperantes.